Virgilio Hernández Pérez

Expediente 1056/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1056/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
04/08/2015

Partes del expediente

  • Virgilio Hernández Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III A Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintiuno de julio pasado, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Virgilio Hernández Pérez; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA III A Agréguese para los efectos legales correspondientes el escrito del quejoso Virgilio Hernández Pérez, por el que solicita la devolución de los documentos que exhibió junto con su escrito de demanda de amparo (fojas 11 a 25); por ende, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvansele éstos, teniéndose por autorizadas para recibirlos a las personas que indica, previa copia certificada que de los mismos se deje en autos, copia de su identificación y razón de entrega correspondiente.

  3. Principal

    MESA III A Vista la demanda de amparo signada por Virgilio Hernández Pérez, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1056/2015. En principio, deviene relevante establecer que de la lectura integral del escrito de demanda y constancias anexas, se advierte que el demandante del amparo reclama de las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; Secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca; Director de Tránsito y Vialidad del Estado; Director General de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca; Comisionado de la Policía Estatal de Oaxaca, como ordenadoras; Delegado de Tránsito y Vialidad de Puerto Escondido, Oaxaca; Delegado de Tránsito y Vialidad de Juquila, Oaxaca; Encargado de la Jefatura Operativa de Policía y Tránsito del Estado de Oaxaca, destacamentado en Río Grande, Juquila, Oaxaca, y Comandante de la Jefatura de Tránsito del Estado, como ejecutoras, la orden girada a su inferior carente de toda fundamentación y motivación para el efecto concreto e inmediato de infraccionarlo, así como la retención de su vehículo particular Tsuru, color gris, placas TLD8912, por una infracción que no cometió, en virtud de que los policías le dijeron que se encontraba proporcionando el servicio de transporte público sin permiso, así como la inconstitucionalidad de la boleta de infracción 147269; y la ejecución de dicha orden. Empero, de lo anterior se evidencia que es menester realizar una precisión de los actos reclamados, pues de una lectura integral de la demanda de amparo se conoce que la parte quejosa se duele esencialmente del contenido del acta de infracción número de folio 147269 emitida por el Policía de Tránsito de la División de Seguridad Regional de la Dirección de Tránsito del Estado, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública; circunstancia que se tiene por precisada en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Versus ese acto, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo. De entrada, conviene anotar que la mencionada fracción del numeral citado establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria; ese principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos o medios de defensas ordinarios. Por su vinculación al caso, conviene recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 115/99 y 116/99, -al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece-, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Por consiguiente, para que opere la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere: ? Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ? Que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. ? Que conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. ? Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. En el propio sentido, la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, en la tesis aislada LVI/2000, estableció que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto en los casos siguientes: A. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: ? Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ? Actos cuya ejecución es de imposible reparación. ? Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. ? Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. B. Por disposición de la Ley de Amparo (la vigente hasta el dos de abril de dos mil trece). ? Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ? Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como son, entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. ? Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. C. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. D. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. ? Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como es el derecho fundamental de audiencia. ? Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia (actualmente regulado de manera expresa). Con base en las directrices antes plasmadas, como se anticipó, contra el acto aquí reclamado, el juicio de amparo deviene improcedente, como se explica en líneas siguientes: De entrada, se impone señalar que los artículos 1, 96 fracción I y 122 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establecen: Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111 segundo párrafo e inciso C de la Constitución Política del Estado. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. Artículo 96.- Los juzgados de primera instancia de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley; --- [.]. Artículo 122.- Cuando las leyes y reglamentos que rijan el acto impugnado establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover el juicio ante el Tribunal; ejercitada la acción ante éste último, precluye el derecho para ocurrir a otro medio ordinario de defensa. La literalidad del cuadro normativo antes citado, indefectiblemente conlleva a sostener: ? Que la Ley de Justicia Administrativa se aplicará en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando éstas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de éstos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111, segundo párrafo, e inciso C, de la Constitución Política del Estado; ? Que los Juzgados de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley, y ? Que cuando las leyes y reglamentos que rijan el acto impugnado establezcan algún recurso o medio de defensa será optativo para el gobernado agotar el recurso ordinario que contemple la ley de la que provenga el acto o agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que ejercida la acción ante éste último, precluye el derecho para ocurrir a otro medio ordinario de defensa. Con base en ese cuadro normativo, se pone de manifiesto que antes de intentar la acción de amparo, la parte impetrante tenía que agotar el juicio de nulidad previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en atención a que las leyes ordinarias contemplan un recurso o medio de defensa tendente a modificar o acto que estima contrario a derecho. De igual manera, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, en el sentido de que cuando la ley de la que proviene el acto exija mayores requisitos para la suspensión. Ahora, en los juicios contenciosos administrativos que se promueven ante el citado tribunal existe la posibilidad de suspender el acto reclamado, pues rige lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, el cual prevé la suspensión de los actos reclamados, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Al respecto resulta procedente analizar los artículos 185, 187, 188, 189, 190 y 191 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en contraposición con los artículos 112, 128, 130, 131, 132, 135, 136, 138, 139 y 143 de la Ley de Amparo, para dejar preciso lo anterior, para lo cual se estima conveniente realizar un cuadro comparativo entre ellos: LEY DE AMPARO VIGENTE LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA. Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: Párrafo reformado DOF 14-07-2014 I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Párrafo adicionado DOF 14-07-2014 Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. Articulo 185.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. Se concederá la suspensión siempre que: I. Se conserve la materia del juicio; II. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y III. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Articulo 187.- Si los actos impugnados se hubiesen ejecutado y afectan a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, el Juez podrá dictar discrecionalmente las medidas cautelares que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor, siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros. Articulo 188.- Para el otorgamiento de la suspensión deberá satisfacerse los siguientes requisitos: I. Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: a) Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante; y b) Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. II. En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Juez, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. III. En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Juez o quien lo supla. IV. El procedimiento será: a). La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante el Juzgado en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme; En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. b). Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Juez; c). El Juez deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud; d). El Juez requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Juez resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. V. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Juez podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y VI. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Juez ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, el Juzgado ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. Articulo 189.- La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, únicamente cuando se trate de actos privativos de la libertad decretados al particular por la autoridad administrativa; o bien, cuando a juicio del Juez sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede también de oficio si tiene interés la sociedad y se decretara de plano en el mismo auto en que se admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento. Articulo 190.- En los casos que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros se concederá la misma, si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren, sino obtiene sentencia favorable en el juicio. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. Artículo 143. El órgano jurisdiccional podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. En el incidente de suspensión, únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial. Tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, será admisible la prueba testimonial. Para efectos de este artículo, no serán aplicables las disposiciones relativas al ofrecimiento y admisión de las pruebas en el cuaderno principal. En la hipótesis prevista en este artículo, para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar previamente la garantía ante el Juez, en cualquiera de las formas previstas por esta Ley. Articulo 191.- La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da a su vez caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y a pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que este último obtenga sentencia favorable. Para que surta el efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Del análisis de los citados artículos se llega a la conclusión de que actualmente la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca no establece mayores requisitos que los de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión. En efecto, toda vez que la Ley de Amparo, en su numeral 128 establece los requisitos o condiciones bajo los cuales procede el otorgamiento de la suspensión, que consisten en: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En tanto que el numeral 132 dispone que en los casos en que la suspensión resulte procedente, pero ésta pueda ocasionar daños o perjuicios a un tercero, se concederá si la quejosa otorgue garantía bastante, y que cuando dicha afectación no sea cuantificable en dinero, la garantía se fijará discrecionalmente. Por último, el ordinal 135 establece que tratándose de la suspensión contra el cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, ésta se concederá discrecionalmente y la misma surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Por su parte, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en lo atinente a la suspensión de los actos administrativos, en sus numerales relativos esencialmente dispone: a) Que la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado se concederá siempre que se conserve la materia del juicio, no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. b) Que tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. c) Que en los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable, y que en caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. d) Que en los demás casos, la suspensión se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. En ese sentido, debe decirse que la circunstancia de que en el juicio contencioso administrativo no se exijan mayores requisitos para obtener la suspensión, que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, obliga a los afectados por un acto de autoridad competencia del Tribunal Contencioso Administrativo para el Estado de Oaxaca, a su agotamiento antes de acudir al juicio de amparo, salvo que se esté en presencia de alguna de las excepciones previstas en el artículo 61, fracción XX, de la ley invocada, lo cual en el caso no se advierte; el peticionario del amparo no se trata de un tercero extraño al procedimiento administrativo de ejecución; tampoco se está en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Luego, conforme a los elementos expuestos, se arriba a la conclusión de que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el acto que aquí se reclama puede ser combatido mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Oaxaca, dado que el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado; de ahí que resulta inconcuso que la parte quejosa, previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso administrativo, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, las jurisprudencias 130/2013 y 19/2015, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , sin que pase inadvertido que si bien el primero de los criterios fue emitido bajo la vigencia de la anterior ley de la materia; lo cierto es que en los artículos 128, 129, 130, 131 y 132 de la Ley de Amparo vigente, prevalecen requisitos similares a los que rigieron la suspensión del acto en la anterior Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece. Bajo esas directrices, se evidencia que en las referidas leyes no se establecen mayores requisitos que para la suspensión definitiva, ni mayor plazo en el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional prevé la Ley de Amparo, debido a que a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados. En el propio tenor, es de anotarse que el acta de infracción 147269 efectuada el trece de julio de dos mil quince, por el Policía de Tránsito del Estado -que adjuntó la parte quejosa-, se advierte que se citaron diversos preceptos, lo que evidencia que en el acto atribuido contiene la fundamentación a que están obligadas a realizar las autoridades administrativas. Por tanto, previo a ejercer la acción de amparo, correspondía a la quejosa impugnar los actos atribuidos, a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Oaxaca, y como se anotó, no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata. En términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el que se indica en la demanda de amparo y por autorizados únicamente para tales efectos a las personas que menciona, lo anterior, por no encontrarse registrada sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y ser este asunto de naturaleza administrativa. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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