Virgilio Bertin Jose Luna

Expediente 513/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
513/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Virgilio Bertin Jose Luna

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días establecido por el normativo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto en donde se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por los arábigos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia se declara que dicho proveído ha causado estado. Con apoyo en lo señalado por los numerales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, 1 El acuerdo señalado se notificó por lista el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, notificación que surtió efectos el veinticuatro siguiente, por lo que el plazo indicado transcurrió del veinticinco al treinta y uno de mayo del presente año. Fueron inhábiles el veintinueve y treinta de mayo de la presente anualidad, conforme a lo dispuesto por el precepto 19 de la ley de la materia. Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, toda vez que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en este asunto se desechó de plano la demanda de amparo se estima que el presente expediente de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del citado Acuerdo General encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del arábigo 21 del propio ordenamiento de observancia general2; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el justiciable en atención a la prevención de once de mayo de la presente anualidad, manifiesta lo siguiente: Señala como acto reclamado al Director de Servicios Escolares y/o Servicio Social de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la negativa de entregar su carta de pasante de la licenciatura en derecho, la cual fue solicitada presencialmente de forma verbal, el diez de diciembre de dos mil veinte. Y como acto reclamados al resto de las autoridades responsables la omisión de verificar el cumplimiento de las obligaciones del citado Director. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento realizado en el aludido proveído y se dicta la determinación que corresponde en cuanto al libelo inicial. Aspectos preliminares. Primeramente debe señalarse que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que lo siguiente: El quejoso Virgilio Bertín José Luna, solicitó cita mediante correo electrónico de ocho de diciembre de dos mil veinte, al área correspondiente de servicios escolares de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, respuesta que fue otorgada en la misma fecha, solicitando la presencia física del solicitante. Por tanto, el promovente asistió físicamente a las instalaciones de la citada universidad, a fin de solicitar su carta de pasante de la licenciatura en derecho, otorgándole una lista de requisitos a cumplimentar para dar inicio con el trámite de la misma. El diez de diciembre del año próximo pasado, reunió los requisitos solicitados y realizó el pago del trámite correspondiente de $400.00 (cuatrocientos pesos, cero centavos, moneda nacional). Ha asistido en diversas ocasiones a las instalaciones de la citada universidad, recibiendo como respuesta por parte del personal: "que vuelva posteriormente, ya que no se ha podido acordar mi petición, atendiendo que ellos solo laboran dos días a la semana como lo son lunes y miércoles". Por tanto, el inconforme Virgilio Bertín José Luna reclama del Director de Servicios Escolares y/o Servicio Social de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la negativa de entregar su carta de pasante de la licenciatura en derecho, la cual fue solicitada presencialmente de forma verbal, el diez de diciembre de dos mil veinte, sin obtener respuesta favorable. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Virgilio Bertín José Luna, porque en relación con los actos reclamados se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 de la propia legislación, que disponen lo siguiente: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." De los normativos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo y que el juicio constitucional puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del ordinal 5 de la citada legislación; en ese sentido, el quejoso puede ejercer la acción de amparo por sí, por conducto de su representante legal o por su apoderado. Por otra parte, es necesario traer a contexto el contenido del numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del precepto transcrito se desprende que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra a favor de los gobernados el derecho de petición e impone el deber a las autoridades de respetar el ejercicio de esa prerrogativa; también se advierte que el citado ordenamiento prevé en el caso concreto los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. A efecto de verificar lo anterior, en principio debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, siempre y cuando este se haya formulado por escrito de manera pacífica y respetuosa, la cual tiene la obligación de darle una respuesta congruente en breve término, es decir, impone la obligación a las autoridades de acordar respecto de todos los escritos que les sean presentados, además de hacer del conocimiento a la promovente el resultado de su petición. En ese tenor, cuando se reclama la violación al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la parte quejosa demostrar la existencia de la petición y a la autoridad responsable el acuerdo que al respecto emitió y, además, que lo notificó al peticionario. En otras palabras, para que se considere violado el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, es necesario que el gobernado demuestre la existencia del libelo y que la autoridad responsable lo recibió, pues de otra manera no sería dable responsabilizarla de la falta de dictar el acuerdo relativo y de su oportuna notificación. Lo anterior encuentra sustento en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, junio de 1991, Página 351, que dice: "PETICION, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACION A ESA GARANTIA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCION DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder." En la especie no hay evidencia o indicio que indique que se haya realizado una petición, porque el quejoso argumenta que la misma se hizo verbalmente, es decir, el impetrante no pidió por escrito y de manera pacífica y respetuosa, la carta de pasante que refiere ante la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el diez de diciembre de dos mil veinte, como tampoco argumenta que la autoridad de dicha universidad que señala como responsable, se haya negado a recibir dicho petitorio. De ahí, que tampoco puedan velar las restantes autoridades que señala como responsables, que se cumpla con la obligación de una petición cuya existencia no está acreditada, base para la procedencia del juicio de amparo. Sin que pase desapercibido para este Juzgador, que el quejoso únicamente anexó un acuse de recibo de pago por $400.00 (cuatrocientos pesos, cero centavos, moneda nacional), el cual es uno de los requisitos para el trámite de la multicitada carta de pasante, sin que ello refleje una solicitud por escrito a fin de comprobar la omisión de dar respuesta a tal solicitud, dado que la misma no fue realizada por escrito ante las responsables de mérito. Máxime que el propio justiciable manifestó que ese pago es parte de los requisitos necesarios para solicitar el trámite de la carta de pasante a su favor. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 del propio ordenamiento, respecto del acto combatido a la autoridad responsable, este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por Virgilio Bertín José Luna, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la citada legislación. Debe significarse que la decisión anterior no deja en estado de indefensión al quejoso, porque como bien lo dispone el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la autoridad señalada como responsable dé respuesta a la instancia que el inconforme elevó, podrá ejercer su derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, y si hecho lo anterior las responsables señaladas no den respuesta a lo solicitado, entonces el quejoso tendrá expedito su derecho para ejercer la acción de amparo cuando se actualice esa situación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el ocurso señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 513/2021. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existe una irregularidad en el escrito relativo que necesita enmendarse. El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en el caso de que se haya omitido alguno de los requisitos que establece el arábigo 108 de la propia legislación. Por otra parte, el ordinal 108, fracción V, de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberá expresarse, entre otros aspectos, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. La parte promovente bajo protesta de decir verdad manifiesta como antecedentes del acto reclamado lo siguiente: El ocho de diciembre de dos mil veinte, solicitó cita mediante correo electrónico al área correspondiente de servicios escolares de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, respuesta que fue otorgada en la misma fecha, solicitando la presencia física del solicitante. Por tanto, el promovente asistió físicamente a las instalaciones de la citada universidad, a fin de solicitar su carta de pasante de la licenciatura en derecho, otorgándole una lista de requisitos a cumplimentar para dar inicio con el trámite de la misma. El diez de diciembre del año próximo pasado, reunió los requisitos solicitados y realizó el pago del trámite correspondiente de $400.00 (cuatrocientos pesos, cero centavos, moneda nacional). Ha asistido en diversas ocasiones a las instalaciones de la citada universidad, recibiendo como respuesta por parte del personal: "que vuelva posteriormente, ya que no se ha podido acordar mi petición, atendiendo que ellos solo laboran dos días a la semana como lo son lunes y miércoles". Lo anterior, revela que el quejoso omite especificar los actos que reclama específicamente a cada una de las citadas autoridades responsables, así como la fecha en que presentó la solicitud de cuya falta de acuerdo se duele, ante la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en la que refiere solicitó la carta de pasante de la licenciatura en derecho a su favor, circunstancia constituye una irregularidad en la demanda. En esos términos, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días cumpla íntegramente con los requisitos legales señalados, esto es: Especifique los actos que reclama específicamente a cada una de las citadas autoridades responsables; y, Señale la fecha en y autoridad ante la que presentó la solicitud de cuya falta de acuerdo se duele, en la que refiere solicitó la carta de pasante de la licenciatura en derecho a su favor. En la inteligencia que deberá acompañar las copias suficientes de su escrito aclaratorio para el traslado de las partes. En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Dado que el disidente señaló los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, con fundamento en el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las determinaciones ulteriores, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto los justiciables señalen un domicilio procesal. Téngase como autorizado del justiciable sin las amplias facultades del numeral 12 de la Ley de Amparo a la persona que mencionada por no encontrarse cédula alguna inscrita a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ni haber comprobado con documento idóneo que ejerce la profesión de licenciado en derecho; asimismo, a la diversa persona que señala en términos restringidos del citado precepto y el diverso 24 de la Ley de la materia, esto es, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque así lo solicita expresamente. Por otra parte, téngase al promovente señalando el correo electrónico y el número telefónico que indica, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

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