VIOLETA RÍOS HERNÁNDEZ y Otros.

Expediente 244/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
244/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
23/11/2017

Partes del expediente

  • Violeta Ríos Hernández
  • VIOLETA RÍOS HERNÁNDEZ y Otros.
  • Efigenio Castañeda Cortez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa con sus tomos de pruebas; y remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva; agréguense al expediente principal, el cuaderno de antecedentes que se formó, oficio de cuenta y testimonio de referencia y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes los puntos resolutivos que son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no Ampara ni protege a Violeta Ríos Hernández y Rogelio Martínez Cambray, en contra del acto y autoridad precisado en el resultando primero de esta ejecutoria." Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda de amparo, sentencia y testimonio, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que carece de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. Finalmente, tomando en consideración que es innecesario que continúen a disposición de este juzgado las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 205/2015-I y del cuaderno auxiliar de amparo 12/2015-I que remitió el Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado; devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Fabián Alejandro Leyva Monroy, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica del Titular autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/6068/2017, signado por el Secretario Técnico de dicha comisión; asistido de la licenciada Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita del propio Juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión.

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Acapulco, Guerrero, a treinta de agosto de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa, por el cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso...."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

    SECCIÓN AMPARO JUICIO DE AMPARO 244/2017 LADP/CEIS VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 244/2017; y R E S U L T A N D O PRIMERO.- Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de marzo de dos mil diecisiete, en el Buzón Judicial, recibido el ocho siguiente por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Violeta Ríos Hernández y Rogelio Martínez Cambray, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "La Sentencia interlocutoria de fecha 14 de febrero del dos mil diecisiete, y publicado el 14 de febrero del dos mil diecisiete, dentro del expediente del juicio ordinario mercantil número 205-1/2015, (.) donde la responsable aprobó la planilla de liquidación exhibida por la parte actora en lo principal aprobando con los conceptos de intereses moratorios del 10% para cada uno de los documentos base de la acción (.)" SEGUNDO.- Tramitación de la demanda. Por acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número de expediente 244/2017, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, se ordenó notificar a la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la resolución interlocutoria que pone fin al incidente de liquidación de sentencia dictada en la etapa de ejecución en un juicio ejecutivo mercantil por una autoridad judicial con residencia en la jurisdicción de este juzgado de Distrito, que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Oportunidad de la demanda. Ahora bien, bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa manifestó que se le notificó el acto reclamado el catorce de febrero de dos mil diecisiete, lo que se corrobora con la razón actuarial asentada en autos del juicio ejecutivo mercantil de origen de la publicación en la lista de acuerdos fijada en los estrados de dicho juzgado responsable; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del dieciséis de febrero al ocho de marzo de dos mil diecisiete (descontados los días dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de febrero, cuatro y cinco de marzo del año en curso, por corresponder a sábados y domingos y por ende, días inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda el siete de marzo de la presente anualidad en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO.- Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, en relación con las constancias de autos, se obtiene que la parte quejosa como parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil 205-1/2015, reclama del Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, la resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil número 205/2015-I, que aprobó la planilla de liquidación de intereses moratorios formulada por el ejecutante. CUARTO. Certeza de actos. El Juez responsable al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 18); certeza que se robustece además con las copias certificadas del juicio natural, y del cuadernillo auxiliar de amparo 12/2015-I ambos en un tomo que obran por cuerda separada, los cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de la indicada legislación adjetiva civil, por tratarse de documentos públicos. QUINTO.- Antecedentes del acto reclamado. Al no actualizarse causal de improcedencia alguna, previo al estudio de los conceptos de violación se estima necesario hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, mismos que se obtienen de las constancias allegadas por el juez responsable como apoyo a su informe justificado y valoradas en el considerando que antecede, los cuales en lo que aquí interesa son: 1.- Por escrito presentado el diez de junio de dos mil quince, Efigenio Castañeda Cortez endosatario en propiedad de Hortensia Jiménez González, en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa demandó de Violeta Ríos Hernández y de Rogelio Martínez Cambray como deudora principal y aval, respectivamente, el pago de las siguientes cantidades, de la primera, la suma de $181,100.00 (ciento ochenta y un mil cien pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal cantidad que se obtiene de la suma de los cuatro títulos de crédito exhibidos y el pago de los intereses moratorios pactados en los citados pagarés a razón del 10% (diez por ciento) mensual desde que se constituyó en mora hasta el pago total; y del segundo, la cantidad de $165, 000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, la cual se obtiene de la suma de la suma de dos títulos de crédito exhibidos y el pago de los intereses moratorios pactados en los citados pagarés a razón del 10% (diez por ciento) mensual desde que se constituyó en mora hasta el pago total. 2.- Por cuestión de turno, dicha demanda correspondió conocer al Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, quien previa prevención, mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil quince la admitió a trámite, ordenó requerir de pago a los demandados, apercibidos que de no hacerlo les embargarían bienes de su propiedad, a correrles traslado con copias de la demanda y emplazarlos a juicio, lo cual aconteció en la diligencia respectiva. 3.- Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil quince, los demandados dieron contestación a la demanda instaurada en su contra en la cual negaron las prestaciones reclamadas pues refirieron no adeudar la cantidad reclamada por concepto de suerte principal con el argumento de que dicha cantidad fue liquidada en su totalidad el doce de diciembre de dos mil trece, que la fecha de vencimiento no se fijó como lo afirmó el endosatario sino que fue estampada de manera unilateral, además de que no se pactaron intereses al 10% mensual, pues el espacio se dejó en blanco y lo rellenó la actora de manera unilateral, sino que de manera verbal la actora le dijo que le cubriera el 5% (cinco por ciento) interés que le estuvo cubriendo; auto de cinco de agosto de dos mil quince, que se les tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones. 4.- Seguido que fue el juicio en sus demás etapas procesales, previa citación de las partes para oír sentencia, el veintiséis de octubre de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en la que determinó que el actor probó los extremos de su acción cambiaria directa ejercitada en contra de los demandados y se condenó a estos al pago de la cantidad de $165,000.00 (ciento sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), a Violeta Ríos Hernández además al pago de la cantidad de $16,100.00 (dieciséis mil cien pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, asimismo, a ambos, al pago de los intereses moratorios vencidos y no pagados, en observancia a la tasa pactada para ese efecto, respecto de los pagarés de catorce de enero y veintidós de abril de dos mil trece, y a la deudora principal además los intereses moratorios vencidos y no pagados respecto de los pagarés suscritos el treinta de abril y el veintiocho de julio de dos mil trece. En este punto es importante mencionar que el Juez responsable en el considerando tercero al pronunciarse sobre la prestación de los intereses moratorios a razón del 10% (diez por ciento) mensual expuso en lo que aquí interesa lo siguiente: 4.1. Que conforme a la tesis II.1º.33 (10ª) titulada "URURA. DEBE ESTUDIARSE POR EL JUZGADOR DE INSTANCIA DE MANERA OFICIOSA CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIERE PLANTEADO A PETICIÓN DE PARTE (INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS)." Y de acuerdo con las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 350/2013 en la que definió la jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.), de título: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)].", que la usura en relación con los intereses ordinarios e intereses moratorios, debe estudiarse por el juzgador de instancia de manera oficiosa con independencia de que hubiere sido planteada a petición de parte; entonces, que en atención a los parámetros guía que apuntó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la eventual decisión pronunciada aún de oficio sobre el carácter usurario de los intereses pactados, sólo derivaba de los elementos que las partes hubieran allegado al juicio, en ejercicio de la garantía de audiencia. 4.2. De tal suerte que si bien en el caso constaba en cada uno de los pagarés base, el monto del crédito y el plazo para su pago, no obraba en el sumario elemento alguno que evidenciara a) el tipo de relación existente entre las partes; b), la calidad con que intervinieron en la suscripción del pagaré, c) si la actividad del acreedor se encuentra o no regulada, d) el destino o finalidad del crédito, e), la existencia de garantías para el pago del crédito, f) las condiciones del mercado en ese lapso, ni otras cuestiones que generaran convicción en el juzgador. 4.3. Que dicho tribunal no contaba con elementos suficientes para determinar si era o no excesiva la tasa del 10% (diez por ciento) mensual pactada por las partes en los pagarés para el pago de interés, o en su caso, en qué proporción lo era; que tampoco obraban elementos de prueba que permitieran conocer si la parte acreedora a la firma del basal tenía una posición dominante o de ventaja sobre los deudores, o si éstos se encontraban en una situación de vulnerabilidad o desventaja frente a la parte interesada, de modo que si no existía prueba alguna que evidenciara esos parámetros, había una insuficiencia de elementos para determinar si era o no excesiva a tasa del 10% (diez por ciento) mensual, pactada en el basal a título de interés moratorio. 4.4. Que de conformidad con la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Décimo Sexto Circuito, de rubro "USURA. LOS INTERESES MORATORIOS NO LA ACTUALIZAN." la figura de usura en materia civil y mercantil, era aplicable únicamente respecto a los intereses ordinarios, ya que sus circunstancias son contemporáneas al pacto de las partes, y derivan del simple préstamo que consigna el título de crédito, pudiéndose determinar desde el momento de la suscripción del mismo si se pactaron intereses ordinarios usurarios, caso contrario sucede con los intereses moratorios ya que éstos son consecuencia del incumplimiento del pago de la suma prestada, no pudiéndose determinar, a priori si el acreedor habrá de obtener, de modo abusivo y sobre la propiedad del deudor, provecho propio consistente en un interés excesivo. 4.5. Que en atención al principio de seguridad jurídica y partiendo de la premisa de que primigeniamente existe voluntad de las partes en el pacto de intereses, así como que se trata de la materia mercantil, concluyó que debía aplicarse la tasa de interés moratoria fijada en cada uno de los documentos base de la acción, es decir, a la tasa del 10% (diez por ciento) mensual, sin que ello violentara el derecho humano de los demandados en lo tocante a que pudiera considerarse dicho interés moratorio como usurero, en virtud de que lo argumentado en párrafos anteriores y sustentado en la tesis de jurisprudencia antes inserta, aunado a que el mismo fue determinado con la voluntad de ambas partes, pues del análisis de los títulos basales se colige que la intención plasmada fue convenir una tasa superior a la legal por concepto de intereses moratorios, máxime a que los referidos ejecutados tenían expedito su derecho para ofrecer pruebas tendentes a desvirtuar lo anterior, lo que en el caso no aconteció, pues de las pruebas existentes en autos no se acreditó que dicho interés fuera notoriamente excesivo. 5.- Inconforme con la anterior resolución, la parte demandada interpuso amparo directo que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en Chilpancingo, Guerrero, radicado bajo el número de Toca Amparo Directo Civil 15/2016, en cuya ejecutoria de veintiuno de abril de dos mil dieciséis, atento a lo inoperante e infundado de los conceptos de violación determinó negar la protección constitucional solicitada. 6.- Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciséis, se requirió a los demandados para que hicieran el pago voluntario de la condena impuesta, apercibidos de ejecución forzosa (trance y remate del bien embargado en autos), 7.- Por acuerdo de ocho de julio de dos mil dieciséis, en razón de que la parte demandada no dio cumplimiento a la sentencia condenatoria, se procedió al trance y remate del bien embargado en autos; consecuentemente, se tuvo como perito valuador al designado por la parte actora, y por auto de cuatro de agosto siguiente, al señalado por los demandados. 8.- Una vez presentado el avalúo correspondiente, mediante auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, atento a lo solicitado por la parte actora, se fijó fecha para la audiencia de remate. 9.- Por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, se tuvo por exhibida la planilla de liquidación presentado por la parte actora, y se dio vista a la parte demandada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 10.- En atención a la vista aludida mediante escrito recibido por acuerdo de dos de febrero de dos mil diecisiete, la autorizada de la parte demandada impugnó la planilla de liquidación únicamente con el argumento de que se pactó verbalmente como interés moratorio el 5% (cinco por ciento) mensual. 11.- Mediante resolución interlocutoria de catorce de febrero de dos mil diecisiete, se aprobó la planilla propuesta por concepto de intereses moratorios que sumadas a la condena líquida contenida en la sentencia definitiva arrojó un total de $977,330.00 (novecientos setenta y siete mil trescientos treinta pesos 00/100 moneda nacional); lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio. SEXTO. Solución del asunto. Establecidos los antecedentes del acto reclamado, procede al análisis de los conceptos de violación. En ese sentido, la parte quejosa sostiene que la resolución reclamada trasgrede en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: a).- La planilla de liquidación en los términos y las condiciones en las que fue aprobada, estableció una suma exorbitante a virtud de lo cual se afecta el patrimonio de la ejecutada, lo que pugna con lo estatuido en la Convención Americana de los Derechos Humanos que proscribe el cobro de intereses usurarios, de modo que el juez de la causa debió tasar aquella condena conforme a las tasas y precios de referencias del Banco de México, específicamente de aquellas que rigieron a la fecha del vencimiento de los documentos basales. b).- Así, -sostiene la parte quejosa-, la aprobación de la planilla de liquidación sin que el Juez de la causa analizara oficiosamente lo relativo a la usura de los intereses moratorios, violenta los derechos humanos de la ejecutada, ya que era necesario que la autoridad judicial responsable realizara el estudio de convencionalidad para determinar un límite a los interés moratorios a fin de que no sean excesivos y por ende, usurarios, pues ese tópico es de carácter oficioso, aun y cuando la parte interesada no lo invoque expresamente. c).- El juez de la causa soslayó que en el caso se actualiza la usura en torno a los intereses moratorios, ya que al tenor de lo dispuesto por el artículo 386 del Código Penal Federal, dicha figura se materializa cuando se pacta un interés superior a los usuales en el mercado, y para tener una referencia de lo anterior, se debió tomar en consideración lo que el Banco de México calcula y publica sobre la tasa de intereses interbancarios (TIIE), que constituye una referencia a efecto de que los usuarios de los servicios financieros puedan comparar el costo de los diversos productos y servicios que les ofrecen los bancos y otros intermediarios financieros, así como las restricciones sobre las comisiones que las instituciones financieras pueden cobrar a sus clientes. Una vez precisados los antecedes directos del acto reclamado, así como los motivos de disenso esgrimidos, a efecto de dilucidar si los estos últimos resultan fundados o no, es necesario establecer que en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en su orden y en lo que interesa, establecen lo siguiente: "Articulo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.) "ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." En estos artículos se encuentran consagradas las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que en lo que interesa para el presente asunto, la primera de las garantías en comento se traduce en el hecho de que la autoridad responsable respete las formalidades esenciales del procedimiento, fundando y motivando su actuar, el cual, para el caso concreto, se traduce en el hecho de que las sentencias del orden civil deberán ser emitidas conforme a la letra de la ley; es decir, su sentido debe adecuarse a lo que literalmente disponen los ordenamientos legales aplicables, o en su defecto, conforme lo establezcan los diversos sistemas de interpretación jurídica de la ley (por ejemplo, mediante la interpretación jurisprudencial, semántica, histórica, deductiva, inductiva, sistemática, etcétera), y a falta de ello, se fundará en los principios generales de derecho; mientras que del segundo se deriva que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, que aparece publicada en la página 166, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En este punto, es necesario recordar que tratándose de resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional dentro de un procedimiento (como el que nos ocupa), el derecho fundamental de legalidad puede colmarse ante la falta de cita de los fundamentos relativos, con la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en consideración para orientar el sentido de una determinación, de modo que esos argumentos conduzcan a la norma aplicable; y así el gobernado esté en aptitud de conocer sobre bases objetivas, el porqué de esa determinación y no otra, para procurarse una adecuada defensa. Orienta la anterior determinación el criterio aislado integrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 143, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. Por otro lado, cabe mencionar que el nuevo esquema de control constitucional exige de los jueces en general, y con mayor razón de los adscritos a los órganos del Poder Judicial de la Federación, un efectivo respeto a la Carta Magna; aserto que se obtiene a partir de la intelección del artículo 1º de la Constitución General de la República, vigente al día siguiente en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de diez de junio de dos mil once, el Decreto por el que se reformó; que en la parte que nos interesa, establece lo siguiente: "Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." Conforme a dicha porción normativa, se impone expresamente al Estado, y en vía de consecuencia, a todas las autoridades que del mismo emanen, la obligación de garantizar, respetar y proteger los derecho humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, fijando como prisma de sus actuaciones para ello los principios rectores de aquéllos, esto es, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En efecto, en el marco de la reforma constitucional a partir del cual se incorporó la redacción vigente del artículo 1º de la Carta Magna, el Estado Mexicano mutó de un esquema en el que el control constitucional correspondía en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través de los medios de control que como únicas vías directas establecía el propio texto de la Carta Magna (Juicio de Amparo (directo e indirecto), acciones y controversias inconstitucionales); para adoptar un modelo en el aún compete al Poder Judicial de la Federación hacer la declaratoria de la inconstitucionalidad de los actos sujetos a revisión en las vías directas de control, pero también impone a las restantes autoridades judiciales ajenas a dicha vía directa, la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado Mexicano es parte. A partir de esto último, los jueces nacionales pueden "autonormar" su actuación para ajustar su proceder al texto constitucional, por lo que aun y cuando encuentren un conflicto derivado de la aplicación de determinados preceptos legales en los que podrían justificar su proceder en otro sentido, pero adviertan que eso traería aparejada una transgresión a algún derecho fundamental, válidamente pueden inaplicar aquella norma para armonizar sus actuaciones a la Carta Magna (control ex officio). Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 18/2012 (10a.), que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 420, del Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos." Este aspecto se erige no sólo como una guía en las actuaciones de los jueces nacionales, sino como una obligación en la toma de sus decisiones, de ahí que éstas necesariamente deban encaminarse a la optimización de los derechos humanos contenidos en el texto constitucional, ya que -se insiste-, tal proceder constituye un acción positiva a cargo del Estado consistente en garantizar su vigencia. A partir de esto último, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 132/2012 (10a.), y conforme al marco constitucional de protección de los derechos humanos relatado con antelación, al integrar la diversa tesis jurisprudencial 1a./J. 46/2014 (10a.), estableció que la interpretación de la potestad de las partes para pactar el rédito y los intereses que deban cubrirse -con motivo de la suscripción de un pagaré-, debe realizarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo, lo que incluso debe hacerse con el carácter de oficioso por el juzgador. En ese orden de ideas, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado en diversas tesis, la obligación del juzgador de realizar el análisis oficioso de la posible existencia de usura; no puede soslayarse que ello sólo se circunscribe a aquellos asuntos en los que el derecho en disputa aún se encuentra sub júdice, o sujeto a revisión, sea por la interposición de algún recurso o medio de defensa ordinario e, incluso, por encontrarse pendiente de resolver un medio de defensa extraordinario que pueda dar lugar a alguna modificación en lo sentenciado, como es el juicio de amparo. En efecto, la aplicación oficiosa de dichos criterios encuentra un límite en la cosa juzgada, pues la afirmación de que la tesis sobre usura se aplica mientras el asunto se encuentre sub júdice lleva inserta la consecuencia de que, una vez dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa específica en monto porcentual, ya no puede efectuarse el control de usura en una etapa posterior al juicio que ha concluido en forma definitiva. Tal afirmación se encuentra contenida en el criterio aislado 1a. CCLXXXIII/2016 (10a.) que integró la indicada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 382, del Libro 37, diciembre de 2016, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "USURA. EL ANÁLISIS OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA APLICA ÚNICAMENTE MIENTRAS EL ASUNTO SE ENCUENTRA SUB JÚDICE. Las jurisprudencias registradas con los números 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) emitidas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligan al juzgador a analizar de oficio la posible existencia de usura, deben aplicarse por la autoridad de amparo en aquellos asuntos en los que el derecho en disputa aún se encuentra sub júdice, o sujeto a revisión, sea por la interposición de algún recurso o medio de defensa ordinario e, incluso, por encontrarse pendiente de resolver un medio de defensa extraordinario que pueda dar lugar a alguna modificación en lo sentenciado, como es el juicio de amparo. Así, la aplicación oficiosa de los criterios apuntados encuentra un límite en la cosa juzgada, pues la afirmación de que la tesis sobre usura se aplica mientras el asunto se encuentre sub júdice, lleva inserta la consecuencia de que una vez dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa específica en monto porcentual, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio que ha concluido en forma definitiva." Lo anterior quiere decir que en el periodo de ejecución de sentencia no puede analizarse si los intereses moratorios condenados en sentencia definitiva, con el carácter de cosa juzgada, son posiblemente usurarios, pues el derecho en disputa ya no se encuentra sub júdice; aspecto que incluso fue reiterado al resolverse la contradicción de tesis 284/2015, que dio origen a la tesis jurisprudencial 28/2017, pendiente de publicarse, de rubro y texto no oficial: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." Así, de la intelección de lo anterior puede obtenerse que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentra sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, por lo que el juzgador ya no puede introducir, de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que, por ende, constituyen cosa juzgada. Entonces, de la confrontación del marco legal destacado con antelación y los argumentos esgrimidos, puede obtenerse que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, los términos y condiciones en las que fue aprobada la planilla de liquidación no conlleva la transgresión de los preceptos constitucionales invocados, porque, como se puede apreciar del contenido de la sentencia definitiva emitida en el juicio ejecutivo mercantil 205/2015, el porcentaje a que fue condenada la parte demandada por concepto de intereses moratorios constituye un aspecto firme, sobre el cual incluso existió pronunciamiento en torno a la existencia o no de usura; de modo que se está ante la presencia de una cuestión inmutable, en el que la autoridad judicial responsable no estaba obligada a modificar -ni siquiera a petición de parte-, aquel extremo mediante la ponderación de parámetros o indicadores financieros; de ahí que se estimen infundados los motivos de disenso planteados, pues parten de la base de que el juez de la causa en la etapa de ejecución de sentencia tenía la obligación de realizar un análisis oficioso sobre el tema de que se trata -la usura en los intereses moratorios-, respecto de lo cual, como se dijo, constituye un aspecto firme inherente a la sentencia definitiva, que incluso tampoco puede ser reformado en sede constitucional, por no constituir esa decisión la litis en esta instancia. Por tanto, cuando ya existe cosa juzgada debe respetarse en sus términos, con todas sus consecuencias jurídicas, y no debe ceder frente a algún otro derecho, particularmente frente al de propiedad; máxime si consideramos que éste se encuentra debidamente garantizado en la medida que el propio sistema está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados impugnar oportunamente las decisiones jurisdiccionales, a fin de reparar cualquier vicio que pudieran advertir; destacando en torno a esto último, que dicha sentencia definitiva incluso fue objeto de revisión al resolverse el Amparo Directo Civil 15/2016. Más aún, lo anterior guarda congruencia con la naturaleza de la incidencia en la que se emitió la resolución sujeta a examen, ya que los incidentes de liquidación de sentencia sólo tienen como finalidad la de precisar la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio, y así perfeccionar el fallo en los detalles relativos a esas condenas que no pudieron cuantificarse en la sentencia y son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución; aspecto sobre el cual incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la ejecución de las sentencias debe regirse, entre otros principios, por el de seguridad jurídica y Estado de Derecho, y que para lograr plenamente su efectividad, la ejecución debe ser completa, perfecta, integral y sin demora, dentro de un procedimiento de ejecución accesible, sin obstáculo o demoras indebidas, además de que debe garantizarse el carácter vinculante y obligatorio de las decisiones de última instancia, es decir, de la cosa juzgada. En tal virtud, acorde con lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema de la cosa juzgada, así como de conformidad con los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a la ejecución de las sentencias, en etapa de ejecución de sentencia no puede analizarse lo referente a la usura en los intereses moratorios. En mérito de lo expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación -sin que se encuentre en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo-, lo que procede es negarle la protección constitucional solicitada en contra de la resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número 205/2015, por el Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Violeta Ríos Hernández y Rogelio Martínez Cambray, contra el acto y autoridad precisadas en el considerando tercero, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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