Violeta Reyna Zuñiga

Expediente 923/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
923/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Violeta Reyna Zuñiga

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, once de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte1, se indica que el presente EXPEDIENTE es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, pues en el caso: se desechó de plano la demanda presentada por la parte quejosa y ésta carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Finalmente, se agrega a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, al que anexa un escrito presuntivamente formulado por la aquí quejosa ++++++++, con el que desiste del presente juicio de amparo, por así convenir a sus intereses; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que en esta propia fecha ha quedado firme el proveído que desechó el presente asunto, tal como se advierte en párrafos precedentes. Notifíquese.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, catorce de enero de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Décimo octavo, Decimosexto y Décimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. En ese contexto, se tiene por recibido el oficio remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho, mediante el cual devuelve sin diligenciar, por las razones ahí expuestas, el exhorto *******, número de origen, del índice de este juzgado, enviado a fin de notificar a la parte quejosa, el proveído emitido el veintinueve de octubre de do mil veinte. Sin que sea el caso acusar de recibo, toda vez que el exhorto es recibido de forma electrónica. Se ordena dar de baja la referida comunicación oficial en el Libro de Gobierno respectivo del índice de este juzgado Federal, para los fines estadísticos correspondientes. Para no dejar en estado de indefensión a la parte agraviada, dado que no fue localizada en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones y tampoco se cuenta con diverso sitio donde pueda ser ubicada; con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación del presente acuerdo y los subsecuentes, aún las de carácter personal, así como del acuerdo emitido el veintinueve de octubre de do mil veinte, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto designe uno, para tal fin. Notifíquese a la parte quejosa por lista de estrados. Acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte. ". San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio *************, del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México y anexo relativo al juicio de amparo 943/2020, promovido por ********** contra actos que reclama del Director General de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades, que en lo medular consisten en: La omisión de acatar las disposiciones de carácter general contenidas en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación motivados y/o relacionados en la emergencia sanitaria del Covid-19 (CORONAVIRUS), en especial los publicados el 24 de marzo (Secretaría de Salud), 21 de abril (Consejo de Salubridad General) y 14 de mayo (Secretario de Salud), todos del presente año; y no otorgarle resguardo domiciliario, pese a que por su situación familiar particular (madre de un lactante y de un menor de cinco años) se encuentra en riesgo ante la pandemia. En tal oficio, el juzgado de mérito comunica que declaró su incompetencia legal para conocer de la referida demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, pues el lugar donde se ejecutará o tendrá lugar el acto reclamado es ciudad del Carmen, Campeche, lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado Federal ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA y se avoca al conocimiento de la demanda constitucional; anótese en el Libro de Gobierno bajo el número 923/2020-V-B regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional y fórmese expediente, tanto físico como electrónico. Acúsese recibo de estilo Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo XVI, julio dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene, que la parte quejosa esencialmente hace consistir los actos reclamados en: La omisión de acatar las disposiciones de carácter general contenidas en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación motivados y/o relacionados en la emergencia sanitaria del Covid-19 (CORONAVIRUS), en especial los publicados el 24 de marzo (Secretaría de Salud), 21 de abril (Consejo de Salubridad General) y 14 de mayo (Secretario de Salud), todos del presente año; y no otorgarle resguardo domiciliario, pese a que por su situación familiar particular (madre de un lactante y de un menor de cinco años) se encuentra en riesgo ante la pandemia. Esto, pues considera la promovente que dicho acto le agravia, ya que al no respetarse tales disposiciones, ni poder guardar resguardo domiciliario, siendo madre de un lactante y de un menor de cinco años, la obligarán a presentarse a laborar a su puesto de probador analítico, en instalaciones marinas de Petróleos Mexicanos, ubicadas en ciudad del Carmen, lo cual la pone en riesgo. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página diecisiete, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esas circunstancias, esta juzgadora advierte que en la especie se actualiza, de manera manifiesta e indudable, dos causas de improcedencia: La primera, contenida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo". Es así, porque de lo expuesto por la quejosa en su demanda, se aprecia, que impugna básicamente omisiones de las autoridades responsables, por no respetar ni otorgar la medida de contención de pandemia, consistente en resguardo domiciliario y exención de prestar labores, pese a que es madre y se encuentra a cargo de menores de edad; omisiones que aunque se actualicen y pervivan hoy en día, no pueden surtir efecto material alguno en la esfera jurídica de la quejosa, dado que el resguardo y la exención de prestar sus servicios en las instalaciones de su centro laboral ha dejado de existir para esta Entidad Federativa. En efecto, como hecho notorio, se invoca que de conformidad con el sistema de alerta sanitaria previsto por el Gobierno Federal, el Estado de Campeche (lugar donde labora la quejosa) se encuentra en alerta verde, lo que acorde con el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de Actividades Económicas, publicado el veintinueve de mayo de dos mil veinte, en su punto 4.2, permite, ante un nivel de riesgo bajo, como es el semáforo verde, la presencia de todo el personal en el centro de trabajo, mas no exime, según lo precisado en el punto 7, del invocado Acuerdo, al personal operario de presentarse a laboral, aun siendo personas en situación de vulnerabilidad, dado que eso sólo se encuentra previsto para localidades en alerta máxima, ya que en casos de alerta baja, como en la especie, no será necesario implementar medidas especiales. En consecuencia, aunque existan las omisiones alegadas, no pueden tener efecto jurídico alguno, ya que el resguardo domiciliario y exención de labores con motivo de la pandemia, no es operante y carece de objeto en localidades de riesgo bajo (semáforo verde), aún tratándose de personal con alguna vulnerabilidad, como se asume la quejosa, ya que el regreso a las labores es completo. Por otro lado, tales actos reclamados también actualizan la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Lo anterior es así, toda vez que la quejosa señala que le agravia la omisión de las autoridades de vigilar la aplicación de los decretos del ejecutivo federal para que se le otorgue resguardo domiciliario por su situación familiar particular. Sin embargo, cabe señalar, que la Secretaría de Salud Federal, estableció las etapas para regresar a las actividades normales durante la pandemia generada por el virus SARCOV2 (COVID-19), que denominó como: Semáforo de riesgo epidemiológico para transitar hacia una nueva normalidad, es un sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio público de acuerdo con el riesgo de contagio de COVID-19. Este semáforo será estatal y está compuesto por cuatro colores: Rojo Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día. Naranja Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido. Amarillo Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. Verde Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. Asimismo, dicha institución de salud pública, determinó que a partir de a partir del veintiocho de septiembre de dos mil veinte, el Estado de Campeche, pasaría del semáforo amarillo al verde, lo cual aún está vigente e implica la reactivación de todas las actividades, incluidas las escolares, por lo que es indiscutible que las actividades que dice ejecutar la ahora quejosa no están exentas de llevarlas a cabo; además, la etapa de semáforo verde permite, sin excepción, que toda persona (vulnerable o no) desarrolle las actividades que tenga encomendadas, ya que como se estableció con antelación, el regreso es completo; de ahí que la inconforme no goza de beneficio alguno para dejar de acudir a sus labores como empleado de Petróleos Mexicanos, en la cual dice desempeñarse, incluso alegando situación familiar particular. Apoya lo anterior, por analogía la jurisprudencia VI. 3o. J/26, visible en la página 117, del Tomo VIII, Diciembre 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 220965, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Por tanto, el hecho de que las autoridades incurran en la omisión atribuida, no genera a la quejosa una afectación real, personal y directa, ya que dadas las circunstancias epidemiológicas imperantes en esta Entidad (semáforo verde), no existe base legal para que pueda concedérsele la exención de labores y resguardo domiciliario. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII y XXII, de la Ley de Amparo, procede, acorde con los diversos dispositivos 63, fracción V, y 113 de la propia legislación, desechar por notoriamente improcedente, la demanda de amparo presentada por ***************. Atento a lo expuesto, se deja sin efecto la suspensión de plano emitida a favor de ************, por el juez declinante. Con todas las facultades establecidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado para oír y recibir notificaciones, a la persona que señala el quejoso en su escrito de demanda de amparo y con las limitaciones señaladas en ese numeral a los demás mencionados. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, en virtud de haberlo hecho en Reynosa, Tamaulipas; esto es, fuera del lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles GÍRESE EXHORTO, vía electrónica, al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, sirva notificar de manera personal a la quejosa en esa localidad, a quien deberá hacer entrega copia autorizada del presente proveído; asimismo, deberá requerirla, para que en el término de tres días hábiles contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, apercibiéndola que en caso de no hacerlo así, se le harán las siguientes notificaciones, aún las personales, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo establecido en la fracción II, del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo. Se solicita al Juez exhortado que en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se sirva se habilitar días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria si fuere necesario, la notificación personal que en su caso se ordene. Con fundamento en el artículo sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal. Notifíquese.."

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, doce de noviembre de dos mil veinte. Se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México; en atención a su contenido, y como lo solicita la autoridad de cuenta, infórmesele que el juicio de amparo 943/2020-III, de su índice, que remitió por incompetencia, fue recibido por este juzgado, quien se avocó a su conocimiento y lo registró en el Libro de Gobierno bajo el número 923/2020-IV-B, de la estadística de este juzgado, para los efectos legales correspondientes, tal como se le comunicó mediante oficio 7092 de veintinueve de octubre del año en curso. Notifíquese.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante oficio ******** de veinticuatro de septiembre del año en curso, informó su imposibilidad de celebrar la audiencia incidental, debido a la suspensión de labores por la emergencia sanitaria del virus Covid-19, que presentó la citada autoridad responsable y a efecto de integrar los autos del juicio laboral ******* señaló las diez horas del veinticuatro de noviembre del presente año, para la reposición de autos; y toda vez que éstas son necesarias para el dictado de la sentencia correspondiente; por ello, se difiere la audiencia constitucional que se encontraba señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración el DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS ++ HORAS CON VEINTE MINUTOS, lo que se manda hacer del conocimiento de las partes. Notifíquese

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