Violeta Padrón Alejandro

Expediente 776/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
776/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Violeta Padrón Alejandro

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Violeta Padrón Alejandro; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veinte, estando en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en la referida entidad federativa, quien actúa debidamente asistido de René Peña Morgan, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 776/2020-8 promovido por Violeta Padrón Alejandro. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con: 1. Las documentales que exhibió la parte quejosa en su escrito de demanda, consistentes en: Original de la constancia médica expedida el ocho de septiembre de dos mil veinte, a favor de Violeta Padrón Alejandro, por el doctor José Luis García Figueroa, de la Unidad de Reumatología del Sureste, del CERACOM, de esta ciudad. Copia simple de credencial para votar a nombre de Violeta Padrón Alejandro. Copia simple de constancia de residencia a nombre de Violeta Padrón Alejandro. Copia simple del aviso-recibo de pago expedido por la Comisión Federal de Electricidad. Copia simple del recibo de pago a la Comisión Federal de Electricidad, de ocho de agosto de dos mil veinte 2. Las documentales que en copia certificada remitió la autoridad responsable, consistentes en: Orden de corte número K1704124091 de cinco de agosto de dos mil veinte, generado por el sistema SICCOS (Sistema de Control de Solicitudes); Orden número K1704148412 desconexión finiquito generado por el sistema de control de solicitudes SICOSS, de dos de septiembre de dos mil veinte; y, Orden de solicitud K1704148412. En consecuencia, el juez de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta con los formulados por la quejosa Violeta Padrón Alejandro, en su escrito de veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos que expresa la citada quejosa, para ser tomados en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; asimismo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes para expresar alegatos con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 776/2020-8, promovido por Violeta Padrón Alejandro, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, División Sureste, Villahermosa, Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el nueve de septiembre de dos mil veinte (fojas 2 a 9), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Violeta Padrón Alejandro solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La suspensión del suministro de energía eléctrica, que se le notificó de manera verbal se efectuaría en un plazo de veinticuatro horas. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de diez de septiembre de dos mil veinte (fojas 17 a 23), se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 776/2020-8; se requirió a la autoridad responsable para que rindiera informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. o anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La suspensión del suministro de energía eléctrica, que se le notificó de manera ver al se efectuaría en un plazo de veinticuatro horas. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, aun cuando lo haya negado al rendir informe justificado el apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad (fojas 54 a 59), pues del mismo se advierte la orden de corte número K1704124091, de cinco de agosto de dos mil veinte, respecto del servicio 749141090870; así como la orden de desconexión número K1704148412, de dos de septiembre del referido año. Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 7, Volumen 91-96, Tercera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 191-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, el suscrito considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 del aludido ordenamiento jurídico, misma que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]". Al respecto, es de tener en cuenta que el numeral 5 fracción I, de la Ley de Amparo, establece que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. del precitado ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el precepto legal de referencia dispone que el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo y que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En relación con lo anterior, el artículo 107 fracción I, de nuestra Carta Magna, establece: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". En ese contexto normativo, el juicio de amparo solamente puede pedirse contra actos que afecten el interés jurídico del quejoso, el cual debe entenderse como el cúmulo de derechos subjetivos tutelados por la ley a favor de una persona. Sobre el particular, sirve de sustento la tesis de jurisprudencia número 854, visible en la página 582, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Apéndice de 1995, del siguiente rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. Con motivo de lo anterior, el interés jurídico debe demostrarse mediante la comprobación fehaciente de los hechos a que se refiera el quejoso en su demanda. En la especie, la impetrante de amparo reclama la suspensión del suministro de energía eléctrica, que se le notificó de manera verbal se efectuaría en un plazo de veinticuatro horas. Para demostrar su interés jurídico, anexó a la demanda: Original de la constancia médica expedida el ocho de septiembre de dos mil veinte, a favor de Violeta Padrón Alejandro, por el doctor José Luis García Figueroa, de la Unidad de Reumatología del Sureste, del CERACOM, de esta ciudad. opia simple de credencial para votar a nombre de Violeta Padrón Alejandro. Copia simple de constancia de residencia a nombre de Violeta Padrón Alejandro. Copia simple del aviso-recibo de pago expedido por la Comisión Federal de Electricidad; y, Copia simple del recibo de pago a la Comisión Federal de Electricidad, de ocho de agosto de dos mil veinte Sin embargo, de las referidas documentales, así como del informe justificado que obra en autos, se obtiene que el titular del contrato de servicio 749141090870, es Vicente García Padrón y no la quejosa; de ahí que resulte evidente que ésta carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. e igual forma, deviene insuficiente para acreditar el interés jurídico de la quejosa, que aduzca es la legítima posesionaria de la casa habitación objeto del aludido contrato de servicio de energía eléctrica, y es quien eroga todos y cada uno de los pagos relacionados con el mismo. Pues, además de que no existe prueba fehaciente de ello, ya que respecto del suministro de energía eléctrica únicamente exhibió copias fotostáticas simples, es el contrato de mérito el que determina el interés jurídico para promover el juicio de amparo. Por las anteriores consideraciones, se actualiza la causal de improcedencia analizada, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el ordinal 63 fracción V del ordenamiento jurídico precitado, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amaro. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Por otra parte, deviene inoficioso ocuparnos de la causal del examen de la causal de improcedencia planteada por el apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, con sede en esta ciudad, ya que no variaría el sentido del presente fallo. De igual forma, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la quejosa, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diez de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Violeta Padrón Alejandro, contra el acto reclamado y la autoridad referida en el resultando PRIMERO, por las razones expuestas en el considerando CUARTO de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.

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