Violeta Lopez Chavez

Expediente 835/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
835/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
25/08/2016

Partes del expediente

  • Tribunal Estatal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado
  • Violeta Lopez Chavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes, archívese este expediente. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se decretó el sobreseimiento. Notifíquese.

  2. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Tercer Árbitro y la Secretaria General, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por medio del cual, remite diversas constancias por los motivos que ahí expone; al respecto, se tiene por hecha la comunicación aludida para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien por lo que hace a las constancias que devuelve la autoridad oficiante, de la lectura integral de las mismas, se desprende que no guardan relación alguna con el expediente en que se actúa, razón por la cual, sin que haya lugar a glosarse al presente expediente se ordena turnar las mismas a la Secretaría correspondiente de éste Juzgado, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil dieciséis, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal VIOLETA LOPEZ CHAVEZ, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado. "(.) La denegación de justicia por parte de la autoridad responsable al señalar fechas lejanas para el desahogo de las pruebas admitidas en el juicio laboral 01/804/2016." SEGUNDO. Por auto de doce de mayo del presente año, se admitió a trámite la demanda interpuesta por la parte quejosa, se requirió a la responsable su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable al señalar fechas lejanas para el desahogo de las pruebas admitidas en el juicio laboral 01/804/2016. TERCERO. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo y el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional en una nueva reflexión advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable al señalar fechas lejanas para el desahogo de las pruebas admitidas en el juicio laboral 01/804/2016, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del 107, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.-El amparo indirecto procede. "Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, cuyos efectos ya no se pueden reparar en el curso del procedimiento del que se deriven tales actos procesales, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) destacó que el amparo indirecto resulta procedente contra aquellos actos dentro de un procedimiento jurisdiccional cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose estos como actos que pueden producir una afectación material a derechos sustantivos; dicho de otra manera, que sus consecuencias impidan de forma actual el ejercicio de ese derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; así, por regla general resulta improcedente contra actos cometidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun en caso de que se reclamen violaciones a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales, ya que no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, habida cuenta que no se trata de una afectación autónoma, sino que se presenta dentro del procedimiento. Asimismo, para la procedencia del amparo, dicha jurisprudencia señaló dos excepciones, a saber: Que el juzgador advierta una abierta dilación en el procedimiento, y Que exista una paralización total. En el caso de que una demanda de amparo encuadre en las excepciones anteriormente transcritas, el juicio de amparo será procedente. La citada jurisprudencia es del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". En la especie, el quejoso hace valer como acto reclamado: ".La denegación de justicia por parte de la autoridad responsable al señalar fechas lejanas para el desahogo de las pruebas admitidas en el juicio laboral 01/804/2016." De lo anterior se advierte que el acto reclamado no está en los supuestos de excepción a que se ha hecho referencia, ya que de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado no se evidencia que exista una abierta dilación ni una paralización total del procedimiento, puesto que la autoridad para el desahogo de las pruebas señaló audiencias el diez, veinticuatro y veintiséis de agosto, todas del dos mil dieciséis, lo que denota, que la autoridad no paralizó en forma total el proceso laboral, ni se advierte una abierta dilación. Ello es así, ya que de las constancias que obran en autos se evidencia que la aquí quejosa presentó demanda laboral el cinco de febrero de dos mil dieciséis, y el veintiséis de abril del mismo año, la autoridad responsable se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 01/804/16, señalando como primera fecha para el desahogo de dichas probanzas el mes de agosto del año en curso; de ahí que, se estime que no existe una dilación en el procedimiento, ya que no obstante las excesivas cargas de trabajo con las que cuenta el Tribunal responsable, se advierte que el juicio laboral no ha sido paralizado, máxime que desde la fecha de la presentación de la demanda laboral a la presentación del juicio de amparo transcurrieron tres meses, lapso en el cual la responsable admitió la demanda, emplazó a la parte demandada, y se pronunció respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, siendo ésta la primera fecha señalada para el desahogo de las probanzas ofertadas. Aunado a ello, debe tomarse en cuenta que las Juntas gozan de dos periodos vacacionales de quince días cada uno en los meses de julio y diciembre de cada año; de ahí que, ese tiempo debe de considerarse al señalar las fechas para el desahogo de las referidas pruebas, máxime que es un hecho notorio la elevada carga de trabajo de los tribunales laborales, puesto que así lo refieren al rendir los informes justificados que se reciben día a día en este juzgado. También es de considerarse que el artículo 119 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece que el Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda, término que en el presente asunto aún no acontece. Por lo expuesto, es inconcuso que el acto reclamado consistente en la denegación de justicia al señalar fecha excesiva para el desahogo de diversas pruebas; no produce una afectación de imposible reparación, pues únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva. Además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan los requisitos para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal invocado, se decreta el SOBRESEIMIENTO en la presente controversia constitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8°. Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada en la página 478, materia administrativa, abril 2015, tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los numerales 1° Fracción I, 61, 62, 63, 73, 74, 76, 75, 79, 119, y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el juez Guillermo Amaro Correa, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa ROBERTO BRAVO VARGAS, hasta hoy cinco de julio de dos mil dieciséis, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte no abra constancia de notificación al quejoso de auto de siete de junio del año en curso, mismo en el que se ordenó dar vista a dicha parte con el informe justificado rendido por la responsable , razón por la cual este juzgado se encuentra a la espera de la constancia de notificación respectiva; en razón de ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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