Violeta Flores de los Santos

Expediente 1582/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1582/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Violeta Flores de los Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto, el oficio firmados criptográficamente por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 599/2023 y anexo, e informa que admitió a trámite el recurso de queja que hiciera valer la parte quejosa********************, a través de su autorizada; el cual fue registrado bajo el número 455/2023. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda y téngase a la superioridad acusando recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Adriana Pérez Zárate, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el ocurso signado por la quejosa Violeta Flores de los Santos, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de once de octubre del presente año, por el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos copia del escrito de cuenta. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la parte quejosa. Ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO el acto materia de la misma; es así, ya que mediante proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, remítase de inmediato el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación y resolución del mismo. Hágase del conocimiento de la Superioridad, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este expediente de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran; de conformidad con lo establecido en artículo 113, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" para que realice la vinculación respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Carina Bautista Pérez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por Violeta Flores de los Santos, contra actos que reclama al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. I.- Trámite. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 1582/2023-VII. II. Integración del expediente físico y electrónico. La formación del expediente físico, únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Instrucción a la Secretaría encargada del expediente, al Oficial Judicial "A" y Actuarios adscritos. Se instruye a la Secretaria del Juzgado adscrita, que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes, a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Al efecto, se puntualiza que el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. III. Causa de Improcedencia De acuerdo con el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que, en esencia, la promovente reclama de la autoridad responsable: La negativa de otorgarle el derecho escalafonario y de ascenso. En atención a lo anterior, quien hoy resuelve estima que la demanda de amparo es improcedente y debe desecharse de plano, de conformidad con lo establecido en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación al 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que previenen: "Artículo 61.- "El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general" (.)" De los preceptos legales transcritos se obtiene que la improcedencia del juicio de control constitucional puede derivar de otros preceptos de la Ley de Amparo o de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se evidencia que en el juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita llevar a cabo el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos anteriormente indicados y cuyas funciones estén determinadas por una ley general. En función de lo anterior, no es dable estimar que una persona o ente constituya autoridad para efectos del juicio de amparo, si no reúne las características previamente apuntadas. Referente al tema, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Como se puede observar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estatuido que una autoridad para efectos del juicio de amparo se distingue por: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Así, para determinar si una persona o ente tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, se tiene que verificar los supuestos legales antes precisados. En ese sentido, cabe recordar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas, a saber: a) Coordinación, b) Supra-subordinación y, c) Supraordinación. Las primeras, corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra-subordinación, son las entabladas entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público establecidos también en los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y algunos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, establecen una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las establecidas entre los órganos del propio estado. Ante esta circunstancia, se tiene que, en lo que al caso interesa, el estado tiene una doble personalidad, la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En este último caso, si el estado contrata a una persona para desempeñar cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate y de los diversos funcionarios, que de acuerdo a sus atribuciones figuren en cualquier ámbito, en auxilio de la parte patronal frente a la persona contratada, su actuación no será investida de imperio, sino en una relación laboral peculiar (sui generis) surgida en un plano de igualdad entre el propio estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Así, si de la demanda de amparo se advierte que la quejosa se duele de la negativa del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, de otorgarle el derecho escalafonario y de ascenso, que manifiesta tener. En tal virtud, se advierte que el acto reclamado por la quejosa al ente público estatal, se realizó en un plano de coordinación, de manera, que no es un acto de autoridad para efectos del amparo; es así, toda vez que actúan en nombre y representación del Estado patrón equiparado, pues en términos del artículo 2º de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, de los municipios y de las entidades públicas estatales y los trabajadores de base y de confianza a su servicio. Bajo esa línea de estimación, no se advierte un acto de autoridad responsable, ya que nos encontramos ante una relación de coordinación laboral, donde emana la existencia de un patrón -Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas- siendo que el ente estatal y sus direcciones no actúan con el carácter de autoridades en el presente asunto, es decir, investidos con imperio y poder coercitivo, sino en su representación de particular en un plano de igualdad, pues de la correlación que existe entre estos, deviene un acto entre particulares, lo que no implica la realización de actos de autoridad, debido a que no están desarrollando tareas propias del Estado actuando frente a la solicitante de amparo en su calidad de gobernado, por el contrario, nos encontramos ante actos bilaterales nacidos en virtud de un vínculo laboral, lo que hace improcedente el juicio de amparo. Así, tal y como ha quedado expuesto, es improcedente la acción de amparo cuando se reprochan este tipo de actos, toda vez que, lo ejecuta en un plano de coordinación, lo que significa que la controversia en relación con dicha negativa, debe plantearse ante el órgano jurisdiccional competente y no ante un Juez de Distrito mediante el juicio de amparo, porque el acto en cuestión no puede considerarse como acto proveniente de autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), que se comparte, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". Por tales consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente el desechamiento de la demanda de amparo indirecto, por no tener la autoridad señalada como responsable, el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Desechamiento de la demanda Por lo anteriormente considerado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda de amparo promovida por Violeta Flores de los Santos. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 98/2014 (10a.), que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Por último, se estima que no es obstáculo para arribar a dicha determinación, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 54/2012, publicada en la página 929, libro X, julio de 2012, tomo 2, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", lo anterior, en virtud de que en los casos como el que nos ocupa, donde existen diversidad de criterios firmes para determinar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pueden válidamente constatarse los requisitos de procedencia desde el auto inicial, ello de acuerdo con las manifestaciones expuestas en el escrito de demanda y su escrito aclaratorio, la naturaleza del acto reclamado y los anexos que se acompañen, lo que constituye un límite razonable en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17, constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente el referido derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos, pues en la especie, aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo, pues con ello no variaría la naturaleza del acto impugnado. IV. Domicilio, autorizados y acceso al expediente electrónico. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en la trece poniente norte número 1003-A, de la colonia El Mirador, en esta ciudad. Se tiene como autorizada de la quejosa, en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Martha Patricia Esponda Cáceres, toda vez que tiene inscrita su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y no con la calidad que solicita -apoderada legal- toda vez que, no acredita la personalidad instada. Asimismo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, se tiene como autorizada, únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos, imponerse de autos, a Denis del Pilar Martínez Lanestosa, por así haberlo solicitado. Ahora, de conformidad con el artículo 3 de la ley de la materia, se autoriza la consulta del expediente electrónico, a través del usuario "PATRICIA_ESPONDA"; por lo que, se instruye al Oficial Judicial A, para que, en su caso, registre el permiso correspondiente en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación relativo. V. Transparencia y acceso a la información. Además, comuníquese a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Carina Bautista Pérez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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