Violeta del Carmen Bonifaz Solís y Otros.

Expediente 647/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
647/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • Violeta del Carmen Bonifaz Solís y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Primero en Materia Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 222/2018, orden 324/2018, del índice de este órgano de control constitucional, que se envió para notificar a la quejosa ***, el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 5 a 10). Por otra parte, visto el estado de autos se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la quejosa en el auto referido, a efecto de señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que lo hubiere hecho; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto subsane su omisión. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales. Ahora, vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda (fojas 5 a 10), considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; uno de junio de dos mil dieciocho. Con fundamento en el numeral 3 de la ley de la materia, agréguese a los autos el telegrama enviado por el Juez de Control de los Distritos Judiciales de San Cristóbal de las Casas y Bochil, Chiapas, mediante el cual comunica que remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil en aquélla ciudad, el despacho 222/2018, para su diligenciación; lo anterior, se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: *** ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 647/2018-2-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . En el caso particular, la quejosa señala como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables de ejercer acción penal en el registro de atención ***; sin embargo, quien ahora resuelve, estima que el juicio de amparo intentado, resulta improcedente. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, se tiene que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo fracción XXIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. El aludido precepto 61 de la ley en cita, en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio protector de derechos humanos, tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Por su parte, el diverso numeral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: Artículo 20. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido. [...] II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Dicho precepto constitucional prevé los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, mismo que reconoce los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destaca el derecho a impugnar a través de la vía jurisdiccional, entre otros actos, las determinaciones del Ministerio Público, así como las omisiones de investigar los delitos. ...

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