Violeta Barrera Pérez

Expediente 306/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
306/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2023

Partes del expediente

  • Violeta Barrera Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    (6) Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés (fojas 24 a 31), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    (2)...Agréguese a los autos la promoción de cuenta y visto su contenido, téngase al Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y a su Secretario adscrito, devolviendo sin diligenciar el exhorto **********, del índice de este Juzgado de Distrito, por las razones que indica. Por lo anterior dese de baja la comunicación oficial, en el libro de gobierno y en el expediente electrónico; háganse las anotaciones correspondientes. Ahora, es un hecho notorio para esta Juzgadora, de conformidad con lo que dispone el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición de su numeral 2, que en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo biinstancial, que por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó la notificación de diversos oficios dirigidos al Coordinador de las Brigadas Especiales en el Estado de Hidalgo, por conducto del Secretario de Salud del Estado de Hidalgo. Atento a ello, ya que la comunicación oficial de cuenta fue devuelta sin diligenciar y a fin privilegiar una pronta impartición de justicia, de conformidad con lo que dispone el artículo 17 Constitucional, reenvíense la misiva ********al Coordinador de las Brigadas Especiales en el Estado de Hidalgo, por conducto del Secretario de Salud del Estado de Hidalgo, a efecto de que tenga conocimiento de la sentencia dictada en el presente asunto.

  3. Principal

    (6) A las nueve horas del día de hoy se tiene por legalmente notificada a la parte QUEJOSA, del proveído de VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, toda vez que no se presentó a notificarse ante este juzgado federal, del propio proveído, como se le comunicó en AVISO de UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo... AUTO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO... I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ******, por derecho propio, contra un acto de la Junta Especial número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 306/2023-6 III. Decisión sobre la acción de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que la Jueza de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la interpretación armónica de los numerales invocados, se advierte que, entre otras causas de improcedencia, se encuentran aquellas que puedan desprenderse de la ley, como cuando se promueve el juicio de amparo contra actos que no tienen una ejecución de imposible reparación. Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo anterior, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: 1. La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando se aleguen violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de un acto autónomo al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: por ejemplo, falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite en los plazos previstos por la ley. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional. Sin embargo, en el caso de la omisión de emitir laudo, debe tenerse presente que dicha afectación (a derechos sustantivos) no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, que desde luego, incluye los juicios laborales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que la autoridad debe proveer lo que en derecho corresponda; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Dichos argumentos encuentran sustento en la ejecutoria que pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dio origen a la jurisprudencia, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Nótese que la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, precisó que la causa de improcedencia de mérito se actualiza en forma NOTORIA y, por tanto, da lugar a desechar la demanda correspondiente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, la parte quejosa se duele precisamente de la excesiva dilación para dictar laudo dentro del juicio laboral radicado bajo el número **** de la Junta Especial Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo; esto es, que conforme a lo narrado en la demanda, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que en dicho juicio el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo el desahogo de la prueba testimonial a cargo de ******, diligencia en la cual se concedió a las partes un término de dos días hábiles contados a partir de que surtiera efectos la notificación de la citada audiencia para que formularan sus correspondientes alegatos, en términos del artículo 884, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo; por tanto señala que desde finales de dos mil veintidós la autoridad responsable no ha dado cumplimiento en los términos exigidos por la ley, toda vez que han pasado más de dos meses y no se ha formulado por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, ni se ha dictado el respectivo laudo. En esas condiciones, es evidente que se trata de un acto intraprocesal pues, como se indicó, este tipo de actos no afecta en forma directa a derechos sustantivos, pues debe tenerse presente que la afectación de la que se duele la quejosa, no se produce en forma independiente, sino como parte en el procedimiento laboral del cual es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo la vía indirecta. Además, cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, para decidir cuándo se está ante una abierta dilación en materia laboral, interpretó el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, y señalo que con el fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. De la citada ejecutoria resulto la tesis de jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2019400 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 01 de marzo de 2019 10:04 h Materia(s): (Común, Laboral) Tesis: 2a./J. 33/2019 (10a.) AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Ahora, si de conformidad con el artículo 884, fracción V de la Ley Federal de Trabajo y demás relativos y aplicables a la Ley Federal del Trabajo se concedió a las partes un término de dos días hábiles contados a partir de que surtiera efectos legales la notificación de la audiencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, para que presentaran por escrito ante la autoridad sus correspondientes apuntes de alegatos, apercibiéndolos que de no dar cumplimiento en tiempo y forma se les tendría por perdido dicho derecho y proceder en términos del artículo 885 de la citada ley. Audiencia de la cual se agrega fotocopia certificada que se obtiene del juicio de amparo ****** de la estadista de este juzgado; circunstancia que constituye un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que el término señalado en audiencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, conforme al numeral 747 de la Ley Federal del Trabajo transcurrió del veintitrés al veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, pues si bien la quejosa es omisa en precisar si transcurrido dicho término se hizo la certificación respectiva que prevé el artículo 885 de la Ley Federal Trabajo, y se les dio vista a las partes por el término de tres días para manifestar su conformidad respecto dicha certificación, sin embargo, como se precisó la quejosa es omisa en manifestar dicha circunstancia, y sólo reclama la dilación excesiva en el dictado del laudo sin precisar si ya se había cerrado la instrucción. Ello, en el entendido que los efectos de la protección constitucional que eventualmente pudiera concederse no pueden abarcar toda la fase del procedimiento respectivo, sino únicamente al momento procesal dado, tal y como ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el precedente siguiente "Registro digital: 2005150 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732 Tipo: Aislada CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Así, no obstante que la parte quejosa no haya manifestado bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda cuándo se cerró instrucción, lo cierto es que transcurrido el plazo anterior, en términos del numeral 885 de la Ley Federal de Trabajo la autoridad responsables tuvo que emitir un auto el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, cerrando la instrucción, de ello resulta que conforme a los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, el auxiliar formulará el proyecto de laudo dentro del término de diez días, entregando una copia del mismo a cada uno de los miembros de la junta, quienes dentro de los cinco días hábiles siguientes, podrían solicitar se practiquen las diligencias que no se hubieran realizado por causas no imputables a las partes, o las que consideren convenientes para el esclarecimiento de la verdad, para lo cual, en su caso, la junta con citación de las partes y dentro de un término de ocho días, señalará fecha y hora para el desahogo de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Una vez transcurrido dicho plazo, el presidente de la junta citará a sus miembros para la discusión y votación del multicitado proyecto de laudo, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes; precisando el numeral 889 del invocado ordenamiento, que si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la junta; plazos que deben ser observados por la junta responsable. Como se advierte, de la sumatoria de los indicados plazos, declarada cerrada la instrucción del juicio laboral, el laudo debe dictarse a más tardar dentro de los veinticinco días hábiles siguientes a la fecha en que se cerró la instrucción, en caso que no se solicite el desahogo de diligencias no llevadas a cabo por causas no imputables a las partes. Con esas bases legales, se deduce que el plazo de veinticinco días hábiles en que debió emitirse el laudo, contado desde el día treinta de noviembre de dos mil veintidós, día siguiente al que debió surtir efectos la notificación de veintiocho siguiente, por lista del cierre de la instrucción emitida el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el dieciocho de enero de dos mil veintitrés; por lo tanto, el plazo de cuarenta y cinco días contado a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse el laudo concluye el cuatro de marzo de dos mil veintitrés. Lo anterior, en el tendido que la junta responsable gozó de su segundo periodo vacacional del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, de conformidad con el oficio JE51-AD/2290/2022 de trece de diciembre de dos mil veintidós, suscrito por el presidente de la junta, el cual se ordena glosar fotocopia certificada del mismo al presente expediente, razón por la cual en ese plazo no corren términos. Luego, si la demanda de amparo se presentó el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, es evidente que el plazo de cuarenta y cinco días definido jurisprudencialmente aún se encuentra transcurriendo y por lo tanto no existe abierta dilación para emitir el laudo cuya omisión se reclama para hacer procedente la demanda de amparo en estudio. Apoya lo anterior, la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "No. Registro: 207,528 Tesis aislada Materia(s): Común Octava Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988 Tesis: Página: 273 ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Por todo ello, a juicio del suscrito, indudablemente y en forma manifiesta se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse en forma notoria y evidente las causas de improcedencia invocadas, se desecha la demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: *****. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo a *****, y en los restringidos de dicho numeral a *******, por así solicitarse expresamente. c. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3º y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilitar la consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por conducto del usuario ********. d. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: I. Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.

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