Vinod Kumar Mangwani Gidwani
Expediente 603/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Vinod Kumar Mangwani Gidwani
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA IV. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan recurrido el proveído de veintisiete de noviembre pasado, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Finalmente, como se encuentra ordenado en el acuerdo citado en párrafos que anteceden, envíese al archivo el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de doce de los corrientes (foja 126), a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hayan hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el nueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 79 a 93), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para que la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hiciera lo siguiente: Repusiera el procedimiento hasta la primera fase de la audiencia inicial -momento en que la Jueza advierte que el ahora quejoso es de nacionalidad extranjera- y, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia, informara al quejoso el derecho humano a la notificación, contacto y asistencia consular, a fin de que manifestara si era su deseo ejércelo; para lo cual debió señalar nueva hora y fecha para la audiencia inicial. Concesión de amparo que se hizo extensiva respecto de la medida cautelar reclamada, consistente en la presentación periódica mensual, así como al acto de ejecución reclamado al Director Ejecutivo de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, este último al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. En esa tesitura, en auto de treinta de octubre del año en curso, se declaró ejecutoriado el fallo amparador (fojas 109 y 110). En vista de ello, mediante oficios recibidos el seis y nueve de noviembre pasado (fojas 120-121, 123 y 124), el Director Ejecutivo de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; la Directora de la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informaron el cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, de la reproducción que se hace del DVD remitido por la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se aprecia que hizo lo siguiente: Mediante audiencia de siete de noviembre de dos mil dieciocho, la citada Jueza de Control hizo del conocimiento al quejoso Vinod Kumar Mangwani Gidwani, su derecho humano a la notificación, contacto y asistencia consular. Asimismo, la jueza responsable cuestionó al quejoso si era su deseo hacer uso de ese derecho, esto es, que se le brindara la asistencia consular; sin embargo, el quejoso Vinod Kumar Mangwani Gidwani, rechazó la asistencia consular. Asimismo, la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó sin efectos todas las actuaciones posteriores a partir de la violación destacada y al haberla subsanado, procedió a llevar a cabo nuevamente la audiencia, en la cual resolvió vincular a proceso a Vinod Kumar Mangwani Gidwani e impuso como medida cautelar a petición del Ministerio Público la presentación periódica mensual ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por otra parte, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el seis de noviembre del año en curso, el Director de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó la suspensión de todo acto de supervisión derivada del auto de vinculación a proceso reclamado de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal.
- Principal
MESA IV.SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DIANA PÉREZ PEÑA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de doce de los corrientes (foja 126), a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hayan hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el nueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 79 a 93), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para que la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hiciera lo siguiente: Repusiera el procedimiento hasta la primera fase de la audiencia inicial -momento en que la Jueza advierte que el ahora quejoso es de nacionalidad extranjera- y, con base en las consideraciones expuestas en la sentencia, informara al quejoso el derecho humano a la notificación, contacto y asistencia consular, a fin de que manifestara si era su deseo ejércelo; para lo cual debió señalar nueva hora y fecha para la audiencia inicial. Concesión de amparo que se hizo extensiva respecto de la medida cautelar reclamada, consistente en la presentación periódica mensual, así como al acto de ejecución reclamado al Director Ejecutivo de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de Proceso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, este último al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. En esa tesitura, en auto de treinta de octubre del año en curso, se declaró ejecutoriado el fallo amparador (fojas 109 y 110). En vista de ello, mediante oficios recibidos el seis y nueve de noviembre pasado (fojas 120-121, 123 y 124), el Director Ejecutivo de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; la Directora de la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informaron el cumplimiento a la ejecutoria. Ahora bien, de la reproducción que se hace del DVD remitido por la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se aprecia que hizo lo siguiente: Mediante audiencia de siete de noviembre de dos mil dieciocho, la citada Jueza de Control hizo del conocimiento al quejoso Vinod Kumar Mangwani Gidwani, su derecho humano a la notificación, contacto y asistencia consular. Asimismo, la jueza responsable cuestionó al quejoso si era su deseo hacer uso de ese derecho, esto es, que se le brindara la asistencia consular; sin embargo, el quejoso Vinod Kumar Mangwani Gidwani, rechazó la asistencia consular. Asimismo, la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dejó sin efectos todas las actuaciones posteriores a partir de la violación destacada y al haberla subsanado, procedió a llevar a cabo nuevamente la audiencia, en la cual resolvió vincular a proceso a Vinod Kumar Mangwani Gidwani e impuso como medida cautelar a petición del Ministerio Público la presentación periódica mensual ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por otra parte, mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el seis de noviembre del año en curso, el Director de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informó la suspensión de todo acto de supervisión derivada del auto de vinculación a proceso reclamado de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal.
- Principal
MESA IV.SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DIANA PÉREZ PEÑA ROSAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, DEL AUTO DE DOCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos los oficios signados por la Directora y Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, ambas de la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; a través del cual aducen dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Por otra parte, del estado de autos, se desprende que el pasado siete de noviembre, se reservó acordar lo conducente respecto del oficio signado por el Director Ejecutivo de la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hasta en tanto la Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Unidad de Gestión Judicial Ocho del Tribunal Superior de Justicias de la Ciudad de México, remitiera el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y CD que acompaña, así como el oficio recibido el pasado seis de los corrientes, dése vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga. Apercibidas que de incumplir con lo anterior, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia.
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