Vilma Noemi Sepulveda Soto

Expediente 549/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
549/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Vilma Noemi Sepulveda Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, dos de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal de Sinaloa "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual informa que en seguimiento al oficio 12874/2020 sic del índice de este juzgado, con el cual se le remitió copia de la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en la cual se negó la suspensión definitiva solicitada por la quejosa Vilma Noemí Sepúlveda Soto, y se estableció que la citada autoridad fue omisa en rendir informe previo, no obstante de encontrarse debidamente notificada vía interconexión, solicita se le remita copia de la demanda de amparo y sus anexos, así como del acuerdo donde se le requirió el informe previo, toda vez que dicha administración no ha sido notificada al respecto; agréguese a los autos. En atención a lo solicitado por la autoridad oficiante, dígasele que el incidente de suspensión derivado de los presentes autos, se encuentra concluido y agregado al expediente principal, el cual a su vez se encuentra debidamente terminado y archivado; no obstante lo anterior, mediante oficio al que se inserte este proveído, se le remitirán las constancias que solicita.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por sentencia de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno se sobreseyó el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional se concedió la suspensión, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo, la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y las constancias que se consideren necesarias y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; en el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la depuración juicio principal y del incidente de suspensión, y solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.

  3. Principal

    Único. Se sobresee el juicio promovido por Vilma Noemí Sepúlveda Soto, contra actos reclamados a las autoridades responsables Secretario de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, y de la Administradora Local de Auditoria Sinaloa "1", de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en Culiacán, Sinaloa (denominación correcta), por los motivos plasmados en el considerando segundo de esta resolución.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta suscrito por la Directora General de Amparos contra Actos Administrativos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que de acuerdo al artículo 9, primer párrafo, de la Ley de Amparo, quien representará a la Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, es la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, para efectos del presente asunto; además, rinde informe justificado, designa delegados, señala domicilio para recibir notificaciones; agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. En ese contexto, acorde al artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable y dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido. De igual modo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase como delegados de la autoridad responsable citada a los profesionistas indicados y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, solicita que las subsecuentes notificaciones del presente juicio de amparo se realicen a través de la interconexión entre los sistemas tecnológicos de gestión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En atención a lo anterior, téngase como medio para oír y recibir notificaciones de la autoridad responsable antes mencionada "la vía interconexión", de conformidad con la "DECLARATORIA del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte", publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de julio de dos mil veintiuno, en la cual se estableció que se iniciaría operaciones a partir del doce de julio del presente año. Pues bien, a fin de que las partes en el presente juicio de amparo se impongan del contenido del informe justificado de cuenta, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y se fijan las diez horas con veinte minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. Por similitud jurídica, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 151 del tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2008, Materia Común, Novena Época, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Por último, es de observarse la jurisprudencia P./J. 54/2000, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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