Vilma Maritza Quezada Sanmartín

Expediente 435/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
435/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
11/05/2022

Partes del expediente

  • Vilma Maritza Quezada Sanmartín
  • VILMA MARITZA QUEZADA SANMARTÍN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ... Vistos; el recurso de queja no fue interpuesto en contra del auto de desechamiento de veinticinco de abril de dos mil veintidós; por ende, causó estado. Al no haber materia para ejecución este asunto está concluido; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas VALORACION DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 se determina: Relevancia documental El cuaderno principal carece de ésta al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Juicio principal Es depurable de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso a) del acuerdo general citado porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. CARATULA En conformidad con lo establecido en el artículo 35 háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS Por otra parte, se hace constar que la parte quejosa no ejerció su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    ... Vista la razón de cuenta del actuario judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, en la que informa la imposibilidad que tiene para notificar a la parte quejosa Vilma Maritza Quezada Sanmartín, el auto de veintiuno de abril del año en curso, en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, toda vez que le fue informado por el Jefe del Departamento Jurídico de dicho instituto que el diecinueve de abril de este año la citada quejosa salió en custodia. CUMPLE REQUERIMIENTO Y REMITE CONSTANCIAS Así mismo, agréguese a los autos el oficio de cuenta del subdirector de la Estancia Provisional Migratoria en el Estado de Puebla, recibido vía correo electrónico institucional mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veintiuno de abril del año en curso, remite constancias relativas al estado procesal migratorio de la citada quejosa Vilma Maritza Quezada Sanmartín, dentro del expediente E.A/Is.9/ORP/EM/1295/2022 de su índice. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, razón actuarial y del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la actualización de motivos manifiestos e indudables de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo en términos del artículo 113 de la ley de la materia. Para ello, debe precisarse en primer término que la demanda de amparo fue interpuesta por Vilma Maritza Quezada Sanmartín al reclamar al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, lo siguiente: "1.- EL INCONSTITUCIONAL ASEGURAMIENTO, ALOJAMIENTO Y/O DETENCIÓN DE LA QUEJOSA POR MÁS DE 36 TREINTA Y SEIS HORAS, EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, cuyo domicilio ha quedado precisado anteriormente en este escrito de demanda. 2- LA INCOMUNICACIÓN DE LA QUE ES OBJETO LA QUEJOSA. 3.- LA NEGATIVA DE ACCESO A LA QUEJOSA A CONTAR CON UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE y LA LIBRE ELECCIÓN DE ESTE. 4.- LA NEGATIVA PARA QUE UN ABOGADO LE BRINDE ASESORÍA LEGAL A LA QUEJOSA EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA RECLUIDA EN ESTA CIUDAD, Y QUE ESTA SEA OTORGADA DE MANERA PERSONAL Y DIRECTA; DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 107, FRACCIÓN VII DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 5.- LA ORDEN DE DEPORTACIÓN DEL PAIS, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE; CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 22 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6.- LA NEGATIVA DE PODER LLEVAR SU PROCESO EN LIBERTAD. 7.- LA INCONSTITUCIONAL E ILEGAL DETENCIÓN, CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN; ASÍ COMO LA NEGATIVA DE PROPORCIONAR UN MECANISMO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LIBERTAD. Previa incompetencia plateada por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla y concedida la suspensión de plano, este juzgado se avocó al mismo, solicitó la ratificación respectiva. Deportación. Por cuestión de método, se analizará en primer término el acto reclamado consistente en la deportación, el cual resulta inexistente porque de las copias certificadas del expediente migratorio E.A/Is.9/ORP/EM/1295/2022, que remitieron las autoridades migratorias no se advierte que se haya decretado la deportación de la impetrante. Sino que mediante resolución de diecinueve de abril del año en curso, la autoridad responsable determinó entregar físicamente a la quejosa Vilma Maritza Quezada Sanmartín en custodia del ciudadano Juan Manuel Rivera Zenteno, en conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley de Migración. De ahí que resulte inexistente la referida orden de deportación. Por tanto, al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Detención y alojamiento temporal Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la detención y alojamiento temporal en las instalaciones de la Estación Migratoria de Puebla, se actualiza la diversa causal prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, porque sus efectos se consumaron de manera irreparable. En el numeral citado se establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose aquellos respecto de los cuales el órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para abordar su legalidad, en atención a que aun y cuando pudiera llegar a concederse la protección constitucional, la sentencia pronunciada perdería eficacia, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce del derecho violado. Del contenido del artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se observa que el juicio constitucional persigue una finalidad práctica; lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad que la sentencia pueda producir la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, ya sea volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, tratándose de actos de carácter positivo, o bien, cuando se está en presencia de actos negativos obligando a la autoridad a respetar el derecho que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Es decir, actos consumados son aquellos que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. La quejoso controvierte la detención y alojamiento temporal, porque considera ilegal su permanecía en la estación migratoria. Sin embargo, de las constancias de autos se observa que en resolución de diecinueve de abril del año en curso, se ordenó la salida de la quejosa extranjera de la Estación Migratoria en Puebla, por lo cual los efectos de la detención y alojamiento temporal se consumaron de manera irreparable, al no poder restituir a la quejosa en el goce del derecho que estima violado. Ello, porque al haber consumado todos sus efectos el acto reclamado, no es factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado. En tales condiciones, lo procedente es desechar la demanda de amparo respecto de dicho acto. Incomunicación y orden de presentación. Por otra parte, en relación al acto reclamado consistente en la incomunicación y orden de presentación se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, mismo que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con la causal de improcedencia que se invoca, es preciso advertir que el juicio de amparo indirecto tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto y, por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional, ello siempre y cuando todos sus efectos queden destruidos como si se hubiera otorgado la protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues la subsistencia de un mínimo efecto sobre la esfera jurídica de la quejosa, impide la actualización de esa causal de improcedencia. En el caso, de la razón de cuenta se advierte que la parte quejosa Vilma Maritza Quezada Sanmartín, salió en libertad el diecinueve de abril de este año, bajo la figura en custodia. En efecto, la autoridad responsable subdirector de la Estancia Provisional Migratoria en el Estado de Puebla, informó que mediante auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, en términos del artículo 101 y 102 de la Ley de Migración, autorizó la salida de la estación migratoria bajo la figura de custodia de la directa quejosa, la cual se materializó a las dieciocho horas del diecinueve de abril de dos mil veintidós, al recibir su custodia y entrega física a Juan Manuel Rivera Zenteno, como se desprende de su comparecencia ante la responsable. En tales condiciones, es claro que dichos actos reclamados cesaron en sus efectos, al haber salido la quejosa de la estación migratoria bajo la figura de custodia, pues ello hace palpable que los actos reclamados dejaron de existir. Cobra aplicación, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en la fracción XIII, XVI y XXI del artículo 61, en relación con el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda que dio origen al expediente de amparo. Háganse del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese y por vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintidós. SE AVOCA -RADICACION Glósese a sus autos el oficio 13710/2022 del Secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, al que acompaña el juicio de amparo 729/2022 de su índice, mismo que contiene la demanda de amparo promovida por Manuel Alejandro Quezada SanMartin en favor de Vilma Maritza Quezada SanMartin, en el que se advierte que por resolución de quince de abril del año en curso determinó declarar carecer de competencia en razón a la materia. Visto el contenido del mismo este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 435/2022. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA Por otra parte, toda vez que la quejosa directa Vilma Maritza Quezada SanMartin promovió por conducto de Manuel Alejandro Quezada SanMartin; por lo que a fin de acordar lo procedente sobre el contenido de la demanda de amparo y no dejar en estado indefensión a la impetrante, es necesario conocer la voluntad de la misma para promover el presente juicio; por lo que con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo se comisiona al actuario judicial de este órgano jurisdiccional, para qué con las medidas necesarias para salvaguardar su salud, con motivo de la pandemia surgida por el brote del CORONAVIRUS, SARSCOV2 COVID-19: 1. Se constituya en el recinto oficial que ocupa las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla, ubicados en avenida de la reforma 1907-5 San Matías, Puebla, Puebla, lugar en el que refirió el promovente se encuentra la quejosa, con el objeto de localizar a Vilma Maritza Quezada SanMartin, o en el lugar al cual haya sido canalizada. 2. De fe del estado físico de la quejosa y le haga saber el motivo de la diligencia. 3. Le notifique el contenido íntegro del presente proveído y le corra traslado con la copia del mismo. 4. Le haga del conocimiento la demanda de amparo promovida por Manuel Alejandro Quezada SanMartin, en su nombre, y a cuya lectura de los hechos narrados en la misma deberá remitirse, y enterada de su contenido prevenga a Vilma Maritza Quezada SanMartin, para que en el momento de la diligencia, o dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquel en que surta efectos la notificación, manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida en su nombre, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efecto las medidas decretadas. Concluida la diligencia encomendada se solicita al actuario encargado de desahogarla asiente la razón correspondiente. En caso de que la parte quejosa no se encuentre en dichas instalaciones, el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional deberá asentar la razón correspondiente, facultándolo para tal caso, desde este auto, para que en ese momento requiera a las autoridades responsables o a quien se encuentre encargado del despacho, le manifieste el lugar en el que se encuentre privada de su libertad Vilma Maritza Quezada SanMartin. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Ahora bien, mediante oficio que al efecto se gire hágase del conocimiento al Titular del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla el presente auto, y requiérasele para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS remita la constancia de notificación realizada a la parte quejosa de la resolución contenida en el oficio INM/ORP/SEM/736/2022, por la cual se le hace saber la procedencia de la salida bajo la figura de custodia prevista en el artículo 102 de la Ley de Migración mientras se dicte resolución al procedimiento administrativo instaurado con motivo de su irregular estancia en el país, y si ésta, ya cumplió con los requisitos para gozar de tal beneficio. Así también, en la misma temporalidad informe directamente a este Juzgado de Distrito el estado procesal migratorio de la citada quejosa Vilma Maritza Quezada SanMartin Hágasele saber a la autoridad responsable que toda comunicación y envío de constancias o cumplimiento de requerimientos que deban hacer a este juzgado federal, deberán hacerlo por vía electrónica, a fin de dar continuidad e integrar en esa forma el presente expediente, vía correo electrónico a la cuenta siguiente: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Debiendo confirmar su recepción con la secretaria particular. En el supuesto excepcional de que tal informe y constancias relativas -u otro tipo de anexos-, no puedan remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado, instalada en calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de nueve a catorce horas, o en el buzón judicial instalado en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, ubicado en avenida Osa Menor número Ochenta y Dos, planta baja, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula, Puebla, C. P. 72810. Apercibida que de no hacerlo así se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tuviese al momento en que se emitió el referido proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero AUTORIZADOS Se tiene a Edgar Eduardo Gutiérrez Tamayo y Fernando Miguel Calderón Sánchez en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quienes tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. Así mismo, de manera restringida a las diversas personas que menciona en la misma, esto es, únicamente para imponerse de autos oír y recibir sus notificaciones, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la citada ley. ACCESO Y NOTIFICAICÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario "AbogadoEdgarTamayo", para la notificación electrónica y consulta el expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento de los correos electrónicos, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por lo que respecta a la petición del impetrante de amparo, en cuanto a la reproducción de constancias mediante medios electrónicos de las actuaciones que de este expediente emanan; dígasele que se provee de conformidad a lo anterior, previa petición verbal y razón que del citado acto se deje asentada en el presente sumario, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, toda vez que el CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ha determinado la implementación de medidas para evitar la propagación del virus COVID-19, así como privilegiar el acceso a la justicia federal; conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, el cual faculta a los juzgadores, a exhortar a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, asimismo propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En tales condiciones, se exhorta a las partes, para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, así como propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, y 29 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, dígasele a la parte quejosa que podrá solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que las partes manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE Y POR VÍA ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juárez Díaz, Secretaria que autoriza y da fe.

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