Vilma Edith Vidales Desiga y Otros.
Expediente 27/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Vilma Edith Vidales Desiga y Otros.
- Vilma Edith Vidales Desiga
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Eduardo Herrera Castillo, apoderado de Juan Alberto Vidales Desiga y Vilma Edith Vidales Desiga, contra el acto que reclamó del Tribunal Superior Agrario, con residencia en Ciudad de México, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 27/2019-V, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, este Juzgador advierte que carece de competencia legal para conocer de la misma; lo anterior es así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo. En base a lo anterior, es conveniente realizar las siguientes consideraciones de orden jurídico: La jurisdicción, es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aún cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a.- Competencia por territorio; b.- Competencia por materia; c.- Competencia por razón de la vía; y, d.- Competencia auxiliar. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; . XVII." "LEY DE AMPARO. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1). Es competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2). Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente, a prevención, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones; y, 3). Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Sobre tal base, es importante destacar que la parte quejosa acudió a esta instancia controvirtiendo la resolución de trece de septiembre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, en el expediente relativo al recurso de revisión R.R. 31/2018-30, mediante la cual determinó revocar la sentencia pronunciada el uno de septiembre de dos mil diecisiete, por la diversa autoridad Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, con sede en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, al resolver el expediente 544/2008 de su índice, y ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia para efecto de perfeccionar la prueba pericial en agrimensura, respecto del inmueble materia de la litis, localizado en la población "General Pedro José Méndez", en el municipio de Méndez, Tamaulipas, lo que se traduce en la imposición de un hacer procesal al órgano de primera instancia, evidenciando con ello un principio de ejecución en el plano jurisdiccional, entendido este como aquellos actos tendientes a cumplir lo ordenado por el tribunal revisor. En ese orden de ideas, es claro que, como en el caso, en donde se reclaman las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento de primera instancia, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito con jurisdicción sobre el órgano jurisdiccional de primera instancia, en virtud de que será este último el que deba realizar los actos procesales tendientes a cumplir con la orden de reposición de procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia que haya dictado la resolución de reposición reclamada. En lo conducente es aplicable por identidad de razones, la jurisprudencia 2a./J. 37/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 229, tomo XXI, Marzo de 2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 179090 del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." Así como en la contradicción de tesis sustentada por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, libro 24, noviembre de 2015, Tomo II, página 1667, con registro 2010518, cuyo texto y rubro son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, con independencia de donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y es acorde al nuevo marco constitucional de los diversos principios al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia y de seguridad jurídica." Lo anterior es así, pues como se dijo, conforme al artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia, para conocer de un juicio de amparo es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, y en el caso concreto, si como se indicó, la ejecución del acto reclamado estará a cargo del Tribunal Unitario Agrario Distrito 30, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, es decir, repondrá el procedimiento de origen para el perfeccionamiento de la prueba pericial de agrimensura, respecto del inmueble materia de la litis, ciudad en la que no ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, por lo que queda de manifiesto que éste juzgado de distrito no tiene competencia legal para conocer y resolver del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, y 48 ambos de la Ley de Amparo, este juzgado no tiene competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee, estimando que debe remitirse el presente juicio al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Ciudad Victoria, en turno. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda, y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Valente Gerardo Cañamar Garza, Jaime Rodríguez Moreno, Martha Patricia García Cantú y Carlos Alberto Caballero Dorantes, quienes tienen sus cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, mientras que con efectos restringidos Karla Caballero Florencia. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal.
- Principal
republicacion a la parte quejosa... Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Eduardo Herrera Castillo, apoderado de Juan Alberto Vidales Desiga y Vilma Edith Vidales Desiga, contra el acto que reclamó del Tribunal Superior Agrario, con residencia en Ciudad de México, y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado correspondiente al registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 27/2019-V, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, este Juzgador advierte que carece de competencia legal para conocer de la misma; lo anterior es así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo. En base a lo anterior, es conveniente realizar las siguientes consideraciones de orden jurídico: La jurisdicción, es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aún cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a.- Competencia por territorio; b.- Competencia por materia; c.- Competencia por razón de la vía; y, d.- Competencia auxiliar. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; . XVII." "LEY DE AMPARO. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1). Es competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2). Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente, a prevención, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones; y, 3). Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Sobre tal base, es importante destacar que la parte quejosa acudió a esta instancia controvirtiendo la resolución de trece de septiembre de dos mil dieciocho, pronunciada por el Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, en el expediente relativo al recurso de revisión R.R. 31/2018-30, mediante la cual determinó revocar la sentencia pronunciada el uno de septiembre de dos mil diecisiete, por la diversa autoridad Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta, con sede en la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, al resolver el expediente 544/2008 de su índice, y ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia para efecto de perfeccionar la prueba pericial en agrimensura, respecto del inmueble materia de la litis, localizado en la población "General Pedro José Méndez", en el municipio de Méndez, Tamaulipas, lo que se traduce en la imposición de un hacer procesal al órgano de primera instancia, evidenciando con ello un principio de ejecución en el plano jurisdiccional, entendido este como aquellos actos tendientes a cumplir lo ordenado por el tribunal revisor. En ese orden de ideas, es claro que, como en el caso, en donde se reclaman las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento de primera instancia, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito con jurisdicción sobre el órgano jurisdiccional de primera instancia, en virtud de que será este último el que deba realizar los actos procesales tendientes a cumplir con la orden de reposición de procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia que haya dictado la resolución de reposición reclamada. En lo conducente es aplicable por identidad de razones, la jurisprudencia 2a./J. 37/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 229, tomo XXI, Marzo de 2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro 179090 del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." Así como en la contradicción de tesis sustentada por el Pleno en Materia Civil del Séptimo Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, libro 24, noviembre de 2015, Tomo II, página 1667, con registro 2010518, cuyo texto y rubro son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. AL TENER EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, con independencia de donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y es acorde al nuevo marco constitucional de los diversos principios al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia y de seguridad jurídica." Lo anterior es así, pues como se dijo, conforme al artículo 37, párrafo primero, de la ley de la materia, para conocer de un juicio de amparo es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, y en el caso concreto, si como se indicó, la ejecución del acto reclamado estará a cargo del Tribunal Unitario Agrario Distrito 30, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, es decir, repondrá el procedimiento de origen para el perfeccionamiento de la prueba pericial de agrimensura, respecto del inmueble materia de la litis, ciudad en la que no ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, por lo que queda de manifiesto que éste juzgado de distrito no tiene competencia legal para conocer y resolver del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, y 48 ambos de la Ley de Amparo, este juzgado no tiene competencia legal para conocer de la demanda de amparo que se provee, estimando que debe remitirse el presente juicio al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Ciudad Victoria, en turno. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda, y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Valente Gerardo Cañamar Garza, Jaime Rodríguez Moreno, Martha Patricia García Cantú y Carlos Alberto Caballero Dorantes, quienes tienen sus cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, mientras que con efectos restringidos Karla Caballero Florencia. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal.
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