Vilma Domínguez Hueso

Expediente 82/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
82/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2017

Partes del expediente

  • Vilma Domínguez Hueso

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió para la parte quejosa, que es la única legitimada al efecto, el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el seis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 18 a 21), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que haya hecho valer tal medio de impugnación; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, una vez transcurrido el plazo de cinco años.

  2. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio recibido en su domicilio el siete de marzo de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de seis de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, seis de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, por virtud del cual se le tiene rindiendo informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia respectiva. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad oficiante, aportando como medio de convicción de su parte, lo siguiente: Oficio No.023.302/SP/263/2017; y, Oficio No. 023.302/SP/260/2017 de tres de marzo de dos mil diecisiete. A las referidas constancias se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra fundamento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el trece de octubre de dos mil dieciséis, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: "ACTO RECLAMADO: La omisión de dar respuesta a mi escrito que presenté el 13 de octubre de 2016." Del análisis del original del oficio No. 023.302/SP/260/2017 (fojas 15 a 17) enviada por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se advierte que dio contestación al escrito que presentó la quejosa el trece de octubre de dos mil dieciséis, en el que determinó lo siguiente: "[.] Que en atención a su escrito del mes de septiembre de 2016 en el cual solicita se cancele la deducción del concepto 48 "compatibilidad de pensión" que se realiza a su pensión de viudez número 238064, así como el pago retroactivo de las deducciones que han aplicado a esta, se resuelve lo siguiente: [.] De lo anterior, se puede observar que el segundo párrafo del referido artículo, hace mención que, en el caso de compatibilidad de las pensiones señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 12, párrafo segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la suma de las mismas no podrá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo, en consecuencia, lamento comunicarle que, Aun existiendo la compatibilidad entre las pensiones de las que usted es beneficiaria, no es posible acceder a su solicitud referente a la cancelación de la deducción del concepto 48 compatibilidad de pensión, que se realiza de su pensión de viudez número 238064. Con lo que respecta al pago retroactivo de las deducciones que han realizado a su pensión de viudez número 238064, hago de su conocimiento que no es procedente el pago solicitado, debido a que, por los motivos expuestos anteriormente, la pensión de viudez número 238064 se encuentra pagada al 100%. Con relación a la nivelación de su pensión número 295024, y al pago de todas las diferencias que resulten por no haber incrementado la misma, le comunico que no se tiene a la vista los siguientes documentos que son requeridos para identificación y trámite de lo solicitado: Copias de la Concesión de Pensión, así como del IFE o INE, CURP, Credencial de pensionado, ultimo talón de pago y Constancia de Evolución Salarial, esta última deberá ser solicitada en su dependencia y debe de contener los conceptos y percepciones que aportaron al fondo del ISSSTE, desde el momento que se dio de baja y hasta la presente fecha, de igual forma deberá de solicitar la actualización de la Hoja Única de Servicios, esta documentación es requerida para el trámite solicitado por lo que agradeceré su facilitación." De la transcripción anterior se advierte que el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el tres de los corrientes, dio contestación al libelo que presentó la quejosa el trece de octubre de dos mil dieciséis, el cual se notificó a su autorizado Gabriel Rodríguez Hobart, en esa misma data, tal como se acredita del oficio original No.023.302/SP/260/2017. Misma versión que se corrobora con el informe justificado (foja 13) remitido por la autoridad responsable del que se advierte: ".mismo que ya fue notificado a través del C. Gabriel Rodríguez Hobart, persona autorizada por la propia quejosa para tales efectos en su escritos, según constancia de recibido que obra en el oficio No. 023.302/SP/260/2017, que se anexa a la presente." En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que dio contestación al escrito presentado el trece de octubre de dos mil dieciséis, en segundo lugar, al haber realizado su notificación a la parte quejosa a través de su autorizado, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para el día de hoy de la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Con la demanda de amparo de cuenta *** solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Quintana Roo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Chetumal, Quintana Roo; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 82/2017, y se admite en sus términos la demanda de que se trata, en la cual, el acto reclamado se hace consistir en: ***. Dése la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las nueve horas con diez minutos del seis de marzo de dos mil diecisiete. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido.

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