Villaveli Lorenzo Hernández
Expediente 334/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Villaveli Lorenzo Hernández
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Guerrero "1", con sede en esta ciudad, a través del cual informa que por competencia remitió el oficio 10220/2021 y anexos al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Ciudad de México "1", a fin de que dicha autoridad haga efectiva la multa impuesta a Edgar Augusto Siqueiros Fernández (Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad). Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; tres de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de la destrucción de expedientes judiciales, artículo 21, incisos a), se hace la indicación de que este expediente es destruibles una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al capítulo cinco, artículo 15, del Acuerdo General en cita. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, en virtud de que en la sentencia se impuso a la autoridad responsable Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción III, de la Ley de Amparo; como esta ordenado, gírese oficio la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, para que proceda a hacer efectiva dicha multa, adjuntándole copia certificada de las constancias necesarias, haciéndole de su conocimiento que el cargo de dicha autoridad, lo ostenta Edgar Augusto Siqueiros Fernández, y tiene su domicilio en Avenida Costera Miguel Alemán Número 315, Segundo Piso, Palacio Federal, Colonia Centro, código postal 39300, en esta ciudad; y que el monto equivalente de cien unidades de medida y actualización en la fecha en que se impuso la multa, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), da la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100moneda nacional). Notifíquese.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 334/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido el ocho de abril siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo, Villaveli Lorenzo Hernández, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA ESPECIAL NÚMERO 43 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. ACTOS RECLAMADOS: ".la postergación excesiva de la fecha que se señaló para la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones". SEGUNDO. Tramite de del juicio de amparo. Por acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, se registró en el libro de gobierno respectivo la demanda de amparo con el número 334/2021 y se admitió a trámite la demanda; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el en relación con el Acuerdo General número 03/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo al a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto dentro de un juicio laboral, que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que podría tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Villaveli Lorenzo Hernández, como parte actora en el juicio laboral 392/2020, reclama de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la fecha y hora programada para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las diez horas del día trece de julio del año dos mil veintiuno, fuera de los plazos que prevé la ley laboral. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante, de habérsele solicitado con toda oportunidad, como se advierte de la constancia de notificación del oficio número 5913/2021; por tanto, lo que procede con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, es presumirle cierto el acto reclamado. CUARTO. Causal de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Lo anterior, ya que la omisión de las autoridades responsables de rendir su informe con justificación (como se advierte del considerando que antecede), sólo presume cierto el objeto de estudio en este asunto (el cual lo constituye la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones para las diez horas del día trece de julio del año dos mil veintiuno, la cual se encuentra fijada fuera de los términos establecidos por la ley), no así el interés jurídico del quejoso, quien se ostentó como parte actora en el juicio natural y no aportó prueba alguna que corroborara tal carácter. En relación con el tema, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º, de su Ley Reglamentaria, conforman el llamado interés jurídico, el cual reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto u omisión que estime violatorio de garantías en su perjuicio, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en estudio. Por lo que, si bien el interés jurídico para controvertir actos como los reclamados, correspondería a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen, también lo es, que no se tiene prueba alguna de quien promueve este asunto sea parte en aquél sumario. Lo anterior, con independencia de que -como en el caso-, se presumió cierto el acto reclamado ante la omisión de las responsables en rendir su informe justificado, pues la carga de probar el interés jurídico no surge de esa abstención, sino que la carga le corresponde al quejoso desde la presentación de la demanda de amparo; porque, únicamente puede presumirse la existencia del acto atribuido a las responsables, pero no los hechos señalados en la demanda. De ahí que, la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso, en el sentido de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, conlleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del presente juicio de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede decretar el sobreseimiento del juicio. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 23/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del rubro y texto siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". QUINTO. Imposición de multa. Ahora, tomando en cuenta que la autoridad responsable Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante estar oportunamente notificada para ello, según se indicó en el tercer considerando de la presente resolución, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone una multa por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país a la fecha del apercibimiento, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional) semejante a la unidad de medida y actualización vigente en el país, que corresponde a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), misma que deberá hacerse efectiva por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a quien deberá remitírsele el oficio respectivo a efecto de que en cuanto cause firmeza esta sentencia, proceda a hacer efectiva la multa aquí impuesta; salvo que la autoridad responsable acredite lo contrario. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 334/2021. SEGUNDO. Por los motivos que se precisan en el último de los considerandos de este fallo, se impone a la autoridad responsable Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad una multa por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país a la fecha del apercibimiento. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Villaveli Lorenzo Hernández, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 334/2021, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las quince horas con cuarenta y ocho minutos del diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, para ello se hace saber a las partes que si es su deseo comparecer a la misma, lo podrán hacer mediante escrito que podrán presentar física o electrónicamente, o bien, solicitarlo conforme a las disposiciones que para tal efecto establece el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021. Por ende, de elegir comparecer de forma virtual a la citada audiencia constitucional, se autoriza el uso de la aplicación digital CISCO WEBEX, para su desahogo, en términos del acuerdo general 12/2020 y del artículo 25 del mencionado acuerdo general 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos respectivamente a la regulación del uso de las videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; en cuyo caso, será necesario que proporcionen oportunamente su correo electrónico y número de teléfono para la autorización del ingreso al evento en la aplicación señalada; en el entendido que de no hacerlo, se_ celebrará la citada audiencia de manera remota sin el uso de la referida herramienta tecnológica. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad la quejosa promovió algún juicio relacionado con el acto aquí reclamado, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS Igualmente, se le informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado calle Juan Ruiz de Alarcón número 2, "Pozo de la Nación", colonia Centro, en esta ciudad; y dada la naturaleza del juicio como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a José Ángel Soriano Sánchez, Nelly Herminia Dorantes Valadez, Romeo Augusto González Garduño, Mario Alberto González Garduño, Ana Karen Alemán Sánchez y Francisco Javier González Garduño. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL Se exhorta a las partes de conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por sus similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a que, de ser posible y tomando en consideración los avances tecnológicos, continúen con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". En la inteligencia que para ello, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional debe autorizar, para lo cual proporcionarán el nombre de usuario para el uso del sistema de los servicios en línea. De igual manera, acorde con el artículo 5, fracción I y 22, fracción II, del citado Acuerdo General 21/2020, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. A su vez, se comunica a la autoridad responsable que el correo electrónico oficial de este juzgado es el 8jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, y que el número de teléfono es 744 435 19 00 extensión 1001, en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos de lunes a viernes, hasta en tanto se encuentre vigente el referido Acuerdo General 1/2021 que reformó en cuanto a su vigencia el diverso 21/2020. Del mismo modo, se informa a las partes que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general 21/2020, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general 21/2020. Además, se informa a las partes que, dado el contexto de emergencia derivado de la actual situación sanitaria, tomando en consideración que el referido Acuerdo General 21/2020 y demás acuerdos que lo reforman, son de conocimiento público, el cual privilegia el uso de herramientas digitales, así como la salud de las personas justiciables y del personal jurisdiccional y ante la necesidad de permitir la continuación del trabajo jurisdiccional, las notificaciones de las determinaciones que en este asunto se dicten, se les practicarán por lista, salvo aquellas previstas por el artículo 26 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. . . Notifíquese.
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