Viliulfo de la Paz Guzman
Expediente 1814/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1814/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Viliulfo de la Paz Guzman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; seis de septiembre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado que sobreseyó en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Visto para resolver en el juicio de amparo 1814/2019, promovido por ************, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por estimarlo violatorio del artículo 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. La parte quejosa *************, por escrito recibido el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado al día siguiente hábil, por razón de turno a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que precisa en su escrito de demanda. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, previos diferimientos, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto que tiene ejecución material dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, analizando en forma integral la demanda de amparo, y las constancias que obran en autos, en específico el informe justificado, de donde se advierte que la parte quejosa reclama: El acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio *******, del índice del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por el que se requirió a la parte demandada ********, el cumplimiento voluntario de la condena liquida a la que fue condenada. Se dice lo anterior, ya que el acto que por esta vía se reclama se fijó en atención a la lectura integral de la demanda y a la totalidad de la información del expediente del juicio en especifico del informe justificado y sus anexos, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, es decir, se atendió a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior, se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que integran el juicio ******, que al reunir las características de un documento público al haber sido expedida por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Cuarto. Estudio de las causas de improcedencia. En primer lugar, procede analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de amparo. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, y las constancias remitidas por el Juez responsable en apoyo a su informe con justificación, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". De los citados numerales se desprenden dos reglas, una general y una específica, de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primer regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende del primer párrafo de la fracción IV, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. La segunda regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto se advierte de los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio en la vía indirecta es procedente sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Cabe señalar que con relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento, el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181144 de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." No obstante, también es necesario puntualizar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente únicamente en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudo adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 163152 de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Luego, si en el presente juicio el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio *******, del índice del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, por el que se requirió a la parte demandada **********, el cumplimiento voluntario de la condena líquida a la que fue condenada, deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada, pues dicha determinación no constituye la última resolución dictada en el periodo de ejecución. En efecto, de las constancias que remitió la autoridad responsable como apoyo de su informe de ley, se puede obtener de la etapa procesal que aquí interesa, las siguientes actuaciones: a) El trece de julio de dos mil diecisiete, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, emitió resolución relativa al toca civil ********de su índice, en la que en acatamiento a las ejecutorias de amparo directo *********, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, determinó lo siguiente: "RESUELVE PRIMERO.- En acatamiento a las ejecutorias de Amparo Directo Civil números ******, que con fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, pronunciara el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, así como el auto de fecha veintisiete de febrero del año dos mil diecisiete, se dejó insubsistente la resolución del trece de junio del año dos mil dieciséis, dictada por esta Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el Toca Civil número ********. SEGUNDO.- Se MODIFICA la resolución de fecha quince de agosto del año dos mil catorce, dictada por el Juez Primero Civil del primer Distrito Judicial del Estado de Morelos en el expediente número *******, relativo al Juicio SUMARIO CIVIL promovido por *******contra la moral denominada ********, debiendo quedar de la siguiente forma: PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto. SEGUNDO. En términos del considerando DÉCIMO PRIMERO de la presente resolución, se declaran improcedentes los incidentes de tachas promovidos por la parte demandada en lo principal por conducto de su abogado patrono durante la diligencia de Pruebas y Alegatos de fecha ocho de agosto del año próximo pasado, en contra del testimonio vertido por los ciudadanos ******* TERCERO.- Por las razones lógico jurídicas expuestas en el considerando DÉCIMO SEGUNDO, del presente fallo, se declara que el actor ***********, acreditó parcialmente la procedencia de su acción, y el demandado ***********., acreditó parcialmente sus defensas y excepciones, mientras que el tercero llamado a juicio AXA SEGUROS S.A. DE C.V., demostró sus defensas y excepciones, consecuentemente; CUARTO. De conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de este fallo se condena a la demandada ************., al pago parcial de la prestación marcada con los incisos A y C), consistente en lo siguiente: RESPETO AL PAGO DE PERJUICIOS. Se condena a **********al pago de la cantidad de **************por concepto de pago de los perjuicios. La cual deberá ser pagada al 50% cincuenta por ciento, ello derivado de la culpa concurrente entre las partes y el artículo 1368 del Código Civil en vigor para el Estado de Morelos. POR CUANTO AL DAÑO MORAL.- Se condena a ***********al pago de la cantidad de ********* la deberá ser pagada al 50% debido a la concurrencia de culpas de ambas partes. Lo que resulta la cantidad de $**********La cual deberá ser pagada al 50% cincuenta por ciento, ello derivado de la culpa concurrente entre las partes y al artículo 1368 del Código Civil en vigor para el Estado de Morelos. RESPECTO AL DAÑO MORAL.- Se condena a ********** al pago de una pensión a favor del **********de forma temporal hasta que tenga la edad de 71 setenta y un años, a razón de $6,046.50 (seis mil cuarenta y seis pesos 50/100 m.n.); ello derivado de la culpa concurrente entre las partes y al artículo 1368 del Código Civil en vigor para el Estado de Morelos. Por concepto de pago del servicio de taxi, la cantidad de $2,430.00 (dos mil cuatrocientos treinta pesos 00/10 m.n.). Respecto al pago del servicio de enfermería, se le condena al pago de la cantidad de $23,625.00 (veintitrés mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 m.n.). Asimismo, se condena a la empresa ***********al pago de los gastos erogados para restablecer la salud del actor consistente en: Pago de Hospitalización, Análisis Clínicos y Servicios de Ambulancia, por la cantidad de $40,317.5 (cuarenta mil trescientos diecisiete pesos 5/100 m.n.). Ello derivado de la culpa concurrente entre las partes y al artículo 1368 del Código Civil en vigor para el Estado de Morelos. Que deberá entregarse los primeros cinco de cada mes a la cuenta bancaria que señale el actor, siendo ésta intransferible y cancelada a su fallecimiento por tratarse de un acto entre vivos. Concediéndole un término de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación del presente fallo, a efecto de que cumpla con esta determinación y en caso de negativa se ejercitará en su contra la ejecución forzosa [.]". (fojas 20 a 246 del tomo III de pruebas). b) Mediante acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, recibió la resolución antes citada, lo que hizo del conocimiento de las partes mediante notificación personal (fojas 248 a 250 del tomo III de pruebas). c) Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve, la parte demandada precisó el total de la suma de las cantidades líquidas materia de la condena, solicitando se diera vista a la parte actora para los efectos legales a que hubiera lugar (fojas 273 a 275 del tomo III de pruebas). d) En atención a lo solicitado por la parte demandada, en auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte actora para que manifestara lo que a su derecho conviniera, lo que realizó en escrito que presentó el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, y con su contenido se otorgó vista a la demandada (foja 276, 284 a 290 y 291 del tomo III de pruebas). e) En proveído de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte demandada desahogando la vista concedida con las manifestaciones de la actora (foja 300 del tomo III de pruebas). f) En acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, previa petición de parte interesada, el Juez responsable estableció las cantidades líquidas a las que fue condenada que la demandada en la sentencia, requiriéndola para que en el término de cinco días diera cumplimiento voluntario a la sentencia de trece de julio de dos mil diecisiete, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos (foja 313 del tomo III de pruebas). Siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado en el presente juicio. g) Asimismo, el dos de diciembre de dos mil diecinueve, se recibió el escrito de la parte demandada, por el que remitió certificado de entero por la cantidad de ************el que se ordenó poner a la vista de la parte actora. h) Finalmente, obra en auto del juicio de origen, la constancia de comparecencia de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, a través de la cual el aquí quejoso recibió el certificado de entero aludido (foja 322 del tomo III de pruebas). De los antecedentes precisados, se puede obtener que la resolución que pretende reclamar el aquí quejoso en esta instancia constitucional, no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente, sino de un acto dictado después de concluido el juicio de origen, pero en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 40/2009, estableció que las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, también opera respecto de los actos tendientes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o bien, en la etapa voluntaria para el demandado, y por consiguiente, el amparo que se promueva contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, es improcedente porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. De la referida contradicción de tesis, surgió la jurisprudencia 1a./J. 28/2010 que sustentan las consideraciones aquí expuestas, y que resulta del siguiente tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". Además, debe decirse que el acuerdo reclamado de ninguna forma constituye una resolución interlocutoria que fija en cantidad líquida de la condena de que fue objeto la parte demandada, derivada de la apertura de un incidente porque en la sentencia no se señaló la misma. Se dice lo anterior, pues en el caso estamos tan solo contra la determinación que deriva de las cantidades líquidas precisadas en la sentencia de trece de julio de dos mil diecisiete; pues si bien se le dio vista al quejoso con la cuantificación que efectuó la parte demandada en escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 273 a 275 del tomo III de pruebas), y que en acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (acto reclamado) el juez responsable estableció la cantidad correspondiente al 50% de cada condena, ello no implica que se haya efectuado una liquidación en sentido estricto conforme a las reglas que establece el artículo 697 del Código Procesal Civil vigente en el Estado, pues dicho precepto atañe a sentencias que no contienen cantidades líquidas; esto es, con excepción de la condena por concepto de pensión a favor del actor (que no es materia del acuerdo reclamado ni excluye de manera alguna su pago), todas las condenas que ahí se establecieron derivan de los resolutivos de la sentencia de fecha de trece de julio de dos mil diecisiete, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 1059/14-10, en los que se precisaron cantidades líquidas ya determinadas En efecto, si bien en el acto reclamado se estableció que algunas de las cantidades líquidas se debían pagar únicamente el cincuenta por ciento (50%), lo cierto es que esto deriva de la propia sentencia de trece de julio de dos mil diecisiete, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil ************, ya sea en sus resolutivos o bien, en el considerando octavo, pues estableció la cantidad correspondiente y también que debía cubrirse al cincuenta por ciento (50%) de cada concepto (fojas 226 a 232 del tomo III de pruebas), bastando únicamente realizar la suma de dichas cantidades para establecer la condena total que deberá pagar la parte demandada, lo que en la especie realizó el juez responsable, mas no se realizó propiamente la apertura de un incidente de liquidación y menos aún se dictó la interlocutoria que fija la cantidad líquida, pues si insiste solo se atendió a una operación matemática (suma), derivado de lo establecido en la propia sentencia, por lo cual cualquier cuestión relacionada con su cumplimiento será materia de la última determinación que se emita en el procedimiento de ejecución de sentencia. Por consiguiente, el peticionario deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas durante ese procedimiento que lo hubieran dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Un criterio en contrario implicaría soslayar lo que ya ha establecido nuestro Máximo Tribunal tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, cuya finalidad es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, página 11, con número de registro 184221, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." En las relatadas consideraciones, si la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra de una resolución intermedia dictada en ejecución de sentencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia invocada debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, impide analizar las cuestiones que atañen al fondo del asunto, en razón de la improcedencia que se actualiza. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394465 con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por otra parte, no es necesario estudiar las diversas causas de improcedencia que invoca la parte tercero interesada respecto del acto reclamado, ya que el examen de éstas resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de esta resolución respecto de dicho acto reclamado. Por su aplicación, es de citarse la tesis de jurisprudencia número 54/98, visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 195744 que reza bajo la voz: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.". Cabe precisar que las tesis aplicadas en el presente asunto si bien fueron emitidas antes de la reforma a la ley de amparo, también lo es que no contravienen la Ley de Amparo vigente, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo referida. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****** ********, por la razón expuesta en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento ni celebrar la audiencia constitucional. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Fecha de audiencia constitucional. Consecuentemente, se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase saber a las partes que toda vez que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que entró en vigor el tres de agosto del presente año, se privilegia el uso de medios tecnológicos y se controla la presencia física en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la audiencia constitucional se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX"; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días antes de la fecha programada para la audiencia constitucional, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado, ya que como bien lo estipula el artículo 5, fracción II del acuerdo 21/2020, la misma puede llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Sobre las pruebas y alegatos. Debe decirse a las y los intervinientes que dicha diligencia será´ pública; como lo plasma el artículo 124 de la Ley de Amparo. A su vez, se llevara´ a cabo la relacio´n de constancias y recibira´n los alegatos que por escrito formulen. Sobre este punto, las partes no deben soslayar que si es su deseo alegar o inclusive presentar pruebas de manera oportuna, les corresponde conocer el horario y funcionamiento de la Oficiali´a de Partes Comu´n y el buzo´n judicial, tal como lo preve´ el acuerdo 21/2020, a menos que el acto reclamado encuadre en alguna de las hipo´tesis previstas en el arti´culo 15 de la ley de la materia, ya que, de ser el caso, u´nicamente la parte quejosa podra´ alegar verbalmente. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhortación a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del acuerdo general 12/2020. Notificación. Sin que resulte necesario notificar de manera personal este proveído, en razón de que no ha dejado de actuarse en el juicio durante más de seis meses, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; once de diciembre de dos mil veinte. Vista la razón del actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, en la que expone los motivos por los que no le fue posible notificar los acuerdos que precisa al quejoso *********; en consecuencia, practíquese la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, en los términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese. OTRO ACUERDO: Cuernavaca, Morelos; treinta de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, así como el Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para esta juzgadora y demás partes de este asunto, a través del cual, se decretaron diversas medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, entre ellas, la suspensión de las labores de los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al diecinueve de abril del año en curso, plazo que a su vez fue prorrogado por varios periodos mediante los diversos Acuerdos Generales 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hasta el dos de agosto de dos mil veinte, reanudándose las actividades jurisdiccionales a partir del día siguiente, esto es, el tres de agosto en curso. Atento a lo anterior quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional con motivo de los citados Acuerdos Generales y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento ni celebrar la audiencia constitucional. Reanudación del procedimiento. Ahora bien, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que establece en el artículo 2º que se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada a partir del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte. Es así, que conforme a este último acuerdo general se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. A fin de reprogramar la fecha de la audiencia constitucional, es necesario destacar que según lo establecido en dichos acuerdos generales, durante ese periodo no corrieron términos; lo cual reafirma la fracción I del artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, pero estableciendo que los plazos se suspendieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Fecha de audiencia constitucional. Consecuentemente, se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase saber a las partes que toda vez que de conformidad con el acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que entró en vigor el tres de agosto del presente año, se privilegia el uso de medios tecnológicos y se controla la presencia física en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la audiencia constitucional se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX"; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días antes de la programada para la audiencia constitucional, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado, ya que como bien lo estipula el artículo 5, fracción II del acuerdo 21/2020, la misma puede llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Sobre las pruebas y alegatos. Debe decirse a las y los intervinientes que dicha diligencia será pública; como lo plasma el artículo 124 de la Ley de Amparo. A su vez, se llevará a cabo la relación de constancias y recibirán los alegatos que por escrito formulen. Sobre este punto, las partes no deben soslayar que si es su deseo alegar o inclusive presentar pruebas de manera oportuna, les corresponde conocer el horario y funcionamiento de la Oficialía de Partes Común y el buzón judicial, tal como lo prevé el acuerdo 21/2020, a menos que el acto reclamado encuadre en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la ley de la materia, ya que, de ser el caso, únicamente la parte quejosa podrá alegar verbalmente. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhorta a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, así como para presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Notificación. Es conveniente precisar que el presente acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, aunado a que la suspensión se decretó en sendos Acuerdos Generales que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, se difundieron en diversos medios de comunicación masiva y obedecieron a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional, por consecuencia, permite a los justiciables tener plena certeza de que a partir del tres de agosto de este año se reanudan labores y se computan nuevamente los términos. Aunado a ello y por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículos 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a las autoridades responsables deberá notificarse forzosamente por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. Instrucción a Actuarios. En otro aspecto, se instruye a los Actuarios de la adscripción para que realicen una revisión exhaustiva del presente expediente, tanto físico como electrónico y procedan a su integración o, en su defecto, a realizar las notificaciones de carácter personal que se encuentren pendientes de efectuar, con el propósito de una debida integración del presente asunto. Notifíquese y cúmplase. OTRO ACUERDO: Cuernavaca, Morelos; primero de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de treinta de septiembre del año en curso, se ordenó la reanudación del presente juicio, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó lo relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; el cual se ordenó notificar a las partes por medio de lista; sin embargo, tomando en cuenta que la suspensión por causa de fuerza mayor excedió de los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se instruye al actuario de la adscripción, notificar el referido auto de manera personal a las partes, con excepción de las autoridades responsables a quienes deberá realizarse mediante oficio. A fin de dar margen a lo anterior, y evitar la reposición del procedimiento en el presente asunto, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan de nueva cuenta para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese personalmente a la partes; así como el diverso de treinta de septiembre de dos mil veinte, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Notifíquese.
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · 16,661 expedientes
- Victoria Zagal Flores1558/2016
- Victorico Ramirez Bernal521/2015
- Victorina Muñoz Aparicio343/2015
- Victorino Muñoz Mejía1525/2018
- Victorino Pacheco Alvarez2008/2015
- Victorio Mateo Aguilar424/2018
- Viliulfo Garcia Morales1488/2014
- Violeta Alfonsina Cuevas Tovar1158/2021
- Violeta Molina Santamaría1107/2016
- Virgilio Marcos Blanco Salazar390/2023
- Virgilio Nava Rangel1981/2018
- Virgilio Nava Rangel826/2019