Vidalia Biana Rivera
Expediente 670/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Vidalia Biana Rivera
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de once de agosto del año en curso, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, con fundamento en los preceptos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido....
- Principal
Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, y remite copia certificada de una actuación del juicio de origen. A la constancia recibida le reviste el carácter de documental con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2. Del mismo modo, se cita en apoyo a lo expuesto el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Materia Común, Registro digital: 290460, página 660, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. Lo son las certificaciones expedidas por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, de consiguiente, hacen prueba plena." Acto reclamado En términos de lo dispuesto en el precepto 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia consiste en: La omisión de dictar auto admisorio de pruebas en el juicio laboral 550/2020, ofrecidas por las partes en el incidente de insumisión al arbitraje. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra del ocurso constitucional, pues este Juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos ahí contenidos, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso, se estima aplicable la Jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 192097, página 32, que a la letra dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Sobreseimiento fuera de audiencia Establecido lo anterior, este Juzgador considera que en el caso materia de análisis, procede decretar el sobreseimiento del juicio constitucional, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de la materia, por los argumentos de derecho que se exponen a continuación. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" De la constancia que remitió la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, del juicio laboral 550/2020, se advierte que el veintinueve de junio de este año, proveyó sobre la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el incidente de insumisión al arbitraje (fojas 23 a 25): (.) Asimismo, que le notificó el acuerdo a la parte actora el cinco de julio siguiente (foja 24, reverso): Documental con valor probatorio pleno, en términos precisados, aunado que este Juzgador cuenta con libertad para analizar las pruebas rendidas, así como para determinar su valor; conforme al artículo 197 del ordenamiento legal invocado. Entonces, de lo anterior se concluye que a la fecha de la presentación de la demanda -trece de julio de dos mil veintidós-, era inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en: la omisión de dictar auto admisorio de pruebas en el juicio laboral 550/2020, ofrecidas por las partes en el incidente de insumisión al arbitraje; pues de la constancia justipreciada se evidencia que el veintinueve de junio dos mil veintidós, la Junta del conocimiento proveyó sobre la admisión y desechamiento de las pruebas referidas, y que le notificó ese acuerdo a la parte actora -aquí quejosa- el cinco de julio siguiente. Consecuentemente, con base en los argumentos expuestos, resulta patente que en el caso concreto se acredita la inexistencia del acto reclamado, actualizándose así una causa de sobreseimiento del juicio constitucional. Asimismo, con sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, registro digital: 206346, página 15, que a la letra impone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Máxime que la violación al derecho debe ser actual, esto es, debe existir a la presentación de la demanda de amparo, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, del ordenamiento legal invocado, por cuanto a que el amparo protege a las personas contras normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica y el concepto de "actual", se determina en función de la fecha en que se ejerce la acción de amparo. Por tanto, procede decretar el Sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el diverso precepto 63, fracción IV, del ordenamiento legal invocado. Asimismo, con sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Registro digital: 184572, página 386, que a la letra impone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Todo lo anterior, sin que se inadvierta la suplencia de la queja, toda vez que la determinación adoptada no implica en modo alguno su inobservancia. Lo que encuentra sustento en la parte conducente de los siguientes criterios: del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXIX, Primera Parte, Registro digital 257556, página 32, cuyo rubro dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA, INOPERANCIA DE LA, POR EXISTIR CAUSALES DE IMPROCEDENCIA." I.6o.T.33 K, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, Registro digital 179733, página 1456, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO EXISTE OMISIÓN EN SU APLICACIÓN POR PARTE DEL JUEZ DE DISTRITO CUANDO ESTIMA QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO." Y I.7o.P.13 K, Novena Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, mayo de 2010, Registro digital 164587, página 1947, que dispone: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE." Precisiones. Se considera necesario puntualizar que el análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo, no configuran una denegación de justicia, tal como lo dispone la tesis III.2o.C.3 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro digital 2002537, página 2066, que establece: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Asimismo, este Juzgador considera oportuno precisar que si bien es cierto que la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de Derechos Humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional, doctrinalmente denominados como principio pro persona o pro homine, también es cierto que ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales, tales como los de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, etcétera, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 56/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 6, mayo de 2014, tomo II, registro digital: 2006485, página 772, que a la letra dispone: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, registro digital: 2004748, página 906, que a la letra establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En otro aspecto, es oportuno precisar que, en la especie, los criterios invocados por la parte quejosa en el escrito de demanda, no le irrogan el beneficio que pretende, atento los argumentos que sustentan la presente resolución y dado el sentido que la rige. Lo anterior, acorde al criterio Jurisprudencial 2a./J. 32/2018 (10a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registró digital 2016525, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro: 53, abril de 2018, Tomo I, página 847, que a la letra establece: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU ÁPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS. QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano. jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad el caso concreto; de, modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la faltado justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada precedente es aplicable." En consecuencia, como se anticipó, se sobresee en este juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de la conclusión de sobreseimiento alcanzada, este Juzgador se encuentra legalmente impedido para entrar al estudio de los conceptos de violación y analizar el fondo de los actos reclamados. Sobre el particular, es aplicable la Jurisprudencia definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, Registro digital: 23900, página 49, que a la letra impone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Audiencia señalada. En virtud de la determinación adoptada, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha que se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero interesado. Toda vez que en auto admisorio se reservó proveer respecto del emplazamiento del tercero interesado hasta en tanto la autoridad rindiera su informe justificado (foja 08), lo cual ya aconteció, se deja sin efectos dicha reserva y se provee. No es óbice a la anterior determinación el hecho de que no se haya practicado el emplazamiento a juicio de la parte tercera interesada, dado que ninguna afectación se le causa, tomando en consideración el sentido del acuerdo que se dicta y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República. Lo que encuentra apoyo en la parte conducente de la Jurisprudencia 2a./J. 6/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, febrero de 2017, Tomo I, Registro digital 2013630, página 556, que a la letra establece: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Criterios invocados. Cabe puntualizar que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la Ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la Ley vigente. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
- Principal
se admite dicha demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión, en virtud de que la parte quejosa no lo solicita y no se está dentro de los supuestos de los ordinales 125 y 126, de la ley de la materia, para que este tribunal se pronuncie respecto de la medida cautelar. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de dicha legislación, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que tendrá lugar a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS... Por otro lado, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la citada ley, se tiene como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, se reserva proveer respecto de su emplazamiento, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. Conforme a lo establecido en el numeral 5º, fracción IV, de la ley de mérito, dése la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional... Notifíquese.
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