Vidal Pablo Castillo García

Expediente 762/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
762/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Vidal Pablo Castillo García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término para impugnar el pronunciamiento de ocho de agosto de dos mil veintidós, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de inconformidad por la parte quejosa y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TUVO POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la delegada de la Directora Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual, informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en los presentes autos y exhibe diversas documentales con las que aduce acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes, debiendo estarse a lo acordado mediante proveído de ocho de agosto del presente año, por el cual, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 08/AGOSTO/2022, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE

  4. Principal

    Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que venció el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables; en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la aludida autoridad responsable. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los aportados por la autoridad. (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: ".procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de tres días, siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, demuestre lo siguiente: 1) Obtener la Constancia de Evolución Salarial, que incluya la información hasta el año dos mil veinte y hecho lo anterior obtenga el porcentaje de evolución salarial respectivo hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve; 2) Dejar insubsistente el oficio SP/0484/2020, de treinta y uno de enero de dos mil veinte, reclamado y dictar una nueva resolución siguiendo los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, así como en sentencia de nulidad e interlocutoria de queja por defecto, ambas emitidas en el juicio de nulidad 7763/16-17-05-8; determinación en la que deberá comparar los porcentajes de los sueldos básicos de los trabajadores en activo, con los del incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del uno de enero de cada año y con los porcentajes ya reconocidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para lo cual, deberá especificar los fundamentos legales aplicados, las operaciones aritméticas en las que basó para arribar a determinada conclusión, así como los documentos de los que se allego; hecho lo anterior, aplicar en cada periodo el más bénefico para obtener la cuota diaria pensionaria de la quejosa, y así cuantificar la gratificación anual y pago de diferencias que resulten. 3) Ordenar el pago de las diferencias con motivo del ajuste pensionario, únicamente por los cinco años anteriores a la fecha en la que el quejoso solicitó el incremento de su cuota diaria de pensión, incluyendo las diferencias por concepto de gratificación anual." En ese tenor, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante el oficio registrado bajo el número de correspondencia 16009 del índice de este juzgado de distrito, remitió el diverso oficio 7131-843/2022 de veinticuatro de junio del presente año, mediante el cual, remitió la constancia de evolución salarial evolución salarial, por lo que, por auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se le tuvo por exhibida y se le requirió para que diera cumplimiento al resto de los efectos, por lo cuales se concedió el amparo. Atento a lo anterior y en cumplimiento al resto de los efectos, mediante oficio recibido el catorce de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la copia certificada del oficio número SP/RES/2320/2022 de diecisiete de junio de dos mil veintidós, por medio del cual dejó insubsistente el oficio SP/0484/2020, de treinta y uno de enero de dos mil veinte, reclamado y dictar una nueva resolución en la que, con base en la constancia de evolución salarial, efectuó los cálculos aritméticos a fin de sacar la evolución salarial del quejoso, con la que determinó que la cuota diaria debería de incrementar de setecientos cincuenta y dos pesos con veintidós centavos ($752.22) a ochocientos veinte pesos con sesenta y cuatro centavos ($820.64), lo que arroja una diferencia en favor de la parte quejosa por la cantidad de tres mil novecientos ochenta pesos con setenta y siete centavos ($3,980.77), la cual ordenó pagar en el presente mes y año. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con las cuales se dio vista a la quejosa en proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, sin que a la fecha, el quejoso haya realizado manifestación alguna. Ante las relatadas consideraciones, tomando en cuenta los elementos que obran en el expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, en virtud de que no existe exceso ni defecto y se cumplió con la totalidad de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia número 2ª./J. 1/2001, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia. (No. de Registro: 190356, página doscientos tres (203), Novena Época, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Se hace del conocimiento lo anterior a la parte quejosa, para los efectos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano