Vidal Garcia Medina
Expediente 685/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Vidal Garcia Medina
- Magistrado de la Septima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacan, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de título: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Finalmente, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto así como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, mientras que el original de dicho incidente es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14, 18 fracción I, inciso a), 20 fracción II, inciso a), y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo y en su momento se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de título: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Finalmente, se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto así como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, mientras que el original de dicho incidente es susceptible de DEPURACIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14, 18 fracción I, inciso a), 20 fracción II, inciso a), y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo y en su momento se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso el proveído emitido el veintinueve de julio de dos mil veintidós que en esencia señala: "... Agréguense a los autos los oficios de cuenta, a través de los cuales, primeramente la autoridad responsable informa que se cumplimentó la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso; asimismo que se fijaron las quince horas del veintitrés de julio del año en curso para la celebración de la audiencia inicial. Ahora bien, toda vez que en el segundo de los oficios de cuenta el Juez responsable hace del conocimiento que el veintitrés de julio pasado emitió auto de no vinculación a proceso al aquí quejoso ordenando su inmediata libertad, debe decirse que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al haberse pronunciado una nueva determinacion, lo que genera un cambio de situación jurídica del acto reclamado, por las consideraciones siguientes El numeral en comento dispone Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica En efecto, del oficio remitido por la autoridad oficiante, misma que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio y que se tiene por admitida y desahogada, para todos los efectos legales a que haya lugar, como ya quedó precisado en párrafos precedentes, fue cumplimentada la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida la Sétima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca -, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de no vinculación a proceso, emitido en la causa penal - - en virtud de lo anterior, la audiencia se llevó a cabo el veintitrés de julio pasado donde emitió auto de no vinculación a proceso ordenando la inmediata libertad del aquí quejoso. Por tanto, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, relativa al cambio de situación jurídica, virtud a que si bien en el caso se reclamó la ejecutoria de veintidós de junio del año que transcurre, dictada en el toca penal - - mediante la cual se revoca el auto de no vinculación a proceso, la autoridad ejecutora, en atención a ello, cumplimentó la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso, y en la audiencia respectiva, emitió un nuevo auto de no vinculación a proceso. Por ello, con el cambio de situación jurídica resultan irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en el acto reclamado, lo que motiva que en el caso se actualice la causa de improcedencia aludida. En apoyo de la anterior determinación, por las razones que la sustentan, se invoca el criterio de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Septiembre de 1991, visible en la página 199, con el sumario siguiente SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos 1 que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario) 2 que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico 3 que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte 4 que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5 que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último". Por tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10 / 2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento Estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial Por tanto, se ordena dejar sin efectos la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO PRÓXIMO. Notifíquese de manera personal el presente proveído, en el entendido de que el Actuario adscrito deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus ( COVID - 19 ) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21 / 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID - 19 Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción IV del Acuerdo General 21 / 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, por lo anteriormente expuesto, agréguese para que obre únicamente como constancia el oficio que remitió el Magistrado responsable. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa..." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, a través de los cuales, primeramente la autoridad responsable informa que se cumplimentó la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso; asimismo que se fijaron las quince horas del veintitrés de julio del año en curso para la celebración de la audiencia inicial. Ahora bien, toda vez que en el segundo de los oficios de cuenta el Juez responsable hace del conocimiento que el veintitrés de julio pasado emitió auto de no vinculación a proceso al aquí quejoso ordenando su inmediata libertad, debe decirse que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al haberse pronunciado una nueva determinacion, lo que genera un cambio de situación jurídica del acto reclamado, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". En efecto, del oficio remitido por la autoridad oficiante, misma que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio y que se tiene por admitida y desahogada, para todos los efectos legales a que haya lugar, como ya quedó precisado en párrafos precedentes, fue cumplimentada la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida la Sétima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca -, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de no vinculación a proceso, emitido en la causa penal -; en virtud de lo anterior, la audiencia se llevó a cabo el veintitrés de julio pasado donde emitió auto de no vinculación a proceso ordenando la inmediata libertad del aquí quejoso. Por tanto, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, relativa al cambio de situación jurídica, virtud a que si bien en el caso se reclamó la ejecutoria de veintidós de junio del año que transcurre, dictada en el toca penal -, mediante la cual se revoca el auto de no vinculación a proceso, la autoridad ejecutora, en atención a ello, cumplimentó la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso, y en la audiencia respectiva, emitió un nuevo auto de no vinculación a proceso. Por ello, con el cambio de situación jurídica resultan irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en el acto reclamado, lo que motiva que en el caso se actualice la causa de improcedencia aludida. En apoyo de la anterior determinación, por las razones que la sustentan, se invoca el criterio de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Septiembre de 1991, visible en la página 199, con el sumario siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último". Por tanto, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se ordena dejar sin efectos la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO PRÓXIMO. Notifíquese de manera personal el presente proveído, en el entendido de que el Actuario adscrito deberá acatar el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Dicha encomienda podrá efectuarse de manera escalonada en los términos a que se refiere el artículo 2 fracción lV del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, por lo anteriormente expuesto, agréguese para que obre únicamente como constancia el oficio que remitió el Magistrado responsable. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Como se advierte de la constancia secretarial de cuenta que en el presente asunto, le resulta el carácter de tercera interesada a la parte ofendida en la causa penal de origen, en términos de lo dispuesto en el numeral 5º. fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo; por tanto, con copia de la demanda de garantías, se ordena emplazar a dicha parte, a través del Fiscal adscrito a la autoridad señalada como responsable Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, ante quien se tramita la causa penal - instruida a -, a quien deberá hacer saber la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como requerirle para que en ese momento o dentro del término de tres días contados a partir de la notificación señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo así, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le practicaran por medio de lista, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, para su celebración. En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento, que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la Oficialía de Partes Común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este Juzgado solo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.
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