Vidal Chávez Sánchez
Expediente 578/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/07/2023
Partes del expediente
- Vidal Chávez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual comunica la determinación de la que se advierte que acepta la competencia declinada por este juzgado federal el veinte de julio de dos mil veintitrés; circunstancia de la cual se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido Ahora bien, en cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de INCOMPETENCIA; éste es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación Finalmente, se instruye al secretario a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a veinte de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diez de los corrientes, se tuvo por recibido el informe justificado proveniente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, del que se advierte que la existencia del acto reclamado consistente en la orden de arresto por una hora en contra del justiciable ********************, librada en los autos del juicio ********************, por la Cuarta Sala Ponencia Diez del Tribunal Superior de Justicia Administrativa en la Ciudad de México; en tal virtud, provéase lo conducente. Incompetencia Este juzgado federal estima carecer de competencia por razón de materia para conocer del presente asunto, ya que se considera le corresponde conocer de la misma a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, pues se advierte que el acto reclamado es de naturaleza administrativa al ser emitido por la Cuarta Sala Ponencia Diez del Tribunal Superior de Justicia Administrativa en la Ciudad de México. Al efecto, conviene citar el contenido del dispositivo 48 de la Ley de Amparo y el diverso 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen lo siguiente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva.". "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De los preceptos transcritos se aprecia que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: I. Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. II. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. III. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y IV. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. V. Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En ese contexto, el suscrito reitera que el acto reclamado consistente en la la orden de arresto por una hora en contra del justiciable ********************, librada en los autos del juicio ********************, emitido por la Cuarta Sala Ponencia Diez del Tribunal Superior de Justicia Administrativa en la Ciudad de México. Esto es así, pues no se trata de una resolución judicial del orden penal, ni de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el ordinal 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tampoco de juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del arábigo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicos de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ni de juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, ni mucho menos se trate de una declaratoria general de inconstitucionalidad de una norma general en materia penal. Por su parte, se destaca que el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala los supuestos en los cuales les compete conocer de un asunto a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, que dice: "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". (lo destacado es nuestro) Del texto anterior, se advierte que los jueces de distrito en materia administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio. Al tenor de los señalamientos anteriores, se advierte que el acto reclamado fue emitido dentro de un procedimiento administrativo por un Tribunal de la misma materia. En tales condiciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgador estima que por razón de la especialidad compete al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, conocer y resolver el juicio de amparo de que se trata. En virtud de lo anterior, remítase el presente sumario, junto con cuadernos incidentales, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al Juez de Distrito en turno, con la finalidad de que manifieste si acepta o no la competencia planteada y solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente.
- Incidental
RESUELVE: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a********************, contra los actos y la autoridad que se precisaron en el considerando único, en virtud del razonamiento ahí expuesto. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México, diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe previo de la autoridad responsable que lo suscribe. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, desé vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de hacer nueva relación del mismo al tener verificativo la audiencia incidental. Asimismo, se tiene como domicilio de la autoridad oficiante el que precisa en el informe de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa. Notifíquese.
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