Vidal Blanquet Alarcon

Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
794/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Vidal Blanquet Alarcon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    CITATORIO. MESA IV.- Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo lo haya hecho valer en contra de la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA EJECUTORIADA Ahora, del estado procesal de autos este órgano jurisdiccional advierte la existencia de una incongruencia interna en la redacción de la sentencia, pues, no existe correspondencia entre su parte considerativa y su resolutiva, habida cuenta que en ésta última, equivocadamente (por error mecanográfico), se dijo amparar al justiciable, cuando en el considerando quinto relativo al análisis del acto reclamado se determinó negar la protección constitucional, en función de que resultaron infundados los conceptos de violación propuestos. MARCO JURÍDICO Y JURISPRUDENCIAL EN QUE SE SUSTENTA LA ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA Como soporte de la aclaración de la sentencia ejecutoriada, resulta conveniente citar el contenido del artículo 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 74 de la Ley de Amparo; así como los criterios sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; su Primera Sala; y, su extinta Cuarta Sala, preceptos y criterios que a continuación se transcriben: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; II. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios; III. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio; IV. Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer; V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma." "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya está Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo." "SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO. La sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento. La sentencia, acto jurídico, consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución, en tanto que la sentencia documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico, de tal manera que la sentencia documento es sólo la prueba de la resolución, no su substancia jurídica. De ahí que el principio de la inmutabilidad de la sentencia sea aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa. Consecuentemente, siendo un deber del Tribunal sentenciador velar por la exacta concordancia entre la sentencia documento y la sentencia acto jurídico, en cumplimiento de tal deber debe corregirse el error que se haya cometido en la sentencia documento, para que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente." "EJECUTORIAS DE AMPARO. PARA QUE SU CUMPLIMIENTO SEA TOTAL, SIN EXCESOS O DEFECTOS, DEBE VERIFICARSE LA CONGRUENCIA EN SU DICTADO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones; además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido consistente en sostener que en el dictado de toda sentencia debe prevalecer la congruencia, lo cual es acorde con el cumplimiento eficaz de las ejecutorias de amparo, establecido por el legislador en los artículos 196, 197 y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales precisan que dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos. Así, cuando por la ejecutoria de amparo la autoridad responsable deba dictar una nueva resolución, el órgano de control constitucional debe analizar si la autoridad referida atiende de forma circunscrita a la materia determinada por la acción constitucional y al límite señalado por la propia ejecutoria. En ese sentido, si en el nuevo fallo la autoridad responsable emitió un punto resolutivo contrario con la parte considerativa de la resolución, la ejecutoria de amparo no se ha cumplido y, por ende, el recurso de inconformidad debe declararse fundado, pues el principio de congruencia de las resoluciones judiciales debe imperar en el dictado de toda resolución, ya que sólo así se garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y la certeza y seguridad jurídica, máxime cuando está pendiente que se ejecute esa decisión." "SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: "SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele." "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO PROCEDA DE OFICIO, NO IMPIDE QUE PUEDAN PROPONERLA LAS PARTES. Conforme al párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencias sólo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Sin embargo, esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente; esto es, la posibilidad de que las partes propongan una aclaración de sentencia permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en aquélla para, en su caso, aclararla oficiosamente, a fin de lograr su debida ejecución y garantizar el derecho fundamental a una impartición de justicia completa, sin que ello implique que necesariamente deba pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la aclaración, pues el Presidente del órgano jurisdiccional válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente si, una vez que el secretario de acuerdos dio cuenta con ella ante el órgano, ninguno de sus integrantes estima pertinente hacerla suya." De los preceptos y criterios citados con antelación se advierte, esencialmente, lo siguiente: El artículo 17 constitucional reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende el dictado eficaz de las resoluciones; además, del precepto referido deriva el principio de congruencia, el cual consiste en que las resoluciones se dicten de conformidad con la litis planteada, es decir, atendiendo a lo formulado por las partes (congruencia externa), y que no contengan consideraciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos (congruencia interna). Por su parte, el artículo 74 de la Ley de Amparo facultad a los órganos jurisdiccionales, para aclarar de forma oficiosa las sentencias ejecutoriadas, condición que resulta lógica, pues, aquéllas que son recurridas y que contengan una incongruencia, pueden ser subsanadas por el tribunal revisor, tal como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los criterios citados previamente. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus salas y el Pleno, ha sido enfática en señalar que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de la inmutabilidad de la sentencia es aplicable única y exclusivamente a la sentencia como acto jurídico de decisión y no al documento que la representa; y, por tanto, es deber de todo órgano jurisdiccional velar por la exacta concordancia entre la sentencia como documento y la sentencia como acto jurídico. De ahí que, para dar cumplimiento a tal deber los juzgadores deben corregir el error que se haya cometido en la sentencia como documento, para que ésta concuerde con el acto jurídico decisorio correspondiente, máxime que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacar que la parte considerativa de la sentencia es la que rige el sentido de la misma como acto jurídico decisorio y no sus resolutivos. Finalmente, es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ha señalado que si bien la aclaración de las sentencias soló procede de oficio en razón de que no existe legitimación de las partes para promoverla, lo cierto es que ello no es obstáculo para que las partes, puedan proponerlas y que el órgano jurisdiccional haga suya dicha petición. Conforme a las premisas y consideraciones señaladas con antelación y en términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a aclarar la sentencia dictada por este juzgado el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en la que en su parte considerativa y su resolutiva, se estableció lo siguiente: "[.] En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, y al no advertirse deficiencia que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal suicidados. Por lo expuesto, y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************contra el acto y autoridad señalada en el considerando segundo, por las razones contenidas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y personalmente al quejoso. [.]" Para quedar de la siguiente manera: "[.] En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, y al no advertirse deficiencia que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal suicidados. Por lo expuesto, y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a ********************contra el acto y autoridad señalada en el considerando segundo, por las razones contenidas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y personalmente al quejoso. [.]" Hágase del conocimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la aclaración previamente realizada, a fin de que se este a lo proveído en líneas que anteceden, en atención a la petición formulada el dos de enero de dos mil veintitrés y notifíquese a las partes restantes la presente determinación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el incidente de suspensión relativo se ubican en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General citado; por tanto, ambos son susceptibles de depuración. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Sin necesidad de proveer con motivo de garantía alguna, toda vez que no fue solicitada dentro del incidente de referencia. Se hace notar que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se formó tomo de pruebas por separado. De igual manera, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y personalmente a las partes.

  2. Principal

    MESA IV. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio de la autoridad responsable Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, por medio del cual informa a este juzgado la sustitución de su titular. De lo anterior toma conocimiento este órgano jurisdiccional para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. QSJA

  3. Principal

    MESA IV. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado electrónicamente por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, mediante solicita se aclare la sentencia dictada en el presente asunto, por los motivos que expone. En mérito de lo anterior, ténganse por realizadas las manifestaciones de referencia y hágase del conocimiento al ocursante que una vez que la sentencia dictada en el presente juicio cause ejecutoria, este juzgado proveerá sobre su petición con fundamento en lo previsto en el último párrafo del numeral 74 de la Ley de Amparo. Notifíquese. QSJA

  4. Principal

    MESA IV. Por lo expuesto, y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a *** contra el acto y autoridad señalada en el considerando segundo, por las razones contenidas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y personalmente al quejoso. QSJA

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