Victorino Gerardo Guadarrama Ledesma
Expediente 470/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 470/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/05/2019
Partes del expediente
- Victorino Gerardo Guadarrama Ledesma
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de quince de abril del año en curso (fojas 11 a 16), a través del cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. De igual modo, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto, por conducto de las personas autorizadas para ello; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. En la inteligencia que deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta, con la finalidad de levantar la comparecencia correspondiente a efecto de devolverle las citadas documentales. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de la materia, lo cierto es que por auto de quince de abril del año en curso (fojas 11 a 16), se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por Alicia Hernández Lara, apoderada del directo quejoso Victorino Gerardo Guadarrama Ledesma, personalidad que se le reconoce al haber exhibido copia certificada del instrumento notarial cuarenta y ocho mil seiscientos veintisiete de veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, México; fórmese el expediente respectivo y regístrese como juicio de amparo 470/2019. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente destacar que el acto reclamado en el presente asunto consiste, esencialmente, en la sentencia interlocutoria de dos de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, México, en el expediente 678/2017, de su índice, mediante la cual confirmó el proveído de cinco de marzo del año en curso, en el que se negó al quejoso su petición consistente de llamar a juicio a la sucesión de Romana Ledesma Martínez y/o Romana Ledesma y/o Eufemia Ledesma Martínez. Hecha tal precisión, respecto del citado acto reclamado, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado, no tiene una ejecución material de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la sentencia interlocutoria que confirmó el proveído en el que se negó al quejoso su petición consistente de llamar a juicio a la sucesión de diversa demandada; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues sólo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de obtener una sentencia favorable al resolverse el expediente 678/2017, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso) al combatirse la resolución que ponga fin al juicio de natural; ello, conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora quejosa no obtenga una sentencia definitiva favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, en la sentencia interlocutoria que confirmó el proveído en el que se negó al quejoso su petición consistente de llamar a juicio a la sucesión de diversa demandada. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de la sentencia interlocutoria que confirmó el proveído en el que se negó al quejoso su petición consistente de llamar a juicio a la sucesión de diversa demandada, y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse, en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar, a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la propia ley, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Alicia Hernández Lara, apoderada del directo quejoso Victorino Gerardo Guadarrama Ledesma, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, México, por notoriamente improcedente. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción III, de la Ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso la lista que se fija en este recinto judicial, pues, así lo manifestó expresamente en la demanda de cuenta. Luego, acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Diego Manuel Gómez Ríos, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y conforme a la última parte del citado precepto legal, esto es, únicamente a efecto de oír y recibir notificaciones a las restantes personas que se mencionan en el escrito de cuenta, pues, carecen de registro en dicho sistema. Por cuanto hace a la solicitud de utilizar medios electrónicos para imponerse de los autos, se acuerda favorable dicha petición siempre y cuando se ajuste a lo especificado en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal celebrada en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve. En diverso aspecto, por cuanto hace a la solicitud de la promovente relativa a la devolución del instrumento notarial mediante el cual acreditó su personalidad en el presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase de su conocimiento que toda vez que la personalidad constituye un presupuesto procesal para la tramitación y continuación de este sumario, no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado, hasta en tanto quede firme la presente determinación. Respecto a la petición de la parte quejosa de expedirle copias certificadas de la resolución que en un futuro se dicte en el presente asunto, dígasele que no es dable acordar favorable tal solicitud, toda vez que en el presente asunto se declaró la improcedencia del juicio promovido de su parte. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, no obstante que el presente auto de desechamiento debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de la materia, lo cierto es que el impetrante de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista.
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