Victorino Ernesto Jasso Delgadillo
Expediente 1201/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1201/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 13/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Victorino Ernesto Jasso Delgadillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
CAUSA ESTADO EL AUTO EN EL CUAL SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, ESTE EXPEDIENTE SE CONSIDERA SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
- Principal
Agréguese a los autos el (los) informe(s) justificado(s) rendido(s) por la(s) autoridad(es) responsable(s) que lo(s) suscribe(n), así como las constancia que anexa, y con fundamento en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, dese vista a las partes, por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello al celebrarse la audiencia constitucional, en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en virtud de que el impetrante de amparo, en esencia, en su demanda de garantías, reclama: "la omisión de emitir la resolución correspondiente al ejercicio de la acción penal o no ejercicio en su caso de la referida acción penal, dentro de la Carpeta de Investigación número 409/2015" (transcripción literal). De las constancias que remitió la responsable, se advierte que con fecha doce de septiembre de dos mil dieciséis, determinó el no ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación 409/2015. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno, por tratarse de actuaciones emitidas por autoridad competente dentro del límite de sus funciones y con motivo de ellas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 209, 484 "DOCUMENTO PUBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él". Al respecto, dado que la autoridad responsable proveyó de manera total y favorable lo peticionado por el quejoso, este juzgador de oficio advierte que han cesado los efectos del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con las fracciones IV y V, del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este Juicio de Garantías. En apoyo a lo anterior, se cita la Tesis número CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, ha hecho este Tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y, la jurisprudencia 10/2003, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero de dos mil tres, que a la letra reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la Materia, tan es así que en segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Victorino Ernesto Jasso Delgadillo; atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se le tiene ampliado la demanda de garantías por lo que ve al señalamiento de nueva autoridad responsable, esto es, al Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Mesa Cuarta de Investigación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en esta ciudad de Colima. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 15/2003, página doce, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional". Por tanto, con copia simple del escrito de ampliación, gírese atento oficio a la responsable, a efecto de que en términos de los artículos 115 y 117 de la propia ley en comento vigente, RINDA SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el que expondrá las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; acompañando copias certificadas COMPLETAS Y LEGIBLES, en su caso, de todas y cada una de las constancias del expediente de donde deriva el acto reclamado, incluyendo los documentos fundatorios y las pruebas que hubieren sido tomadas en consideración para la emisión del acto impugnado; apercibida que en caso de que no rinda el informe con justificación, o admitida la certeza del acto, lo haga sin remitir las constancias que se le solicitan, se hará acreedora a una multa prevista en el artículo 260, fracción II, del propio cuerpo legal. Cabe precisar que el acotamiento del plazo para la rendición del informe requerido, obedece a la naturaleza del acto reclamado -dilación procesal-, a fin de no transgredir en perjuicio del quejoso la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional; máxime que los numerales 115 y 117 de la Ley de Amparo, en su orden, establecen que la audiencia constitucional se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda de garantías, y que las responsables tiene el deber de rendir su informe de ley dentro del plazo de quince días, respectivamente, entendidos como el tiempo máximo para cumplir tales formalidades, empero ello sin perjuicio de que se procure otorgar mayor efectividad en la integración del procedimiento en beneficio de la tutela de los derechos humanos de los gobernados, sin que con ello se violen las reglas del procedimiento. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento a las autoridades en su carácter de responsables que en este juicio únicamente se les notificará, por medio de oficio, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban notificar por medio de oficio), y las restantes se le notificarán por medio de lista. De acuerdo con lo previsto en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable, el deber de informar a este juzgado, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna causal de improcedencia del juicio; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedora a la multa prevista en el artículo 251 del cuerpo normativo en comento. En el entendido de que se encuentran señaladas las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 29 DE AGOSTO DE 201 QUE EN ESENCIA DICE: Agréguese a los autos el oficio signado por el Director General de Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Colima, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa que la Agente del Ministerio, Titular de la Mesa Cuarta de Investigación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en esta ciudad de Colima, es quien conoce de la carpeta de investigación 409/2015. En virtud de lo anterior, y toda vez que se advierte la intervención de una autoridad distinta a las señaladas como responsables en el escrito de demanda, en el caso, Agente del Ministerio, Titular de la Mesa Cuarta de Investigación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en esta ciudad de Colima; en esas condiciones, en tutela de la garantía de acceso efectivo a la justicia prevista en el artículo 17 constitucional, y para estar en condiciones de resolver adecuadamente el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 114 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se estima necesario requerir al impetrante del amparo, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la presente notificación, manifieste si es su deseo designar como autoridad responsable a la citada con anterioridad, y en caso de ser afirmativo exhiba una copia más de su escrito inicial de demanda. Apercíbase a la parte quejosa que en caso de incumplir el requerimiento decretado, el presente juicio se resolverá tomando en cuenta únicamente a las autoridades responsables emplazadas a la presente litis constitucional. Resulta aplicable en lo conducente por identidad jurídica, la tesis número 2ª./J.112/2003 que aparece en la página noventa y tres del Tomo XVIII, diciembre de 2003, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo la voz: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.".
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