Victorino Celiseo Rosas y Otros.
Expediente 124/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 124/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Victorino Celiseo Rosas y Otros.
- Victorino Celiseo Rosas
Actuaciones
- Principal
"... Agréguese el oficio firmado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad; al cual acompaña copia certificada del testimonio de la ejecutoria de ocho de marzo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja 33/2022, interpuesta por ********, autorizado en términos amplios de los quejosos *******, *******, ******* y *******, contra el auto de dos de febrero de dos mil veintidós; acúsese recibo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que el Tribunal Colegiado aludido declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido..."
- Principal
"... Agréguese el oficio firmado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta localidad; en su atención, se le tiene acusando de recibo del diverso con el que se le remitió un cuaderno de copias certificadas del presente juicio de amparo y el original del escrito de expresión de agravios de ******, en su carácter de autorizado legal en términos amplios de los quejosos ********, contra el auto de dos de febrero del año en curso, dictado en el presente asunto e informando que se admitió a trámite el recurso de que se trata, el cual quedó registrado con el número de toca 33/2022..."
- Principal
"... Visto el escrito de Moisés Monreal Cervantes, en su carácter de autorizado legal en términos amplios de los quejosos Victorino Celiseo Rosas, Rosa María Lezama Reyes, Wilbert Daniel López Hernández y Gabriel Rodríguez Salvador; en su atención, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto dos de febrero de dos mil veintidós, donde se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase el informe correspondiente en el sentido de que es cierto el acto, toda vez que en proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, al estimarse actualizada la causa improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, de la Ley de Amparo. Para lo cual, se le instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que habilite la disponibilidad del expediente electrónico, a efecto de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de vincularlo con el recurso de queja que corresponda; lo que se le hace de su conocimiento para los efectos atinentes. Por otra parte, se encomienda a la secretaria encargada del expediente verifique que se haya realizado la validación de que el expediente electrónico e impreso coinciden en su totalidad, ajustándose a la validación prevista en la Ley de Amparo y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; esto es, certifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se incorporó cada promoción, documento, auto, resolución y notificación, a fin de que coincida en su totalidad..."
- Principal
...Vista la demanda de amparo promovida por ***, ***, *** y ****, contra actos del Ayuntamiento de Loma Bonita, Oaxaca y otra. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 124/2022. Desechamiento. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 1º fracción I y 5, de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Al efecto, existen las jurisprudencias siguientes: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. (.) AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. (.) Los artículos y jurisprudencia transcritos, revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad, verbigracia las relaciones de coordinación que son las entabladas entre particulares, en los cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama sustancialmente del Ayuntamiento de Loma Bonita Oaxaca, dirigidos al presidente y jefe de Recursos Humanos de dicha entidad pública: La omisión de dar contestación a sus escritos de tres de enero de dos mil veintidós, por los cuales exponen hechos vinculados con su separación de labores y solicitan se les permita acceder a sus áreas de trabajo. Pues bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, en el particular, de las documentales que anexa la parte quejosa junto con su escrito de demanda, se aprecia que son empleados sindicalizados del Ayuntamiento de Loma Bonita Oaxaca y que mediante escrito de fecha tres de enero de dos mil veintidós, expusieron que fueron separados de sus labores por parte del jefe de Recursos Humanos de dicho Ayuntamiento y piden solución a ello, para que puedan acceder a su áreas de trabajo. Bajo ese contexto, es dable concluir que los actos que se reclaman, no tienen el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque derivan del punto de coordinación existente entre el Ayuntamiento de Loma Bonita, Oaxaca, con Victorino Celiseo Rosas, Rosa María Lezama Reyes, Wilbert Daniel López Hernández, Gabriel Rodríguez Salvador, como trabajadores de esa entidad. Al respecto, el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Así, como en el caso ocurre, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución del Estado realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con el trabajador, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particulares a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarles actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. En ese sentido, si lo que se pretende reclamar en esta instancia constitucional se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre el aludido Ayuntamiento y los quejosos como trabajadores, regulada por el artículo 123 constitucional, cuyo propósito, esencialmente, es que se provea sobre la continuidad en su adscripción laboral; ello conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. Entonces, entre los peticionarios de amparo y el Ayuntamiento de Loma Bonita, Oaxaca, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, pues ya que el conflicto que entre ellos se suscita subyace de una relación de coordinación de carácter laboral. En ese sentido, es evidente que el acto reclamado, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y éste resulta notoriamente improcedente. Son aplicables al respecto, las tesis de rubro y texto: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. (.) AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. (.) En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Téngase como autorizado en términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo a (.) Asimismo, con fundamento en los artículos 24 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación vía electrónica solicitada por la parte quejosa. Representante común. Con fundamento en el numeral 13 de la Ley de Amparo, se nombra como representante común de la parte quejosa a ****, sin perjuicio de que lo sustituyan posteriormente mediante petición expresa. Habilitan días inhábiles.(.) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
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