Victorina Vargas Bartaz, Representada Por Priscila Corral Colón

Expediente 466/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
466/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
06/09/2017

Partes del expediente

  • Victorina Vargas Bartaz, Representada Por Priscila Corral Colón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; seis de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta los diversos oficios signados por el Jefe de Departamento de Control así como por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación por ausencia de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Guerrero Número Uno, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, por los cuales informan que la multa impuesta a Francisco Castro Romero en su carácter de Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, quedó controlada con el número de crédito 16680/2017.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; catorce de agosto de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación en suplencia por ausencia de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1", con residencia en esta ciudad, mediante el cual manifiesta el impedimento legal que tiene para hacer efectiva la multa impuesta a Francisco Castro Romero en su carácter de Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, por la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100) en razón de que se omitió proporcionar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes; en atención a ello, hágasele del conocimiento que este órgano jurisdiccional carece de esa información, y es con la única que se cuenta; por tanto, remítasele de nueva cuenta el oficio que devuelve, a fin de que esté en aptitud de hacer efectiva la multa impuesta en el presente asunto.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; trece de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, con excepción de la demanda y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase contar lo anterior en su carátula. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo sexto de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, gírese oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Guerrero "1", con sede en Guerrero, en esta ciudad, para que proceda, o bien, ordene a quien corresponda hacer efectiva la multa impuesta a la autoridad responsable Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por sí y en representación de dicho órgano laboral, con residencia en esta ciudad, haciéndole de su conocimiento que quien ostenta el citado cargo es Francisca Castro Romero, con domicilio ubicado en J.R Cabrillo, esquina con Vasco Núñez de Balboa, Edificio 22 de Agosto, Segundo Piso, Código Postal 39355, en esta ciudad, por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país , calculado al ocho de junio del presente año, fecha en que le feneció el término para rendir su informe justificado, adjuntándole copia certificada de las constancias necesarias Haciéndole de su conocimiento que el monto equivalente a la sanción impuesta asciende a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100), la cual da como resultado de la multiplicación de cien días por el importe de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional) equivalente a la unidad de medida y actualización vigente en el país, correspondiente al año dos mil dieciséis.

  4. Principal

    VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 466/2017, promovido por VICTORINA VARGAS BARTAZ, por conducto de su representante Priscila Corral Colón, contra actos de la Primera Junta de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, y otra. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Victorina Vargas Bartaz, por conducto de su representante Priscila Corral Colón, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y acto que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE a).- Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero. b).- Presidente de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "1.- De la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, se reclama la inactividad procesal, ya que no se ha podido ejecutar el laudo dictado por este Tribunal, tal y como se acredita en autos del expediente 1585/2011, del índice de la H. Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, ya que se ha solicitado en varias ocasiones a la responsable que dicte auto de requerimiento de pago y embargo para darle liquidez al laudo dictado y la responsable ha sido omisa en dictar dicho auto, haciendo imposible hacer líquido el laudo ejecutoriado. 2.- Del C. Presidente de la H. Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, se reclama la inactividad procesal ya que no se ha podido ejecutar el laudo dictado por este Tribunal, tal y como se acredita en autos del expediente 1585/2011, del índice de la H. Primera Junta Local de conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, ya que se ha solicitado en varias ocasiones a la responsable se dicte de requerimiento de pago y embargo para darle liquidez al laudo dictado y la responsable ha sido omisa en dictar dicho auto haciendo imposible hacer líquido el laudo ejecutoriado". SEGUNDO. La quejosa señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. TERCERO. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada la bajo el número 466/2017; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se trata de un acto omisivo de autoridad jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama la omisión de dictar auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral del que emana el acto reclamado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Primera Junta de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, y su Presidente, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante de habérseles solicitado con toda oportunidad, como se advierte en las constancias de notificación de los oficios números 11812/2017 y 11813/2017 que obran en el sumario a fojas 31 y32; por tanto, lo que procede con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, es presumirles cierto el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 1363 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." CUARTO. Causas de sobreseimiento. Las partes legitimadas en el presente juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, mismos que no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, ya que dicha circunstancia no la deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010 que por contradicción de tesis integró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, en sesión privada de doce de mayo de dos mil diez, encontrándose pendiente de publicar, que es del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO.- Estudio. En sus motivos de disenso substancialmente alega la quejosa que se viola en su perjuicio las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, dado que en su demanda de garantías aduce que las autoridades responsables han omitido dictar auto de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral 1585/2011 del índice de la Junta responsable; conducta de autoridad que se tuvo por presuntivamente cierta ante la omisión de las responsables en rendir su informe justificado. No obstante, tomando en consideración que dicho acto no es en sí mismo violatorio de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un laudo dictado en el procedimiento laboral, en el que es parte la quejosa, que hubiere solicitado su emisión, y que efectivamente la autoridad responsable haya incurrido en la conducta que se le atribuye, por lo que no cabe duda que, en la especie, la carga de la prueba para demostrar la existencia del laudo condenatorio y la petición de ejecución elevada a la autoridad responsable, en virtud de la cual haya incurrido en la omisión que se le atribuye, así como su inconstitucionalidad quedó a cargo de la quejosa, conforme a lo dispuesto por el artículo 117, de la ley de la materia. No es obstáculo para considerar lo anterior, el hecho de que el artículo 75 de la Ley de Amparo establezca que deben recabarse de oficio las pruebas que se estimen necesarias para la resolución del asunto, ya que en ese supuesto, es necesario que la responsable reconozca en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, para que se pudieran recabar y determinar las pruebas en que se apoyó el juez responsable para emitir la resolución impugnada, y, en todo caso, de faltar alguna constancia estar en aptitud de recabarla de oficio; pero es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, pues como ya se dijo, el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende directamente de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Tiene aplicación al caso particular en la parte conducente, por analogía, la jurisprudencia P./J. 17/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 108, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Así como la diversa jurisprudencia V.2o. J/16 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en la página 69, tomo IX, Febrero de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI NO ES INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO, SU EXISTENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. El acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, ya que de conformidad con el artículo 16 constitucional, la autoridad judicial está facultada para librar la orden de aprehensión reclamada; por ende, la existencia de la misma es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, el juez de amparo estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión. Consiguientemente, al negar el amparo por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, no infringe precepto legal alguno en perjuicio del hoy inconforme." En tal virtud, si la peticionaria del amparo no allegó al juicio medio de convicción alguno para demostrar la violación de garantías que alega, es evidente que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para determinar si dichos actos presentan los vicios, por los que se alega su inconstitucionalidad; y es por ese motivo que se estiman infundados los motivos de disenso que se plantean en la demanda; lo que da pauta para negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita en contra del acto atribuido a las autoridades responsables. Es aplicable por analogía la Jurisprudencia la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 304 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Octubre de 1997, de rubro y texto: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclamó del Presidente de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Guerrero, pues no se combatió por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número ciento uno, visible a páginas sesenta y seis, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete - mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto establece: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO VIOLATORIOS DE GARANTÍAS.- Los actos de las autoridades ejecutoras, relativas a mandamientos que se ajusten a la ley, no pueden considerarse violatorias de garantías". SEXTO. Finalmente, tomando en cuenta que las autoridades responsables Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, así como el Presidente de la misma, omitieron rendir su informe justificado, no obstante estar oportunamente notificadas para ello, según se indicó en el tercer considerando de la presente resolución, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impone una multa a cada uno por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país a la fecha del apercibimiento, a razón de $73.04 (setenta y tres pesos 04/100 moneda nacional) que corresponde a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional), misma que deberá hacerse efectiva por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1" del Servicio de Administración Tributaria residente en esta ciudad, a quien deberá remitírsele el oficio respectivo a efecto de que en cuanto cause firmeza esta sentencia, proceda a hacer efectiva la multa aquí impuesta Es aplicable al caso en la parte conducente, la jurisprudencia 46/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 200065 que se puede consultar en la página 35 del Semanario Judicial de la Federación, tomo IV, Agosto de 1996, Novena Época, que dice: "MULTAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 149 Y 224 DE LA LEY DE AMPARO. NO GUARDAN RELACIÓN CON EL ARTICULO 3o. BIS DE LA PROPIA LEY. Las multas que establece la Ley de Amparo en los artículos 149 y 224, que sancionan a las autoridades responsables por no rendir su informe justificado, o por no acompañar al mismo las copias certificadas de las constancias que esos dispositivos legales exigen, no guardan relación con el artículo 3o. bis de la misma Ley, pues la protección que éste otorga en su segundo párrafo, va dirigida a los gobernados, según se desprende del dictamen de las Comisiones Unidas Primera de Justicia y Primera Sección de Estudios Legislativos, de dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, en donde se expresa que la modificación de los montos de las multas, propuestas en la iniciativa presidencial respectiva, tuvo por objeto evitar la práctica viciosa de algunos litigantes que acuden al amparo con fines dilatorios; pero, a la vez, se procuró no desalentar a los gobernados para el ejercicio de la acción de amparo, ni para la interposición de los recursos, así como tampoco sancionar con multas a los agraviados de bajos ingresos. En tales condiciones, el silencio de la autoridad responsable, al dejar de rendir el informe con justificación, es sancionable por sí mismo, sin que el Juez de Distrito tenga que dar una razón adicional, pues ésta se halla en el mandato expreso de los aludidos numerales. Situación diferente acontece cuando la autoridad no rinde el informe a que está obligada, pero expresa algún argumento con el cual pretende justificar la omisión en que incurrió, pues en esta hipótesis el Juez deberá tomar en cuenta esa exposición para determinar si impone o no la multa." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a VICTORINA VARGAS BARTAZ, contra el acto y autoridades precisados en el resultando primero, por las consideraciones vertidas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO.- Por los motivos que se precisan en el último considerando de este fallo, se impone una MULTA de CIEN DÍAS por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país a la fecha del apercibimiento, a las autoridades responsables Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco y Presidente de la misma,. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, asistido por María del Rosario Romero Delgado, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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