VICTORINA RAMIRO HERNÁNDEZ y Otros.
Expediente 619/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- VICTORINA RAMIRO HERNÁNDEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta del actuario judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en la que informa la imposibilidad que tiene para notificar a la parte quejosa ********************, el auto de siete de junio de dos mil veintidós, por los motivos que expone en la misma; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto en la ciudad de Puebla para tal efecto. Notifíquese por lista el auto que se indica y el presente proveído. Así lo proveyó y firma Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Ramiro Ramírez y Escobedo, secretario que autoriza y da fe. Auto de siete de junio de dos mil veintidós ... Vista la demanda de amparo promovida por Victorina Ramiro Hernández y Vicente Ramiro Hernández, contra los actos de JOEL DANIEL BALTAZAR AVALOS, JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE CON SEDE EN TEZIUTLÁN, PUEBLA, y otra, fórmese expediente y regístrese bajo el número 619/2022. DESECHAMIENTO Debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido se advierte que los quejosos Victorina Ramiro Hernández y Vicente Ramiro Hernández, reclaman de JOEL DANIEL BALTAZAR AVALOS, JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE CON SEDE EN TEZIUTLÁN, PUEBLA, y NOTIFICADOR ADSCRITO AL JUZGADO DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE CON SEDE EN TEZIUTLÁN, PUEBLA: A).- LA CITACION JUDICIAL PROXIMO A VERFICARSE A LAS ONCE HORAS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022 PARA LA FORMULACION DE IMPUTACION ANTE EL JUEZ DE CONTROL EN CONTRA DE LOS SUSCRITOS EN NUESTRO CARÁCTER DE INDICIADIOS Y HOY QUEJOSOS DE NOMBRES VICTORINA RAMIRO HERNANDEZ Y VICENTE RAMIRO HERNANDEZ, DENTRO DE LA CAUSA PENAL (CJA) NUMERO 73/2022, POR LA PROBABLE COMISION DEL DELITO DE DESPOJO, DICTADA POR LA AUTORIDAD QUE SE SEÑALA COMO RESPONSABLE, VIOLENTANDO CON ELLO NUESTRAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURIDICA, ESTABLECIDOS EN LOS DIVERSOS 1°, 14, 16, 17, 19 Y 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B).- EJECUTORA: EL ILEGAL REQUERIMIENTO Y NOTIFICACION (CITACION) JUDICIAL EFECTUADO POR LA AUTORIDAD EJECUTORIA EN NUESTRAS PERSONAS CON FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN NUESTRO DOMICILIO YA REFERIDO EN LINEAS ANTERIORES, BAJO LA CAUSA PENAL (CJA) NUMERO 73/2022, POR LA PROBABLE COMISION DEL DELITO DE DESPOJO. Con relación a los actos reclamados por los quejosos, referidos con antelación, y conforme a los antecedentes que narraron en la demanda, se considera que los mismos real y jurídicamente se traducen en la citación para formular imputación, para darle intervención en la carpeta judicial administrativa 73/2022, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla, conclusión a la que se llega porque señala a una autoridad judicial como responsable y de acuerdo con las constancias que adjunta a la demanda de amparo; de manera que bajo esa óptica se analizará. En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama, conforme se estableció en el párrafo que antecede, esta potestad federal advierte que se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . . . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En el caso concreto, como se destacó, la parte quejosa reclama la orden de citación para formular imputación, lo cual estima vulnera sus derechos; es decir, sostiene tener un derecho subjetivo que se está afectando de manera personal y directa. Sin embargo, la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la parte quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, únicamente respecto de la citación para formarle imputación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizado al profesionista Alejandro Martínez Báez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, así como únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones a Víctor Francisco Toledo Rodríguez, en conformidad con lo previsto en la última parte del segundo párrafo del numeral 12 de la ley citada, toda vez que no cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. AUTORIZACIÓN DE TELÉFONO Se tiene a la parte quejosa señalando número telefónico, previo cercioramiento que realice el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, pues no es un medio de comunicación procesal, porque para eso se necesita que solicite la notificación a través del juicio en línea. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el ordinal 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
- Principal
... Vista la demanda de amparo promovida por Victorina Ramiro Hernández y Vicente Ramiro Hernández, contra los actos de JOEL DANIEL BALTAZAR AVALOS, JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE CON SEDE EN TEZIUTLÁN, PUEBLA, y otra, fórmese expediente y regístrese bajo el número 619/2022. DESECHAMIENTO Debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido se advierte que los quejosos Victorina Ramiro Hernández y Vicente Ramiro Hernández, reclaman de JOEL DANIEL BALTAZAR AVALOS, JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE CON SEDE EN TEZIUTLÁN, PUEBLA, y NOTIFICADOR ADSCRITO AL JUZGADO DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL ORIENTE CON SEDE EN TEZIUTLÁN, PUEBLA: A).- LA CITACION JUDICIAL PROXIMO A VERFICARSE A LAS ONCE HORAS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022 PARA LA FORMULACION DE IMPUTACION ANTE EL JUEZ DE CONTROL EN CONTRA DE LOS SUSCRITOS EN NUESTRO CARÁCTER DE INDICIADIOS Y HOY QUEJOSOS DE NOMBRES VICTORINA RAMIRO HERNANDEZ Y VICENTE RAMIRO HERNANDEZ, DENTRO DE LA CAUSA PENAL (CJA) NUMERO 73/2022, POR LA PROBABLE COMISION DEL DELITO DE DESPOJO, DICTADA POR LA AUTORIDAD QUE SE SEÑALA COMO RESPONSABLE, VIOLENTANDO CON ELLO NUESTRAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURIDICA, ESTABLECIDOS EN LOS DIVERSOS 1°, 14, 16, 17, 19 Y 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B).- EJECUTORA: EL ILEGAL REQUERIMIENTO Y NOTIFICACION (CITACION) JUDICIAL EFECTUADO POR LA AUTORIDAD EJECUTORIA EN NUESTRAS PERSONAS CON FECHA 30 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, EN NUESTRO DOMICILIO YA REFERIDO EN LINEAS ANTERIORES, BAJO LA CAUSA PENAL (CJA) NUMERO 73/2022, POR LA PROBABLE COMISION DEL DELITO DE DESPOJO. Con relación a los actos reclamados por los quejosos, referidos con antelación, y conforme a los antecedentes que narraron en la demanda, se considera que los mismos real y jurídicamente se traducen en la citación para formular imputación, para darle intervención en la carpeta judicial administrativa 73/2022, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Teziutlán, Puebla, conclusión a la que se llega porque señala a una autoridad judicial como responsable y de acuerdo con las constancias que adjunta a la demanda de amparo; de manera que bajo esa óptica se analizará. En consecuencia, dada la naturaleza del acto que se reclama, conforme se estableció en el párrafo que antecede, esta potestad federal advierte que se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: . . . V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En el caso concreto, como se destacó, la parte quejosa reclama la orden de citación para formular imputación, lo cual estima vulnera sus derechos; es decir, sostiene tener un derecho subjetivo que se está afectando de manera personal y directa. Sin embargo, la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la parte quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, únicamente respecto de la citación para formarle imputación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizado al profesionista Alejandro Martínez Báez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, así como únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones a Víctor Francisco Toledo Rodríguez, en conformidad con lo previsto en la última parte del segundo párrafo del numeral 12 de la ley citada, toda vez que no cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. AUTORIZACIÓN DE TELÉFONO Se tiene a la parte quejosa señalando número telefónico, previo cercioramiento que realice el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, pues no es un medio de comunicación procesal, porque para eso se necesita que solicite la notificación a través del juicio en línea. Cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente; lo anterior, con fundamento en el ordinal 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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