Victorina Elvira Martínez
Expediente 375/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 375/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Victorina Elvira Martínez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara: el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la captura en el libro electrónico correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. DOCUMENTO. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte impetrante. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, derivado del juicio de amparo indirecto 707/2020 del índice de este juzgado. De su contenido se advierte el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida en línea por Victorina Elvira Martínez, por propio derecho, contra actos de 1. Secretario de Marina Armada de México, con sede en Ciudad de México, y otras autoridades. Regístrese con el número 375/2023-V que le correspondió. Hágase la captura en el libro electrónico de registro correspondiente, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con fundamento en los artículos 99 y 99 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Analizadas las constancias remitidas, con fundamento en los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, se comparte el criterio sostenido. Por lo que este juzgado de Distrito acepta la cuestión de turno y procede conocer de la demanda de amparo. DESECHAMIENTO. Conforme el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI de la Ley de Amparo. La cual se analizará a continuación. En el caso, de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa reclama: a) La omisión o incumplimiento de la responsable para realizar estudios médicos tanto en el Hospital como en lugares subrogados autorizados para ello, esto a la brevedad, por tener la impetrante diagnóstico de tumor maligno en la glándula tiroides. b) La falta de entrega de diversos medicamentos necesarios para su enfermedad. c) La irregular atención médica integral proporcionada, por no habérsele brindado diversas citas programadas pendientes. d) La omisión o incumplimiento de la responsable para realizar el tratamiento quirúrgico consistente en septoplastía, que fue establecido desde el mes de mayo del año dos mil veintidós, según oficio 520/2023 de trece de marzo de dos mil veintitrés firmado por el capitán Blanca Yadira Núñez Ramírez. Acordado en el expediente 1718/2015 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia en Materia de Familia de tres de abril del año en curso. e) La falta de notificación por parte del Hospital responsable de las citas de otorrinolaringología y endocrinología de fechas catorce y quince de diciembre pasado y la omisión de otorgar nuevas citas este año para la especialidad de otorrinolaringología, endocrinología y Oncología. f) No expedirle credencial o documento para que se le permita el acceso al hospital Naval de Especialidad de Veracruz. Ahora bien, en los hechos narrados como antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, la quejosa expuso: -Ser derechohabiente del Hospital Naval de Veracruz, con número de registro ISSSFAM A-105897, Matrícula B8074463, causahabiente y beneficiaria del Capitán de Fragata Luis García Cardoza, con RFC GACL7911156B8, perteneciente al Cuarto Escalón de Mantenimiento Astillero de Marina N20, Salina Cruz, Oaxaca. -Le fue otorgada la asistencia Médica en el Hospital Naval de Veracruz, al ser beneficiaria de un militar, le correspondió tratarse el cáncer papilar de tiroides, con diagnóstico de tumor maligno de la glándula tiroides que le fue dictaminado. Por lo que en un principio se le dieron atenciones necesarias para librar su enfermedad, incluida una operación de Tiroidectomía secundaria de tumor maligno. -Con motivo de la demanda de divorcio incausado, promovió juicio de alimentos en el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Veracruz, el cual se radicó bajo el número 1718/2015 para que se le siguiera otorgando atención médica gratuita en el Hospital Naval de la ciudad de Veracruz. --Mediante oficios 599/2022 y 600/2022 de fecha diecinueve de enero de dos mil veintidós el Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia de este Distrito Judicial expidió nuevamente orden judicial a las autoridades, Hospital Naval de Especialidades de esta ciudad y Comandante de la Primera Región Nava, para que dieran la atención medica integral a la impetrante. -El ocho de diciembre de dos mil veintidós, el Director del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz, presentó ante el Juez Familiar el oficio 2812/2022. Le informó se había agendado cita por Endocrinología para el quince de diciembre de dos mil veintidós en horario de las 10:50 horas y otra a Otorrinolaringología para el catorce del mismo mes y año a las diez horas. --A través del oficio 520/2023 de trece de marzo del año en curso, en cumplimiento al requerimiento del Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, el Director del nosocomio le remitió el resumen clínico de la quejosa, del que aduce lo emitió sin haberle realizado previamente ningún estudio o análisis desde julio de dos mil veintidós y hasta la fecha. - En fecha nueve de diciembre de dos mil veinte, presentó una demanda de amparo indirecto por similares actos reclamados, la que quedó radicada bajo el número 707/2020 del índice de este Juzgado. De la certificación de cuenta, lo narrado en la demanda de amparo y documentos anexos, se obtiene en este juzgado de Distrito está radicado el juicio de amparo indirecto 707/2020-VII, promovido por Victorina Elvira Martínez. Los actos reclamados en ese expediente, conforme a lo establecido en la sentencia de amparo, son: -La omisión o incumplimiento de la responsable para realizar estudios médicos tanto en el Hospital como en lugares subrogados autorizados para ello, esto a la brevedad, por tener la impetrante diagnóstico de tumor maligno en la glándula tiroides. -La suspensión de los tratamientos y terapias como la de Foniatría, por razón de la pandemia Covid-19, poniendo en riesgo la vida de la quejosa. -La falta de entrega de diversos medicamentos necesarios para su enfermedad. -La irregular atención médica integral proporcionada, por no habérsele brindado diversas citas programadas pendientes. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, en la cual, por una parte, sobreseyó en este juicio, y por otra, concedió el amparo y justicia federal solicitados contra la contra la falta de atención médica integral y especializada [respecto del diagnóstico "tumor maligno en la glándula tiroides"] incluyendo en ésta las consultas, terapias (en particular de foniatría), análisis y estudios de laboratorio y/o gabinete realizados en el Hospital responsable o en lugares subrogados autorizados para ello, así como la entrega de medicamentos necesarios, estableciendo la programación de citas para el seguimiento adecuado del mismo. Atribuida al 2. Director del Hospital Naval de Especialidad de Veracruz, con sede en la ciudad del mismo nombre. El efecto de esa concesión es: - Continúe otorgando atención médica en las especialidades que lo requiera, respecto del diagnóstico "tumor maligno en la glándula tiroides". Lo cual comprende, de ser necesarios, estudios médicos y tratamientos respectivos (incluyendo cirugías y atención postoperatoria). - Para tal efecto, aunado a la atención médica a brindar, deberá emitir un oficio en el que ordene en lo sucesivo se otorgue sin excusa ni pretexto el servicio de salud a la hoy recurrente, hasta la conclusión (alta) de la patología diagnosticada en comento. Incluyendo toda aquella consulta y tratamiento posterior que requiera o llegara a necesitar relacionada con la dolencia que motivó el origen de este juicio constitucional. En esa sentencia se estableció que la peticionaria de amparo acreditó existe una orden judicial emitida el veintisiete de octubre de dos mil veinte, por la Juez Décimo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz en los autos del juicio ordinario civil 1718/2015-III, promovido por ella en contra del referido García Cardoza, sobre el pago de pensión alimenticia y demás prestaciones, en la que se indicó al Instituto de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas Mexicanas, debía continuar proporcionando atención médica a la aquí impetrante de amparo hasta en tanto durara el procedimiento de dicho juicio. Por proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión. En ejecutoria emitida en el toca 157/2021 en sesión de once de febrero de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, confirmó la sentencia amparadora. Concluyendo esencialmente que: ".Lo que conlleva a que este Tribunal Colegiado valide la concesión de la protección Constitucional realizada por el juez de Distrito, invocando el derecho a la protección de la salud, consagrado en el citado artículo 4° de la norma fundamental, que constituye una responsabilidad social, que no es otra cosa que el deber de proporcionar los medios necesarios para que el ser humano tenga acceso a la salud que comprende, entre otras cuestiones, la asistencia médica y el suministro de medicamentos. De lo contrario el actuar de las autoridades responsables ponen en riesgo su salud y vida de la quejosa, por lo que, atendiendo a su especial condición de vulnerabilidad, dado el tratamiento que requiere ante la enfermedad que padece "(tumor "maligno en la glándula tiroides)", lo cual al margen de la extinción de la vigencia de derechos derivado del divorcio respectivo con el sujeto asegurado, debe ser materia de protección para no poner en riesgo la vida de la quejosa (máxime ante la existencia en autos del juicio de amparo indirecto del telegrama oficial urgente que instruye se continúe con la atención médica integral a la quejosa mientras dure el juicio ordinario civil). Esto es, interrumpir su tratamiento médico con motivo de la baja de vigencia de derechos de la persona que la tenía como beneficiaria pone en riesgo su vida, ya que la enfermedad que le aqueja no debe dejar de atenderse oportunamente; por tanto, el justiciable debe tener certeza de encontrarse incorporado a una institución pública que se haga cargo sin interrupción alguna del tratamiento que requiere y de esa manera no dejarlo desprotegido hasta el alta médica respectiva (temporalidad no controvertida por la autoridad recurrente)." Se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Previo acuerdo en el que se tuvo informando sobre las medidas tendentes al cumplimiento de la sentencia. En proveído de veinticinco de febrero de dos mil veintidós se recibió oficio del 2 Director del Hospital Naval de Especialidad de Veracruz, con sede en Veracruz, con el cual dio cumplimiento al fallo protectriz. En fecha ocho de marzo de dos mil veintidós se declaró cumplida. En auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós se tuvo a la impetrante de amparo interponiendo denuncia de repetición del acto reclamado. Se resolvió el veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Este órgano jurisdiccional determinó infundada la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por Victorina Elvira Martínez. De lo anterior se desprende, lo reclamado dentro del presente asunto tiene relación directa con los actos ya analizados en la ejecutoria de amparo emitida en el expediente 707/2020-VII del índice de este juzgado de Distrito. Precisamente el efecto de la sentencia amparadora es para que mientras dure el juicio ordinario civil 1718/2015 del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia en Materia Familia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, se continúe otorgando atención médica en las especialidades que lo requiera la quejosa respecto del diagnóstico "tumor maligno de la glándula tiroides", lo que comprende, estudios médicos y tratamientos respectivos. Incluyendo cirugías y atención postoperatoria. Sin que se inadvierta la impetrante incorpore a la presente demanda de amparo como reclamos: -La omisión o incumplimiento de llevar a cabo el tratamiento quirúrgico de septoplastía que refiere se plasmó en el resumen clínico que acompañó a su demanda de amparo -procedimiento electivo, es decir, no urgente, que se planifica con tiempo-. -Que no se le han brindado nuevas citas para Otorrinolaringología y Endocrinología, ya que aduce, las que se programaron para el catorce y quince de diciembre de dos mil veintidós no se le notificaron oportunamente. Y las que resulten necesarias para el tratamiento del tumor maligno de glándula tiroides. -No expedirle credencial o documento para que se le permita el acceso al hospital Naval de Especialidad de Veracruz. Porque con relación a dichos actos debe puntualizarse están intrínsecamente ligados con la atención médica integral de la quejosa. Por cuanto hace el primero (la omisión o incumplimiento de llevar a cabo el tratamiento quirúrgico de septoplastía), de conformidad con los efectos del fallo protectriz emitido en el expediente 707/2020, la autoridad responsable continuará otorgando atención médica en las especialidades que lo requiera la quejosa. En ese sentido, corresponde a la propia impetrante presentarse ante el Hospital para gestionar el procedimiento quirúrgico necesario, en los casos que así lo requiera y cuantas veces sea necesario. Incluso se le proporcionó el número de teléfono celular del Capitán de Corbeta Carlos Augusto González Mondragón, para que pueda coordinar cualquier situación relacionada con las citas requeridas y agilizar el trámite. Situación similar acontece con relación a las citas para la especialidad de Otorrinolaringología y Endocrinología, y las que resulten necesarias para el tratamiento de la enfermedad que padece. Pues se insiste, está en posibilidad de acudir al nosocomio o, en su caso, contactar a alguno de los servidores públicos que al efecto se le señalaron en el oficio 137/2022 de diecinueve de enero de dos mil veintidós -en el juicio de amparo 707/2020- para coordinar su asistencia cuantas veces sea necesario. Y, también puede pedir las nuevas citas durante el presente año para las especialidades que refiere y hasta su conclusión (alta) de la patología diagnosticada. Lo anterior se desprende de la ejecutoria en comento, en la cual se le concedió la protección constitucional para el efecto que, entre otro, la autoridad responsable Director del Hospital Naval de Especialidad de Veracruz, con sede en la ciudad de Veracruz: "Continúe otorgando atención médica en las especialidades que lo requiera, respecto del diagnóstico "tumor maligno en la glándula tiroides." (.) Incluyendo toda aquella consulta y tratamiento posterior que requiera o llegara a necesitar relacionada con la dolencia que motivó el origen de este juicio constitucional." De igual manera, respecto al reclamo consistente en no expedirle credencial o documento para que se le permita el acceso al hospital Naval de Especialidad de Veracruz. En el propio fallo protectriz se desprende que, el 2. Director del Hospital Naval de Especialidad de Veracruz, con sede en Veracruz, exhibió copia certificada del oficio número 440/2022 de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dirigido a la Jefa de Consulta Externa del referido nosocomio, donde le comunicó girar órdenes a quien correspondiera con el objeto de otorgar a la impetrante el servicio médico necesario y hasta su conclusión. Incluyendo toda aquella consulta y tratamiento posterior que requiera relacionado con el diagnóstico "tumor maligno en la glándula tiroides". Oficio que, hace las veces de pase o tarjeta de acceso para la atención médica de la quejosa en el referido hospital por el padecimiento que sufre. Incluso en aquel juicio se dejó en claro a las autoridades la responsabilidad en que pudieran incurrir de no seguir brindando la atención médica conforme los estándares de protección que consagra el artículo 4 Constitucional. En esas condiciones, los actos aquí reclamados no son susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo indirecto. El precepto 61, fracción XI, de la Ley de la materia, pone de manifiesto su improcedencia contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Sin que se inadvierta el señalamiento como responsable del Secretario de Marina Armada de México (como superior jerárquico de las señaladas en el amparo 707/2020) y de forma genérica a la dependencia Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (no a un funcionario particular). Porque el reclamo a éstas no es autónomo de lo ya combatido en el diverso juicio de amparo señalado como precedente. Donde la primera en calidad de superior jerárquico debe obligar a sus subalternos cumplan la ejecutoria de amparo. Y por cuanto al Instituto de Seguridad Social a quien se le imputa discriminación por no expedirle una credencial, ya se expresó previamente que derivado de la concesión de amparo cuenta con el documento (la propia sentencia incluso) que avala su derecho a ser atendida. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Dado lo narrado en la demanda que aquí se atiende, lo cual se estima vinculado con lo resuelto en el amparo 707/2020, déseme cuenta en aquel expediente para proveer lo que en derecho corresponda AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa solicita se le permita tener acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través del "Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación", con el usuario: "BRECHA". Al efecto se provee: a) Se faculta al personal adscrito autorizado, para que proceda a realizar las gestiones necesarias ante los órganos correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de habilitar la autorización que se solicita, por el medio mencionado, relativa al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. b) En caso ser factible lo anterior, habilítese al usuario que refiere para que, conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, puedan acceder vía internet a este juicio de amparo. DOMICILIO. Se tiene como lugar de la parte impetrante para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Conforme a la certificación de cuenta, se tiene a como autorizada en términos amplios que establece el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Brenda Rosario Chiquito Aquino. Y en términos restringidos del citado numeral a Dulce María Palaceta Alatorre, Luz Elena Serrano Flores, Anabel Córdoba Barrera y Alba Elideth Aquino García. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. Conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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