Victoriano Velazquez Pacheco
Expediente 98/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Victoriano Velazquez Pacheco
Actuaciones
- Principal
En atención a que no se recurrió el proveído de siete de febrero del año en curso, mediante el cual se desecho la demanda de amparo, se declara que h causado estado. Se ordena el archivo del expediente con la observación de que no es de relevancia documental, por lo que susceptible de ser destruído.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
COSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de ocho de febrero de dos mil diecisiete, por este medio se notifica al QUEJOSO *****, la resolución dictada el siete de febrero de dos mil diecisiete, en atención a que no compareció los días nueve o diez de febrero de la presente anualidad, la cual en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ***** y *****, por su propio derecho, contra actos del Magistrado Propietario de la Primera Sala Penal I (Licenciado Víctor Federico Pérez Hernández) y otra autoridad, que consideran violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14,16, 17, 19, 20, fracción VII y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 98/2017-VI, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a tal precepto, se considera que en la especie, procede desechar la demanda intentada por ser notoriamente improcedente, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, por las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de la lectura íntegra al ocurso de cuenta, se advierte que el acto reclamado consiste de manera esencial en la resolución de fecha once de enero de dos mil diecisiete, dictada dentro de los autos del *******, del índice de la Primera Sala Penal I, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en la que se confirma la no vinculación a proceso de Alma y Saúl Mijes Mosqueda, dentro de la causa penal 1P1616-672, del índice del Juzgado de Control, de esta ciudad. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV , de la ley de la materia, que establece que el amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, los que se describen en el propio numeral, como aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previsto, en el artículo 17 de la ley de la materia (quince días), salvo las excepciones que en el mismo se prevén. Ese plazo, conforme al numeral 18 de la ley de la materia, debe contarse a partir de que se surta alguno de los supuestos siguientes: a) Al día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al posterior al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o su ejecución. De los preceptos en mención, se evidencia la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Ahora bien, la parte quejosa, en su demanda de amparo refiere que el once de enero del año en curso, tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama; en ese orden de ideas, a tal manifestación se le otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese tenor, se actualizó el supuesto mencionado supralíneas en el inciso b), y el plazo a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, comenzó al día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, el doce de enero y feneció el uno de febrero, ambos del año en curso, sin incluir los sábados y domingos que mediaron entre ambas fechas, por ser inhábiles. Precisado lo anterior, si la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en Irapuato, hasta el dos de febrero de dos mil diecisiete, es evidente que se encuentra fuera del plazo de quince días que dispuso el legislador para instar el juicio de amparo; por ende, el acto que pretende impugnar la parte quejosa en la demanda de cuenta, debe considerarse consentido tácitamente, y por tanto el juicio de amparo es improcedente. En tales condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que procede, con apoyo en el precepto 113, de la citada ley de la materia, es desechar por notoriamente improcedente la presente demanda de garantías, lo anterior, en virtud de que con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********, en virtud de que sí cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del numeral precitado a Luis Ricardo Ornelas Ibarra, por no contar con tal requisito. Hágase saber al ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por los numerales 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, se hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
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