Victoriano Macias Leal
Expediente 1440/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1440/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Victoriano Macias Leal
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene por perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos b) y d), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se desechó la demanda y dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Victoriano Macías Leal, en contra de actos del Inspector General de la Guardia Nacional de la Coordinación de Batallón de Seguridad en carreteras e instalaciones Nuevo León, estación Monterrey, y otras autoridades; al respecto, fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 1440/2021-II. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano; motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61; consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En ese sentido, es menester indicar que del estudio efectuado a la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la parte promovente señaló como actos reclamados, los siguientes: La multa impuesta mediante oficio GN/UOEC/DGSI/CBNL/EMTY/ORI/0856/2021, y su ejecución. De esa manera, si los actos reclamados en la presente vía constitucional los constituyen la multa impuesta a la parte quejosa mediante oficio GN/UOEC/DGSI/CBNL/EMTY/ORI/0856/2021, y su ejecución, impuesta por el Inspector General de la Guardia Nacional de la Coordinación de Batallón de Seguridad en carreteras e instalaciones Nuevo León, estación Monterrey; este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que previamente a la promoción de esta vía constitucional, la parte solicitante del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa respectivo; es decir, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al respecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Asimismo, el artículo 3, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece: "ARTÍCULO 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales; (.)" De los numerales citados, se obtiene, por una parte, que el juicio de amparo es improcedente, entre otras hipótesis, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia, y por otra, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocerá, de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, entre otros, respecto de aquéllas que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones del artículo 3º. En efecto, el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. De lo anterior se sigue que tal medio ordinario de defensa carece de obligatoriedad y que su ejercicio es opcional y, en tal medida, no es exigible para el gobernado, de manera que si decide no agotarlo, tiene expedita la vía ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del juicio de nulidad, en términos del ya citado numeral 3, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así, de la interpretación extensiva, es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para conocer del juicio contencioso administrativo contra las multas por infracción a las normas administrativas federales, como lo es la multa que reclama la parte quejosa que se contiene en el oficio GN/UOEC/DGSI/CBNL/EMTY/ORI/0856/2021. En ese sentido, se reitera, el acto reclamados en esta instancia, es un acto administrativo susceptible de impugnarse mediante la interposición del juicio contencioso administrativo federal en vía sumaria, al tratarse de una multa por infracciones a normas administrativas federales. En tales circunstancias, este Juzgado Federal estima que previamente a impugnar el referido acto de autoridad en la presente instancia constitucional, debió combatirse a través del juicio de nulidad en términos del citado artículo 3, fracción IV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Ello es así, en razón de que como se analizó, por una parte, la referida ley orgánica, en específico su artículo 3º, precisa cuáles son las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos de los que conocerá el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre las cuales se incluye la determinación que por esta vía se impugna. Más aún que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, marzo de dos mil dieciséis, Tomo II, página 1194, del siguiente rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Así como la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 177/2014; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 783, Materia Administrativa, Común, registro digital 2008807, que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." En ese sentido, este órgano jurisdiccional concluye que los actos reclamados pueden ser combatidos mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que lo rige, por lo que resulta inconcuso que la parte accionante previamente a promover la presente instancia constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, por lo que, al ser improcedente la demanda de amparo que se intenta se desecha la misma. Además, es preciso indicar que en el caso no se surte la diversa excepción previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa de igual forma alega cuestiones de legalidad; siendo aplicable, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en la jurisprudencia IX.1o. J/9, consultable en la página 1031, del Tomo XIV, Julio de 2001, Novena Época, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el que sigue: "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional." Así como la diversa jurisprudencia XX. J/1 del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, Materia Común, visible en la página 94, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Asimismo, de la demanda de que se trata, tampoco se aprecia que la parte accionante reclame la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. De igual forma, en el caso no se surte la excepción prevista en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la ley de la materia, que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa referido en párrafos anteriores, cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Lo anterior se considera así, ya que de la lectura del oficio reclamado, que se anexa a la demanda de cuenta, se aprecia que contiene diversos fundamentos y motivos, que, sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten que este Juzgado concluya que el mismo no carece de fundamentación, lo que únicamente haría procedente la excepción de que se trata. Aunado a lo anterior, se advierte que al quejoso no le reviste el carácter de tercero extraño, toda vez que conoce plenamente los motivos y fundamentos legales por los que se impuso la multa reclamada, tan es así que acompaño el oficio relativo. En ese contexto, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Victoriano Macías Leal, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte promovente acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. ....En otro aspecto, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señaló en el escrito que se provee y, se tienen como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alfonso Moctezuma Estrada (cédula 3745304), Pablo Canales Rodríguez (cédula 2574676) y Margarito Ortiz Gómez (cédula 2312770), en virtud de que acreditaron tener debidamente registradas sus cédulas en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito". Se toma nota del correo electrónico proporcionado lic.ortiz700@hotmail.com, como medio alterno para recibir notificaciones personales. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en el presente expediente. Finalmente, hágase de conocimiento de las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEADS/1151/2021, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, funge como titular de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, el suscrito Juez Juan Fernando Alvarado López.
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