Victoriano López Flores

Expediente 975/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
975/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/07/2019

Partes del expediente

  • Victoriano López Flores

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 2.-Villahermosa, Tabasco; diez de julio de dos mil diecinueve. Visto; el oficio de cuenta, signado por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual transcribe un proveído de cinco de los actuales, en el que el referido órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo 975/2019-2 del índice de este juzgado, promovido por Victoriano López Flores, correspondiéndole el diverso 924/2019-V-B; en consecuencia, se ordena el archivo del presente expediente. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente.

  2. Principal

    MESA 7.-VILLAHERMOSA TABASCO VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el once de junio del presente año en la que en el primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada en relación con el numeral 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente por lo que en su caso deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra legalmente concluido de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia devuélvanse al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Comalcalco Tabasco, la copia certificada del expediente original 627/2009 y el cuadernillo del incidente de cancelación de pensión alimenticia.

  3. Principal

    MESA 2.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Victoriano López Flores, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama de la División Comercial Sureste Zona Comercial Villahermosa, de la Comisión Federal de Electricidad con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 20, apartado b, fracción I, y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el número de expediente de amparo 975/2019-2. INCOMPETENCIA LEGAL. Cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de garantías. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: «COMPETENCIA. La competencia de las autoridades es materia de interés público, por lo cual esas mismas autoridades, aun de oficio deben ocuparse del estudio de esa cuestión de manera principal y preferente.» A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: COMPETENCIA EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. Asimismo, el artículo 37, párrafo primero, dispone lo siguiente: «Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido para dilucidar si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver de este asunto conviene precisar que del escrito de demanda se advierte que la quejosa señaló como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: «III. AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORAS. 1.- División Comercial Sureste Zona Comercial Villahermosa de la Comisión Federal de Electricidad. Calle Ignacio allende número 403 colonia centro de la ciudad de Villahermosa Tabasco. COMO EJECUTORAS: 1.- Responsable o Titular de Operación del Centro de Atención a Clientes y Sistemas de Atención, Zona Villahermosa. Calle Ignacio allende número 403, colonia centro de la ciudad de Villahermosa Tabasco. 2.-Responsable Titular del Centro de Atención a Clientes, Zona Pichucalco. Boulevard Porfirio Díaz número 48 colonia centro de la ciudad de Pichucalco, Chiapas. V. ACTO O ACTOS RECLAMADOS: La orden de corte de suministro de energía eléctrica sobre su casa habitación ubicada en la calle Ponciano Rojas sin número, colonia centro en la ciudad de Pichucalco Chiapas. El sistema o cartografía de la base de datos de este ente, en el contrato y recibos se anotó como ubicación de la propiedad en la calle cercana, de nombre Jorge Camacho Vidal número 6 en la misma colonia. Asimismo el quejoso bajo protesta de decir verdad, en el capítulo VI señalado como hechos o abstenciones constitutivos del acto reclamado" del escrito de demanda, manifestó: 2. Que fue notificado del acto reclamado el cuatro de junio de 2019,celebró con la Comisión Federal de Electricidad dos contratos de suministro de energía eléctrica para su casa habitación ubicada en la calle Ponciano Rojas sun número colonia centro en la ciudad de Pichucalco, Chiapas. Con base en lo manifestado y de conformidad con el numeral 37, párrafo primero de la Ley de Amparo el suscrito considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expone. Para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto es necesario que, hallándose éste dentro de la circunscripción territorial de su jurisdicción la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y el diverso 37 párrafo primero de la Ley de Amparo cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda; asimismo cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior, permite diferenciar tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces ante quien se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y en su caso destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. También resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto el caso está regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia. En consecuencia, la competencia legal para conocer del asunto, corresponde al juez de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto que se reclame, esto es, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; toda vez que así se advierte del escrito de demanda que la orden de corte de suministro de energía eléctrica se llevaría a cabo en la casa habitación ubicada en calla Ponciano Rojas sin número, colonia centro en la ciudad de Pichucalco, Chiapas. Lo anterior no obstante, que el aviso de cobro, fue emitido por la División Comercial Sureste, Zona Comercial Villahermosa, de la Comisión Federal de Electricidad; ya que el recorte que reclama se llevó a cabo en aquella ciudad. Tiene aplicación al caso, la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88 del Volumen 217-228, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: «COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Así como el criterio emitido por la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Volumen 199-204, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, en los términos expuestos, cuyo tenor es: COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Por tanto, de lo expuesto en la demanda de amparo, es dable aseverar que el acto reclamado por el peticionario de amparo tendrá ejecución en el Estado de Chiapas y que la competencia legal para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por Victoriano López Flores, contra el acto señalado con antelación, corresponde al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, EN TURNO de conformidad con lo establecido en el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, razón por la cual, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, en su oportunidad y previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio de garantías a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en Tuxtla Gutiérrezpara que por su conducto, lo remita al Juzgado que por razón de turno corresponda conocer del asunto, para que proceda a determinar si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente que informe su decisión a este Juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado a Emmanuel Méndez Vargas, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a los restantes conforme a la parte final del segundo párrafo del citado numeral, en virtud, de que ésta no cuenta con su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído.

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