Victoriano Barrios Cruz
Expediente 314/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 314/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Victoriano Barrios Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, que negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida por la parte quejosa dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) respectivamente, de la disposición administrativa en cita, tanto el original del incidente de suspensión relativo, como el presente expediente son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión, mientras que en el incidente de suspensión condigno se concedió a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva, de lo que deberá conservarse la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto y el presente proveído, así como las determinaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar en el incidente de suspensión respectivo, en su caso, de su violación o incumplimiento. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. En otro orden de ideas, de la certificación secretarial se advierte que en la caja de valores se encuentra el billete de depósito N***, valioso por la cantidad de ****, que se exhibió con objeto de garantizar la suspensión provisional concedida; sin embargo, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se dejó a disposición de la parte agraviada el mencionado billete de depósito por haberse constituido inadecuadamente; sin que la parte quejosa haya acudido ante este órgano jurisdiccional a recibir tal certificado de valor. En consecuencia, infórmese a la parte quejosa que el referido billete continúa a disposición del depositante y a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comenzará a computarse el plazo de dos años para que prescriba a favor de la federación, de conformidad con lo previsto en el numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para el caso en que no acuda a recibirlo. Asimismo, para la entrega del certificado de depósito, durante la pandemia será necesario que se agende una cita, en día martes, entre las 12:30 y las 18:00 horas, en los términos indicados en el Acuerdo 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Finalmente, al resultar innecesario retener la prueba documental que la autoridad responsable juez de control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, remitió como sustento de su informe justificado, consistente en un disco versátil digital (DVD) relativo a la causa penal *** de su estadística, devuélvansele; en el entendido que no se hace necesario requerir el acuse de recibo respectivo, dado que este será recabado por conducto del actuario de la adscripción.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte tercera interesada la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, que dice: "VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 314/2021-5; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado federal en la misma fecha, ***************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se transcriben: "IV. ACTO RECLAMADO: POR LO QUE RESPECTA A LA AUTORIDADES QUE SEÑALO COMO ORDENADORAS: LES RECLAMO LA EMISIÓN DE LA ILEGAL E INFUNDADA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE AL PARECER SE HA LIBRADO EN MI CONTRA. DE LAS AUTORIDADES QUE SEÑALO COMO EJECUTORAS: LES RECLAMO LA CUMPLIMENTACIÓN QUE PRETENDEN DARLE A DICHA ORDEN DE APREHENSIÓN, ASI COMO LOS ACTOS DE MOLESTIA EN MI PERSONA Y MI DOMICILIO." III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: EN CARÁCTER DE AUTORIDADES ORDENADORAS: A) JUEZ DE CONTROL DE ORALIDAD PENAL: DE LA TERCERA REGIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON SEDE EN LA CIUDAD DE CELAYA GTO. CON EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE COMPETEN EN ESTE PARTIDO JUDICIAL DE CELAYA, GTO. B) FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO REGIÓN "C" CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE CELAYA GTO, UBICADO EN HELIOTROPO S/N, COL. LAS FLORES EN ESTA MISMA CIUDAD. EN CARÁCTER DE AUTORIDAD EJECUTORA: C) JEFE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC) DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMPETENTE EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GTO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE HELIOTROPO SIN NUMERO, COL. LAS FLORES, DE ESTA CIUDAD DE CELAYA GTO." En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, el que por auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno (fojas 8 a 10 vuelta), admitió la demanda; formó el expediente y lo registró bajo el número 314/2021-5; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En el propio auto de radicación, se ordenó al juez responsable, para el caso en que fueran ciertos los actos reclamados, practicara los emplazamientos de los terceros interesados. Así, mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado, sede Celaya, remitiendo las constancias de emplazamiento tanto del agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal de donde deriva la orden de aprehensión reclamada, como del ofendido ****************** (foja 38). Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse una orden de aprehensión que tiene efectos de ejecución dentro del ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda de amparo y de su escrito ampliatorio, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: i) La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso el ocho de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal ***************** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Celaya, por el hecho que la ley señala como delito de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 213, en relación con el 213- bis fracciones I, II y IV, así como con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de ***************; y, ii) En vía de consecuencia, la inminente ejecución de dicha orden de captura. Actos reclamados a las siguientes autoridades, en el ámbito de sus atribuciones legales: 1. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya; 2. Fiscal Regional "C"; y 3. Jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones -denominación correcta de la indicada por la parte quejosa como "JEFE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC) DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO-; estas últimas autoridades también residentes en esta localidad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya y al fiscal regional "C", con sede en esta localidad, pues así lo expresaron al rendir su respectivo informe de ley (fojas 21, 26 y 27). Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de la orden de captura reclamada se robustece con la constancia que acompañó el juez responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó el acto reclamado en forma destacada, y algunos 2 Quinta Época, número de registro 1002815, del Apéndice de 2011, tomo II. Procesal constitucional 1. Común primera parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, página 830. de los archivos digitales con los que cuenta la causa penal de origen; documental a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que es una diligencia encomendada por disposición de la ley y por tratarse de disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los 3 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703. integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, la diversa autoridad responsable jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que le reclaman, en lo que en su ámbito de atribuciones corresponde; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, pues se considera que tiene el carácter de autoridad ejecutora y al existir la orden de aprehensión reclamada a la ordenadora, es clara su inminente ejecución. De ahí que se determinen como ciertos los actos que le atribuyen. CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal ************** del índice del Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, en la que se dictó la orden de aprehensión reclamada. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por el juez responsable se encuentra ajustada a Derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo4, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, 4 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: . En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. (.)". para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por la parte quejosa, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del peticionario del amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la parte quejosa, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de la parte quejosa, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)5, emitida por la 5 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014703. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Ahora, como cuestión previa conviene mencionar que la orden de aprehensión constituye un acto de molestia -no así de privación-, por lo cual no se rige por la prerrogativa reconocida por el artículo 14 constitucional relativa a la garantía de audiencia. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión, se dictarán cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, por tanto, no transgrede el principio citado, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista audiencia previa. Máxime, que la orden de aprehensión se rige por el artículo 16 constitucional, y no por el diverso 14 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.6o.P.86 P (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia6". La parte quejosa argumenta en el único concepto de violación que identifica como "PRIMERO", sustancialmente, que la orden de aprehensión infringe el numeral 16 de la constitución, porque no se colman los preceptos legales que rigen el dictado de una orden de aprehensión; tampoco obran datos que establezcan que se ha cometido y hecho delictivo y la probabilidad de que el agraviado participó en su comisión. También menciona que se violenta en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El anterior planteamiento es infundado. Respecto del mandamiento de captura reclamado, es pertinente precisar que el mismo se encuentra regulado por lo dispuesto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los siguientes términos: "Articulo 16. "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." ". No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren 6 Época: Décima Época; Registro: 2015204; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III Materia(s): Penal; Tesis: I.6o.P.86 P (10a.); Página: 1943. datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". En relación a los requisitos de la orden de aprehensión, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 141, 142 y 143, lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. (.). "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, a saber: a) El mandamiento de aprehensión sea emitido por autoridad judicial competente. b) Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que sea sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) Se acredite la necesidad de cautela. Ahora, quien esto resuelve, estima que los requisitos señalados, para el dictado de una orden de aprehensión, en la especie, se encuentran colmados, como enseguida se verá. En efecto, el primer requisito, se satisface, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por autoridad competente como es el juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, pues los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en Celaya, Guanajuato, en donde ejerce jurisdicción por materia y territorio. De igual modo, se satisface el segundo de los requisitos necesarios, para que se gire una orden de aprehensión, como lo es, la denuncia7 de un hecho que la ley señala como delito, la que fue presentada por el ofendido ****************. Tal delito, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213, en relación con el 213-bis fracciones I, II y IV, y con los diversos 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, tienen establecido una pena privativa de libertad. Corrobora lo expuesto, la siguiente transcripción: "Artículo 13.- Obra dolosamente quien quiere la realización del hecho legalmente tipificado o lo acepta, previéndolo al menos como posible." "Artículo 20.- Es autor del delito quien lo realiza por sí, por medio de otro que actúa sin incurrir en delito o con varios en común. 7Minuto 03:30 segundo archivo del audio y video Es partícipe quien sea instigador o cómplice. La punibilidad aplicable al autor podrá agravarse hasta un tercio, cuando realice el delito por medio de un menor de dieciséis años o de una persona incapaz." "Artículo 213.- A quien obtenga un provecho indebido para sí o para otro obligando a otra persona por medio de la violencia a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su perjuicio o en el de tercero, se le aplicará de cuatro a quince años de prisión y de cuarenta a ciento cincuenta días multa. Artículo 213 bis.- La punibilidad señalada en el artículo que antecede se aumentará de una mitad del mínimo a una mitad del máximo, si en la extorsión concurre cualquiera de las siguientes circunstancias: I.- Se cometa por dos o más personas. II.- El sujeto activo se ostente como miembro de un grupo delictivo, independientemente de la existencia o no del mismo. III.- El sujeto activo se encuentre recluido en un centro de prevención o de reinserción social. IV.- El sujeto activo solicite un beneficio por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole. V.- El delito se cometa en contra de una persona menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad; o persona que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o que no tiene capacidad para resistirlo. VI.- El sujeto activo se encuentre ligado por vínculos de confianza, sentimental, laboral, de parentesco, de estrecha amistad, de negocios o por cualquier relación análoga con la víctima. VII.- El sujeto activo sea, haya sido o se ostente como integrante de alguna institución de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas. VIII.- El sujeto activo sea, haya sido o se ostente como servidor público, y haya utilizado los medios o circunstancias derivadas por el ejercicio de sus funciones, para la comisión del delito. IX.- Se utilice arma de fuego. Si el responsable del delito de extorsión es servidor público y lo comete en ejercicio de sus funciones, se impondrá además la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. (.)" Por lo que si el delito de referencia tiene prevista pena privativa de libertad, con ello se satisface el tercero de los requisitos que -constitucional y legalmente- se exigen, para que se gire una orden de aprehensión. Asimismo, como datos de prueba -de acuerdo a lo que se advierte del audio y video de la audiencia de ocho de abril de dos mil veintiuno-, que demuestran la existencia del hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el quejoso lo cometió, por el que se giró la orden de aprehensión, se advierten los siguientes: 1. Entrevista de *******************, quien inicialmente presentó su denuncia el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por tentativa de extorsión; expresó que fue en esa fecha, alrededor de las veintiún horas que se encontraba en su domicilio, ubicado en ****************** de esta ciudad, cuando se percató que arrojaron un sobre amarillo, cerrado, dirigido a él; al abrirlo, contenía un mensaje del Cartel Jalisco Nueva Generación, con las iniciales "CJNG", "Que tal *******************. El motivo de este recado es por cuestión de cuotas por este año", le pedían que no lo tomara como un juego, que sabían todos sus movimientos, lo de sus negocios y que era muy inteligente, que no se metiera en problemas y que colaborara con ellos; que siguiera las instrucciones al pie de la letra y que debía comunicarse al número telefónico **************** el veinte de marzo siguiente a las nueve de la mañana; al final del mensaje decía "Atentamente, FEM Fuerzas Especiales Mencho. Amigo discreción por su bien y por su gente. Cartel Jalisco Nueva Generación". Agregó que al ver esta nota, verificó las cámaras al exterior de su domicilio y se percataron de la presencia de una persona del género masculino, de una edad de treinta años, aproximadamente 1.70, robusto, cabello corto, vestido con un pantalón de mezclilla y camisa blanca, quien metió el sobre por la puerta. Agregó que esa no era la primera ocasión que lo extorsionaban, ya que en el mes de septiembre de dos mil veinte, también había recibido llamadas telefónicas por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes le habían exigido el pago de una cuota, ocasión en la que entregaron la cantidad de ciento ochenta mil pesos, en un camino de terracería que se encuentra por el ************, ocasión en la que llegaron tres personas, un hombre y dos mujeres, proporcionando las características físicas de esas personas, agregando que si las volviera a ver las reconocería. Que después de que entregó esa cantidad, le volvieron a llamar exigiéndole la cantidad de ******************, la cual ya no entregó. Añadió que su actividad es el comercio, dedicándose a la venta de semillas, frijol y azúcar y tiene un negocio en la colonia ***************** de esta ciudad; que tenía mucho miedo que le pasara algo a él o a su familia. Ampliación de entrevista del ofendido, de veintidós de marzo de dos mil veinte, en la que puso a disposición de la autoridad investigadora el sobre que dejaron en su domicilio; agregó que el veinte de marzo de dos mil veintiuno, recibió mensajes de texto del número telefónico ****************, en los que exhibió las capturas de pantalla, donde lo amenazan con que tendría que cerrar su negocio; que levantarían a su gente y que no los volvería a ver. 2. Informe pericial ************** suscrito por la perito *******************, quien realizó la fijación del mensaje dejado en el domicilio del ofendido. 3. Descripción de un video realizada por el agente de Investigación Criminal ******************* en el que se hace constar que aparece visible una persona del género masculino quien deja un sobre color amarillo y lo coloca debajo de una puerta, retirándose del lugar; lo anterior en fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. 4. Ampliación de entrevista de cinco de abril de dos mil veintiuno, realizada al ofendido ********************, quien refiere que en esa fecha, continuó recibiendo llamadas telefónicas, por parte del número ********** el cual es el mismo que le habían dejado en la nota; en esta ocasión le empiezan a exigir nuevamente los *********************, que si no los pagaba "iban a ir a quemar su puto negocio de mierda"; que no eran aboneros, que querían la cantidad completa que si no lo entregaba iban a levantar a su familia y se la entregarían en pedazos y les dijo que haría lo posible por conseguir ese dinero; llamadas de las que agregó capturas para constancia de la fecha y hora en que fueron realizadas. 5. Ampliación de entrevista de seis de abril de la misma anualidad, también del ofendido, en la que agregó que en esa data, a las nueve horas recibió otra llamada de un diverso número telefónico *************** que este número lo guardo como "Estor"; en esta llamada le preguntan que había pensado del dinero y les indicó que no había podido juntar la cantidad, pero que le diera oportunidad de entregar ****************** pesos que había juntado; el sujeto de la llamada le indicó que en un rato más le marcaría para darle la ubicación donde debía entregar el dinero; posteriormente, recibió otra llamada donde le expresaron el lugar en el que debía dejar el dinero, siendo este el conocido como "**************", ubicado entre ***********************. Se informó al ofendido de la operatividad que pudiera realizar con los agentes de investigación criminal e indicó que si era su deseo entregar el dinero; que iría acompañado de su esposa e hijo, conjuntamente con los elementos policiacos. 6. Llamada telefónica recibida a las 13:26 horas del mismo seis de abril de dos mil veintiuno, por parte de un agente de Investigación Criminal, en la que dejaron a disposición a ***************, por delito de extorsión y otro. 7. Puesta a disposición realizada por los agentes de Investigación Criminal ***************, en el que indicaron que el seis de abril de dos mil veintiuno, recibieron un oficio donde se les solicitó la operatividad para el resguardo de una persona al momento en que fuera entregar el dinero en efectivo que le habían solicitado con motivo de una extorsión; por tanto, *************** se entrevistó con el ofendido quien le dio a conocer los pormenores de los hechos narrados con antelación; también le informó que llevaba consigo ************** pesos, cantidad que había conseguido, los que colocó en una bolsa de plástico color negro en dos paquetes, en billetes de diversas denominaciones (quinientos, doscientos y un billete de cien); a las diez horas con veinte minutos, el ofendido salió de la fiscalía rumbo a la Corona, en compañía de su esposa e hijo en un vehículo particular *****************, color amarillo así como con el agente *******************; también se indicó la forma en que se distribuyeron el resto de los agentes, en tres unidades oficiales ****************; al llegar a la corona, el ofendido recibió otra llamada donde le ordenaron que se dirigiera al hotel *************; ya estando en ese lugar, le indicaron que se fuera hacia el canal y que diera la vuelta en el primer camino de terracería que encontrara (en el canal de aguas negras); por lo que el agente que acompañaba al ofendido informa lo anterior al resto de las unidades. Se dirigieron al lugar indicado (donde se ubica la colonia el ************* en esta ciudad), paralelo a la carretera de cuota; en ese momento le informan al ofendido que "traía cola", ya que habían observado a dos camionetas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado pero él contestó que no, que solo iba con su familia; le indicaron que se dirigiera a un mezquite, donde se encontraba una llanta, lugar donde debería colocar el dinero, información que fue proporcionada al resto de las unidades. Una vez en el lugar indicado, el ofendido recibió otra llamada y les dijo que ya estaba en ese lugar, pero que ahí se encontraban otras personas por lo que si dejaba el dinero ahí se lo podrían robar, por lo que le indicaron que se regresara por el mismo camino, diera vuelta en "U" en el mismo canal y ahí llegaría a un lugar de venta de "gorditas"; le dijeron también que traía cola; que llegara a la ******************, en el primer retorno, con dirección a San Miguel de Allende, en la esquina del camino que conduce a la comunidad de Camargo, ahí encontraría el puesto de gorditas; que en ese lugar encontraría a un masculino con camisa azul manga corta, y pantalón de mezclilla color obscuro quien le daría las indicaciones. El ofendido realizó lo que le ordenaron y al llegar al lugar observaron al sujeto descrito; esta persona hablaba por teléfono y el ofendido refirió que a ese sujeto lo conoce como *********************, ya que tiene un local en el mercado del Dorado; que bajó los cristales de las ventanillas y observaron que ************* dejó de hablar por teléfono, se acercó a la ventana del copiloto y le dice "(.) dale para adelante cabrón, ahorita te vuelven a marcar, no quiero mamadas, pagas la cuota el cartel Jalisco te está vigilando, sabe todos tus movimiento"; por tanto, el ofendido continuó conduciendo; le volvieron a marcar al celular y le ordenaron que circule con dirección a San Miguel de Allende; que en el primer puente peatonal cerca de donde hay unos mariscos, dé vuelta en "U" en el camino de terracería y en el primer árbol detrás de la gasolinera ahí estarían para entregar el dinero; información que el elemento de investigación proporciona al resto de las unidades, las que se posicionan en diversos puntos y el ofendido recibe una llamada y les indica que ya está en el lugar, donde esperaron alrededor de cincuenta minutos, hasta que llegó un sujeto a bordo de una motocicleta con dos mujeres que coincidían con las características que les habían proporcionado; el ofendido recibe otra llamada del número telefónico ****************, diferente al resto de los números de donde le habían llamado, en donde le dijeron que bajara del vehículo "si no te chingaremos con todo y tu familia"; por lo que así lo hizo, y caminó hacia la camioneta; una de las mujeres que vestía blusa color verde, que ahora saben responde al nombre de *************** le dijo que iban por la cuota, que cuánto dinero había juntado y le respondió que solo ********** pesos; la segunda mujer que vestía playera amarillo con rosa, que ahora saben responde al nombre de ************* le dijo, "esta no es la cuota completa, te faltan ****************, tienes una semana para conseguirla si no te carga la verga a ti y a tu familia"; en ese momento, ****************** sacó un arma de fuego que traía fajada a la cintura, la que observan es corta, de color obscuro y le apuntó al ofendido y le dijo "esto no es un juego, somos el Cartel Jalisco Nueva Generación; se te pidió la cuota completa de este año y no la pagaste cabrón, este asunto sigue hasta que pagues la cuota, el año pasado nos pagaste más"; todo lo anterior lo informó el agente que iba en el vehículo a sus compañeros y que por razones de seguridad en ese momento los agentes no acudieron al lugar; el ofendido entregó el dinero, el masculino tomó la bolsa, guardó el dinero y el arma de fuego; el masculino abordó una bicicleta y las dos mujeres a pie; posteriormente, el agente que se encontraba en el vehículo del ofendido les informó a sus compañeros que ya no existía ningún riesgo para el ofendido ni su familia, por lo que tres elementos que se encontraban en el lugar, escondidos en unos árboles ***************************** salieron, les marcan el alto y les dieron alcance; al sujeto de nombre **********************, al que le fue localizado una réplica de un arma de fuego corta, siendo esta una pistola de aire comprimido, así como una bolsa de plástico color negro, con diverso billetes de quinientos, doscientos y uno de cien pesos, y un teléfono celular de la marca Alcatel; a ******************* se les localizó, a cada una, dos bolsas de plástico con sustancia granulada color azul; a esta ultima un teléfono marca ************* y se les indicó el motivo de su detención. 8. Ampliación de la entrevista del ofendido ****************, quien sustancialmente narró los hechos ocurridos del seis de abril de dos mil veintiuno, expuestos en el oficio de puesta a disposición que antecede. Asimismo, agregó la captura de la última llamada que recibió en esa fecha, donde se aprecia el número telefónico ******************. 9. Entrevistas de *************** y su hijo **********************, esposa e hijo del ofendido, quienes sustancialmente expresaron los hechos narrados por el ofendido, ocurridos el seis de abril de dos mil veintiuno, así como los antecedentes del hecho y lo relativo a una extorsión sufrida en el año dos mil veinte. 10. Informe pericial **************** suscrito por la perito criminalista *******************, quien realizó la fijación de la bicicleta color negro, tipo turismo, leyenda Benotto, así como de los envoltorios localizados a los detenidos, y la bolsa de plástico color negro con doscientos veintidós billetes de doscientos pesos; ciento once billetes de quinientos pesos y un billete de cien pesos, así como un arma corta de color negro con la leyenda "Powerline". 11. Informe pericial ************** suscrito por el perito criminalista ***************** respecto de la fijación del arma corta con la leyenda "Powerline", así como su descripción y características de la misma, en la que concluyó que se trata de una pistola de aire comprimido, la cual puede causar daño si se usa como tal en contra de un ser vivo; es un objeto con características similares a un arma de fuego que a simple vista puede parecer real y utiliza municiones de 4.5 milímetros de acero, conocidos como "balines"; es de tiro, tipo deportivo, pero usada en contra de una persona puede causar lesiones. 12. Avance de investigación realizada por el agente ***************, quien informó a la fiscalía que el siete de abril de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación *************** de la Agencia del Ministerio Público número 3 de Tramitación Común en esta ciudad de Celaya, se llevó a cabo la ejecución de un cateo en el domicilio ubicado en calle ******************* en esta ciudad, donde se encontraron diversos envoltorios que contenían sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal; así como el aseguramiento de diversos documentos en los que se hace alusión a los hechos que se investigan; además, que se recabó la entrevista de la persona de nombre *************, quien informó la identidad de ***********, adjuntando la CURP de esta persona, con fecha de nacimiento de ***************, originario de Puebla, de treinta y cuatro años de edad, con domicilio en **************** de esta ciudad; hijo de **************** y de ****************. 13. Copias de los indicios de la carpeta de investigación número ***************, en las que destacan la fijación de objetos que se localizan en ese inmueble, tales como dos hojas de papel color blanco con las letras CJNG y al reverso la leyenda impresa "Señor *************** hijo de tu puta madre, te valió verga que cumplieras con lo que se te dijo en el sobre, ahora te va a cargar la verga a ti y a tu familia, vamos a quemar tu puto negocio con tu familia adentro. Atentamente Cartel Jalisco grupo Elite", así como una hoja con un número ***************, bodega chiles y otro número *******************. 14. Entrevista de *****************, a quien se le hizo de conocimiento el contenido del artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales y quien refirió medularmente que él vive en domicilio en ***************** de esta ciudad; que el siete de abril él se encontraba en ese lugar cuando tuvo verificativo el cateo; agregó que en un cuarto de la segunda planta donde habita su hija ************** con su pareja ************, quienes tienen tres hijos, dos de ellas de ************; que tiene conocimiento que detuvieron a ************ y a ***************, ambas de apellidos ***************** el seis de abril anterior; que ese mismo día, acudió ****************** al domicilio y le indicó que ya los habían agarrado en la movida de la extorsión; que le preguntó a qué se refería y dijo que estaba ganando buen dinero pidiéndole a la gente dinero, pero que un "jale no había salido bien"; que el declarante le dijo que se quedara a apoyar a ************* pero ************* le dijo que se tenía que ir a Puebla, porque seguramente lo iban a estar buscando por esos hechos; agregó que sabe que utiliza como teléfonos los números *************** y ******************. Ahora lo que precede, implica que tales datos de prueba evidencian, hasta este momento, la existencia del hecho que la ley señala como delito de extorsión y que existe la probabilidad de que el hoy quejoso participó en su comisión, y con ello, se satisface, el cuarto de los requisitos indispensables para que se gire una orden de aprehensión. Es así, puesto que, como bien lo señaló el juez responsable, de tales datos de prueba que reseñó la Ministerio Público, admitiendo su razonabilidad, permiten establecer que existe la probabilidad de que el imputado ahora quejoso, participó en el hecho que la ley señala como delito de extorsión. Lo anterior, encuentra sustento, medularmente con las entrevistas del ofendido, quien señaló que fue el día diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, que recibió en su domicilio un sobre cerrado color amarillo; tal sobre tenía un mensaje que decía que eran del Cartel Jalisco Nueva Generación, donde se le exigía el pago de una cuota respecto del año dos mil veintiuno, que de lo contrario las cosas se pondrían muy feas; que tenía que cooperar por las buenas o por las malas y que llamara al número ahí indicado. Que a partir de ese momento, comenzó a recibir llamadas telefónicas de diversos números con la finalidad de que entregara el numerario exigido (*************** pesos). Que una vez que se acordó lugar, fecha y hora para la entrega del numerario, el ofendido tuvo a la vista a quien conoce como ************, quien se acercó a la ventanilla del vehículo conducía y le expresó ". dale para adelante cabrón; ahorita te van a marcar. No quiero tus mamadas. Vas a apagar la cuota, ya sabes que el Cartel Jalisco te está vigilando y sabe todos tus movimientos". Lo que antecede se corroboró con las entrevistas de ************ y su hijo *************, esposa e hijo del ofendido, quienes sustancialmente expresaron los hechos narrados por el ofendido, ocurridos el seis de abril de dos mil veintiuno. También se adminiculó con el informe pericial ************** suscrito por la perito *************, quien realizó la fijación del mensaje dejado en el domicilio del ofendido; con la descripción de un video realizada por el agente de Investigación Criminal ****************, en el que se hace constar que aparece visible una persona del género masculino quien deja un sobre color amarillo y lo coloca debajo de una puerta, retirándose del lugar; con la puesta a disposición realizada por los agentes de Investigación Criminal *************** y otros, respecto ***************, en donde se narra detalladamente el operativo y las circunstancias en que fueron detenidas dichas personas y cómo participó el hoy agraviado en la mecánica de esos hechos ocurridos el seis de abril de dos mil veintiuno. Al igual que con el avance de investigación realizada por el agente **************, quien informó a la fiscalía que el siete de abril de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación *************** de la Agencia del Ministerio Público número 3 de Tramitación Común en esta ciudad de Celaya, se llevó a cabo la ejecución de un cateo en el domicilio ubicado en calle **************** en esta ciudad; donde se encontraron documentos en los que se hace alusión a los hechos que se investigan. Así como con la entrevista de la persona de nombre **************, quien que habita en el domicilio cateado e informó la identidad de **************, así como otros datos generales de dicha persona; agregó que el siete de abril él se encontraba en ese lugar cuando tuvo verificativo el cateo; que en un cuarto de la segunda planta donde habita su hija *************** con su pareja *************, quienes tienen tres hijos, dos de ellas de ************; que tiene conocimiento que detuvieron a *************** y a **************, ambas de apellidos ************** el seis de abril anterior; que ese mismo día, acudió ************ al domicilio y le indicó que ya los habían agarrado en la movida de la extorsión, que un "jale no había salido bien"; que ************* le dijo que se tenía que ir a Puebla, porque seguramente lo iban a estar buscando por esos hechos; debidamente adminiculado con las copias de los indicios de la carpeta de investigación número ****************, en las que destacan la fijación de objetos que se localizan enese inmueble, tales como dos hojas de papel color blanco con las letras CJNG y al reverso la leyenda impresa "Señor ***************** hijo de tu puta madre, te valió verga que cumplieras con lo que se te dijo en el sobre, ahora te va a cargar la verga a ti y a tu familia, vamos a quemar tu puto negocio con tu familia adentro. Atentamente Cartel Jalisco grupo Elite", así como una hoja con un número **************, bodega chiles y otro número ******************. De ahí que este juzgado considera legal la resolución de la juez de control; además, como correctamente lo consideró la juez de control, la conducta atribuida fue cometida de manera dolosa, pues no se advierte otro tipo de actuación, sino con intención de verificar la conducta, y con el carácter de autor material. Asimismo, cabe hacer notar que hasta esta etapa procesal, no se actualiza alguna causa de exclusión del delito o extinción de la acción (artículo 33 del Código Penal para el Estado de Guanajuato y 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente). Por otra parte, cabe señalar que el juez de control precisó que la necesidad de cautela que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer comparecer al inculpado a través de una orden de aprehensión, para que le sea formulada la imputación; lo que se encuentra justificado, en virtud del peligro que existe para la víctima *********************, dado que el imputado conoce la ubicación exacta de su domicilio, así como de su negocio y quiénes son los miembros de su familia, habida cuenta que las amenazas que estuvo recibiendo estaban encaminadas a practicarles diversos daños a sus bienes, así como lesiones o la muerte al ofendido y a su familia. De igual manera, el juez responsable ponderó que conforme de la entrevista a *************** -papá de la pareja sentimental del quejoso, y cohabitante del domicilio de este-, se obtiene que el imputado ingresó a su domicilio tomo algunas prendas y objetos personales y se retiró señalando que se iba a otra ciudad -Puebla- porque seguramente lo iban a estar buscando a raíz de la detención de su pareja sentimental y otros; que ese dato de prueba patentiza la intención de sustraerse a la acción de la justicia y de que ya no resida en el domicilio habitual o en la ciudad. En ese orden de ideas, el juez estimó que a raíz de esas circunstancias, es muy probable que el quejoso no se presente de manera voluntaria a enfrentar los cargos imputados. De ahí que se cumpla el quinto y último los requisitos señalados. En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto, que se girara la orden de aprehensión en contra del imputado hoy quejoso, por la probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 213, en relación con el 213- bis fracciones I, II y IV, así como con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de ****************. Máxime que respecto de la orden de aprehensión, de una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica y la valoración de aquellos elementos en lo individual y global, que han servido de basamento, y que son suficientes para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, e incluso, la probable comisión por parte del aquí quejoso. Lo que denota que el juez de control responsable sí fundó y motivó debidamente la resolución reclamada que dictó en la audiencia privada de *****************, dentro de la subyacente causa penal *****************. Así, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a/J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los siguientes términos: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.". En esa tesitura, se estima apegada a Derecho la resolución materia del acto reclamado, puesto que, al menos por ahora, existen datos de prueba que evidencian la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 213, en relación con el 213-bis fracciones I, II y IV, así como con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de *****************, lo cual es jurídicamente suficiente, para sustentar la orden de aprehensión, toda vez que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, solo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De igual modo, cabe destacar que -respecto a la valoración de los datos de prueba-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010 (de donde derivó la invocada jurisprudencia 1a./J. 64/201), determinó que los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión conforme al sistema procesal penal de corte acusatorio, no son los mismos que se exigían anteriormente (sistema tradicional o mixto). El Alto Tribunal del País (Primera Sala) consideró que desde la reforma constitucional de dos mil ocho, se determinó la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose solo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió. También sostuvo que se impide a los jueces del proceso oral revisar las actuaciones realizadas en la indagatoria para que no prejuzguen, en atención al principio de igualdad y contradicción. De manera que la base resulta ser la razonabilidad de los argumentos del Ministerio Público. En concordancia con lo anterior, cabe reiterar que en el Código Nacional de Procedimientos Penales ha sido establecido que la orden de aprehensión se debe dictar conforme a datos y la solicitud en la relación de hechos sustentados en los registros correspondientes. Así, para el dictado de una orden de aprehensión basta que el Ministerio Público mencione los datos de la carpeta de investigación y relacione los hechos con los registros correspondientes, lo que se garantiza con el principio de lealtad procesal que rige su actuación, conforme al artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales8. Del mismo modo, se establecieron como características de la carpeta de investigación, las siguientes: 8 "Artículo 128. Deber de lealtad El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones." 1. Que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permiten fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del juez. 2. Por ello, el valor probatorio de los datos contenidos en la carpeta de investigación no se impone por la ley, pues corresponderá al juzgador en la etapa correspondiente, otorgárselo o negárselo, frente a cualquier otro dato que se ofrezca por el imputado con el fin de contradecir aquellos. También se precisó que la función del juez de control es verificar o controlar la investigación que se realiza previamente al juicio, velando por la protección o ejercicio de los derechos de todas las partes e intervinientes, a fin de evitar la afectación de un derecho fundamental y resolver con objetividad todos los conflictos que se presentan entre estos en dicha etapa y para tal efecto presidirá y presenciará en su integridad el desarrollo de las audiencias, sin que pueda delegar sus funciones. De lo que se obtiene que se flexibilizaron los requisitos y se disminuyó la exigencia probatoria para conceder una orden de aprehensión. 9 9 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.1o.8 P(10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Sin embargo, si el acto reclamado es una orden de aprehensión dictada dentro del sistema penal acusatorio, en la que el Juez de control valoró sólo los datos de prueba que hizo de su conocimiento el Ministerio Público, es inconcuso que el Juez de Distrito debe limitarse a analizar éstos, porque, de considerar otros elementos probatorios, vulneraría Sin embargo, se debe destacar, que ello no implica que el órgano de control al emitir su determinación incurra en vaguedad, pues el objeto de la motivación en las resoluciones judiciales es permitir al ciudadano conocer las razones de la afectación que se le impone y garantizar su control a través de las instancias de impugnación correspondientes. De manera que no obstante que el juez de origen no cuente con la carpeta de investigación, sino solo con el relato realizado por el Ministerio Público al solicitar la emisión de orden de aprehensión, ello no es motivo para que la autoridad judicial soslaye señalar cuáles son los hechos que se le atribuyen al inculpado y que están señalados como delito por la ley. De tal manera que a fin de cumplir con la debida motivación de la orden de aprehensión que se reclama, el juzgador debe señalar en la resolución correspondiente cuáles son los hechos que se atribuyen al implicado y que la ley considera como delitos sancionados con pena privativa de libertad y la posibilidad de su participación en la comisión de los mismos. Máxime que de conformidad con la parte final del tercer párrafo del artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control no concederá la orden de aprehensión cuando los hechos que señale el Ministerio Público no resulten constitutivos de delito, lo que de suyo implica el el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales." mandato para que la autoridad judicial analice los hechos expuestos por la autoridad investigadora de conformidad con los datos de prueba a fin de que pueda establecerse la comisión de ese hecho y la probable intervención del aquí quejoso en el mismo. Exigencias que en la especie, este órgano federal estima satisfechas, pues con base en los datos de prueba relacionados por el representante social, el juez consideró que aquellos establecen razonablemente que se cometieron los hechos considerados por la ley como delito de extorsión, y la probabilidad que el imputado los cometió o participó en su comisión; tal como se precisó en párrafos que anteceden. De ahí lo infundado de los motivos de inconformidad en examen. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, en contra de la resolución reclamada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, porque estos no reclamaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender del acto reclamado a la autoridad judicial ordenadora. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a *****************, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, indicados en considerando segundo; por las razones expuestas en el último considerando de este fallo."
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 314/2021-5; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado federal en la misma fecha, ***************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se transcriben: "IV. ACTO RECLAMADO: POR LO QUE RESPECTA A LA AUTORIDADES QUE SEÑALO COMO ORDENADORAS: LES RECLAMO LA EMISIÓN DE LA ILEGAL E INFUNDADA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE AL PARECER SE HA LIBRADO EN MI CONTRA. DE LAS AUTORIDADES QUE SEÑALO COMO EJECUTORAS: LES RECLAMO LA CUMPLIMENTACIÓN QUE PRETENDEN DARLE A DICHA ORDEN DE APREHENSIÓN, ASI COMO LOS ACTOS DE MOLESTIA EN MI PERSONA Y MI DOMICILIO." III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: EN CARÁCTER DE AUTORIDADES ORDENADORAS: A) JUEZ DE CONTROL DE ORALIDAD PENAL: DE LA TERCERA REGIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON SEDE EN LA CIUDAD DE CELAYA GTO. CON EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE COMPETEN EN ESTE PARTIDO JUDICIAL DE CELAYA, GTO. B) FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO REGIÓN "C" CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE CELAYA GTO, UBICADO EN HELIOTROPO S/N, COL. LAS FLORES EN ESTA MISMA CIUDAD. EN CARÁCTER DE AUTORIDAD EJECUTORA: C) JEFE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC) DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMPETENTE EN ESTA CIUDAD DE CELAYA, GTO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE HELIOTROPO SIN NUMERO, COL. LAS FLORES, DE ESTA CIUDAD DE CELAYA GTO." En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, el que por auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno (fojas 8 a 10 vuelta), admitió la demanda; formó el expediente y lo registró bajo el número 314/2021-5; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. En el propio auto de radicación, se ordenó al juez responsable, para el caso en que fueran ciertos los actos reclamados, practicara los emplazamientos de los terceros interesados. Así, mediante proveído de ocho de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el estado, sede Celaya, remitiendo las constancias de emplazamiento tanto del agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal de donde deriva la orden de aprehensión reclamada, como del ofendido ****************** (foja 38). Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse una orden de aprehensión que tiene efectos de ejecución dentro del ámbito territorial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda de amparo y de su escrito ampliatorio, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tienen como actos reclamados: i) La orden de aprehensión dictada en contra del quejoso el ocho de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal ***************** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, sede Celaya, por el hecho que la ley señala como delito de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 213, en relación con el 213- bis fracciones I, II y IV, así como con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de ***************; y, ii) En vía de consecuencia, la inminente ejecución de dicha orden de captura. Actos reclamados a las siguientes autoridades, en el ámbito de sus atribuciones legales: 1. Juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya; 2. Fiscal Regional "C"; y 3. Jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones -denominación correcta de la indicada por la parte quejosa como "JEFE DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC) DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO-; estas últimas autoridades también residentes en esta localidad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya y al fiscal regional "C", con sede en esta localidad, pues así lo expresaron al rendir su respectivo informe de ley (fojas 21, 26 y 27). Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de la orden de captura reclamada se robustece con la constancia que acompañó el juez responsable a su informe justificado, relativa a la copia encriptada del audio y video de la audiencia donde se dictó el acto reclamado en forma destacada, y algunos 2 Quinta Época, número de registro 1002815, del Apéndice de 2011, tomo II. Procesal constitucional 1. Común primera parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, página 830. de los archivos digitales con los que cuenta la causa penal de origen; documental a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que es una diligencia encomendada por disposición de la ley y por tratarse de disco óptico en formato de videograbación (DVD), considerado como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los 3 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703. integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, la diversa autoridad responsable jefe de Célula de la Dirección General de Investigaciones con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que le reclaman, en lo que en su ámbito de atribuciones corresponde; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, pues se considera que tiene el carácter de autoridad ejecutora y al existir la orden de aprehensión reclamada a la ordenadora, es clara su inminente ejecución. De ahí que se determinen como ciertos los actos que le atribuyen. CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Los conceptos de violación son infundados. En el presente asunto es factible que opere la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, toda vez que se trata del imputado en la causa penal ************** del índice del Juzgado de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, en la que se dictó la orden de aprehensión reclamada. Sin embargo, en la especie no se advierte violación en contra de los derechos del peticionario de amparo, pues se considera por parte de este órgano jurisdiccional que la determinación asumida por el juez responsable se encuentra ajustada a Derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo4, la suplencia de la deficiencia de la queja solo debe expresarse en las sentencias, cuando derive de un beneficio. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: a) Carece de sentido y fin práctico que en suplencia de la queja se realice una labor integradora de argumentos defectuosos o ante su omisión absoluta, 4 "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: . En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. (.)". para concluir que no son aptos para demostrar la inconstitucionalidad del acto y se niegue el amparo; b) Que resultaría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional, que el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió; c) Que si el juzgador no advierte razón o motivo de inconstitucionalidad del acto reclamado, no hay necesidad alguna de suplir la deficiencia de la queja; y d) Que si bien la suplencia de la deficiencia de la queja puede ser total, no debe ser absoluta y ciega para aplicarla en cualquier caso, sino solo en aquellos donde el juzgador la considere útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo. Por tanto, en el presente caso, solo se estudiará la determinación reclamada a la luz de las consideraciones debatidas por la parte quejosa, sin que para ello sea necesario realizar un estudio oficioso de cuestiones no controvertidas, en virtud de que con ello tampoco se obtendría un resultado favorable, dado que, como se precisó, no se advierte que la resolución reclamada viole algún derecho humano del peticionario del amparo. Sin que la falta de pronunciamiento o no expresión del estudio en suplencia de la queja de manera oficioso sobre aspectos que no forman parte de los conceptos de violación, implique necesariamente que no se haya hecho, sino simplemente significa que no debe quedar plasmado en la sentencia por tratarse de consideraciones que no benefician a la parte quejosa, de manera que resultan innecesarias para motivar el presente fallo. Aunado a que el principio de justicia completa, reconocido en el artículo 17 constitucional y aplicable también en las sentencias de amparo, exige que la autoridad que conozca de un asunto, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario y se garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón. Por consiguiente, basta con que los aspectos debatidos por las partes, encuentren el pronunciamiento correspondiente con la suficiente motivación, para considerar cumplida la referida exigencia constitucional, sin que para ello sea necesario demostrar en la argumentación del fallo el estudio de cuestiones no debatidas en el juicio de amparo, cuando con ello no se obtendría un resultado favorable. En consecuencia, tomando en consideración que no se advierte violación a derechos humanos de la parte quejosa, en la determinación reclamada, únicamente se resolverá si le asiste o no razón a partir de los conceptos de violación que formula. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.)5, emitida por la 5 Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014703. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Ahora, como cuestión previa conviene mencionar que la orden de aprehensión constituye un acto de molestia -no así de privación-, por lo cual no se rige por la prerrogativa reconocida por el artículo 14 constitucional relativa a la garantía de audiencia. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión, se dictarán cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, por tanto, no transgrede el principio citado, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista audiencia previa. Máxime, que la orden de aprehensión se rige por el artículo 16 constitucional, y no por el diverso 14 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.6o.P.86 P (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia6". La parte quejosa argumenta en el único concepto de violación que identifica como "PRIMERO", sustancialmente, que la orden de aprehensión infringe el numeral 16 de la constitución, porque no se colman los preceptos legales que rigen el dictado de una orden de aprehensión; tampoco obran datos que establezcan que se ha cometido y hecho delictivo y la probabilidad de que el agraviado participó en su comisión. También menciona que se violenta en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El anterior planteamiento es infundado. Respecto del mandamiento de captura reclamado, es pertinente precisar que el mismo se encuentra regulado por lo dispuesto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los siguientes términos: "Articulo 16. "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." ". No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren 6 Época: Décima Época; Registro: 2015204; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III Materia(s): Penal; Tesis: I.6o.P.86 P (10a.); Página: 1943. datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". En relación a los requisitos de la orden de aprehensión, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece en sus artículos 141, 142 y 143, lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. (.). "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De los artículos mencionados, se desprenden los requisitos que debe observar una autoridad judicial para el dictado de una orden de aprehensión, a saber: a) El mandamiento de aprehensión sea emitido por autoridad judicial competente. b) Debe preceder denuncia, acusación o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que sea sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. d) Que existan datos que acrediten un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. e) Se acredite la necesidad de cautela. Ahora, quien esto resuelve, estima que los requisitos señalados, para el dictado de una orden de aprehensión, en la especie, se encuentran colmados, como enseguida se verá. En efecto, el primer requisito, se satisface, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por autoridad competente como es el juez de Control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, pues los hechos sometidos a su conocimiento, acontecieron en Celaya, Guanajuato, en donde ejerce jurisdicción por materia y territorio. De igual modo, se satisface el segundo de los requisitos necesarios, para que se gire una orden de aprehensión, como lo es, la denuncia7 de un hecho que la ley señala como delito, la que fue presentada por el ofendido ****************. Tal delito, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213, en relación con el 213-bis fracciones I, II y IV, y con los diversos 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, todos del Código Penal para el Estado de Guanajuato, tienen establecido una pena privativa de libertad. Corrobora lo expuesto, la siguiente transcripción: "Artículo 13.- Obra dolosamente quien quiere la realización del hecho legalmente tipificado o lo acepta, previéndolo al menos como posible." "Artículo 20.- Es autor del delito quien lo realiza por sí, por medio de otro que actúa sin incurrir en delito o con varios en común. 7Minuto 03:30 segundo archivo del audio y video Es partícipe quien sea instigador o cómplice. La punibilidad aplicable al autor podrá agravarse hasta un tercio, cuando realice el delito por medio de un menor de dieciséis años o de una persona incapaz." "Artículo 213.- A quien obtenga un provecho indebido para sí o para otro obligando a otra persona por medio de la violencia a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su perjuicio o en el de tercero, se le aplicará de cuatro a quince años de prisión y de cuarenta a ciento cincuenta días multa. Artículo 213 bis.- La punibilidad señalada en el artículo que antecede se aumentará de una mitad del mínimo a una mitad del máximo, si en la extorsión concurre cualquiera de las siguientes circunstancias: I.- Se cometa por dos o más personas. II.- El sujeto activo se ostente como miembro de un grupo delictivo, independientemente de la existencia o no del mismo. III.- El sujeto activo se encuentre recluido en un centro de prevención o de reinserción social. IV.- El sujeto activo solicite un beneficio por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole. V.- El delito se cometa en contra de una persona menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad; o persona que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o que no tiene capacidad para resistirlo. VI.- El sujeto activo se encuentre ligado por vínculos de confianza, sentimental, laboral, de parentesco, de estrecha amistad, de negocios o por cualquier relación análoga con la víctima. VII.- El sujeto activo sea, haya sido o se ostente como integrante de alguna institución de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas. VIII.- El sujeto activo sea, haya sido o se ostente como servidor público, y haya utilizado los medios o circunstancias derivadas por el ejercicio de sus funciones, para la comisión del delito. IX.- Se utilice arma de fuego. Si el responsable del delito de extorsión es servidor público y lo comete en ejercicio de sus funciones, se impondrá además la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. (.)" Por lo que si el delito de referencia tiene prevista pena privativa de libertad, con ello se satisface el tercero de los requisitos que -constitucional y legalmente- se exigen, para que se gire una orden de aprehensión. Asimismo, como datos de prueba -de acuerdo a lo que se advierte del audio y video de la audiencia de ocho de abril de dos mil veintiuno-, que demuestran la existencia del hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el quejoso lo cometió, por el que se giró la orden de aprehensión, se advierten los siguientes: 1. Entrevista de *******************, quien inicialmente presentó su denuncia el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por tentativa de extorsión; expresó que fue en esa fecha, alrededor de las veintiún horas que se encontraba en su domicilio, ubicado en ****************** de esta ciudad, cuando se percató que arrojaron un sobre amarillo, cerrado, dirigido a él; al abrirlo, contenía un mensaje del Cartel Jalisco Nueva Generación, con las iniciales "CJNG", "Que tal *******************. El motivo de este recado es por cuestión de cuotas por este año", le pedían que no lo tomara como un juego, que sabían todos sus movimientos, lo de sus negocios y que era muy inteligente, que no se metiera en problemas y que colaborara con ellos; que siguiera las instrucciones al pie de la letra y que debía comunicarse al número telefónico **************** el veinte de marzo siguiente a las nueve de la mañana; al final del mensaje decía "Atentamente, FEM Fuerzas Especiales Mencho. Amigo discreción por su bien y por su gente. Cartel Jalisco Nueva Generación". Agregó que al ver esta nota, verificó las cámaras al exterior de su domicilio y se percataron de la presencia de una persona del género masculino, de una edad de treinta años, aproximadamente 1.70, robusto, cabello corto, vestido con un pantalón de mezclilla y camisa blanca, quien metió el sobre por la puerta. Agregó que esa no era la primera ocasión que lo extorsionaban, ya que en el mes de septiembre de dos mil veinte, también había recibido llamadas telefónicas por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación, quienes le habían exigido el pago de una cuota, ocasión en la que entregaron la cantidad de ciento ochenta mil pesos, en un camino de terracería que se encuentra por el ************, ocasión en la que llegaron tres personas, un hombre y dos mujeres, proporcionando las características físicas de esas personas, agregando que si las volviera a ver las reconocería. Que después de que entregó esa cantidad, le volvieron a llamar exigiéndole la cantidad de ******************, la cual ya no entregó. Añadió que su actividad es el comercio, dedicándose a la venta de semillas, frijol y azúcar y tiene un negocio en la colonia ***************** de esta ciudad; que tenía mucho miedo que le pasara algo a él o a su familia. Ampliación de entrevista del ofendido, de veintidós de marzo de dos mil veinte, en la que puso a disposición de la autoridad investigadora el sobre que dejaron en su domicilio; agregó que el veinte de marzo de dos mil veintiuno, recibió mensajes de texto del número telefónico ****************, en los que exhibió las capturas de pantalla, donde lo amenazan con que tendría que cerrar su negocio; que levantarían a su gente y que no los volvería a ver. 2. Informe pericial ************** suscrito por la perito *******************, quien realizó la fijación del mensaje dejado en el domicilio del ofendido. 3. Descripción de un video realizada por el agente de Investigación Criminal ******************* en el que se hace constar que aparece visible una persona del género masculino quien deja un sobre color amarillo y lo coloca debajo de una puerta, retirándose del lugar; lo anterior en fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. 4. Ampliación de entrevista de cinco de abril de dos mil veintiuno, realizada al ofendido ********************, quien refiere que en esa fecha, continuó recibiendo llamadas telefónicas, por parte del número ********** el cual es el mismo que le habían dejado en la nota; en esta ocasión le empiezan a exigir nuevamente los *********************, que si no los pagaba "iban a ir a quemar su puto negocio de mierda"; que no eran aboneros, que querían la cantidad completa que si no lo entregaba iban a levantar a su familia y se la entregarían en pedazos y les dijo que haría lo posible por conseguir ese dinero; llamadas de las que agregó capturas para constancia de la fecha y hora en que fueron realizadas. 5. Ampliación de entrevista de seis de abril de la misma anualidad, también del ofendido, en la que agregó que en esa data, a las nueve horas recibió otra llamada de un diverso número telefónico *************** que este número lo guardo como "Estor"; en esta llamada le preguntan que había pensado del dinero y les indicó que no había podido juntar la cantidad, pero que le diera oportunidad de entregar ****************** pesos que había juntado; el sujeto de la llamada le indicó que en un rato más le marcaría para darle la ubicación donde debía entregar el dinero; posteriormente, recibió otra llamada donde le expresaron el lugar en el que debía dejar el dinero, siendo este el conocido como "**************", ubicado entre ***********************. Se informó al ofendido de la operatividad que pudiera realizar con los agentes de investigación criminal e indicó que si era su deseo entregar el dinero; que iría acompañado de su esposa e hijo, conjuntamente con los elementos policiacos. 6. Llamada telefónica recibida a las 13:26 horas del mismo seis de abril de dos mil veintiuno, por parte de un agente de Investigación Criminal, en la que dejaron a disposición a ***************, por delito de extorsión y otro. 7. Puesta a disposición realizada por los agentes de Investigación Criminal ***************, en el que indicaron que el seis de abril de dos mil veintiuno, recibieron un oficio donde se les solicitó la operatividad para el resguardo de una persona al momento en que fuera entregar el dinero en efectivo que le habían solicitado con motivo de una extorsión; por tanto, *************** se entrevistó con el ofendido quien le dio a conocer los pormenores de los hechos narrados con antelación; también le informó que llevaba consigo ************** pesos, cantidad que había conseguido, los que colocó en una bolsa de plástico color negro en dos paquetes, en billetes de diversas denominaciones (quinientos, doscientos y un billete de cien); a las diez horas con veinte minutos, el ofendido salió de la fiscalía rumbo a la Corona, en compañía de su esposa e hijo en un vehículo particular *****************, color amarillo así como con el agente *******************; también se indicó la forma en que se distribuyeron el resto de los agentes, en tres unidades oficiales ****************; al llegar a la corona, el ofendido recibió otra llamada donde le ordenaron que se dirigiera al hotel *************; ya estando en ese lugar, le indicaron que se fuera hacia el canal y que diera la vuelta en el primer camino de terracería que encontrara (en el canal de aguas negras); por lo que el agente que acompañaba al ofendido informa lo anterior al resto de las unidades. Se dirigieron al lugar indicado (donde se ubica la colonia el ************* en esta ciudad), paralelo a la carretera de cuota; en ese momento le informan al ofendido que "traía cola", ya que habían observado a dos camionetas de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado pero él contestó que no, que solo iba con su familia; le indicaron que se dirigiera a un mezquite, donde se encontraba una llanta, lugar donde debería colocar el dinero, información que fue proporcionada al resto de las unidades. Una vez en el lugar indicado, el ofendido recibió otra llamada y les dijo que ya estaba en ese lugar, pero que ahí se encontraban otras personas por lo que si dejaba el dinero ahí se lo podrían robar, por lo que le indicaron que se regresara por el mismo camino, diera vuelta en "U" en el mismo canal y ahí llegaría a un lugar de venta de "gorditas"; le dijeron también que traía cola; que llegara a la ******************, en el primer retorno, con dirección a San Miguel de Allende, en la esquina del camino que conduce a la comunidad de Camargo, ahí encontraría el puesto de gorditas; que en ese lugar encontraría a un masculino con camisa azul manga corta, y pantalón de mezclilla color obscuro quien le daría las indicaciones. El ofendido realizó lo que le ordenaron y al llegar al lugar observaron al sujeto descrito; esta persona hablaba por teléfono y el ofendido refirió que a ese sujeto lo conoce como *********************, ya que tiene un local en el mercado del Dorado; que bajó los cristales de las ventanillas y observaron que ************* dejó de hablar por teléfono, se acercó a la ventana del copiloto y le dice "(.) dale para adelante cabrón, ahorita te vuelven a marcar, no quiero mamadas, pagas la cuota el cartel Jalisco te está vigilando, sabe todos tus movimiento"; por tanto, el ofendido continuó conduciendo; le volvieron a marcar al celular y le ordenaron que circule con dirección a San Miguel de Allende; que en el primer puente peatonal cerca de donde hay unos mariscos, dé vuelta en "U" en el camino de terracería y en el primer árbol detrás de la gasolinera ahí estarían para entregar el dinero; información que el elemento de investigación proporciona al resto de las unidades, las que se posicionan en diversos puntos y el ofendido recibe una llamada y les indica que ya está en el lugar, donde esperaron alrededor de cincuenta minutos, hasta que llegó un sujeto a bordo de una motocicleta con dos mujeres que coincidían con las características que les habían proporcionado; el ofendido recibe otra llamada del número telefónico ****************, diferente al resto de los números de donde le habían llamado, en donde le dijeron que bajara del vehículo "si no te chingaremos con todo y tu familia"; por lo que así lo hizo, y caminó hacia la camioneta; una de las mujeres que vestía blusa color verde, que ahora saben responde al nombre de *************** le dijo que iban por la cuota, que cuánto dinero había juntado y le respondió que solo ********** pesos; la segunda mujer que vestía playera amarillo con rosa, que ahora saben responde al nombre de ************* le dijo, "esta no es la cuota completa, te faltan ****************, tienes una semana para conseguirla si no te carga la verga a ti y a tu familia"; en ese momento, ****************** sacó un arma de fuego que traía fajada a la cintura, la que observan es corta, de color obscuro y le apuntó al ofendido y le dijo "esto no es un juego, somos el Cartel Jalisco Nueva Generación; se te pidió la cuota completa de este año y no la pagaste cabrón, este asunto sigue hasta que pagues la cuota, el año pasado nos pagaste más"; todo lo anterior lo informó el agente que iba en el vehículo a sus compañeros y que por razones de seguridad en ese momento los agentes no acudieron al lugar; el ofendido entregó el dinero, el masculino tomó la bolsa, guardó el dinero y el arma de fuego; el masculino abordó una bicicleta y las dos mujeres a pie; posteriormente, el agente que se encontraba en el vehículo del ofendido les informó a sus compañeros que ya no existía ningún riesgo para el ofendido ni su familia, por lo que tres elementos que se encontraban en el lugar, escondidos en unos árboles ***************************** salieron, les marcan el alto y les dieron alcance; al sujeto de nombre **********************, al que le fue localizado una réplica de un arma de fuego corta, siendo esta una pistola de aire comprimido, así como una bolsa de plástico color negro, con diverso billetes de quinientos, doscientos y uno de cien pesos, y un teléfono celular de la marca Alcatel; a ******************* se les localizó, a cada una, dos bolsas de plástico con sustancia granulada color azul; a esta ultima un teléfono marca ************* y se les indicó el motivo de su detención. 8. Ampliación de la entrevista del ofendido ****************, quien sustancialmente narró los hechos ocurridos del seis de abril de dos mil veintiuno, expuestos en el oficio de puesta a disposición que antecede. Asimismo, agregó la captura de la última llamada que recibió en esa fecha, donde se aprecia el número telefónico ******************. 9. Entrevistas de *************** y su hijo **********************, esposa e hijo del ofendido, quienes sustancialmente expresaron los hechos narrados por el ofendido, ocurridos el seis de abril de dos mil veintiuno, así como los antecedentes del hecho y lo relativo a una extorsión sufrida en el año dos mil veinte. 10. Informe pericial **************** suscrito por la perito criminalista *******************, quien realizó la fijación de la bicicleta color negro, tipo turismo, leyenda Benotto, así como de los envoltorios localizados a los detenidos, y la bolsa de plástico color negro con doscientos veintidós billetes de doscientos pesos; ciento once billetes de quinientos pesos y un billete de cien pesos, así como un arma corta de color negro con la leyenda "Powerline". 11. Informe pericial ************** suscrito por el perito criminalista ***************** respecto de la fijación del arma corta con la leyenda "Powerline", así como su descripción y características de la misma, en la que concluyó que se trata de una pistola de aire comprimido, la cual puede causar daño si se usa como tal en contra de un ser vivo; es un objeto con características similares a un arma de fuego que a simple vista puede parecer real y utiliza municiones de 4.5 milímetros de acero, conocidos como "balines"; es de tiro, tipo deportivo, pero usada en contra de una persona puede causar lesiones. 12. Avance de investigación realizada por el agente ***************, quien informó a la fiscalía que el siete de abril de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación *************** de la Agencia del Ministerio Público número 3 de Tramitación Común en esta ciudad de Celaya, se llevó a cabo la ejecución de un cateo en el domicilio ubicado en calle ******************* en esta ciudad, donde se encontraron diversos envoltorios que contenían sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal; así como el aseguramiento de diversos documentos en los que se hace alusión a los hechos que se investigan; además, que se recabó la entrevista de la persona de nombre *************, quien informó la identidad de ***********, adjuntando la CURP de esta persona, con fecha de nacimiento de ***************, originario de Puebla, de treinta y cuatro años de edad, con domicilio en **************** de esta ciudad; hijo de **************** y de ****************. 13. Copias de los indicios de la carpeta de investigación número ***************, en las que destacan la fijación de objetos que se localizan en ese inmueble, tales como dos hojas de papel color blanco con las letras CJNG y al reverso la leyenda impresa "Señor *************** hijo de tu puta madre, te valió verga que cumplieras con lo que se te dijo en el sobre, ahora te va a cargar la verga a ti y a tu familia, vamos a quemar tu puto negocio con tu familia adentro. Atentamente Cartel Jalisco grupo Elite", así como una hoja con un número ***************, bodega chiles y otro número *******************. 14. Entrevista de *****************, a quien se le hizo de conocimiento el contenido del artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales y quien refirió medularmente que él vive en domicilio en ***************** de esta ciudad; que el siete de abril él se encontraba en ese lugar cuando tuvo verificativo el cateo; agregó que en un cuarto de la segunda planta donde habita su hija ************** con su pareja ************, quienes tienen tres hijos, dos de ellas de ************; que tiene conocimiento que detuvieron a ************ y a ***************, ambas de apellidos ***************** el seis de abril anterior; que ese mismo día, acudió ****************** al domicilio y le indicó que ya los habían agarrado en la movida de la extorsión; que le preguntó a qué se refería y dijo que estaba ganando buen dinero pidiéndole a la gente dinero, pero que un "jale no había salido bien"; que el declarante le dijo que se quedara a apoyar a ************* pero ************* le dijo que se tenía que ir a Puebla, porque seguramente lo iban a estar buscando por esos hechos; agregó que sabe que utiliza como teléfonos los números *************** y ******************. Ahora lo que precede, implica que tales datos de prueba evidencian, hasta este momento, la existencia del hecho que la ley señala como delito de extorsión y que existe la probabilidad de que el hoy quejoso participó en su comisión, y con ello, se satisface, el cuarto de los requisitos indispensables para que se gire una orden de aprehensión. Es así, puesto que, como bien lo señaló el juez responsable, de tales datos de prueba que reseñó la Ministerio Público, admitiendo su razonabilidad, permiten establecer que existe la probabilidad de que el imputado ahora quejoso, participó en el hecho que la ley señala como delito de extorsión. Lo anterior, encuentra sustento, medularmente con las entrevistas del ofendido, quien señaló que fue el día diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, que recibió en su domicilio un sobre cerrado color amarillo; tal sobre tenía un mensaje que decía que eran del Cartel Jalisco Nueva Generación, donde se le exigía el pago de una cuota respecto del año dos mil veintiuno, que de lo contrario las cosas se pondrían muy feas; que tenía que cooperar por las buenas o por las malas y que llamara al número ahí indicado. Que a partir de ese momento, comenzó a recibir llamadas telefónicas de diversos números con la finalidad de que entregara el numerario exigido (*************** pesos). Que una vez que se acordó lugar, fecha y hora para la entrega del numerario, el ofendido tuvo a la vista a quien conoce como ************, quien se acercó a la ventanilla del vehículo conducía y le expresó ". dale para adelante cabrón; ahorita te van a marcar. No quiero tus mamadas. Vas a apagar la cuota, ya sabes que el Cartel Jalisco te está vigilando y sabe todos tus movimientos". Lo que antecede se corroboró con las entrevistas de ************ y su hijo *************, esposa e hijo del ofendido, quienes sustancialmente expresaron los hechos narrados por el ofendido, ocurridos el seis de abril de dos mil veintiuno. También se adminiculó con el informe pericial ************** suscrito por la perito *************, quien realizó la fijación del mensaje dejado en el domicilio del ofendido; con la descripción de un video realizada por el agente de Investigación Criminal ****************, en el que se hace constar que aparece visible una persona del género masculino quien deja un sobre color amarillo y lo coloca debajo de una puerta, retirándose del lugar; con la puesta a disposición realizada por los agentes de Investigación Criminal *************** y otros, respecto ***************, en donde se narra detalladamente el operativo y las circunstancias en que fueron detenidas dichas personas y cómo participó el hoy agraviado en la mecánica de esos hechos ocurridos el seis de abril de dos mil veintiuno. Al igual que con el avance de investigación realizada por el agente **************, quien informó a la fiscalía que el siete de abril de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación *************** de la Agencia del Ministerio Público número 3 de Tramitación Común en esta ciudad de Celaya, se llevó a cabo la ejecución de un cateo en el domicilio ubicado en calle **************** en esta ciudad; donde se encontraron documentos en los que se hace alusión a los hechos que se investigan. Así como con la entrevista de la persona de nombre **************, quien que habita en el domicilio cateado e informó la identidad de **************, así como otros datos generales de dicha persona; agregó que el siete de abril él se encontraba en ese lugar cuando tuvo verificativo el cateo; que en un cuarto de la segunda planta donde habita su hija *************** con su pareja *************, quienes tienen tres hijos, dos de ellas de ************; que tiene conocimiento que detuvieron a *************** y a **************, ambas de apellidos ************** el seis de abril anterior; que ese mismo día, acudió ************ al domicilio y le indicó que ya los habían agarrado en la movida de la extorsión, que un "jale no había salido bien"; que ************* le dijo que se tenía que ir a Puebla, porque seguramente lo iban a estar buscando por esos hechos; debidamente adminiculado con las copias de los indicios de la carpeta de investigación número ****************, en las que destacan la fijación de objetos que se localizan enese inmueble, tales como dos hojas de papel color blanco con las letras CJNG y al reverso la leyenda impresa "Señor ***************** hijo de tu puta madre, te valió verga que cumplieras con lo que se te dijo en el sobre, ahora te va a cargar la verga a ti y a tu familia, vamos a quemar tu puto negocio con tu familia adentro. Atentamente Cartel Jalisco grupo Elite", así como una hoja con un número **************, bodega chiles y otro número ******************. De ahí que este juzgado considera legal la resolución de la juez de control; además, como correctamente lo consideró la juez de control, la conducta atribuida fue cometida de manera dolosa, pues no se advierte otro tipo de actuación, sino con intención de verificar la conducta, y con el carácter de autor material. Asimismo, cabe hacer notar que hasta esta etapa procesal, no se actualiza alguna causa de exclusión del delito o extinción de la acción (artículo 33 del Código Penal para el Estado de Guanajuato y 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respectivamente). Por otra parte, cabe señalar que el juez de control precisó que la necesidad de cautela que establece el artículo 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer comparecer al inculpado a través de una orden de aprehensión, para que le sea formulada la imputación; lo que se encuentra justificado, en virtud del peligro que existe para la víctima *********************, dado que el imputado conoce la ubicación exacta de su domicilio, así como de su negocio y quiénes son los miembros de su familia, habida cuenta que las amenazas que estuvo recibiendo estaban encaminadas a practicarles diversos daños a sus bienes, así como lesiones o la muerte al ofendido y a su familia. De igual manera, el juez responsable ponderó que conforme de la entrevista a *************** -papá de la pareja sentimental del quejoso, y cohabitante del domicilio de este-, se obtiene que el imputado ingresó a su domicilio tomo algunas prendas y objetos personales y se retiró señalando que se iba a otra ciudad -Puebla- porque seguramente lo iban a estar buscando a raíz de la detención de su pareja sentimental y otros; que ese dato de prueba patentiza la intención de sustraerse a la acción de la justicia y de que ya no resida en el domicilio habitual o en la ciudad. En ese orden de ideas, el juez estimó que a raíz de esas circunstancias, es muy probable que el quejoso no se presente de manera voluntaria a enfrentar los cargos imputados. De ahí que se cumpla el quinto y último los requisitos señalados. En ese contexto, se evidencia que en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera jurídicamente correcto, que se girara la orden de aprehensión en contra del imputado hoy quejoso, por la probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 213, en relación con el 213- bis fracciones I, II y IV, así como con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de ****************. Máxime que respecto de la orden de aprehensión, de una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica y la valoración de aquellos elementos (en lo individual y global), que han servido de basamento, y que son suficientes para establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito, e incluso, la probable comisión por parte del aquí quejoso. Lo que denota que el juez de control responsable sí fundó y motivó debidamente la resolución reclamada que dictó en la audiencia privada de *****************, dentro de la subyacente causa penal *****************. Así, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª/J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de los siguientes términos: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.". En esa tesitura, se estima apegada a Derecho la resolución materia del acto reclamado, puesto que, al menos por ahora, existen datos de prueba que evidencian la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión del hecho que la ley señala como delito de extorsión, previsto y sancionado por el artículo 213, en relación con el 213-bis fracciones I, II y IV, así como con los numerales 13 y 20 primer párrafo, tercer supuesto, del Código Penal para el Estado de Guanajuato, en agravio de *****************, lo cual es jurídicamente suficiente, para sustentar la orden de aprehensión, toda vez que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, solo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De igual modo, cabe destacar que -respecto a la valoración de los datos de prueba-, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010 (de donde derivó la invocada jurisprudencia1ª./J. 64/201), determinó que los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión conforme al sistema procesal penal de corte acusatorio, no son los mismos que se exigían anteriormente (sistema tradicional o mixto). El Alto Tribunal del País (Primera Sala) consideró que desde la reforma constitucional de dos mil ocho, se determinó la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose solo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió. También sostuvo que se impide a los jueces del proceso oral revisar las actuaciones realizadas en la indagatoria para que no prejuzguen, en atención al principio de igualdad y contradicción. De manera que la base resulta ser la razonabilidad de los argumentos del Ministerio Público. En concordancia con lo anterior, cabe reiterar que en el Código Nacional de Procedimientos Penales ha sido establecido que la orden de aprehensión se debe dictar conforme a datos y la solicitud en la relación de hechos sustentados en los registros correspondientes. Así, para el dictado de una orden de aprehensión basta que el Ministerio Público mencione los datos de la carpeta de investigación y relacione los hechos con los registros correspondientes, lo que se garantiza con el principio de lealtad procesal que rige su actuación, conforme al artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales8. Del mismo modo, se establecieron como características de la carpeta de investigación, las siguientes: 8 "Artículo 128. Deber de lealtad El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones." 1. Que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permiten fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del juez. 2. Por ello, el valor probatorio de los datos contenidos en la carpeta de investigación no se impone por la ley, pues corresponderá al juzgador en la etapa correspondiente, otorgárselo o negárselo, frente a cualquier otro dato que se ofrezca por el imputado con el fin de contradecir aquellos. También se precisó que la función del juez de control es verificar o controlar la investigación que se realiza previamente al juicio, velando por la protección o ejercicio de los derechos de todas las partes e intervinientes, a fin de evitar la afectación de un derecho fundamental y resolver con objetividad todos los conflictos que se presentan entre estos en dicha etapa y para tal efecto presidirá y presenciará en su integridad el desarrollo de las audiencias, sin que pueda delegar sus funciones. De lo que se obtiene que se flexibilizaron los requisitos y se disminuyó la exigencia probatoria para conceder una orden de aprehensión. 9 9 Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.1º.8 P(10ª.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, DEBE LIMITARSE A ANALIZAR LOS DATOS DE PRUEBA VALORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El segundo párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Sin embargo, si el acto reclamado es una orden de aprehensión dictada dentro del sistema penal acusatorio, en la que el Juez de control valoró sólo los datos de prueba que hizo de su conocimiento el Ministerio Público, es inconcuso que el Juez de Distrito debe limitarse a analizar éstos, porque, de considerar otros elementos probatorios, vulneraría Sin embargo, se debe destacar, que ello no implica que el órgano de control al emitir su determinación incurra en vaguedad, pues el objeto de la motivación en las resoluciones judiciales es permitir al ciudadano conocer las razones de la afectación que se le impone y garantizar su control a través de las instancias de impugnación correspondientes. De manera que no obstante que el juez de origen no cuente con la carpeta de investigación, sino solo con el relato realizado por el Ministerio Público al solicitar la emisión de orden de aprehensión, ello no es motivo para que la autoridad judicial soslaye señalar cuáles son los hechos que se le atribuyen al inculpado y que están señalados como delito por la ley. De tal manera que a fin de cumplir con la debida motivación de la orden de aprehensión que se reclama, el juzgador debe señalar en la resolución correspondiente cuáles son los hechos que se atribuyen al implicado y que la ley considera como delitos sancionados con pena privativa de libertad y la posibilidad de su participación en la comisión de los mismos. Máxime que de conformidad con la parte final del tercer párrafo del artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control no concederá la orden de aprehensión cuando los hechos que señale el Ministerio Público no resulten constitutivos de delito, lo que de suyo implica el el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, lo que permite el equilibrio procesal entre los sujetos procesales." mandato para que la autoridad judicial analice los hechos expuestos por la autoridad investigadora de conformidad con los datos de prueba a fin de que pueda establecerse la comisión de ese hecho y la probable intervención del aquí quejoso en el mismo. Exigencias que en la especie, este órgano federal estima satisfechas, pues con base en los datos de prueba relacionados por el representante social, el juez consideró que aquellos establecen razonablemente que se cometieron los hechos considerados por la ley como delito de extorsión, y la probabilidad que el imputado los cometió o participó en su comisión; tal como se precisó en párrafos que anteceden. De ahí lo infundado de los motivos de inconformidad en examen. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, en contra de la resolución reclamada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, porque estos no reclamaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender del acto reclamado a la autoridad judicial ordenadora. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a *****************, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, indicados en considerando segundo; por las razones expuestas en el último considerando de este fallo.
- Principal
Con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese al sumario para que obre como legalmente corresponde el escrito signado por el quejoso************; en atención a su contenido, se le tiene designando como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********** dado que de la certificación de cuenta se advierte que este tiene su cédula profesional inscrita ante el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y al diverso ***********, en los términos restringidos de ese numeral por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, como lo solicita el promovente, se le autoriza para consultar el expediente por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al usuario *******, asimismo, se tiene a dicho usuario como sitio para recibir notificaciones personales, en términos de lo dispuesto por los artículos 3°, párrafo quinto y 31 fracción III, de la ley de la materia, en razón de que así lo solicitó expresamente. En el entendido de que la oficial judicial "A" de este juzgado deberá habilitar al usuario de que se trata, para efecto de que la parte indicada pueda ingresar y consultar el expediente electrónico respectivo. En la inteligencia de que, si su alta o datos proporcionados no se encuentran en la base de datos del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, tal autorización no surtirá efecto alguno. Sin que resulte procedente tener como domicilio físico el que se indica en el escrito de cuenta -situado en Querétaro, capital-, toda vez que se ubica fuera de la ciudad en donde tiene su residencia este órgano jurisdiccional. Finalmente, se le tiene proporcionando una cuenta de correo electrónico y número de teléfono celular a efecto de que se establezcan vías de contacto efectivo en los supuestos que se estime conveniente. Cuaderno de antecedentes Por lo expuesto y en virtud de que únicamente resta dictar sentencia, fórmese cuadernillo provisional para glosar el presente acuerdo junto con la promoción de cuenta, para que, en el momento procesal oportuno, sin ulterior acuerdo, sean agregados al juicio de amparo en comento.
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