Victoria Yáñez González y Otros.
Expediente 848/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/06/2022
Partes del expediente
- Victoria Yáñez González
- Sarazely Yáñez González
- Victoria Yáñez González y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diez de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el sobre de correspondencia devuelto por el Servicio Postal Mexicano de esta ciudad, mismo que contiene el oficio dirigido a la autoridad responsable denominada Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas, por la razón que en él se asentó; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin necesidad de dictar mayor proveído al respecto, pues el presente asunto se encuentra archivado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos los sobres de correspondencia devueltos por el Servicio Postal Mexicano de esta ciudad, que consignan los oficios 9643/2021 y 1208/2/2021, dirigidos al Juzgado de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial en el Estado y al Agente del Ministerio Público adscrito a dicho órgano jurisdiccional, ambos con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, sin necesidad de realizar mayor pronunciamiento al respecto, pues los acuerdos que contienen son de fecha anterior al veintitrés de junio del año actual, esto es, fecha en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este asunto. Por otro lado, del estado que guardan los autos se advierte que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintitrés de junio de este año, en el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Lo que antecede es procedente, con independencia de que no se haga el computo relativo a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia de lo Penal del Tercer Distrito Judicial del Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas, habida cuenta que, conforme los dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo en vigor, ésta sólo podría interponer el recurso de revisión si el sentido del fallo afectara el acto que le fue reprochado, salvo que se trate de amparo contra leyes, lo que no acontece en la especie. Tiene aplicación al respecto por las consideraciones contenidas en la misma, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 84, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 83, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, que en su rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." No obstante lo anterior, solicítese a la citada responsable para que en caso de que haya recibido el oficio 26604/2021, emitido con motivo del auto que decretó el sobreseimiento dentro de este asunto, de no tener inconveniente legal alguno, allegue de inmediato copia certificada del sello de recibo del mismo y/o comunique la fecha de su recepción, del mismo modo deberá hacer con el comunicado que derive del presente acuerdo; para lo cual, se deja a su disposición el correo electrónico rosa.gonzalez.urbina@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, una vez que recabados dichos acuses, acuérdese lo relativo al archivo definitivo del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 1375/2021, firmado electrónicamente por el Juez de Primera Instancia de lo Penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, a través del cual remite diversas documentales que le fueron solicitadas por este tribunal; en tal razón, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos, sin que haya necesidad de ponerlo a la vista de las partes por las razones que a continuación se detallarán. Ahora bien, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de derechos fundamentales se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, este Juzgado de Distrito estima que referente a los actos reclamados por las quejosas Victoria y Sarazely, ambas de apellidos Yáñez González, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, Victoria y Sarazely, ambas de apellidos Yáñez González, reclamaron del Juez de Primera Instancia de lo Penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo siguiente: a) Abstención de admitir la apelación de las quejosos y del abogado defensor, referente a la sentencia condenatoria dictada dentro de la causa penal 160/2017; y, b) Omisión de remitir el expediente ante el tribunal de alzada en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Enseguida, de las documentales que se adjuntan al oficio de cuenta, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. Mediante oficio 311/2021, de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el juez responsable remitió al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, el recurso de apelación interpuesto por las aquí quejosas y su defensor, en contra de la sentencia condenatoria emitida dentro de la causa penal 160/2017. 2. Además, el juez de la causa en auto de siete de abril de dos mil veintiuno, tuvo por recibido el oficio 368, a través del cual el Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, le informó la integración de la sala para resolver el recurso de apelación en cuestión. Por lo que, al haberse admitido, remitido e incluso radicado ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, el recurso de apelación hecho valer por la parte quejosa y su defensa, lo cual era la causa de pedir en esta contienda constitucional, es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados, lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, toda vez que en virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre los actos que reclama la parte agraviada, lo que provoca que se actualice la causal de improcedencia de este juicio, contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual, resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional fuera de audiencia con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con treinta y tres minutos del catorce de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.
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