Victoria Santiago Ramos
Expediente 662/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Victoria Santiago Ramos
- Jesús Santiago Santiago
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de queja en contra del acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que los disidentes hayan impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano la demanda de amparo ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el proveído de quince de junio pasado, se desechó de plano el escrito inicial, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintiuno. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y el anexo señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 662/2021. Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que Jesús Santiago Santiago y Victoria Santiago Ramos, quienes promueven por sí y el primero de los citados también con el carácter de Presidente Municipal de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, reclaman los actos siguientes: Del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca combaten: La instrumentación del juicio amparo indirecto 206/2021, en donde el quejoso Juan Cruz Velásquez en ese asunto reclamo (i) la orden de detención; (ii) las posibles infamias; (iii) el destierro; (iv) la desposesión; (v) el tormento; (vi) la posible confiscación de un inmueble; (vii) la colocación de postes metálicos; (viii) la apertura de un camino; (ix) el despojo; y, (x) cualquier otro previsto por el ordinal 22 de la Carta Magna. El incumplimiento de las suspensiones provisional y definitiva dictadas en el incidente de suspensión derivado del juicio constitucional 206/2021 de la estadística del citado órgano jurisdiccional por el quejoso en esa incidencia, su autorizada y diversas personas. Por otra parte, de los hechos que los titulares de la acción de amparo manifestaron en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad que constituyen los antecedentes de los actos impugnados se advierten los aspectos siguientes: 1. Jesús Santiago Santiago y Victoria Santiago Ramos señalan que ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en esta entidad federativa se tramita el juicio de amparo 206/2021, en el cual el primero de los citados acudió con el carácter de Presidente Municipal de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, y la segunda fue emplazada con la calidad de tercero interesada. 2. Sostienen que Victoria Santiago Ramos es propietaria de dos terrenos relacionados con los actos combatidos en el juicio constitucional 206/2021. 3. Señalan que el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca dictó la interlocutoria de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el incidente de suspensión que deriva del medio extraordinario de defensa 206/2021, en la cual concedió la medida cautelar a la parte quejosa para que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran; sin embargo, manifiestan que Juan Cruz Velásquez, quien tiene el carácter de quejoso en el juicio amparo indirecto señalado, su autorizada y diversas personas han realizado diversos actos que violan la medida suspensional. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y su anexo se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por Jesús Santiago Santiago y Victoria Santiago Ramos, quienes promueven por sí y el primero de los citados también con el carácter de Presidente Municipal de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, porque respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable señalados en los párrafos precedentes se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, porque esas actuaciones tienen un nexo indisoluble con el diverso juicio de amparo 206/2021 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca y con el cumplimiento de las suspensiones provisional y definitiva concedidas al inconforme Juan Cruz Velásquez en ese asunto en el incidente de suspensión que derivó de dicho medio extraordinario de defensa. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de la disposición jurídica invocada, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" Del precepto transcrito se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en contra de las resoluciones dictadas en los juicios de protección de los derechos fundamentales o en ejecución de esas determinaciones. En cuanto al alcance de esa porción normativa es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar la causal de improcedencia establecida por el ordinal 73, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada -cuyo contenido es similar al normativo inserto- estableció que de conformidad con este último dispositivo el juicio de amparo es improcedente en contra de las resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese línea, el Alto Tribunal del País concluyó que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que dijo se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin que importe que dicha resolución se emita antes o después de concluido el juicio en lo principal. Lo anterior tiene sustento en la tesis aislada 1a. LXX/2003 emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación, que señala: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el precepto mencionado el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución definitiva. En ese tenor, se concluye que las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales éste es improcedente son las dictadas en el juicio principal, en el incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite y resuelva con motivo de aquél, así como aquellas dictadas después de concluido el juicio, ya sea en una aclaración de sentencia o en los recursos de revisión, queja o reclamación, resoluciones éstas que se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional, sin importar que dicha resolución se emita antes o después de concluido el 'juicio' en lo principal." En el caso particular se actualiza el supuesto señalado por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, cuyo alcance se contiene en el criterio aislado transcrito dado que las actuaciones reclamadas guardan una relación indisoluble con el diverso juicio constitucional 206/2021 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca y con el cumplimiento de las suspensiones provisional y definitiva concedidas al quejoso Juan Cruz Velásquez en ese asunto en el incidente de suspensión que derivó de dicho medio extraordinario de defensa, ya que en el supuesto normativo invocado encuadran no sólo las resoluciones que se dicten en el juicio en lo principal, sino que el amparo también es improcedente en contra de las determinaciones pronunciadas en el incidente de suspensión, pues se entienden emitidas en el juicio de amparo, como medio extraordinario de control constitucional. En efecto, el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo dispone la improcedencia del medio procesal de tutela constitucional contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución y la doctrina judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reflejada en la tesis aislada de rubro: "AMPARO, RESOLUCIONES O SU EJECUCIÓN EN LOS JUICIOS DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO AUN TRATÁNDOSE DE QUEJA." patentiza que la locución "resoluciones" tiene como premisa al juicio como la vía extraordinaria para impugnar los actos de cualquier autoridad establecida en los arábigos 103 y 107 de la Constitución General de la República, de modo que no se limita estrictamente a la sentencia definitiva, sino que abarca las determinaciones dictadas en el juicio principal y aquellas sustentadas en la ejecución del auto o la interlocutoria donde se haga un pronunciamiento sobre la suspensión de oficio y de plano o provisional o definitiva, cuya reglamentación se contiene en el normativo 158 del propio ordenamiento, pues las determinaciones que adopte la autoridad responsable en acato a la medida cautelar pueden ser examinadas a través del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión regulado por los preceptos 206, 207, 208 y 209 de la legislación en estudio; en consecuencia, el presente juicio biinstancial es improcedente contra las resoluciones combatidas dictadas en el juicio principal y las decisiones pronunciadas en el incidente de suspensión, dado que se entienden emitidas en cumplimiento de una resolución del juicio de amparo -como medio extraordinario de control constitucional-, sin importar si se pronunció en el incidente de suspensión. Efectivamente, en el caso concreto, no es factible que se examine la regularidad constitucional de las actuaciones impugnadas, porque implicaría realizar un análisis sobre las resoluciones dictadas en el juicio amparo indirecto 206/2021 del control del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca y en el incidente de suspensión que deriva de ese medio extraordinario de defensa, lo cual no es factible, porque en un juicio de amparo no puede examinarse la legalidad de las determinaciones dictadas por un órgano de control constitucional en un diverso juicio constitucional o en el incidente de suspensión que deriva de dicho medio extraordinario de defensa, sino que en todo caso las partes tienen expedito su derecho para impugnar las resoluciones dictadas en esos asuntos mediante los recursos o los medios de defensa previstos por la Ley de Amparo. Sobre esa base, como se anticipó, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia examinada, dado que los actos reclamados guardan estrecha relación con las resoluciones pronunciadas en el diverso juicio de amparo 206/2021 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca y con el cumplimiento de las suspensiones provisional y definitiva concedidas al inconforme Juan Cruz Velásquez en ese asunto en el incidente de suspensión que derivó de dicho medio extraordinario de defensa; por tanto, en este sumario no es factible que se realice un control de constitucionalidad sobre la forma en la que ese órgano jurisdiccional instrumenta ese juicio y las decisiones que ha adoptado en éste y tampoco sobre el trámite y las resoluciones pronunciadas en el incidente de suspensión que deriva de ese asunto, pues conforme a lo dispuesto por los numerales 206 y 209 de la Ley de Amparo incidentalmente puede dilucidarse si ha existido un cumplimiento excesivo o defectuoso de la medida suspensional, o bien, si ésta no se ha acatado en sus términos, situación que queda resaltada en la tesis aislada XVIII.2o.T.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, que expone: "INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. NO SE LIMITA EXCLUSIVAMENTE A LAS RESOLUCIONES QUE RESUELVEN LA SUSPENSIÓN DE PLANO O DEFINITIVA, SINO QUE TAMBIÉN PROCEDE CONTRA EL EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE (INTERPRETACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 206 DE LA LEY DE AMPARO). Del primer párrafo del precepto citado se deduce que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión procede contra las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. En este sentido, el incidente aludido, además de proceder contra la suspensión de plano o definitiva, también procede contra la resolución que concede la suspensión provisional en los casos en que se alegue exceso o defecto en la materia de la suspensión. Lo anterior, porque en el supuesto de que cualquiera de las partes en el juicio de amparo se sienta agraviada con motivo de la suspensión provisional, cuando se alegue exceso o defecto en el cumplimiento por las autoridades responsables a la materia de la suspensión, el inconforme puede hacer valer su derecho. De ahí que el incidente referido no se limita exclusivamente a las resoluciones que resuelven la suspensión de plano o definitiva, ya que si se tiene en cuenta que el objeto de la suspensión consiste en mantener viva la materia del juicio impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia de la Unión, evitándole los perjuicios que la ejecución del acto reclamado pudiera ocasionarle, aunado a que la autoridad está vinculada a acatar la suspensión pues, de no hacerlo, el afectado puede denunciar la violación a ésta, sin que sean aplicables los artículos 81, fracción I y 97, fracción I, de la Ley de Amparo que establecen, respectivamente, los recursos de revisión y de queja, toda vez que no prevén expresamente como medio de impugnación el caso de la violación a la suspensión provisional por la autoridad responsable, ya sea por exceso o por defecto." Por tanto, si la Ley de Amparo contiene los remedios procesales a efecto de garantizar la plena efectividad de las resoluciones emitidas en el juicio de amparo y en el incidente de suspensión que deriva de ese asunto, así como para controlar su regularidad es inconcuso que no es factible que a través de un diverso medio de control constitucional se pueda dilucidar la legalidad de esas determinaciones. En respaldo de lo anterior se cita la tesis aislada I.6o.T.18 K (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que informa: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS U OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZADOS EN EL ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE AQUÉLLA, PROCEDE EL INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN SU CUMPLIMIENTO Y NO EL AMPARO INDIRECTO. Del artículo 206 de la Ley de Amparo se advierte que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión procede contra las autoridades responsables, cuando cualquier persona resulte afectada por el incumplimiento de la medida, por considerar que existe exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. En tal virtud, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando al pretender dar cumplimiento a la medida cautelar, la autoridad responsable se excede (va más allá de lo ordenado), o bien, incurre en defecto de cumplimiento (no realiza todas las conductas impuestas en el acuerdo o interlocutoria en cuestión, es decir, cumple parcialmente), toda vez que el numeral citado prevé expresamente el medio de defensa consistente en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, por medio del cual pueden impugnarse los actos que las autoridades realicen excesiva o defectuosamente en el cumplimiento de aquélla, concediendo facultades al órgano de amparo para que, frente a la interposición del incidente relativo, puedan requerirlas para que en el plazo de 24 horas cumplan con la medida cautelar, que rectifiquen los errores en que hubiesen incurrido o, en su caso, que subsanen las deficiencias." Asimismo, sobre el aspecto analizado es válido traer a contexto lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al dictar la ejecutoria del amparo en revisión laboral 108/2016, relativo al juicio de amparo indirecto 1673/2015 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco (correspondiente al toca 4/2016 del control del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito), derivado del recurso interpuesto en contra de la sentencia pronunciada en el cuaderno auxiliar 483/2015 de la estadística del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, lo cual constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que la versión electrónica de la ejecutoria señalada se capturó en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a cuya consulta tiene acceso este Juzgado Federal, sin que sea necesario glosar al expediente en el que se actúa la copia certificada de aquel fallo, con independencia de que éste fue emitido por un órgano terminal, porque todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del aludido sistema, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." La aludida ejecutoria puntualiza lo siguiente: "[.] El anterior motivo de queja, es infundado, pues independientemente de que en el juicio de garantías a que hace referencia el inconforme se hubiese negado la protección Federal solicitada por Gabriel Rizo Madrigal (quien se ostentó como Secretario General del Sindicato del Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Guarderías y Preescolares), lo relevante del caso es que efectivamente se actualiza la hipótesis de inejercicio contemplada en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, porque el acto que reclamó del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistente en el acuerdo de diez de julio de dos mil quince, por medio del cual se le negó la entrega de las cuotas sindicales respecto de los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil catorce, así como de enero, febrero, marzo y abril de dos mil quince, fue emitido, precisamente, en acatamiento a la suspensión definitiva otorgada en aquel juicio de amparo indirecto (501/2015); de ahí que como acertadamente lo adujo el a quo no es posible ejercer control constitucional sobre tal acto, porque de hacerlo se estaría resolviendo sobre lo decidido en el incidente de suspensión relativo al juicio de garantías de que se habla, máxime que dicha suspensión en el momento en que se emitió el proveído impugnado (diez de julio de dos mil quince) seguía surtiendo todos sus efectos legales, esto es, no es posible resolverse sobre su legalidad o ilegalidad a través de un juicio de garantías distinto a aquel de donde emana la propia medida cautelar. Cierto, pues, como bien lo sostuvo el juzgador de amparo, sería en aquel juicio constitucional donde, a través de los medios de defensa procedentes, se estaría en posibilidad de resolver sobre la legalidad de la negativa a entregar los recursos económicos de mérito, toda vez que el juzgador que conoce del incidente de suspensión estará en aptitud de determinar si la medida tenía el alcance de impedir la entrega de las aportaciones patronales o no, de ahí lo infundado del planteamiento abordado en este apartado. [.]" Lo resuelto en esa ejecutoria aun cuando no es vinculante sí resulta ilustrativa y orienta a este órgano jurisdiccional para adoptar la determinación contenida en el presente proveído. Por las consideraciones expuestas se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados a las autoridades responsables señalados en los párrafos precedentes tienen un nexo indisoluble con el diverso juicio de amparo 206/2021 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca y con el cumplimiento de las suspensiones provisional y definitiva concedidas al quejoso Juan Cruz Velásquez en ese asunto en el incidente de suspensión que derivó de dicho medio extraordinario de defensa, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo presentada por Jesús Santiago Santiago y Victoria Santiago Ramos, quienes promueven por sí y el primero de los citados también con el carácter de Presidente Municipal de Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca, en contra de las actuaciones precisadas, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Expedición de copias. Expídase a la parte quejosa copia certificada de esta determinación en un tanto, porque no justifica su reproducción por cuatro tantos, facultando a la persona que señala para que la reciba previa identificación y toma de razón de entrega que se deje en autos. Lugar en el que se realizarán las notificaciones. Dado que los disidentes no señalaron un domicilio para recibir notificaciones, con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto los justiciables señalen un domicilio procesal. Autorizado de la parte quejosa. Se tiene como autorizado de los quejosos en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo a la persona que indican, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ni acreditaron con documento idóneo que ejerza la profesión de licenciado en derecho. Medios de contacto. En otro punto, se tiene a los inconformes señalando el correo electrónico y el número de teléfono que proporcionan, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese por lista."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- VICTORIA GLORIA RIOS RUIZ o GLORIA RIOS RUIZ654/2019
- Victoria Gloria Rios Ruiz o Gloria Rios Ruiz1049/2018
- Victoria Grijalva Rojas638/2021
- Victoria Hernández Santiago884/2017
- VICTORIA MARTÍNEZ JIMÉNEZ y Otros.871/2014
- Victoria Pineda Castillo358/2023
- Victoria Santiago Ruiz71/2015
- Victoria Vásquez Ayala342/2015
- Victoria Velásquez Medina963/2017
- Victoriana Reynalda Pedro Juárez1252/2021
- Victoriano Dominguez Martínez201/2016
- Victoriano Gil Escobar Martínez1568/2014