Victoria Ruiz Realeño
Expediente 1336/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1336/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Victoria Ruiz Realeño
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Magistrados de la Sala Familiar del Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado federal, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E" como juicio de amparo indirecto 1336/2023-I, y fórmese expediente físico y electrónico que corresponde. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones de deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. INCOMPETENCIA Ahora, se estima importante señalar que la parte quejosa señaló como actos reclamados de las autoridades responsables, los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO: La resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el Toca Familiar número 378/2023, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por la suscrita VICTORIA RUIZ REALEÑO, como albacea de la Sucesión Intestamentaria a Bienes de Josefa Realeño Salgado y Vicente Ruíz Rueda, en contra de la Sentencia Interlocutroria dictada en el Incidente de Remoción de Albacea promovido por Dominga Ruiz Realeño, en el expediente 473/2012-II, " Asimismo, en el capítulo de hechos expuso: "1.-Por escrito de fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós. DOMINGA RUIZ REALEÑO, presentó Incidente de Remoción de Albacea en contra de VICTORIA RUIZ REALEÑO, y por auto de fecha veintitrés del mismo mes y año, se admitió a trámite dicho Incidente, con el cual se ordenó emplazar a la suscrita para que contestara la demanda Incidental, opusiera excepciones y ofreciera pruebas dentro del término legal. 2.-Una vez que se me emplazó, por escrito de fecha seis de julio de dos mil veintidós, la suscrita VICTORIA RUIZ REALEÑO, contesté la demanda incidental, negando los hechos argumentando que la incidentista carecía de acción y derecho para promover en mi contra el Incidente de Remoción de albacea, y ofrecí pruebas, las que se desahogaron oportunamente. 3.-Con fecha trece de abril de dos mil veintitrés, la Juez de los autos dictó Sentencia Interlocutoria que declara procedente el Incidente de Remoción de Albacea promovido por DOMINGA RUIZ REALEÑO en contra de VICTORIA RUIZ REALEÑO. 4.-Por escrito de fecha veinticinco de abril de dos mil veintitrés, interpuse el recurso de apelación en contra de la referida Sentencia Interlocutoria, radicándose en la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, bajo el Toca Familiar 378/2023. 5.-El dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, los Magistrados de la H. Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, emitieron Resolución en el Toca Familiar 378/2023, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por la suscrita VICTORIA RUIZ REALEÑO, albacea de la Sucesión Intestamentaria a Bienes de JOSEFA REALENO SALGADO Y VICENE RUIZ RUEDA, que confirma la Sentencia Interlocutoria dictada por la Juez de origen; la cual me fue notificada el primero de septiembre de dos mil veintitrés". Ante lo antes transcrito, se determina que este Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Guerrero, es incompetente para conocer del presente juicio, por las razones que se exponen a continuación. Para el conocimiento del caso en análisis, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de amparo, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando el acto reclamado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando el acto reclamado, o se haya ejecutado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que el acto que se reclama no requiera de ejecución material, para que conozca de aquél el juez del lugar donde se hubiere presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar, se estén realizando o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Ahora bien, como se adelantó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que el promovente del amparo, señaló como autoridades responsables las siguientes: "Magistrados de la H. Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con domicilio bien conocido en la Ciudad Judicial de esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero: y como ejecutora señaló al C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en el Palacio de Justicia en la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero." También es pertinente mencionar que las autoridades designadas como responsables tienen sus respectivos domicilios en: Magistrados de la H. Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en el Palacio de Justicia en la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. Ahora bien, dado la naturaleza del acto reclamado y toda vez que, se advierte que conllevan ejecución material; este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, resulta incompetente para conocer del presente juicio, como a continuación se explica. Del contenido de la demanda presentada por la quejosa Victoria Ruiz Realeño, se advierte que manifiesta que la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, confirmó la resolución combatida, esto es la Sentencia Interlocutoria dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero, dentro del expediente de origen 347/2012-II-BIS, y la ejecución del mandamiento lo realizó dicho Titular, con residencia en Iguala de la Independencia. Lo anterior, permite establecer que la determinación combatida indefectiblemente tiene ejecución material en Iguala de la Independencia, Guerrero, toda vez que la autoridad responsable ejecutora a quien la quejosa atribuye el cumplimiento a lo ordenado por las autoridades judiciales, tiene su domicilio en ese mismo lugar; luego la materialización del acto, es indispensable para decidir quién será el Juez competente para conocer del presente asunto. Corrobora lo anteriormente dicho en la parte considerativa la tesis I.1o.A.44 A, publicada en la Página: 1299, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Registro 189167, Agosto de 2001, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así también, tiene aplicación por las razones que la sustentan, la Tesis 2ª./J. 68/2015, publicada en la página 916, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el juicio de amparo 1336/2023, con todos sus anexos, al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en Turno, con residencia en Iguala de la Independencia, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en su ámbito espacial de competencia se ejecuta materialmente el acto reclamado; por lo tanto, con copia de las constancias necesarias fórmese cuaderno de antecedentes; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Diego Orihuela Román, toda vez que cuenta con registro de cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, no así a María del Rocío López Reyes, por no cantar con el requisito anterior y por así manifestarlo expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por la suscrita Jueza Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis, podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía, ello de conformidad, 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. LEY DE TRANSPARENCIA. Se hace del conocimiento de acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, , hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
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