Victoria Romero Hernández

Expediente 951/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
951/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Victoria Romero Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla (foja 45): dicte un acuerdo en el que únicamente deje sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia para escuchar a los beneficiarios del trabajador fallecido, ofrecimiento de pruebas y dictado de la resolución de declaración de beneficiarios en el expediente número 223/2019, y señale una nueva fecha para su celebración dentro del término de quince días; siendo su responsabilidad ordenar y vigilar que el personal de la Junta a su cargo realice todas las medidas necesarias para que se desahogue la audiencia en mención Asimismo, mediante oficio recibido el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que remitió copia certificada del auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 223/2019, en el que dejó sin efecto la fecha señalada para la celebración de audiencia para escuchar a los beneficiarios del trabajador fallecido, esto es las diez horas con quince minutos del veintiocho de agosto del año en curso y señaló las diez horas del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia en la que se escucharan a los presuntos beneficiarios, se recibirán pruebas y en su caso se dictará la resolución seguida de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el cuatro del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió copia certificada del auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 223/2019, en el que dejó sin efecto la fecha señalada para la celebración de audiencia para escuchar a los beneficiarios del trabajador fallecido, esto es las diez horas con quince minutos del veintiocho de agosto del año en curso y señaló las diez horas del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia en la que se escucharan a los presuntos beneficiarios, se recibirán pruebas y en su caso se dictará la resolución seguida de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de Asuntos Periciales y de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual, en atención a la solicitud que se hizo por auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, informa los requisitos que deben ser cubiertos por el perito oficial designado por el Consejo de la Judicatura Federal, a fin de continuar con el trámite de pago de honorarios. Por lo anterior, se comisiona al actuario adscrito a este órgano, a fin de que notifique personalmente a la perito oficial Cindy Ojeda Carabarín, el contenido del oficio DGAJ/10876/2019 de doce de agosto de dos mil diecinueve (que se remite en copia simple), requiriéndole para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la presente notificación, exhiba el comprobante fiscal y el complemento para la recepción de pagos. En el entendido de que los archivos electrónicos [.pdf y .xml] deberán ser enviados al correo electrónico peritoscjf@correo.cjf.gob.mx. Se precisa que la información personal referente al perito señalado, será considerada como información confidencial y por consiguiente, se limitará el acceso a dicha información, con fundamento en los artículos 1°, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Establece las Disposiciones en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos y Archivos, así como el artículo 4° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada el doce de diciembre de dos mil siete. Lo anterior en virtud de que de los mencionados artículos se advierte que la clasificación de algún documento, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, implica que las documentales así consideradas no pueden ser públicas, esto es, que ninguna persona ajena al juicio de amparo pueda imponerse de ellas; de tal suerte que esa información deberá ser mantenida con ese carácter, lo que no implica la imposibilidad de transmitir, copiar, fotografiar, escanear o reproducir por cualquier medio dicha información, en atención a la relevancia que revisten. Ello en razón de que corresponde al juzgador de amparo adoptar las medidas de seguridad a efecto de evitar que la aludida información se use de manera incorrecta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE.

  4. Principal

    agréguese a los autos el alegato ministerial, signado por la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado, por el que formula alegatos, los cuales serán relacionados en la audiencia constitucional. Por otro lado, en atención al tercer punto de peticiones del pedimento de cuenta, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, como lo solicita una vez que sea dictada la sentencia correspondiente en el juicio de amparo en que se actúa, expídase copia de la misma.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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