Victoria Rojas Castillo

Expediente 156/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
156/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • Victoria Rojas Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Téngase recibido el escrito del autorizado de la promovente de amparo, por medio del cual, solicita le sean devueltos los documentos que anexó a su escrito de demanda, por las razones que en el mismo expone. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, devuélvanse los documentos que refiere el ocursante en su escrito de cuenta, previa copia certificada y recibo que de los mismos se deje en autos, asimismo se le autoriza para que los reciba, en virtud de que así lo solicitó. Se precisa al promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas de lunes a viernes, a fin de que acuda a solicitar la devolución de los documentos que refiere en el ocurso que se provee. En la inteligencia que, debido al límite máximo de la duración de la cita (25 minutos), así como al esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020, que limita la presencia física y el horario del personal de este Juzgado Federal, la entrega de las mismas se efectuara en una fecha posterior, en virtud de que primero se tiene que realizar el fotocopiado de dichas documentales para dejar constancia en el expediente, previa comunicación que se entable con la secretaria de acuerdos, al número de teléfono y/o correo electrónico que para el efecto se encuentra en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", apartado "consulta de directorio de los órganos jurisdiccionales" del citado Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de abril de dos mil veintiuno Visto el estado de autos, toda vez que el nueve de abril de dos mil veintiuno, se ordenó notificar personalmente el mencionado proveído a la parte quejosa, sin que se hubiese realizado de esa forma; en consecuencia, túrnense nuevamente los autos al actuario de la adscripción a fin de que lleve a cabo la referida notificación en los términos señalados en el mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por... Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 156/2021-II-G. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho numeral dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza en párrafos siguientes se efectúa en términos de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, con número de registro 192097, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y que debe interpretarse en su integridad, por lo que, si la parte quejosa señala de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de Distrito lo corrija, a fin de que el promovente no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- 1.- REGISTRO PÚBLICO DE LA PROEDA Y EL COMERCIO DEL MUNICIPIO DE TANCANHUITZ, SAN LUIS POTOSÍ Y INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL SÉPTIMO DISTRITO JUDIICIAL, con domicilio en Chapultepec número 6, de la zona centro del municipio de Tancanhuitz, San Lui Potosí. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- El ilegal registro del contrato de donación, de fecha 02 de octubre del 2003, celebrado entre ...como donante y donatario respectivamente, bajo la inscripción número ...inmueble cuyas medidas, superficies y colindancias, solicito se me tengan por reproducidas. 2.- El ilegal registro del contrato de donación, de fecha 21 de octubre del 2003, celebrado entre ...inmueble cuyas medidas, superficies y colindancias, solicito se me tengan por reproducidas. 3.- El ilegal registro del contrato de compraventa, de fecha 08 de diciembre del 2003, celebrado entre ...como vendedora y compradora respectivamente, bajo la inscripción número 136, del tomo 27 Bis de Escrituras Púbicas, de fecha 10 de diciembre del 2003, pasando por alto que ...falleció el 29 de enero del 2001, inmueble cuyas medidas, superficies y colindancias, solicito se me tengan por reproducidas. 4.- El ilegal registro del contrato de donación, de fecha 09 de febrero del 2004, celebrado entre ...como donante y donatario respectivamente, bajo la inscripción número 221, del tomo 371 de Escrituras Púbicas, de fecha 18 de septiembre del 2017, folio registral R07-004789, pasando por alto que ...falleció el 29 de enero del 2001, inmueble cuyas medidas, superficies y colindancias, solicito se me tengan por reproducidas. 5.- El ilegal registro del contrato de compraventa, de fecha 23 de Junio del 2011, celebrado entre ...como VENDEDOR y COMPRADOR respectivamente, bajo la inscripción número... Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." El primer precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. En este sentido, del segundo numeral transcrito se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. En ese tenor, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que el quejoso estima violada en su perjuicio. Ahora, en los artículos 61 y 62 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, se dispone: "ARTÍCULO 61. Las inscripciones no se extinguen sino por su cancelación, o por el registro de la transmisión del dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona. La cancelación de una inscripción puede hacerse por consentimiento de las personas a cuyo favor están hechas, el que se hará constar en instrumento público otorgado ante notario, o por resolución judicial. Sin embargo, podrán ser canceladas a petición de parte interesada, sin satisfacer dicho requisito, cuando el acto inscrito quede extinguido por disposición de ley o por causas que resulten del documento presentado para su inscripción. Las anotaciones preventivas podrán ser canceladas sólo por caducidad, por realizarse el registro definitivo, o por cancelación ordenada o autorizada por el funcionario o autoridad competente." ARTÍCULO 62. Podrá pedirse la cancelación total de inscripciones o registros definitivos, cuando: I. Se extinga por completo el bien objeto de la inscripción o registro; II. Se extinga por completo el derecho inscrito; III. Se declare la nulidad del acto consignado en el documento, en donde se haya realizado la inscripción o registro; IV. Se declare la nulidad de la inscripción; V. Sea vendido judicialmente el inmueble que reporte el gravamen en el caso previsto en el artículo 2155 del Código Civil, y VI. Tratándose de un embargo, hayan transcurrido tres años desde la fecha de su inscripción y no se haya reinscrito; con excepción del embargo para garantizar el pago de alimentos, créditos laborales y aquéllos que por Ministerio de Ley deban ser ordenados por las autoridades competentes." De la interpretación armónica de los preceptos transcritos se desprende que las inscripciones hechas en el Instituto Registral y Catastral del Estado, únicamente pueden cancelarse por consentimiento de las partes o por decisión judicial, de tal manera que fuera del caso que sea por consentimiento de las partes, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de una inscripción registral, es menester que previamente se declare judicialmente la nulidad de la misma. En ese tenor, los actos que derivan de una inscripción registral, deben respetarse mientras no se resuelva sobre la nulidad de la misma en un juicio contradictorio, en el que se oiga a las partes y se decida lo que en derecho corresponda, conforme a lo alegado y probado, de lo contrario los órganos de control constitucional estarían sustituyendo a la autoridad del orden común, lo que no sucedería si se tratara de actos judiciales. Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa señaló como acto reclamado las inscripciones en el Instituto Registral y Catastral respecto de los actos traslativos de dominio de los bienes que fueron propiedad de sus finados padres Jorge Rojas Ortiz y Ángela Castillo González y/o Ángela González y/o Ángela Castillo, anotaciones que tilda de ilegales pues aduce que la responsable procedió a su registro pasando por alto que dichos actos traslativos fueron celebrados con posterioridad al fallecimiento de los propietarios, partes donante y vendedora en cada caso; resulta inconcuso que resulta improcedente la presente vía constitucional. Es así, pues aun cuando se concluyera que el acto de autoridad aquí reclamado pudiera resultar inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, en la medida que sus efectos, de realizarse, importarían ordenar la cancelación de los alcances de la inscripción en beneficio de la quejosa; empero, en menoscabo de los derechos de probables adquierentes de buena fe sin que hayan sido oídos y vencidos en el juicio previsto por leyes secundarias relativas a las controversias sobre derechos reales, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia; de ahí que contra las inscripciones registrales que no han sido declaradas nulas jurídicamente, sea improcedente el juicio de amparo. Ello es así, pues el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, lo cual como se dijo resultaría jurídica y materialmente imposible en el presente caso. CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). En términos del artículo 2916 del Código Civil del Estado de Campeche, las inscripciones en el Registro Público sólo podrán cancelarse por decisión judicial o por consentimiento de las partes, de manera que fuera del segundo supuesto, para realizar válidamente ese acto, es necesario promover el juicio civil en el que podrá escucharse a los interesados, es decir, para impedir que surtan sus efectos jurídicos los actos que derivan de aquéllas, es menester que previamente se declare judicialmente su nulidad. En estas condiciones, la validez de las anotaciones, por ley, no puede decidirse en el amparo sin que antes haya sido resuelta por la autoridad del orden común en la litis contradictoria correspondiente. Por tanto, aun cuando en el juicio de garantías se concluyera que el mencionado acto es inconstitucional, sería imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, en la medida en que la realización de sus efectos importaría ordenar los alcances de la inscripción, lo cual está encomendado a los tribunales de instancia; de ahí que contra las inscripciones registrales que no han sido declaradas nulas judicialmente sea improcedente el juicio de garantías. En mérito de lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo y procede, por ende, desechar de plano la demanda de que se trata por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia. AUTORIZADO, ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Por otro lado, se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado José Luis Sánchez Labastida y como lo solicita la quejosa en su ocurso, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico del juicio que nos ocupa, así como para recibir las notificaciones personales por vía electrónica, con el usuario "labastida" ello de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. SEÑALA CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO. Por otra parte, se le tiene a la parte quejosa por señalando como dirección electrónica el correo y el número telefónico que refiere en su escrito de demanda, para que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo, para entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

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