Victoria Pérez Aguilar

Expediente 249/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
249/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/08/2022

Partes del expediente

  • Victoria Pérez Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, primero de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 706, remitido vía interconexión con firma electrónica y evidencia criptográfica del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada avocándose al conocimiento de la demanda promovida por Victoria Pérez Aguilar, el cual quedó registrado en el juicio de amparo 117/2022, de su índice. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino: Además, al tratarse de un asunto incompetencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso j), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta con firma electrónica y evidencia criptográfica del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en Oaxaca de Juarez, Oaxaca, mediante el cual transcribe el auto de veinticinco de abril del año en curso, dictado en el amparo directo 117/2022; en el que acusa recibo del diverso por el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, e informa que acordará lo conducente respecto a la competencia declinada a su favor, hasta en tanto el Juez Civil y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo, Oaxaca, autoridad responsable, remita el informe requerido; se toma nota para los efectos legales correspondientes. Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintidós Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos Juez Civil y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo, que hizo consistir literalmente en lo siguiente La sentencia de fecha, sentencia de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente 219/2019 ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 249/2022. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Ahora bien, del análisis integral del libelo constitucional, se desprende que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del mismo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece los casos en que procede el amparo directo ante Tribunales Colegiados de Circuito: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)" Por su parte, el artículo 107, de la Ley de Amparo, fija la procedencia del amparo indirecto en los siguientes términos: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida." En tanto que, el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno), en lo conducente preceptúa, que con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esa ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. La propia ley de la materia, en su artículo 170, fracción I, nos ilustra al señalar que debe entenderse por sentencia definitiva la que decida el juicio en lo principal y que en su contra debe agotarse previamente el recurso ordinario que se establezca en la ley de la materia, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Por su parte, debe entenderse por resoluciones que ponen fin a un juicio aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, y que también en su contra debe agotarse previamente el recurso ordinario que se establezca en la ley de la materia, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Lo anterior deja en claro lo siguiente: un juicio puede terminar decidiendo en lo principal, en cuyo caso estaremos hablando de sentencias definitivas, o sin decidir en lo principal, en cuyo caso estaremos en presencia de resoluciones que ponen fin a un juicio, en contra de las cuales previamente debe agotarse el recurso ordinario que se establezca en la ley de la materia, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, cuando éste proceda. Sentado lo anterior, se tiene que del escrito de demanda el quejoso reclama la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en juicio ejecutivo mercantil 219/2019 por el Juez Civil y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial del Istmo; la cual conforme al artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo antes citada en relación con el numeral 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintiuno); es de aquellas del conocimiento del Tribunales Colegiados de Circuito a través del juicio de amparo directo. Ello, máxime que de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la suerte principal generadora de la acción y en consecuencia de la sentencia definitiva hoy reclamada accede a la cantidad de cincuenta mil pesos ceros centavos, contra la cual no procede recurso ordinario alguno, en términos del artículo 1339 del Código de Comercio vigente al inicio del juicio. En consecuencia, es evidente que el acto constituye una sentencia definitiva, la cual no es competencia de este órgano jurisdiccional; por tanto, previa copia certificada que se deje de la demanda en substitución de la original, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo; remítase el escrito original de la demanda de garantías y cuatro copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativo del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados, a fin de que acuerde lo que corresponda. Asimismo, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo, solicitando al órgano jurisdiccional que de la manera más atenta acuse de recibo correspondiente vía electrónica, e informe la determinación que se sirva emitir. AUTORIZADOS y DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta. Por otra parte, téngase únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, por no tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano