Victoria Peña Guerrero
Expediente 1948/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1948/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 25/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Victoria Peña Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1948/2017-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, EL PRESENTE JUICIO NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, SE DECLARA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, remitió diversas constancias debiendo formarse el ANEXO I; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Sarai González Galicia, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar la resolución terminada de engrosar el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, a la TERCERA INTERESADA SILVIA DORANTES PEÑA, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a las referidas partes, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE. Asimismo notifico la resolución de veintidós de marzo de dos mil dieciocho: Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Victoria Peña Guerrero respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho y la resolución de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, que en lo conducente establecen: ... Cuernavaca, Morelos, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1948/2017-I y UN ANEXO promovido por VICTORIA PEÑA GUERRERO, constante de ciento ochenta y cinco fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Sarai González Galicia, que autoriza y da fe. Guanajuato, Guanajuato, a veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1948/2017-I del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 150/2018-III del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Victoria Peña Guerrero, en contra de actos de la juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el uno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 13), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Victoria Peña Guerrero, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se transcriben: "IV. ACTO RECLAMADO.- De las ordenadora reclamo la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio particular de la suscrita impetrante de garantías, puesto que no soy parte demandada, ni tengo obligaciones para los supuestos actores de diversos juicios en materia mercantil y con el objeto de que no sea molestada en mi persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde la causa legal del procedimiento, siempre y cuando se haya decretado en contra de la promovente de este juicio de garantías; de las Ejecutoras reclamo la orden que les fuera hecha para requerirme de pago, embargo y emplazamiento de fecha 10 de noviembre del año en curso y su correspondiente ejecución en el domicilio de mi propiedad. III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Lo son, en este caso: ORDENADORAS A) El C. JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. EJECUTORAS A) EL C. DIRECTOR DE LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. B) TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS (Y QUE SON UN TOTAL DE 13 ACTUARIOS)." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló que no existe tercero interesado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 14 y 15), la registró bajo el número 1948/2017-I y requirió a la quejosa para que exhibiera nueve copias del escrito de demanda. Una vez cumplida la anterior prevención, el juez auxiliado por auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, admitió a trámite la demanda; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Mediante proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho, se reconoció el carácter de terceras interesadas a Laura Elena Alvear Salazar, como endosataria en procuración de Javier Vázquez Cruz y a Silvia Dorantes Peña y ordenó su emplazamiento al juicio de amparo, lo cual tuvo lugar el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, como se advierte de las actas que obran a fojas 127 y 131 del expediente de amparo. Posteriormente, a las once horas con once minutos del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que obra a foja 167 del expediente de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 168), el juez federal auxiliado ordenó la remisión del expediente del juicio de amparo 1948/2017-I de su índice, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato; en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 150/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclaman actos con ejecución en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; localidad donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado, a quien correspondió conocer la demanda de amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: a) Orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio particular de la quejosa, dictada en el auto de uno de julio de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil 252/2016. Acto reclamado a la siguiente autoridad: 1. Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca b) La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de diez de noviembre de dos mil diecisiete. Acto reclamado de las siguientes autoridades: 1. Coordinadora de la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2. Actuarios adscritos a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado, señalado con el inciso b) del anterior considerando. La coordinadora y los actuarios adscritos a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca (fojas 31 a 55); al rendir sus informes justificados negaron la existencia de la ejecución de la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de la quejosa Victoria Peña Guerrero, de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete. La negativa informada por las responsables no quedó desvirtuada en autos, ni se advierte constancia con la que se evidencie la existencia del acto reclamado; procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Es aplicable a este caso, la tesis de jurisprudencia 284 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cabe señalar, que en el caso, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1461/2016, obran diversas diligencias de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de veinte y veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, respectivamente. Sin embargo, no puede estimarse que la quejosa incurrió en un error en la cita de la fecha de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, pues la propia parte quejosa, promovió un diverso juicio de amparo, en contra de los actos de molestia que se ejecuten en su domicilio, derivados del auto con efectos de mandamiento en forma (auto de exequendo) de uno de julio de dos mil dieciséis. En efecto, obra en autos copia de la demanda de amparo, presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado Morelos, de la que se desprende que Victoria Peña Guerrero promovió juicio de amparo, en contra de la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, así como su ejecución. De ahí, que no pueda estimarse como un error de buena fe por parte de la quejosa, el señalamiento como acto de ejecución, la diligencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete. Por tanto, es evidente, que el acto reclamado en esta instancia constitucional es inexistente. CUARTO. Existencia del acto reclamado precisado con el inciso a) consistente en la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio particular de la quejosa. La juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca (foja 60) al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. En consecuencia, debe tenerse por cierto el acto que se impugna, pues las manifestaciones de la responsable constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2o., párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 749 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que acompañó la juez responsable a su informe justificado, de las que se advierte la existencia de los actos impugnados; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2o. de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones; además, de que se tratan de constancias que forman parte de un expediente tramitado ante autoridad jurisdiccional. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes Común del Primer Distrito Judicial en Cuernavaca, Morelos, Laura Elena Alvear Salazar, como endosataria en procuración de Javier Vázquez Cruz y por su propio derecho, demandó, en la vía ejecutiva mercantil, de Silvia Dorantes Peña el pago de $136,500.00 (ciento treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.), entre otras prestaciones (fojas 2 a 6 del tomo de pruebas). 2. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con residencia en Cuernavaca, que por auto de uno de julio de dos mil dieciséis admitió a tramite la demanda y ordenó requerir del pago a la demandada y en caso de no realizarlo embargarle bienes suficientes para garantizar el adeudo y finalmente emplazarla a juicio (fojas 7 a 8 del tomo de pruebas). 3. El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, Yuridia Nathalie Valle Cervantes, actuaria adscrita al juzgado de origen se constituyó en el domicilio Calzada de los Reyes número 139, poblado Tetela del Monte de Cuernavaca, Morelos para llevar a cabo la diligencia ordenada, sin embargo al encontrarse ausente la demandada dejó citatorio con Victoria Peña, quien dijo ser la madre de esta, para que le esperara a las trece horas con treinta minutos del veinte de febrero de dos mil diecisiete (foja 79 del tomo de pruebas). 4. El veinte de febrero de dos mil diecisiete se intentó desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, la cual no se pudo llevar a cabo ante la oposición de Victoria Peña, la que manifestó que en dicho domicilio no habita Silvia Dorantes Peña (foja 80 del tomo de pruebas). 5. El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, la actuaria se constituyó en el domicilio Calzada de los Reyes número 139, poblado Tetela del Monte de Cuernavaca, Morelos, y llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en la que se señaló para embargo un vehículo automotor Tsuru, marca Nissan Mexicana, tipo sedán, y emplazó a juicio a la parte demandada (fojas 88 y 89 del tomo de pruebas). 6. Seguido el juicio por sus trámites legales, el diez de octubre de dos mil diecisiete se emitió sentencia, en la cual se condenó a la demandada al pago de la suerte principal, intereses moratorios, entre otras prestaciones (fojas 303 a 313 del tomo de pruebas). SEXTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En ese sentido, este juzgado federal estima que, respecto al acto reclamado precisado con el inciso a), consistente en la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio particular de la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" El precepto transcrito establece la causa de improcedencia del juicio sustentada en la institución de la cosa juzgada, y al remitir a la fracción X del propio dispositivo, parte del supuesto referente a que un segundo juicio de amparo es promovido por el mismo quejoso, contra idénticos actos y autoridades responsables que en un proceso constitucional anterior, lo que impide que prospere el asunto presentado con posterioridad. La disposición en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un punto litigioso particular. Así, para que se actualicen los supuestos establecidos en el la hipótesis de improcedencia en análisis, se requiere la actualización de los siguientes presupuestos: 1. La existencia de otro juicio de amparo promovido por el propio quejoso. 2. Que sea contra la misma ley o acto reclamado e idénticas autoridades responsables. 3. Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. Además, cabe señalar que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reiterado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada, ni impide la promoción de un nuevo juicio de amparo en donde se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, es decir, cuando se ha determinado su inacatabilidad a través de un juicio de amparo, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inerjecitable la acción de amparo en modo absoluto. Resulta aplicable, la jurisprudencia 132 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO.- Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". También, la tesis aislada 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo ". De conformidad con lo expuesto, la existencia de la cosa juzgada excluye la procedencia de un segundo proceso, siempre que esté presente identidad subjetiva, objetiva y causal con el primero, pues lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, ya que de lo contrario conllevaría abandonar el criterio previamente dictado y avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. De modo que la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del invocado artículo 61 de la Ley de Amparo puede aplicarse para sobreseer en el juicio, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto, pues se entiende por cosa juzgada la verdad legal que no admite ulterior recurso. Sobre el particular, conviene citar la jurisprudencia 435 , sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Así, de lo hasta aquí expuesto, como se precisó, son tres las condiciones necesarias para que se actualice la causal de improcedencia en análisis, a saber: a) La existencia de un juicio de amparo anterior. b) Que ese juicio haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. c) Que se haya dictado ejecutoria al respecto. En el caso, por lo que hace a las dos primeras de las condiciones enunciadas, es preciso invocar que en autos obra copia certificada de diversas actuaciones que integran el juicio ejecutivo mercantil 252/2016, que fueron remitidas por la autoridad responsable, de las cuales se aprecia, que la hoy quejosa Victoria Peña Guerrero, por escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, promovió juicio de amparo en contra de los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y a los Actuarios de su adscripción, reclamando lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- De las ordenadoras reclamo la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio particular de la suscrita impetrante de garantías, puesto, que no soy parte demandada, ni tengo obligaciones para los supuestos actores de diversos juicios en materia mercantil y con el objeto de que no sea molestada en mi persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde la causa legal del procedimiento, siempre y cuando se haya decretado en contra de la promovente de este juicio de garantías(.)". Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, admitió a trámite y la registró bajo el número 420/2017. Luego, el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se verificó la audiencia constitucional, y posteriormente se remitieron los autos al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, Zacatecas, con la finalidad de que se apoyara en el dictado de la sentencia definitiva. Finalmente, la titular de ese juzgado auxiliar, radicó el asunto con el número 284/2017, y mediante sentencia terminada de engrosar el treinta de junio de dos mil diecisiete, se determinó sobreseer en el juicio, al estimarse que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado consistente en el auto de uno de julio de dos mil dieciséis, no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, pues no es parte en el juicio ejecutivo mercantil 252/2018 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos (fojas 88 a 89 ibídem). Lo narrado hace patente, en lo que aquí interesa, la existencia de un juicio de amparo anterior, promovido por la propia quejosa, esto es, Victoria Peña Guerrero, en contra del auto de exequendo de uno de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 252/2016 por el juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; por lo que, con ello, se estiman satisfechos los dos primeros requisitos necesarios para que se surta la causal de improcedencia que se examina. Ahora bien, respecto a la tercera de las condiciones de mérito, esto es, que se haya dictado ejecutoria en el juicio de amparo invocado, se observa que la sentencia de referencia emitida en el juicio de amparo 420/2017 fue recurrida por la parte quejosa, según se observa de la consulta que se hace al expediente electrónico del citado juicio de amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación (S.I.S.E.). La anterior información, que constituye un hecho notorio para quien resuelve en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de resoluciones publicadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación (S.I.S.E.), cuyo acceso es para el personal autorizado de los diversos órganos del mencionado Poder Judicial. Por las razones que informa, es aplicable la jurisprudencia XXI3o. J/7 , del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del País, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." De dicha consulta, se aprecia que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimooctavo Circuito conoció del recurso de revisión que interpuso la parte quejosa, el cual quedó radicado con el número 246/2017, y en sesión de dos de febrero de dos mil dieciocho, el pleno de ese Tribunal determinó confirmar el fallo recurrido. Por tanto, es evidente que la sentencia dictada en el juicio de amparo 420/2017, quedó firme, al haber sido confirmada por un órgano de superior jerarquía. En las relatadas condiciones, al existir un juicio de amparo en el que hay identidad de promovente (Victoria Peña Guerrero); autoridad responsable ordenadora (juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos) y acto reclamado (auto de uno de julio de dos mil dieciséis, que contiene la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio que dice habitar la parte quejosa); respecto del cual se sobreseyó en el juicio de amparo solicitado por la quejosa y resolución que causó ejecutoria por al haber sido confirmada el dos de febrero de dos mil dieciocho, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia analizada. No escapa a este juzgador, que en el juicio de amparo 420/2017, se haya determinado sobreseer, y que por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada. Sin embargo, en el caso se actualiza un supuesto de excepción a esa regla, dado que lo resuelto en el juicio de amparo 420/2017 hace inejercitable la acción de amparo en modo absoluto, pues se determinó que la parte quejosa carece de interés jurídico, para reclamar el auto de exequendo en virtud que no es parte en el juicio ejecutivo mercantil 252/2016. Ello, pues esa situación no puede ser desconocida por este juzgador, de ahí, que si en ese juicio de amparo se determinó que el acto reclamado, consistente en la orden de requerimiento y pago, no afecta el interés jurídico de la quejosa, al no ser parte en el juicio de natural, es evidente, que esa situación torna inejercitable la acción de amparo de modo absoluto. De ahí que, es inconcuso, que se actualiza la causa de improcedencia en análisis, pues lo resuelto en el juicio de amparo 420/2017, causó estado, al haber sido confirmada esa resolución, por un tribunal colegiado. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento respecto al acto precisado con el inciso a) del considerando segundo reclamado al juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación enderezados en contra del acto reclamado por el que se sobreseyó, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SÉPTIMO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Victoria Peña Guerrero respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de José Manuel Sánchez Acosta, secretario que firma y da fe, hasta el día de hoy veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1948/2017-I y UN ANEXO promovido por VICTORIA PEÑA GUERRERO, constante de ciento ochenta y cinco fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Sarai González Galicia, que autoriza y da fe. Guanajuato, Guanajuato, a veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1948/2017-I del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 150/2018-III del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Victoria Peña Guerrero, en contra de actos de la juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el uno de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 13), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Victoria Peña Guerrero, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se transcriben: "IV. ACTO RECLAMADO.- De las ordenadora reclamo la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio particular de la suscrita impetrante de garantías, puesto que no soy parte demandada, ni tengo obligaciones para los supuestos actores de diversos juicios en materia mercantil y con el objeto de que no sea molestada en mi persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde la causa legal del procedimiento, siempre y cuando se haya decretado en contra de la promovente de este juicio de garantías; de las Ejecutoras reclamo la orden que les fuera hecha para requerirme de pago, embargo y emplazamiento de fecha 10 de noviembre del año en curso y su correspondiente ejecución en el domicilio de mi propiedad. III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Lo son, en este caso: ORDENADORAS A) El C. JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS. EJECUTORAS A) EL C. DIRECTOR DE LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. B) TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTUARIOS ADSCRITOS A LA CENTRAL DE ACTUARIOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS (Y QUE SON UN TOTAL DE 13 ACTUARIOS)." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló que no existe tercero interesado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 14 y 15), la registró bajo el número 1948/2017-I y requirió a la quejosa para que exhibiera nueve copias del escrito de demanda. Una vez cumplida la anterior prevención, el juez auxiliado por auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete, admitió a trámite la demanda; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Mediante proveído de veintidós de enero de dos mil dieciocho, se reconoció el carácter de terceras interesadas a Laura Elena Alvear Salazar, como endosataria en procuración de Javier Vázquez Cruz y a Silvia Dorantes Peña y ordenó su emplazamiento al juicio de amparo, lo cual tuvo lugar el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, como se advierte de las actas que obran a fojas 127 y 131 del expediente de amparo. Posteriormente, a las once horas con once minutos del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que obra a foja 167 del expediente de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 168), el juez federal auxiliado ordenó la remisión del expediente del juicio de amparo 1948/2017-I de su índice, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato; en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 150/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclaman actos con ejecución en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; localidad donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado, a quien correspondió conocer la demanda de amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: a) Orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio particular de la quejosa, dictada en el auto de uno de julio de dos mil dieciséis, en el juicio ejecutivo mercantil 252/2016. Acto reclamado a la siguiente autoridad: 1. Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca b) La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de diez de noviembre de dos mil diecisiete. Acto reclamado de las siguientes autoridades: 1. Coordinadora de la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2. Actuarios adscritos a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado, señalado con el inciso b) del anterior considerando. La coordinadora y los actuarios adscritos a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca (fojas 31 a 55); al rendir sus informes justificados negaron la existencia de la ejecución de la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de la quejosa Victoria Peña Guerrero, de fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete. La negativa informada por las responsables no quedó desvirtuada en autos, ni se advierte constancia con la que se evidencie la existencia del acto reclamado; procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Es aplicable a este caso, la tesis de jurisprudencia 284 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Cabe señalar, que en el caso, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 1461/2016, obran diversas diligencias de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de veinte y veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, respectivamente. Sin embargo, no puede estimarse que la quejosa incurrió en un error en la cita de la fecha de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, pues la propia parte quejosa, promovió un diverso juicio de amparo, en contra de los actos de molestia que se ejecuten en su domicilio, derivados del auto con efectos de mandamiento en forma (auto de exequendo) de uno de julio de dos mil dieciséis. En efecto, obra en autos copia de la demanda de amparo, presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado Morelos, de la que se desprende que Victoria Peña Guerrero promovió juicio de amparo, en contra de la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, así como su ejecución. De ahí, que no pueda estimarse como un error de buena fe por parte de la quejosa, el señalamiento como acto de ejecución, la diligencia de diez de noviembre de dos mil diecisiete. Por tanto, es evidente, que el acto reclamado en esta instancia constitucional es inexistente. CUARTO. Existencia del acto reclamado precisado con el inciso a) consistente en la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio particular de la quejosa. La juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca (foja 60) al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclama. En consecuencia, debe tenerse por cierto el acto que se impugna, pues las manifestaciones de la responsable constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2o., párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 749 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que acompañó la juez responsable a su informe justificado, de las que se advierte la existencia de los actos impugnados; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2o. de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones; además, de que se tratan de constancias que forman parte de un expediente tramitado ante autoridad jurisdiccional. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes Común del Primer Distrito Judicial en Cuernavaca, Morelos, Laura Elena Alvear Salazar, como endosataria en procuración de Javier Vázquez Cruz y por su propio derecho, demandó, en la vía ejecutiva mercantil, de Silvia Dorantes Peña el pago de $136,500.00 (ciento treinta y seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.), entre otras prestaciones (fojas 2 a 6 del tomo de pruebas). 2. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial, con residencia en Cuernavaca, que por auto de uno de julio de dos mil dieciséis admitió a tramite la demanda y ordenó requerir del pago a la demandada y en caso de no realizarlo embargarle bienes suficientes para garantizar el adeudo y finalmente emplazarla a juicio (fojas 7 a 8 del tomo de pruebas). 3. El dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, Yuridia Nathalie Valle Cervantes, actuaria adscrita al juzgado de origen se constituyó en el domicilio Calzada de los Reyes número 139, poblado Tetela del Monte de Cuernavaca, Morelos para llevar a cabo la diligencia ordenada, sin embargo al encontrarse ausente la demandada dejó citatorio con Victoria Peña, quien dijo ser la madre de esta, para que le esperara a las trece horas con treinta minutos del veinte de febrero de dos mil diecisiete (foja 79 del tomo de pruebas). 4. El veinte de febrero de dos mil diecisiete se intentó desahogar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, la cual no se pudo llevar a cabo ante la oposición de Victoria Peña, la que manifestó que en dicho domicilio no habita Silvia Dorantes Peña (foja 80 del tomo de pruebas). 5. El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, la actuaria se constituyó en el domicilio Calzada de los Reyes número 139, poblado Tetela del Monte de Cuernavaca, Morelos, y llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en la que se señaló para embargo un vehículo automotor Tsuru, marca Nissan Mexicana, tipo sedán, y emplazó a juicio a la parte demandada (fojas 88 y 89 del tomo de pruebas). 6. Seguido el juicio por sus trámites legales, el diez de octubre de dos mil diecisiete se emitió sentencia, en la cual se condenó a la demandada al pago de la suerte principal, intereses moratorios, entre otras prestaciones (fojas 303 a 313 del tomo de pruebas). SEXTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En ese sentido, este juzgado federal estima que, respecto al acto reclamado precisado con el inciso a), consistente en la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio particular de la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" El precepto transcrito establece la causa de improcedencia del juicio sustentada en la institución de la cosa juzgada, y al remitir a la fracción X del propio dispositivo, parte del supuesto referente a que un segundo juicio de amparo es promovido por el mismo quejoso, contra idénticos actos y autoridades responsables que en un proceso constitucional anterior, lo que impide que prospere el asunto presentado con posterioridad. La disposición en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un punto litigioso particular. Así, para que se actualicen los supuestos establecidos en el la hipótesis de improcedencia en análisis, se requiere la actualización de los siguientes presupuestos: 1. La existencia de otro juicio de amparo promovido por el propio quejoso. 2. Que sea contra la misma ley o acto reclamado e idénticas autoridades responsables. 3. Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. Además, cabe señalar que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reiterado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada, ni impide la promoción de un nuevo juicio de amparo en donde se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, es decir, cuando se ha determinado su inacatabilidad a través de un juicio de amparo, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inerjecitable la acción de amparo en modo absoluto. Resulta aplicable, la jurisprudencia 132 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO.- Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". También, la tesis aislada 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo ". De conformidad con lo expuesto, la existencia de la cosa juzgada excluye la procedencia de un segundo proceso, siempre que esté presente identidad subjetiva, objetiva y causal con el primero, pues lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, ya que de lo contrario conllevaría abandonar el criterio previamente dictado y avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. De modo que la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del invocado artículo 61 de la Ley de Amparo puede aplicarse para sobreseer en el juicio, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto, pues se entiende por cosa juzgada la verdad legal que no admite ulterior recurso. Sobre el particular, conviene citar la jurisprudencia 435 , sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Así, de lo hasta aquí expuesto, como se precisó, son tres las condiciones necesarias para que se actualice la causal de improcedencia en análisis, a saber: a) La existencia de un juicio de amparo anterior. b) Que ese juicio haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. c) Que se haya dictado ejecutoria al respecto. En el caso, por lo que hace a las dos primeras de las condiciones enunciadas, es preciso invocar que en autos obra copia certificada de diversas actuaciones que integran el juicio ejecutivo mercantil 252/2016, que fueron remitidas por la autoridad responsable, de las cuales se aprecia, que la hoy quejosa Victoria Peña Guerrero, por escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, promovió juicio de amparo en contra de los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y a los Actuarios de su adscripción, reclamando lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- De las ordenadoras reclamo la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio particular de la suscrita impetrante de garantías, puesto, que no soy parte demandada, ni tengo obligaciones para los supuestos actores de diversos juicios en materia mercantil y con el objeto de que no sea molestada en mi persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde la causa legal del procedimiento, siempre y cuando se haya decretado en contra de la promovente de este juicio de garantías(.)". Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, admitió a trámite y la registró bajo el número 420/2017. Luego, el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, se verificó la audiencia constitucional, y posteriormente se remitieron los autos al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con sede en Zacatecas, Zacatecas, con la finalidad de que se apoyara en el dictado de la sentencia definitiva. Finalmente, la titular de ese juzgado auxiliar, radicó el asunto con el número 284/2017, y mediante sentencia terminada de engrosar el treinta de junio de dos mil diecisiete, se determinó sobreseer en el juicio, al estimarse que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado consistente en el auto de uno de julio de dos mil dieciséis, no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, pues no es parte en el juicio ejecutivo mercantil 252/2018 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos (fojas 88 a 89 ibídem). Lo narrado hace patente, en lo que aquí interesa, la existencia de un juicio de amparo anterior, promovido por la propia quejosa, esto es, Victoria Peña Guerrero, en contra del auto de exequendo de uno de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 252/2016 por el juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; por lo que, con ello, se estiman satisfechos los dos primeros requisitos necesarios para que se surta la causal de improcedencia que se examina. Ahora bien, respecto a la tercera de las condiciones de mérito, esto es, que se haya dictado ejecutoria en el juicio de amparo invocado, se observa que la sentencia de referencia emitida en el juicio de amparo 420/2017 fue recurrida por la parte quejosa, según se observa de la consulta que se hace al expediente electrónico del citado juicio de amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación (S.I.S.E.). La anterior información, que constituye un hecho notorio para quien resuelve en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de resoluciones publicadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación (S.I.S.E.), cuyo acceso es para el personal autorizado de los diversos órganos del mencionado Poder Judicial. Por las razones que informa, es aplicable la jurisprudencia XXI3o. J/7 , del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del País, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." De dicha consulta, se aprecia que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimooctavo Circuito conoció del recurso de revisión que interpuso la parte quejosa, el cual quedó radicado con el número 246/2017, y en sesión de dos de febrero de dos mil dieciocho, el pleno de ese Tribunal determinó confirmar el fallo recurrido. Por tanto, es evidente que la sentencia dictada en el juicio de amparo 420/2017, quedó firme, al haber sido confirmada por un órgano de superior jerarquía. En las relatadas condiciones, al existir un juicio de amparo en el que hay identidad de promovente (Victoria Peña Guerrero); autoridad responsable ordenadora (juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos) y acto reclamado (auto de uno de julio de dos mil dieciséis, que contiene la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el domicilio que dice habitar la parte quejosa); respecto del cual se sobreseyó en el juicio de amparo solicitado por la quejosa y resolución que causó ejecutoria por al haber sido confirmada el dos de febrero de dos mil dieciocho, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia analizada. No escapa a este juzgador, que en el juicio de amparo 420/2017, se haya determinado sobreseer, y que por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada. Sin embargo, en el caso se actualiza un supuesto de excepción a esa regla, dado que lo resuelto en el juicio de amparo 420/2017 hace inejercitable la acción de amparo en modo absoluto, pues se determinó que la parte quejosa carece de interés jurídico, para reclamar el auto de exequendo en virtud que no es parte en el juicio ejecutivo mercantil 252/2016. Ello, pues esa situación no puede ser desconocida por este juzgador, de ahí, que si en ese juicio de amparo se determinó que el acto reclamado, consistente en la orden de requerimiento y pago, no afecta el interés jurídico de la quejosa, al no ser parte en el juicio de natural, es evidente, que esa situación torna inejercitable la acción de amparo de modo absoluto. De ahí que, es inconcuso, que se actualiza la causa de improcedencia en análisis, pues lo resuelto en el juicio de amparo 420/2017, causó estado, al haber sido confirmada esa resolución, por un tribunal colegiado. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento respecto al acto precisado con el inciso a) del considerando segundo reclamado al juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación enderezados en contra del acto reclamado por el que se sobreseyó, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SÉPTIMO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Victoria Peña Guerrero respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de José Manuel Sánchez Acosta, secretario que firma y da fe, hasta el día de hoy veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.
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