Victoria Pat Miam

Expediente 166/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
166/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • Victoria Pat Miam
  • María del Socorro Lope Miam
  • Victoria Pat Miam y Otros.
  • Bernardo Lope Miam y Otros.
  • MARÍA DEL SOCORRO LOPE MIAM y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual informa sobre la remisión de un oficio, el cual se agrega sin mayores efectos toda vez que no es autoridad responsable en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia firmada por este Juzgado Federal el siete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia firmada el siete de octubre de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se sobreseyó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General de Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 166/2021-I, promovido por María del Socorro Lope Miam y Victoria Pat Miam, en contra del acto reclamado al Juez Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento del Estado y otras autoridades, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, María del Socorro Lope Miam y Victoria Pat Miam, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó del Juez Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento del Estado y otras autoridades. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo y se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, todo lo cual se verificó en sus términos. Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto atribuido a diversas autoridades, cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y de los informes rendidos por las autoridades responsables se advierte que la parte quejosa reclama: - El emplazamiento al juicio de sucesión intestada 748/2009 del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora radicado bajo el número de expediente 3226/2009 ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, así como todo lo actuado en dicho juicio y; - La inscripción de la adjudicación por herencia del predio número ciento cuarenta y ocho letra "H" de la calle treinta y tres de la Localidad y Municipio de Seyé, Yucatán, a nombre de José Ramón Lope Mian o José Ramón Lope Miam, otorgada ante el Notario Público Número Dieciséis del Estado de Yucatán, Abogado Carlos Alfredo Evia Salazar, en escritura pública ciento diecinueve de fecha veinticinco de febrero de dos mil diez, bajo el folio electrónico 38832 y número de inscripción 1209922 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán así como sus consecuencias. Tercero. Acto existente. La Juez Primero de lo Familiar y la Actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambas del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y la Directora del Catastro, ambas del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en sus respectivos informes justificados, señalaron que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que remitieron y a las que, por tratarse de copias certificadas de sus actuaciones, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo; por lo que se consideran existentes. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. En primera instancia resulta pertinente señalar algunos antecedentes del acto reclamado que resultan útiles para el correcto entendimiento del asunto que ahora se resuelve, siendo que de dichas constancias procesales se destaca lo siguiente: 1. El veintiocho de abril de dos mil nueve, se tuvo por presentado a José Ramón Lope Mian, denunciando el juicio de sucesión unidas de intestado de sus progenitores Juan Pablo Pat Lopez o Pablo Lope y Victoriana Miam y Can o Victoriana Miam Can o Victoria Miam Can, en cuyo escrito inicial manifestó, entre otras cosas, que durante el matrimonio de sus progenitores procrearon un hijo, mencionándose a él mismo (José Ramón Lope Mian). 2. El veintisiete de mayo de dos mil nueve, se recabó la información testimonial de José Francisco Poot Mugarte y Hilda Leunice Pech Noh. 3. Mediante proveído de tres de julio de dos mil nueve, se tuvo por denunciado y radicado ante el Juzgado del conocimiento, el juicio de sucesión intestada de Juan Pablo Pat Lopez o Pablo Lope, y se reconoció como único y universal heredero del autor de la herencia a José Ramón Lope Mian; igualmente, en la propia determinación se precisó que respecto a la sucesión de Victoriana Miam y Can o Victoriana Miam Can o Victoria Miam Can, su tramitación era innecesaria al considerarse que la muerte de la nombrada aconteció con anterioridad al fallecimiento del autor de la herencia y al no dejar bienes, y tampoco adquirir derechos y acciones. 4. El seis de agosto de dos mil nueve, se formó la segunda sección del juicio de sucesión de origen. 5. Previos los trámites correspondientes, el veintiuno de octubre de dos mil nueve, se dictó la sentencia correspondiente, en la que se aprobó el proyecto de separación y adjudicación, se ordenó la adjudicación a favor de José Ramón Lope Mian, respecto de la plena propiedad del predio número ciento cuarenta y ocho letra "H" de la calle treinta y tres de la Localidad y Municipio de Seyé, Yucatán; asimismo, también se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación del bien inmueble objeto de la herencia a favor del nombrado José Ramón Lope Mian, el cual sería otorgada ante la fe del Notario Público que éste designara. 6. El once de noviembre de dos mil nueve, se determinó que la sentencia antes referida causaba ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Quinto. Análisis de la causal de improcedencia. Por ser de orden público debe estudiarse si en el presente asunto se actualiza una causa de improcedencia, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)". Precepto legal que guarda relación con el diverso artículo 6º, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente establece: "Artículo 6. El juicio de amparo podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma genera o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo anterior, se colige que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que el peticionario del amparo demuestre su interés jurídico, el cual, ha sido concebido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano constitucional demandando el cese de esa violación, es decir, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de amparo. El interés jurídico, es lo que la doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. En el caso sujeto a estudio, se considera que la acción de amparo hecha valer por las quejosas María del Socorro Lope Miam y Victoria Pat Miam deviene improcedente en virtud de la no afectación a su interés jurídico, generada con motivo de la prescripción del derecho que les pudo haber asistido para adquirir por sucesión intestamentaria el patrimonio que perteneció a quien fuera su progenitor Juan Pablo Pat Lopez o Pablo Lope, y que, finalmente, les impide reclamar ante la potestad federal la posible inconstitucionalidad que pudiera viciar el procedimiento sucesorio respectivo con motivo de su falta de citación al mismo. Es decir, para que en un juicio de amparo se cumpla con la exigencia de estar promovido por la parte a quien perjudique la ley o actos reclamados, a que se refieren los artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, debe partirse del hecho de que le corresponde la titularidad de algún derecho sustantivo que le permita defenderlo de infracciones cometidas en su detrimento, entendiendo por éste, el que se encuentra previsto en alguna figura jurídica de las que se regulan en el derecho común y que, al momento de la presentación de la demanda respectiva, tenga plena vigencia. En otras palabras, para que el ejercicio de la acción de amparo sea legalmente válido, debe tener por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de su existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no le corresponde a la parte quejosa, o que, habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, tal como ocurre cuando opera la prescripción. En ese sentido, cabe destacar que en términos de lo establecido en el artículo 2529 del Código Civil del Estado vigente en la época de interposición del juicio de origen, la acción de petición de herencia prescribe en diez años; sin embargo, aún y cuando dicho numeral no establece de forma precisa a partir de cuándo debe computarse dicho plazo, lo cierto es que por cuestión de certeza y seguridad jurídica, debe tomarse en consideración el momento de la posesión jurídica de los bienes correspondientes a la masa hereditaria por parte de quien se considere pueda ser el heredero de los mismos; de ahí que en el caso en concreto, dicho plazo debe contarse a partir de la adjudicación del patrimonio al que pudiera aspirar quien se considere con derecho por estimarse heredero. De manera tal que si el once de noviembre de dos mil nueve causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de sucesión intestada promovido por el aquí tercero interesado José Ramón Lope Mian o José Ramón Lope Miam, el cual se adjudicó la plena propiedad del bien inmueble materia de la herencia de su progenitor Juan Pablo Pat Lopez o Pablo Lope y, las aquí quejosas solicitan el amparo por falta de emplazamiento al juicio que le precedió, radicado inicialmente como expediente 748/2009 ante el Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente radicado bajo el número de expediente 3226/2009 ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, debe estimarse que por haber transcurrido el plazo para la prescripción de su derecho sustantivo a pedir la herencia que le habría de corresponder sobre el patrimonio del citado de cujus, ya que entre la indicada fecha -once de noviembre de dos mil nueve - y el veintinueve de enero de dos mil veintiuno en que presentaron en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán su demanda de amparo, transcurrió en exceso el plazo de diez años, necesario para que se extinguiera por prescripción su derecho para pedir la herencia de quien estiman fue su ascendiente directo. En tal virtud, si por el solo transcurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido a las quejosas María del Socorro Lope Miam y Victoria Pat Miam intervenir en el juicio sucesorio del que emanan los actos reclamados, es inconcuso que en la especie no se afectan su interés jurídico, pues lo que pretenden es la anulación de lo actuado en la intestamentaría de origen a efecto de que se les convocara a participar en la misma y el derecho a ello quedó extinguido por prescripción. En soporte de lo anterior cabe citar, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 39/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cuarenta y dos, del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SUCESORIO. CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).- Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados pueden promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala". En este mismo sentido, resulta oportuno citar, en lo sustancial, las consideraciones que sustentaron la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 74/97, misma que culminó con el criterio jurisprudencial trascrito, las cuales pueden consultarse en las páginas doscientos cuarenta y tres y siguientes del mismo tomo del órgano oficial de difusión citado, y que a la letra dicen: ".Finalmente, antes de que esta Primera Sala fije la posición que habrá de adoptar para resolver la contradicción de tesis materia de estudio, respecto a la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, es necesario analizar los diversos supuestos que podrían dar lugar a que se promoviera el juicio de garantías por parte de una persona que se considera con derecho a participar de la masa hereditaria dejada por el de cujus, que en la especie son las siguientes:-- a). En primer lugar cabe mencionar aquellos casos en los que desde la denuncia del juicio intestamentario se señala a alguna persona familiar del de cujus, con derecho a participar en el juicio, respecto de la cual, el juzgador estaría en la obligación de ordenar que se le cite y de verificar que se dé cabal cumplimiento a las formalidades legales establecidas para ello, a efecto de que se haga del conocimiento del heredero señalado la existencia del juicio sucesorio, para que esté en condiciones de acudir ante la autoridad judicial que conoce del juicio sucesorio a deducir sus derechos hereditarios, como ocurre en el casos expresamente señalados en los artículos 844, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 1197 y 1198 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala que en lo conducente señalan:- - "ARTÍCULO 844.- Efectuada la denuncia y una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes, cuando así proceda, el Juez tendrá por radicado el intestado y mandará notificarlo por cédula o por correo con acuse de recibo a las personas que se hubiesen señalado como interesadas, haciéndoles saber el nombre del finado, las demás particularidades que lo identifiquen, la fecha y el lugar del fallecimiento, para que en un término improrrogable de treinta días se presenten a deducir y a justificar sus derechos, a la herencia y a hacer el nombramiento de albacea. En todo caso mandará a fijar y publicar los edictos correspondientes, haciendo saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán presentarse a deducir y justificar sus derechos en la forma y términos que ordena el párrafo anterior".- - - "ARTÍCULO 1197.- En la denuncia o promoción de intestado, se expresará si el autor de la sucesión dejó cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales, dentro del quinto grado".- - - "ARTÍCULO 1198.- El Juez citará a los presuntos herederos que aparecieran en la denuncia o a sus legítimos representantes, para una junta." - - - Del contenido de los numerales transcritos de ambos ordenamientos legales citados, se advierte que en aquellos casos en que en la demanda de intestado se haga mención o se señale a alguna persona como familiar del de cujus, se genera la obligación por parte del Juez del conocimiento, de vigilar la correcta citación de dicha persona, a efecto de que se haga de su conocimiento la existencia del juicio sucesorio, para que acuda a deducir sus derechos hereditarios.- - En este caso, de darse alguna irregularidad -deficiencia u omisión- en la citación o llamamiento correspondiente, indudablemente el heredero en cuestión, se vería afectado en sus derechos fundamentales con las resoluciones que se dictaran en las diferentes etapas que integran el trámite del juicio sucesorio, pues las mismas no se ocuparían del quejoso porque no fue parte en el mismo, luego entonces dicha afectación no podría ser subsanada con el dictado de la resolución definitiva (en un juicio sucesorio se entiende como tal la que determina la adjudicación de bienes), pues no sería tomado en consideración en dicha determinación, por no haber sido parte en el juicio, razón por la que el interesado quedaría en la posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, dentro del término señalado para ello por el artículo 21 de la Ley de Amparo, a condición de que no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia a que se refieren los artículos 2993 del Código Civil para el Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, los cuales son coincidentes en señalar el término de diez años contados a partir de la muerte del de cujus.- - Sin que en las citadas condiciones, exista la obligación por parte del quejoso, de tramitar previamente el juicio de petición de herencia, en virtud de que éste no tiene la calidad de un recurso ordinario, ya que se trata de un procedimiento autónomo y no de un recurso o medio ordinario de impugnación, como ya se precisó con anterioridad.- - Tampoco sería exigible en las condiciones apuntadas, que el quejoso agotara los recursos ordinarios señalados en los códigos de procedimientos civiles, pues al no haber sido parte en el juicio no tendría acceso a agotarlos, por tener la calidad de tercero extraño al juicio.- - - b). Diversa circunstancia se presentaría cuando a una persona que se considera posible heredera, no se le da intervención alguna en el juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite del procedimiento sucesorio y reclama su derecho a intervenir en dicho juicio, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, circunstancia que daría lugar a dos situaciones diversas:-- 1-b). La primera se actualiza cuando la persona interesada cuenta con un documento público fehaciente que acredita su entroncamiento con el autor de la sucesión -en la especie el acta del registro civil correspondiente-, así como el grado de parentesco idóneo para ser declarado heredero, lo que le permitiría, sin prejuzgar sobre la primacía o no de sus derechos hereditarios en relación con las otras personas declaradas como herederos en el juicio sucesorio, establecer su derecho para ser llamado a juicio a través del juicio de garantías, siempre que no haya transcurrido el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia.- - - 2-b). La segunda situación se daría cuando la persona interesada en intervenir en un juicio sucesorio, no obstante que cuenta con un documento público fehaciente -un acta del registro civil- para acreditar su entronque de parentesco con el autor de la sucesión, como base para promover el juicio de amparo, dicho documento sea insuficiente para acreditar su derecho a participar en el juicio sucesorio como ocurre en los casos en que en un juicio intestamentario ya se encuentran acreditadas como herederas personas con un grado de parentesco menor con el autor de sucesión, que el que acredita el quejoso, con el documento en cuestión, si se toma en consideración que en todos los códigos civiles de las entidades federativas y del Distrito Federal, establecen en sus preceptos la regla que señala que los parientes cercanos excluyen a los parientes lejanos, en la preferencia al haber hereditario.-- c). Otra circunstancia diversa se presenta en el caso en que la persona interesada en intervenir en el juicio sucesorio, para que se le declare heredero, pretende demostrar su entroncamiento familiar con el autor de la sucesión, mediante el acopio de diverso material probatorio, por carecer del documento público idóneo para ello -en la especie el acta del registro civil- en cuyo caso no sería procedente el juicio de amparo, pues se estaría en la imposibilidad de hacer alguna declaración en torno a la demostración del vínculo de parentesco, por no contarse con la prueba fehaciente requerida por los diversos código civiles para ello, en tales condiciones dicha pretensión deberá hacerse valer a través de un juicio ordinario ante las autoridades correspondientes a través del procedimiento de petición de herencia.". En las relatadas circunstancias, si quedó extinguida por prescripción la acción de petición de herencia que correspondió a las quejosas María del Socorro Lope Miam y Victoria Pat Miam, al tenor de lo establecido en el artículo 2529 del Código Civil del Estado, al haber transcurrido un plazo mayor de diez años entre la fecha en que se adjudicó al tercero interesado el bien inmueble perteneciente a la masa hereditaria y el día en que se presentó la demanda de amparo que dio inicio a este juicio constitucional, es evidente que en la especie se actualiza de manera plena la causal de improcedencia que deriva de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende, lo que procede es sobreseer en el juicio conforme al diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento. Sustenta las anteriores consideraciones, por identidad, la tesis VI.2º C. 637 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a página 1001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, con rubro y textos siguientes: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO RESULTA IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO SE PROMUEVE UNA VEZ QUE HA PRESCRITO LA ACCIÓN DE PETICIÓN DE HERENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Conforme al artículo 3391 del Código Civil para el Estado de Puebla, la acción de petición de herencia prescribe en diez años, contados a partir de la adjudicación del patrimonio al que pudiera aspirar quien se considere con derecho por estimarse heredero. Por otro lado, para que un juicio de garantías satisfaga la exigencia de ser promovido por la parte a quien perjudique la ley o el acto reclamado, acorde con el artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que el ejercicio de la acción de amparo tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quien demanda su protección, en razón de la existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponde al quejoso, o que habiéndole pertenecido, hubieren perdido positividad con motivo del transcurso del tiempo, tal como ocurre cuando opera la prescripción. De tal suerte, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se reclama la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio intestamentario, si al momento de su promoción ya prescribió la acción de petición de herencia, dado que si por el solo transcurso del tiempo dejó de existir el derecho que habría permitido al quejoso intervenir en dicho procedimiento, es inconcuso que ninguna afectación se ocasiona a su interés jurídico, en tanto que su pretensión consiste en la anulación de lo actuado a efecto de que se le convoque a participar en la sucesión, derecho que se extinguió al operar la prescripción. Y la tesis VI.1o.C.82 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a página 2064 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, con rubro y textos siguientes: "PETICIÓN DE HERENCIA. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS PARA QUE PRESCRIBA DICHA ACCIÓN, INICIA A PARTIR DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE DECRETA LA ADJUDICACIÓN DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA EN VIGOR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004). El artículo 3391 del Código Civil del Estado establece: "La acción de petición de herencia prescribe en diez años a partir de la adjudicación y es transmisible a los herederos.". Por ello, si dentro del juicio sucesorio se emite una sentencia de adjudicación de la masa hereditaria, la cual queda invalidada por haberse apersonado otros herederos, y con ese motivo se dicta una nueva, el cómputo del término de diez años a que se refiere el artículo mencionado inicia a partir de esta última resolución, porque no pueden prevalerse los primeros adjudicatarios de la primera, para efecto de contabilizar el plazo de la prescripción." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por María del Socorro Lope Miam y Victoria Pat Miam en contra de los actos atribuidos a la Juez Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento del Estado y otras autoridades, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, hasta el siete de octubre de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    AVISO...Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio promovido por María del Socorro Lope Miam y Victoria Pat Miam en contra de los actos atribuidos a la Juez Tercero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ahora Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento del Estado y otras autoridades, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe, hasta el siete de octubre de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado lo permitieron.

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