Victoria Montserrat Romero Martínez
Expediente 357/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Victoria Montserrat Romero Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En la Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja civil Q.C. 202/2021, en la que declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, devuelve un legajo de copias certificadas relativas al juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, acúsese recibo. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, a efecto de dar cumplimiento al contenido al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veintisiete, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece que aquellos expedientes que se hayan concluido por un acuerdo sin decidir el juicio en lo principal, serán susceptibles de destrucción; en esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que una vez que transcurra el término a que hace referencia el artículo veintiuno del Acuerdo General, se procederá a su destrucción, pues este asunto carece de relevancia documental. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio vía interconexión al Tribunal oficiante.
- Principal
En la Ciudad de México, a veinte de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta proveniente del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se le remitieron para la substanciación del recurso de queja interpuesto en el presente asunto; asimismo, informa que admitió a trámite dicho medio de impugnación, registrándolo con el número de expediente Q.C. 202/2021. NOTIFÍQUESE por lista a la parte quejosa.
- Principal
En la Ciudad de México, a doce de julio de dos mil veintiuno. Visto el escrito presentado por la quejosa ************, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantías; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 99 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada de las constancias necesarias del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, para su substanciación, enviándole por separado el original del escrito de expresión de agravios. Ahora, toda vez que se trata de una promoción relativa a la presentación de un recurso de queja, éste debe ser turnado a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, para que se le asigne número por razón de turno; a tal efecto, remítase oficio vía correo electrónico, a la Oficina referida, junto con copia del escrito de expresión de agravios y del oficio respectivo, para que designe al Tribunal Federal que por razón de turno le corresponda conocer. Una vez que la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, le asigne turno y envíe la papeleta respectiva, remítase el recurso de queja con copia certificada de las constancias necesarias del presente asunto, al Tribunal Colegiado que corresponda. Notifíquese por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, por oficio al Tribunal Colegiado al que se asigne el recurso de queja, y por medio de lista a la parte quejosa.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA..EL CONTENIDO DEL AUTO DE 29 DE JUNIO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:.."Ciudad de México, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta presentado por la quejosa .... mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de cuatro de junio del año en curso; en estas condiciones, se procede acordar la demanda de garantías y el escrito de desahogo, en los siguientes términos: PARTE QUEJOSA....PERSONALIDAD La demanda es promovida por conducto de ....AUTORIDAD RESPONSABLE Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS. Derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 constitucional. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los acuerdos dictados en el incidente de cumplimiento de convenio, relativo a la controversia del orden familiar, guarda y custodia y pensión alimenticia 1383/2016, seguida por Victoria Montserrat Romero Martínez, contra Eduardo Ramos Ramírez, tramitada ante el Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México, consistentes en: a) Auto de cuatro de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se regularizó el procedimiento y se proveyó lo conducente con relación a la ampliación de la prueba pericial en materia de psicología que deberá practicarse a Victoria Monserrat Romero Martínez y Eduardo Ramos Ramírez, así como a sus menores hijos, determinándose que esta estaría exenta de pago, y que la diversas prueba pericial en materia de psicología ofrecida por Victoria Montserrat Romero Martínez, a cargo de Eduardo Ramos Ramírez, sería a costa de la oferente, aquí quejosa. b) Auto de doce de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se reiteró a la impetrante del amparo, que debía estarse a lo acordado en el acuerdo indicado en el inciso que precede. c) Auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el que se ordenó agregar el oficio remitido por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, por medio del cual remitió copia certificada de la resolución de veintiocho de octubre de dos mil vente, dictada en el toca .... mediante la cual revocó el auto de doce de agosto de dos mil veinte, señalado en el inciso que antecede. d) Auto de dos de marzo del año en curso, mediante el cual se indicó a la aquí quejosa que debería estarse a la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca .... por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como al auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, referidos en el inciso que precede. e) Auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la Sala responsable en el toca .... mediante el cual desechó el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, contra el auto de dos de marzo del año en curso, dictado en el incidente de cumplimiento de convenio, relativo a la controversia de orden familiar, guarda y custodia y pensión alimenticia 1383/2016, promovido por Victoria Montserrat Romero Martínez, contra Eduardo Ramos Ramírez, tramitado ante el Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, se advierte que respecto del acto reclamado identificado con el inciso a), SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Conforme a dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado, puesto que entre los presupuestos fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, según el cual, dicho juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo es procedente, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal y la Ley de Amparo precisan, cuando se hayan interpuesto previamente los recursos o medios de defensa que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación del propio acto o actuación judicial. El reproducido precepto, alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que, para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la Jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, tratándose de controversias del orden familiar, procede el recurso de apelación en términos de lo dispuesto en los artículos 688, 691 y 952 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que disponen: "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. La apelación en efecto devolutivo podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva." "Artículo 691. La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. La apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a quinientos mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de presentación de la demanda, dicho monto se actualizará en los términos que establece el último párrafo de la fracción II del artículo 62. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables." "Artículo 950. Las apelaciones a que se refiere este título serán en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo disposición expresa en contrario y deberán interponerse en la forma y términos previstos por el título Décimo Segundo del presente código.". "Artículo 952. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta. Son procedentes en materia de recursos, igualmente los demás previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo y además de los casos ya determinados expresamente en esta Ley, para lo no previsto al respecto, se sujetará a las disposiciones generales correspondientes." De los preceptos transcritos se desprende que, en las controversias del orden familiar, resultan procedentes los recursos previstos en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, cuya tramitación se debe sujetar a las disposiciones generales de dicho ordenamiento. Asimismo, se desprende que los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva y que, con relación a las controversias del orden familiar, resulta procedente el recurso de apelación contra la sentencia definitiva que las resuelva, al tratarse de asuntos de cuantía indeterminada. En esas condiciones, el recurso de apelación también resulta procedente contra los autos dictados en las controversias del orden familiar, dado que se trata de asuntos cuya sentencia definitiva es apelable, conforme a lo dispuesto en los artículos transcritos. De ese modo, en la hipótesis de que, si alguna de las partes no estuviera conforme con un proveído dictado en una controversia del orden familiar, estaría obligada a agotar, previamente a la promoción del acción constitucional, el recurso de apelación en la Ley que rige el procedimiento en ese tipo de juicios. De tal manera que, si el quejoso no estuvo conforme con el proveído de cuatro de agosto de dos mil veinte, emitido por el Juez responsable en el juicio de origen, previo a acudir al juicio de amparo, estaba obligado a hacer valer el recurso de apelación, en observancia del principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, con el cual pudo haber obtenido su revocación o modificación, sin que se advierta que, contra el proveído que en esta vía combate haya hecho valer el citado medio de impugnación. Sin que obste a lo anterior que el acto reclamado pudiere revestir el carácter de irreparable y que estén involucrados en el juicio de origen menores de edad, pues el Máximo Tribunal del País ha sostenido que aun tratándose de esos casos, es necesario que, previo a la promoción del juicio de amparo, se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio. Ahora bien, respecto de los actos reclamados identificados con los incisos c) y d), se advierte que también se surte la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues como ya se vio, el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, es aquél mediante el cual el Juez responsable ordenó agregar el oficio remitido por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, por medio del cual remitió copia certificada de la resolución de veintiocho de octubre de dos mil vente, dictada en el toca 984/2020, mediante la cual revocó el auto de doce de agosto de dos mil veinte, señalado en el inciso que antecede, y por su parte, en el auto de dos de marzo del año en curso, el citado juzgador indicó a la aquí quejosa que debería estarse a la resolución de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca 984/2020, por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como al auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, ya referidos; por lo que, previamente a la promoción del juicio de amparo, procedía AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN que prevé la ley ordinaria, por virtud del cual dichos autos pudieron ser revocados o modificados, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD que rige para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, los artículos 684 y primer párrafo del 685, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, disponen: "ARTICULO 684. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el solo efecto de apegarse al procedimiento. "ARTÍCULO 685. En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de este código. En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano por el juez, o dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del tercer día. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad." Así, los actos de que se trata constituyen simples determinaciones de tramite dictadas dentro de una controversia del orden familiar cuya sentencia definitiva es apelable, tal como se expuso en líneas que anteceden y, por ello, la parte quejosa estaba obligada a agotar en su contra el recurso de revocación mencionado, pues al ser parte en el juicio de origen, está obligada a agotar los recursos y medios de defensa que establecen los ordenamientos legales previamente a la promoción del amparo, sin que se advierta que en contra del citado los autos que por esta vía combate HAYA HECHO VALER EL RECURSO DE REVOCACIÓN POR VIRTUD DEL CUAL PUDO SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO. De igual forma, respecto al acto reclamado identificado con el inciso e), se advierte que SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ya invocada, atento a lo siguiente: En efecto, el citado acto consiste en el auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la Sala responsable en el toca 984/2020, en el que se desechó el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa contra el proveído de dos de marzo del año en curso, dictado en el incidente de cumplimiento de convenio, relativo a la controversia de orden familiar, guarda y custodia y pensión alimenticia 1383/2016, promovido por Victoria Montserrat Romero Martínez, contra Eduardo Ramos Ramírez, tramitado ante el Juez Trigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México. De ahí que, previamente a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debía agotar contra el citado proveído el recurso de reposición que establece la ley aplicable, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de garantías. Al respecto, cabe puntualizar que el artículo 686, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) establece: "Articulo 686. De los decretos y autos del tribunal superior, aun aquéllos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse reposición." Como puede observarse, la materia dispone claramente que, en contra de una determinación del tribunal de alzada, como en el caso lo es, una sala civil, procede el recurso de reposición. Así, resulta evidente que, previamente al juicio de amparo, la quejosa debió agotar la reposición en contra del auto por el que se desechó el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, contra el auto de dos de marzo del año en curso, precisado con el inciso d). Lo anterior, en virtud de que la quejosa está obligada a agotar los recursos y medios de defensa que establecen los ordenamientos legales previamente a la promoción del amparo, sin que se advierta que, en contra del acto reclamado ya precisado, haya hecho valer el recurso de reposición, mediante el cual pudo obtener su confirmación, revocación o modificación, no obstante que procedía tal recurso, en términos de lo previsto en el numeral ya citado. En efecto el acto reclamado que se analiza pudo ser recurrido mediante el recurso de reposición, dado que el precepto antes referido, establece en forma genérica la procedencia de tal recurso en contra de: "los decretos y autos del Tribunal Superior...", sin excluir expresamente de tal medio de impugnación a la determinación que revocó la admisión del recurso de apelación interpuesto por la hoy quejosa y, por tanto, debió agotarse este recurso antes de acudir al juicio de amparo para cumplir con el principio de definitividad que rige a este último. Ello, porque el artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), establece como medio de impugnación el recurso de reposición, el cual procede contra los autos o decretos dictados por el Tribunal Superior, sin que se establezcan excepciones a la procedencia del mismo basadas en la clase de autos que se impugnan o en los efectos que dichos autos puedan tener, ni mucho menos que la resolución en comento no sea recurrible. Por tanto, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales, no se puede hacer interpretación alguna que vaya en contra de lo establecido al respecto por ella. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 76/2013(10a.) consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 1 Septiembre de 2013, página 918 del rubro y texto siguiente: "REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA EN JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA EN ESA VÍA HAYA SIDO EMITIDA DE MANERA UNITARIA O COLEGIADA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De la interpretación gramatical de los artículos 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1,334 del Código de Comercio, se desprende que el recurso de reposición procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada, pues limitar la procedencia del recurso de reposición sólo a las resoluciones que emita uno de los magistrados integrantes de la Sala, resulta contrario a la obligación derivada de los artículos 14 y 17 constitucionales pues, en ese supuesto, el juzgador estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador. Sin que el numeral 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga el alcance de cambiar la naturaleza jurídica del citado recurso horizontal." También robustece a lo anterior, por identidad, la tesis número 2010791, de la décima época, de los tribunales colegiados de circuito, publicada en el semanario judicial de la federación, libro 26, enero de 2016, tomo IV, que a la letra dice: "RECURSO DE REPOSICIÓN. PROCEDE SI SE RECLAMA EL AUTO DICTADO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA, QUE REVOCA LA ADMISIÓN DE LA APELACIÓN HECHA POR EL JUEZ Y DECLARA INADMISIBLE EL MEDIO DE DEFENSA INTERPUESTO CONTRA LA INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El primer caso de excepción al principio de definitividad, previsto en el artículo citado, consiste en que la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional, lo cual implica que si la norma que determina la existencia y procedencia de un recurso, conforme al cual, es factible modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, admite más de una interpretación, entonces el justiciable, ante esa indefinición, puede optar entre agotarlo o concurrir directamente al juicio de amparo y, en ese supuesto, no le será reprochable su falta de interposición. Sin embargo, esta excepción debe estimarse inaplicable cuando se reclama el auto dictado por el tribunal de alzada, mediante el cual revoca la admisión de la apelación hecha por el Juez y se declara inadmisible ese recurso interpuesto contra la interlocutoria de liquidación de intereses moratorios, porque indudablemente es impugnable a través del recurso de reposición previsto en el artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone, en forma genérica, que puede pedirse contra los decretos y autos emitidos por el tribunal de alzada, aun aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, sin distinguir entre autos provisionales, preparatorios y definitivos, ni sobre la trascendencia del proveído apelado, ni las consecuencias que pueda tener sobre el justiciable. De esa manera, ante la interpretación categórica que define en forma positiva la procedencia del recurso contra actos reclamados de ese tipo, desaparece la incertidumbre e indefinición que podría tener la norma que lo establece, por lo que debe promoverse el recurso de reposición porque, de no hacerlo, incumpliría con el principio de definitividad y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia del juicio de amparo." Finalmente, con relación al acto reclamado identificado con el inciso b), se evidencia que cesó en sus efectos, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Criterios que si bien interpretan la Ley de Amparo que estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, resultan aplicables al presente caso, pues el contenido de la fracción XVI del artículo 73 que interpretó, guarda esencial similitud con la prevista en la fracción XXI del artículo 61 de Ley de Amparo vigente. Así, en el presente caso se actualiza la segunda hipótesis, esto es, la cesación de efectos por sustitución, pues como advierte tanto del escrito de demanda como del escrito de desahogo, así como de lo expuesto en líneas precedentes, contra el auto de doce de agosto de dos mil veinte, mediante el cual el Juez responsable reiteró a la impetrante del amparo que debía estarse a lo acordado en el acuerdo de cuatro del mismo mes y año, que quedó detallado en el inciso a), la quejosa interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Tercera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, mediante resolución de veintiocho de octubre de dos mil vente, dictada en el toca 984/2020, revocando el auto apelado. En tales condiciones, al haberse interpuesto recurso de apelación contra el auto que por esta vía reclama la quejosa, es indudable que la resolución que lo revocó, lo sustituyó procesalmente, de lo que se concluye que el citado proveído ha cesado en sus efectos. Se cita en apoyo de lo anterior, por identidad de razón jurídica, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, XI, Marzo de 1993, Materia Común, Tribunales Colegiados de Circuito, página ciento noventa y ocho, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución que vino a sustituir procesalmente a la anterior, por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley que lo reglamenta". En consecuencia, con fundamento en los numerales invocados y con apoyo además en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. Notifíquese personalmente a la parte quejosa." NOTIFIQUESE
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