Victoria Martínez de la Cruz

Expediente 1167/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1167/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
06/03/2018

Partes del expediente

  • Victoria Martínez de la Cruz
  • Ricardo Mendieta Díaz
  • Juez Primero del Sistema Penal de Corte Adversarial-Acusatorio Y Oral del Distrito Judicial de Guridi Y Alcocer

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; asimismo, se ordena guardar por separado, tanto el original como el duplicado del incidente de suspensión en el estado en que se encuentran. Archívese este expediente como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Ahora bien, y toda vez que el original del incidente de suspensión derivado del presente expediente es susceptible de depuración; previa digitalización, únicamente deberá conservarse la demanda y suspensión provisional, toda vez que la misma fue concedida, ya que a criterio del suscrito, no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1167/2017-I, promovido por Victoria Martínez de la Cruz y Ricardo Mendieta Díaz, por propio derecho, contra actos que reclama al Juez Primero del Sistema Penal de Corte Adversarial-Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otras autoridades; que consideraron violatorios de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el dieciocho de diciembre del año dos mil diecisiete, Victoria Martínez de la Cruz y Ricardo Mendieta Díaz, por propio derecho, acudieron ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en demanda del amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamaron de las autoridades responsables que a continuación se transcriben: "[.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- COMO ORDENADORA.- Juzgado Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto del Sistema Penal de Corte Adversarial-acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Jueces Primero y Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con domicilio conocido. COMO EJECUTORAS.- Al Encargado del Departamento de la Policía de Investigación; al Encargado de Grupo de la Policía de Investigación y al Inspector Jefe de la Policía de Investigación adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con domicilio en Libramiento Poniente sin número colonia Unitlax Tlaxcala, Tlax. IV.- ACTO RECLAMADO. LA AUTORIDAD ORDENADORA: Juzgado Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto del Sistema Penal de Corte Adversarial-Acusatorio y oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, y Jueces Primero y Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, reclamo el haber dictado en nuestra contra Orden de Busca, Aprehensión y Detención dictada por la autoridad ordenadora y privarnos de nuestra libertad personal, sin haber cometido delito alguno y violando nuestras garantías individuales. AUTORIDAD EJECUTORA. Del Encargado del Departamento de la Policía de Investigación; reclamo el tratar de dar cumplimiento Orden de Busca, Aprehensión y Detención dictada por la autoridad ordenadora y privarnos de nuestra libertad personal, sin haber cometido delito alguno y violando nuestras garantías individuales. [.]". SEGUNDO.- Por auto de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO.- El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, de la Novena Época, estableció la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador de amparo debe armonizar la demanda, analizando conjuntamente los datos que emanen del escrito inicial en un sentido congruente con todos los elementos que obran en el expediente, a efecto de desentrañar el pensamiento e intencionalidad del quejoso y lograr la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Lo expuesto deriva de la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, de abril de 2004, de la Novena Época, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en términos de los criterios transcritos, debe precisarse que el acto reclamado del que se duele la parte quejosa en la presente instancia constitucional, es: La orden de busca, aprehensión y detención girada en contra de Victoria Martínez de la Cruz; así como su correspondiente ejecución. La orden de reaprehensión de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, girada en contra de Ricardo Mendieta Díaz, dentro de la causa penal 322/2014; así como su correspondiente ejecución. Ahora bien, una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, a fin de que posteriormente se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en su caso, la constitucionalidad de los mismos. Es aplicable la jurisprudencia número XVII.2° J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, de la Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". TERCERO.- El Juez Primero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, por encontrarse de Guardia durante el Segundo Período Vacacional, a su nombre y a la de los Jueces Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, al rendir el informe justificado negó categóricamente la existencia de los actos que se les reclaman, consistente en la orden de busca, aprehensión y detención girada en contra de los amparistas Victoria Martínez de la Cruz y Ricardo Mendieta Díaz. Por otra parte, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Encargado del Juzgado Primero, negó el acto reclamado, por cuanto hace a la orden de busca, aprehensión y detención girada en contra de la amparista Victoria Martínez de la Cruz. Respecto de dicho mandamiento girado en contra del quejoso Ricardo Mendieta Díaz, negó el acto reclamado; lo anterior es así, en razón de que se encuentra radicada la causa penal 441/2015 instruida en contra del citado Mendieta Díaz, como probable responsable del delito de fraude cometido en agravio de Rafael Salazar Atonal, sin embargo, la citada causa penal se encuentra en período de instrucción; consecuentemente, la parte quejosa no desvirtuó con prueba idónea dichas circunstancias. Así las cosas, y toda vez que los peticionarios del amparo, no desvirtuaron las negativas mencionadas, debe sobreseerse en el presente juicio respecto de dichas autoridades y de tales actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página 254, del Tomo XIII, Enero de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Ante la inexistencia de los actos reclamados por la parte quejosa, lo procedente será sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. El Juez Segundo de lo Penal, del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, fue omiso al rendir su informe justificado, por lo que con fundamento en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que a él se le reclama. El Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación en el Estado, al rendir su informe justificado, manifestó ser cierto el acto reclamado, por cuanto hace a la orden de reaprehensión girada en contra del quejoso Ricardo Mendieta Díaz, dentro de la causa penal 322/2014, como probable responsable del delito de fraude. El Inspector Jefe del Quinto Grupo del Departamento de Policía de Investigación en el Estado y el Oficial Encargado del Primer Grupo del Departamento de Policía de Investigación en el Estado, (denominación correcta) al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado respecto del quejoso amparista Ricardo Mendieta Díaz; sin embargo, al haberse presumido cierto el acto reclamado al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, y tratarse de autoridades ejecutoras, los mismos deben tenerse por ciertos, pues no hay que perder de vista que la autoridad ordenadora se presumió cierto la existencia de los actos reclamados. Se aplica en apoyo de este criterio, la tesis de jurisprudencia visible en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, Octava Época, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que la autoridad ejecutora por razón de jerarquía tiene obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". Oficios suscritos por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, de tres y quince de enero del año en curso, recibido el cinco y diecisiete siguientes, por los que remite copia certificada de diligencias y resolución de tres de enero actual, dictadas en la causa penal 322/2014, documentales públicas a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de la siguiente voz: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena" QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de garantías, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, y además, porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, las constancias que integran los autos de este juicio, revestidas de valor probatorio, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, permiten establecer que en la causa penal número 322/2014, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, con fecha tres de enero del año en curso, compareció el hoy quejoso Ricardo Mendieta Díaz, a sujetarse al procedimiento seguido en su contra, bajo los efectos de la suspensión provisional concedida dentro del incidente de suspensión 1146/2017-V, de los del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado; asimismo, en esa misma fecha compareció el querellante José Eduardo Camarillo Solís, quien le otorgó el más amplio perdón al citado Mendieta Díaz, y que el Juez responsable le dictó el sobreseimiento de la acción penal por el delito de fraude, ilícito previsto y sancionado por el artículo 304 fracción II, del Código Penal vigente en la época de los hechos. Por tal motivo y en razón de que el juicio de amparo en que se actúa se promovió para combatir la orden de reaprehensión librada en contra del quejoso Ricardo Mendieta Díaz, por el juez responsable, debe decirse que al haber determinado dicho juez extinguida la acción penal y, por consecuencia, sobreseída la causa penal de donde derivó la orden de captura reclamada; por haber otorgado el ofendido querellante José Eduardo Camarillo Solís, el perdón en favor del ahora quejoso Ricardo Mendieta Díaz; determinación que surte efectos de una sentencia absolutoria en términos de los artículos 245, 246 y 247 del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Tlaxcala; que, además, constituyó una situación jurídica que, definitivamente, destruyó a la que dio motivo a la solicitud de amparo, como es la orden de reaprehensión librada contra el impetrante, pues con esta nueva situación se repuso al ahora quejoso en el goce de sus derechos individuales violadas; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que procede sobreseer en este juicio de amparo, al tenor de la fracción V de su diverso 63 de la misma ley. Tiene aplicación al caso, la tesis número XXI.1°.48 P, sustentada en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1024, Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO.- Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo". Asimismo, sustenta a lo anterior, la tesis número VI.2°.78 P, publicada en la página ochocientos ochenta y cinco, Tomo III, del mes de Junio de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dice: "ORDEN DE APREHENSION, CARECE DE EFECTOS CUANDO EXISTE PERDON DEL OFENDIDO.- Si el quejoso en el juicio de amparo reclamó la orden de aprehensión decretada en el procedimiento penal en el que consta que el ofendido ha otorgado el perdón a virtud del cual se declaró extinguida la acción penal ejercitada, es evidente que los efectos del acto reclamado han cesado y consecuentemente quedó sin materia el incidente de suspensión". Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6º, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5 al 9, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia dela Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacer pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 1o., fracción I, 62 y 63 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Victoria Martínez de la Cruz y Ricardo Mendieta Díaz, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y anexo que acompaña; en atención a su contenido, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifieste lo que a su derecho importe; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio 28 de tres de enero del año en curso, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, informó a este juzgado la comparecencia del procesado y de la resolución de tres de enero del año en curso, pronunciada en el proceso 322/2014, por la cual se decreta el sobreseimiento de dicha causa, por otorgamiento del perdón del ofendido José Eduardo Camarillo Solís, resolución que en el punto tercero resolutivo se dice que tiene efectos de una sentencia absolutoria y una vez que cause ejecutoria, tendrá valor de cosa juzgada; en tales condiciones, mediante oficio que al efecto se gire a dicho juez, requiérasele, para que dentro del término de tres días, contados a partir del que cause ejecutoria dicha resolución, remita a este juzgado copia certificada del proveído que así lo acredite, a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto. Para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose nuevamente las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Notifíquese.

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