Victoria María Exome López

Expediente 1227/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1227/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
19/02/2019

Partes del expediente

  • Victoria María Exome López

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta 1522, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el toca 9/2019, relativo al recurso de queja interpuesto por la quejosa ********************, en contra del auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, misma que resolvió en los siguientes términos: ********************"ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja."****************************************En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; y háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y archívense las actuaciones como asunto concluido. ********************Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que se desechó de plano la demanda interpuesta, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VENTICUATRO. ********************De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. ********************El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado..

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Victoria María Exsome López, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del presente asunto, por tanto, con fundamento los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado, y dígasele que es cierto el acto reclamado, ya que a través de dicho proveído se desechó la demanda de amparo que promovió en contra de la resolución de nueve de agosto del año en curso, emitido en el toca 1542/2016-A, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el que se determinó lo siguiente: Se CONFIRMA el auto que negó girar la orden de aprehensión impugnado. Al respecto, el suscrito juzgador consideró que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Para acreditar lo anterior, se remiten copias debidamente certificadas de todas las actuaciones que integran el juicio de amparo número 1227/2018, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia Boca del Río, Veracruz, juntamente con el escrito original de agravios, y la copia correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa, Veracruz, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Victoria María Exsome López, contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 1227/2018. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que al suscrito confieren los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de cuenta, conforme a lo que enseguida se expone. Ahora, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el promovente de amparo bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación dla quejosa de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Señaló como acto reclamado la resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho, emitida en los autos del toca de apelación número 1542/2016-A, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en la cual se confirmó la diversa resolución del Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, por la que determinó negar la orden de aprehensión en los autos de la causa penal 234/2016, de su índice, en contra de Alfonso Díaz de la Vega, Lorenzo Raúl Acierno Milchorena, José Álvarez Cueto, todos ellos en su carácter de Consejo de Administración de la persona moral denominada Inmobiliarios Portuarios sociedad anónima de capital variable (DIPSA) y María de Lourdes Trejo Freyre, en su carácter de apoderada legal de la aludida persona moral. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, quien esto juzga estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo y los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV.- Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos transcritos, se desprende en primer término, que un acto está consentido tácitamente porque contra ellos no se promovió el juicio de amparo dentro de los términos que señala la ley de la materia; asimismo, se obtiene que el término general para la interposición del juicio de amparo es de quince días, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 17 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden del referido artículo 17 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 30/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En este contexto, resulta oportuno señalar que es un hecho notorio para el suscrito juzgador de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en este órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo 615/2017, el cual fue promovido por la misma quejosa Victoria María Exsome López, en el que señaló como acto reclamado la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, emitida en los autos del toca de apelación número 1542/2016-A, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en la cual se confirmó la diversa resolución del Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, por la que determinó negar la orden de aprehensión en los autos de la causa penal 234/2016, de su índice, en contra de Alfonso Díaz de la Vega, Lorenzo Raúl Acierno Milchorena, José Álvarez Cueto, todos ellos en su carácter de Consejo de Administración de la persona moral denominada Inmobiliarios Portuarios sociedad anónima de capital variable (DIPSA) y María de Lourdes Trejo Freyre, en su carácter de apoderada legal de la aludida persona moral. Acto reclamado contra el que se concedió el amparo y protección en favor de la promovente, para el efecto de que la responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, realizara lo siguiente: "1. Deje sin efecto la resolución de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, emitida en los autos del toca 1542/2016-A de su índice, en la cual confirma la resolución que niega la orden de aprehensión de tres de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciado a favor de los inculpados Alfonso Díaz de la Vega, Lorenzo Raúl Acierno Milchorena, José Álvarez Cueto y María de Lourdes Trejo Freyre, dentro de los autos de la causa penal 234/2016 radicada en el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz; y, 2. Dicte una nueva determinación, en la que atento a los lineamientos fijados en la presente ejecutoria, y observando las formalidades que debe contener una resolución para su dictado, haga lo siguiente: a). Se pronuncie sobre los medios probatorios que militan en la causa penal, al emitir las consideraciones correspondientes para tener o no acreditados los elementos del cuerpo del delito que se le imputa al acusado. b). Valore en lo individual o en su conjunto los medios de prueba en los que apoye la determinación correspondiente, expresando fundada y motivadamente el alcance demostrativo de cada una de esas probanzas, así como las razones particulares y causas inmediatas concurrentes que tomó en consideración para fijar la postura en relación a la actualización o no de los elementos del cuerpo del delito de robo agravado que se imputa a los acusados, sin que para ello sea suficiente hacer una simple relación de las aludidas probanzas, además de ponderando unas frente a otras, asignándoles o restándoles valor demostrativo. 3 Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción resolverá lo que en derecho corresponda, pudiendo ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero atendiendo a los efectos antes expresados." Luego, el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se proveyó que había causado ejecutoria la sentencia, por lo que se requirió a la responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, que diera cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, el nueve de agosto del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado el oficio de esa misma data, a través del cual la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 1542/2016-A, con el que estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual confirmó la diversa resolución del Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, por la que determinó negar la orden de aprehensión en los autos de la causa penal 234/2016, de su índice, e contra de Alfonso Díaz de la Vega, Lorenzo Raúl Acierno Milchorena, José Álvarez Cueto, todos ellos en su carácter de Consejo de Administración de la persona moral denominada Inmobiliarios Portuarios sociedad anónima de capital variable (DIPSA) y María de Lourdes Trejo Freyre, en su carácter de apoderada legal de la aludida persona moral. En atención a lo anterior, por acuerdo de diez de agosto del año que transcurre, se dio vista a la aquí quejosa Victoria María Exome López, con las constancias relativas al cumplimiento, notificándosele vía electrónica el dieciséis de ese mismo mes y año. Seguido el trámite, mediante escrito recibido en la Oficialía de partes de este Juzgado el diecisiete de agosto del año en curso, José Guadalupe Matanche Limón, autorizado de la quejosa Victoria María Exome López, desahogó la vista que se le diera con el cumplimiento del fallo protector, es decir, la resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho, emitido en el Toca de Apelación 1542/2016-A, por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en la que se confirmó el auto por el que se negó girar orden de aprehensión dentro de la causa penal 234/2016, realizando diversas manifestaciones; cabe precisar que dicho abogado también lo designó en la demanda de amparo que se acuerda, de lo que se colige que se impuso de la resolución que ahora se combate. Posteriormente, a través de proveído de ocho de octubre de dos mil dieciocho, este juzgador estimó que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en su totalidad, concediéndole en ese auto un término de quince días a efecto de que promoviera el recurso de inconformidad si lo consideraba pertinente; lo que en el caso aconteció por escrito de cinco de noviembre de la presente anualidad, el cual se radicó bajo el número de recurso de inconformidad 57/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en Boca del Río, Veracruz, mismo que se encuentra pendiente de resolver. En ese contexto, el referido juicio de amparo se tiene a la vista y constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por tratarse de un asunto tramitado ante este mismo órgano jurisdiccional, el cual puede invocarse válidamente para fundar una determinación sin necesidad de que se ofrezca como prueba o lo aleguen las partes, pues basta esa circunstancia para conocer su contenido. Lo anterior tiene sustento por las razones que la informan, en la tesis P. IX/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial". Igualmente, corrobora lo expuesto la jurisprudencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, cuyo rubro y texto, son: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". En ese tenor, resulta pertinente precisar que cuando el acto reclamado fue dictado en cumplimiento a un diverso juicio de amparo y dentro del mismo se notifica al quejoso el auto por el que se le da vista para que manifieste lo que a su interés convenga respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, es en ese momento en el que el gobernado tiene conocimiento de la existencia del acto dictado en cumplimiento; y, por consiguiente, esa fecha es la que debe valorarse para computar el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda. Bajo este contexto, en análisis de la demanda de amparo y de las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 615/2017, del índice de este juzgado, las cuales se tiene a la vista, se advierte que por lo menos desde el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento de la resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho, emitido en el toca de apelación 1542/2016-A, por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, ya que en esa fecha se le notificó vía electrónica en el diverso juicio de amparo indirecto 615/2017, del índice de este juzgado, el auto de diez de agosto del año en curso, en el que se le dejo a vista el contenido de la resolución reclamada en esta vía. Ello, pone de manifiesto que desde el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se le notificó a la impetrante de amparo el acto reclamado que a su dicho le causa agravio, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30, fracción II, párrafo segundo y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, empezó a correr el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo en contra de los actos combatidos, esto es, a partir del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, feneciendo dicho término el seis de septiembre posterior. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis V.3o.P.A.1 K (10a.) sustentada por Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIÓN EN EL AMPARO POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SURTE EFECTOS EN LA HORA CONTENIDA EN LA CONSTANCIA GENERADA POR LA CONSULTA REALIZADA AL EXPEDIENTE DIGITALIZADO. En términos de la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo, las notificaciones realizadas vía electrónica surtirán sus efectos cuando se genere la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado, lo cual ocurre cuando el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación produce el aviso de la hora en que se recupera la determinación judicial correspondiente. Así, dicha disposición implica que las partes que cuenten con firma electrónica tuvieron acceso al archivo electrónico respectivo y, por ende, que fueron debidamente notificadas de esa determinación, lo cual guarda concordancia con los artículos 3o. y 30, fracción II, del ordenamiento mencionado, pues de su contenido se advierte que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema referido y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, de donde surge la obligación de éstos de que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes que cuentan con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y, a su vez, la obligación a cargo de los quejosos o terceros interesados de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva. En ese tenor, dadas las obligaciones a cargo de ambas partes, cobra justificación y mayor claridad la mencionada fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, por lo que la notificación en el amparo por medio del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, surte efectos en la hora contenida en la constancia generada por la consulta realizada al expediente digitalizado, pues es el momento en que se recuperó la determinación contenida en el archivo electrónico correspondiente."(Lo subrayado es propio) En efecto, se considera que el impetrante de amparo tuvo conocimiento de la resolución reclamada el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho; ello, en virtud de que la quejosa Victoria María Exome López, por conducto de su abogado desahogó la vista que se le diera con el cumplimiento del fallo protector, es decir, la resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho, emitido en el toca de apelación 1542/2016-A, por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, que constituye el acto reclamado en esta vía, realizando diversas manifestaciones por las que consideró que no debía tenerse por cumplida la sentencia amparadora, de lo que se colige que se impuso de dicha resolución, por lo que es válido deducir que tuvo conocimiento completo, íntegro y fehaciente del acto reclamado en la data antes precisada. Por tanto, al haberse presentado la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, es indudable que la presentación de la misma resulta en exceso extemporánea; lo que pone de manifiesto que para la impetrante de amparo no es novedoso el acto que impugna, por lo que se aduce que contó con la oportunidad de interponer la demanda de amparo dentro del plazo legalmente establecido sin que lo hubiera hecho. Pues como se apuntó el momento para computar el plazo de quince días, debe ser a partir de que se le notificó el diverso acuerdo de diez de agosto del mismo año, donde se le dio vista con las constancias relativas al cumplimiento. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Es aplicable la tesis aislada III.2º.P.10K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO SE DICTÓ EN CUMPLIMIENTO A UN DIVERSO JUICIO CONSTITUCIONAL Y EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO POR EL QUE LE DA VISTA PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA RESPECTO DEL ACATAMIENTO DE LA RESPONSABLE, ES EN ESTE MOMENTO EN QUE AQUÉL ES SABEDOR DE LA EXISTENCIA DEL ACTO Y, POR TANTO, EL PLAZO PARA PRESENTARLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE, SIN QUE DEBA ESPERAR A QUE AQUÉLLA LE NOTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE. Cuando el acto reclamado en el juicio de amparo fue dictado en cumplimiento a un diverso juicio constitucional, y el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito le notifica al quejoso el auto por el que le da vista para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del acatamiento de la responsable, es en este momento en que aquél es sabedor de la existencia del acto dictado en cumplimiento y, por tanto, el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la ley de la materia para presentar la demanda, debe computarse a partir del día siguiente. Lo anterior, sin que deba esperar hasta que se emita el pronunciamiento correspondiente a su cabal cumplimiento, es decir, a que la autoridad emisora del acto reclamado notifique al quejoso el auto que tiene por cumplida la sentencia de amparo, para que hasta entonces pueda solicitar la protección de la Justicia Federal. Ello es así, en tanto que es a partir de que el órgano jurisdiccional de amparo notifica y otorga la mencionada vista al peticionario, cuando éste tiene conocimiento de la existencia del nuevo acto y, por ende, puede impugnarlo a través de un diverso juicio; siendo innecesario esperar a que la autoridad responsable notifique al quejoso la ejecutoria correspondiente (cumplimentadora y decisiva), para que pueda promover otro amparo, si ya conoce la existencia del nuevo acto." Entonces, es evidente que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en virtud de que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para la promoción de la demanda de amparo, toda vez que la quejosa tiene conocimiento de la resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 1542/2016-A, por la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, desde el dieciséis de agosto del año en curso. En efecto, si la impetrante de amparo tuvo conocimiento del acto que por esta vía combate desde el veinte de agosto de la presente anualidad, y el plazo para promover el presente juicio de amparo contra actos restrictivos de la libertad personal dictados dentro de un proceso penal, es el término genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que es análogo con el numeral 20 Constitucional Federal apartado C fracción VI, el cual establece que uno de los derechos de la víctima u ofendido es solicitar medidas y providencias necesarias para la restitución de sus derechos, lo que permite que las personas afectadas con dichas medidas presenten su demanda de amparo en un plazo de quince días. Sirve de apoyo la jurisprudencia P.7J. 12/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." De igual forma, apoya a lo anterior por analogía, la tesis XX.2o.3P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que al rubro y texto dice: ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)].En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla. (Lo subrayado es propio) En esta tesitura, si la demanda de amparo fue presentada hasta el cuatro de diciembre del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad; resulta inconcuso, que la presentación de la misma resulta extemporánea, pues como se indicó, el término empezó a transcurrir el día diecisiete de agosto del año en curso, por lo que dicho término concluyó el seis de septiembre del presente año; ello considerando como días inhábiles el dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de agosto, así como el uno y dos de septiembre de dos mil dieciocho, por corresponder a sábados y domingos. En las relatadas condiciones, la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17, de la Ley de Amparo, y si no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se colige que existió el consentimiento de su parte en lo que ve al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del término de quince días que dispone el aludido precepto; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto. "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice. "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así las cosas, ante la manifiesta e indudable presencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la propia Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de cuenta; lo anterior con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Se afirma lo anterior, en virtud de que al no tratarse de un caso de excepción, de los previstos por las fracciones I, II, III y IV, del artículo 17, de la propia Ley de Amparo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo y como sus autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Guadalupe Matanche Limón y Abigail Gasca Landa, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro 176157 y 171777 y con las restricciones que impone el segundo párrafo del citado artículo a Alejandro Rodríguez Viveros, pues en el referido sistema no aparece registro alguno a su nombre, amén de que tampoco acreditó contar con dicho documento. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS HÁBILES AL ACTUARIO JUDICIAL. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a cualquiera de los actuarios que le corresponda practicar alguna notificación relativa al presente expediente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario judicial, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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