Victoria Jorge Salvador

Expediente 1335/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1335/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
19/12/2017

Partes del expediente

  • Victoria Jorge Salvador

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el escrito firmado por *******************, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa (foja 21 vuelta), atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2 de la Ley de la Materia, expídase a su costa las copias que refiere, previa identificación de validez oficial que contenga su fotografía y razón de su recibo correspondiente.

  2. Principal

    Glósese a los autos el oficio y anexo firmado por la Coordinadora Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil en el Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia autorizada con firmas autógrafas del acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, por el cual dejó sin efectos la diversa determinación de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, que obra en el libro 01 mixto de nacimientos, matrimonios y defunciones del año dos mil uno de la Oficialía 03 de Palo Blanco, Guerrero y ordena agregar al libro de referencia con número de acta 0016 Bis, la relativa al matrimonio entre **************; lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que ampara y protege a la parte quejosa ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y se deja sin efectos la medida cautelar decretada en autos del incidente de suspensión. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, esto es: La autoridad responsable deje sin efecto la resolución reclamada de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis; lo que implica que el acta de matrimonio de Victoria Jorge Salvador y Ezequiel Barrera Flores, recobre validez para todos los efectos legales. De insistir en las cuestiones de nulidad, debe respetar la garantía de audiencia de Victoria Jorge Salvador. La protección de la Justicia Federal se hace extensiva al acto atribuido a la autoridad denominada Oficialía 03 del Registro Civil de Palo Blanco, Municipio de Chilpancingo, Guerrero, toda vez que deriva de un acto que se encuentra viciado de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito número II.3o. J/12, publicada en la página 41, Tomo 55, Julio de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." De lo cual deberá remitir las constancias que así lo acrediten, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración que los efectos de la ejecutoria de amparo la obliga a dejar sin insubsistente el acto reclamado y emitir una nueva determinación, en la que atienda la ejecutoria; por lo que se amplía el plazo de tres días y se fija el estrictamente determinado con antelación. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Se apercibe a María Inés Huerta Pegueros, en su carácter de Coordinadora Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, 258 y 192 de la Ley de Amparo, que asciende a $8,004.00 (ocho mil cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de la Unidad de Medida y Actualización de referencia es de $80.04 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional). Asimismo, se hace de su conocimiento que, ante la contumacia para cumplir la ejecutoria, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se cuenta con el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio número 5451/2017 de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, por medio del cual se remitió copia de la resolución dictada en el presente juicio de amparo a la autoridad responsable Oficialía 03 del Registro Civil de Palo Blanco, Municipio de Chilpancingo, Guerrero. En consecuencia, a fin de estar en aptitud de computar el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, requiérase al Encargado de la Administración Postal de Correos de México, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, informe el destino final que dio a la pieza postal que contiene el oficio 5451/2017 de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, dirigido a la Oficialía 03 del Registro Civil de Palo Blanco, Municipio de Chilpancingo, Guerrero; anexando para tal efecto copia simple de la factura mediante el cual fue depositado. Apercíbase a Erik Manuel Ortiz Adame, en su carácter de Encargado de la Administración Postal de esta ciudad, que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que asciende a $8,004.00 (ocho mil cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de la Unidad de Medida y Actualización de referencia es de $80.04 (ochenta pesos 04/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 fracción I y 238 de la Ley de Amparo. En otro orden, a fin de evitar mayores dilaciones procesales y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita de conformidad con el artículo 17 Constitucional, envíese oficio vía telegráfica a la autoridad responsable Oficialía 03 del Registro Civil de Palo Blanco, Municipio de Chilpancingo, Guerrero, para que por la misma vía informe de inmediato a este Juzgado Federal, si ya recibió el oficio número 2451/2017, de ser así, indique la fecha de la recepción de la mencionada comunicación oficial. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de presentado por Ranulfo Flores García, en su carácter de autorizado de la parte quejosa (foja 21 vuelta); en atención a su contenido, dígasele que por el momento no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud de lo expuesto en párrafos precedentes. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias que solicita, previa razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, autorizando para recibir las mismas a las personas señaladas en el escrito de demanda.

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