Victoria Guadalupe López Chávez

Expediente 753/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
753/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Victoria Guadalupe López Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintitrés.********************CUENTA CON AUTOS.********************Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente asunto, promovido por********************por tanto, se acuerda lo siguiente.********************Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes.********************DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS********************Hágase la devolución a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, de las documentales que remitió al rendir su informe justificado, consistente en copia certificada del expediente ********************.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO ********************En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el precepto citado en segundo término, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.********************ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Por otra parte, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el original del cuaderno incidental es susceptible de conservarse, ya que por una parte se otorgó la suspensión definitiva solicitada; por tanto, una vez que se cumplan los tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, transfiérase el mismo a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.********************DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Finalmente, por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del multicitado acuerdo plenario, destrúyase el mismo una vez transcurridos seis meses a partir del presente proveído. ********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Notifíquese. ********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 753/2022, promovido por Victoria Guadalupe López Chávez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Victoria Guadalupe López Chávez, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos que le atribuyó al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa prevención, por auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con la misma con el número de expediente 753/2022; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que las omisiones reclamadas consisten en: El acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, por el que la autoridad señalada como responsable, admite entre otras pruebas el desahogo de la pericial en psicología y del trabajo social, designando como peritos a las personas que en dicho auto menciona. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán al rendir su respectivo informe con justificación, aceptó parcialmente la existencia del acto que se le reclama. Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de las actuaciones realizadas dentro del juicio 624/2022, de las que se advierte que mediante audiencia de conciliación de tres de agosto de dos mil veintidós, la aquí quejosa Victoria Guadalupe López Chávez, y el tercero interesado Gerardo Vargas Alfaro, celebraron nuevo convenio, por lo que previo a aprobar el convenio se ordenó dar vista mediante notificación personal a la Agente del Ministerio Público y Tutor designado en autos, a fin de que manifestaran lo que a su interés corresponda. Asimismo, mediante auto de once de agosto de dos mil veintidós, se aprobó el convenio exhibido por la aquí quejosa Victoria Guadalupe López Chávez, y el tercero interesado Gerardo Vargas Alfaro, virtud a que ninguna de las partes hiciera manifestación alguna, obligándolas a estar y pasar por él, en todo tiempo, modo y lugar por ser éste la verdad legal, dando por terminada la contienda judicial. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Se omitirá el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados descritos en el considerando segundo de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, el acto reclamado se hace consistir, en acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, por el que la autoridad señalada como responsable, admite entre otras pruebas el desahogo de la pericial en psicología y del trabajo social, designando como peritos a las personas que en dicho auto menciona dentro del expediente 624/2022. Ahora, de las constancias que la responsable remitió, se advierte que mediante audiencia de conciliación de tres de agosto de dos mil veintidós, la aquí quejosa Victoria Guadalupe López Chávez, y el tercero interesado Gerardo Vargas Alfaro, celebraron nuevo convenio, por lo que previo a aprobar el convenio se ordenó dar vista mediante notificación personal a la Agente del Ministerio Público y Tutor designado en autos, a fin de que manifestaran lo que a su interés corresponda. Asimismo, mediante auto de once de agosto de dos mil veintidós, se aprobó el convenio exhibido por la aquí quejosa Victoria Guadalupe López Chávez, y el tercero interesado Gerardo Vargas Alfaro, virtud a que ninguna de las partes hiciera manifestación alguna, obligándolas a estar y pasar por él, en todo tiempo, modo y lugar por ser éste la verdad legal, dando por terminada la contienda judicial. De ahí que, se corrobora que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido totalmente, ya que la responsable mediante audiencia de conciliación de tres de agosto de dos mil veintidós, la aquí quejosa Victoria Guadalupe López Chávez, y el tercero interesado Gerardo Vargas Alfaro, celebraron nuevo convenio, por lo que previo a aprobar el convenio se ordenó dar vista mediante notificación personal a la Agente del Ministerio Público y Tutor designado en autos, a fin de que manifestaran lo que a su interés corresponda, por lo que en auto de once de agosto de dos mil veintidós, se aprobó el convenio exhibido por la aquí quejosa Victoria Guadalupe López Chávez, y el tercero interesado Gerardo Vargas Alfaro, virtud a que ninguna de las partes hiciera manifestación alguna, obligándolas a estar y pasar por él, en todo tiempo, modo y lugar por ser éste la verdad legal, dando por terminada la contienda judicial, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a la quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. En las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Victoria Guadalupe López Chávez, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. DEVUELVE DEBIDAMENTE DILIGENCIADO DESPACHO. Asimismo, agréguese el oficio signado por el Secretario Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho número 447/2022-370.D, a través del cual se le encomendó para que en auxilio de las labores de este juzgado llevará a cabo el emplazamiento de los terceros interesados Gerardo Vargas Alfaro y Juan Carlos Vargas García en cuanto tutor especial, anexando las constancias con las que acredita haber llevado a cabo la diligencia encomendada. SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Por otro lado como de la certificación que antecede se advierte que el término de tres días concedido a los terceros interesados Gerardo Vargas Alfaro y Juan Carlos Vargas García en cuanto tutor especial, en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, a fin de que señalaran domicilio en esta ciudad, para recibir notificaciones, a la fecha ha concluido sin que lo hubieren hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído en cita, por ende, practíquense las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto hagan la designación correspondiente, lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.svm

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que aún no obra constancia de que el Juez Mixto de Primera Instancia en Zacapu, Michoacán, haya recibido el despacho que se ordenó girar el veintiocho de los actuales, para emplazar a la parte tercera interesada en este juicio, ni por ende, su devolución; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy FeRclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Luis Felipe Sánchez Luna CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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