Victoria García Rivero

Expediente 1006/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1006/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Victoria García Rivero

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. 1. Secretario en funciones de Juez de Distrito. La Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, me autorizó para desempeñar las funciones de Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla a partir del once de agosto de dos mil veintiuno y hasta en tanto dicha Comisión lo determine, o bien el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adscriba titular a este Juzgado; lo que se informó mediante el oficio CCJ/ST/2761/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, firmado electrónicamente por su Secretario Técnico. 2. Jurisprudencia de la SCJN. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las recusaciones por impedimentos pueden hacerse valer en cualquier parte del proceso de amparo, porque su función jurisdiccional se desarrolla antes, durante y después de dictada la sentencia, siendo necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten en la pérdida de su imparcialidad. 3. Vista a las partes. En consecuencia, se informa a las partes mi autorización para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, a fin de garantizarles el derecho procesal de plantear una eventual recusación en caso de existir impedimento, de acuerdo con los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del veintiocho de julio de dos mil veintiuno, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de anexos. Por último, devuélvanse los legajos de pruebas. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Juez remite constancias. La Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, remite copias certificadas del expediente 914/2015 y su acumulado 916/2015. Con las documentales recibidas se ordena formar los legajos de pruebas I y II. Se toma conocimiento. Sin mayor acuerdo, toda vez que mediante acuerdo del veintiocho de julio de dos mil veintiuno se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 28 DE JULIO DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintiuno. No se desahogó la prevención. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte promovente en auto de trece de julio de dos mil veintiuno, sin que haya desahogado la prevención que se le formuló. En consecuencia, se provee sobre la demanda de amparo con base en su anexo y las constancias que remitió la autoridad responsable. Litis constitucional. Parte quejosa. ***. Terceros interesados. ***. Autoridades responsables. Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Secretario de Administración del Estado de Puebla. Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla. Actos reclamados. 1. El oficio 2877 signado por el titular del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, para el efecto de que sean remitidos ante dicho Juzgado los cheques que corresponden a la parte quejosa, por concepto de pensión alimenticia derivado del juicio familiar 916/2015. 2. La ejecución del oficio 2877. Desechamiento. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable d.e improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En este caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecía de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, la quejosa reclamó al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, el oficio 2877, remitido a la Secretaría de Administración del Estado, para el efecto de que fuesen remitidos los cheques por concepto de pensión alimenticia en el expediente 916/2015, que corresponden a Victoria García Rivero, así como su ejecución. Sin embargo, las constancias que obran en autos acreditan que: A. El tres de mayo de dos mil veintiuno el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla ordenó girar oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla a fin de que remitiera los cheques que corresponden a la quejosa. B. El quince de junio de dos mil veintiuno el Juzgado recibió el cheque número 1988690y requirió a la quejosa para acudir a recibirlo. C. El catorce de julio de dos mil veintiuno la quejosa compareció ante el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, a recibir el cheque 1988690, correspondiente al periodo del uno de junio de dos mil veintiuno al catorce de junio de dos mil veintiuno. D. Finalmente, en auto de catorce de julio de dos mil veintiuno se ordenó girar oficio 4431 al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de la Administración del Gobierno de Puebla, para que en lo subsecuente siga realizando el pago con cheques de la pensión alimenticia que le es descontada al demandado *** y sea entregada a la acreedora quejosa ***. En ese orden, cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que ya se entregó el cheque de pensión pendiente a la quejosa; y, ya se ordenó a la Secretaría de la Administración del Gobierno de Puebla que le siga entregando directamente los cheques de esa pensión. Por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de julio de dos mil veintiuno. Prórroga. La Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Estado, solicita una ampliación al término concedido para dar cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, por las razones que expresa en su oficio de cuenta. Por tanto, se autoriza una prórroga de 24 horas, a fin de que esté en posibilidad de remitir las copias certificadas solicitadas del juicio 916/2015. Constancias. Por último, se toma conocimiento de las constancias remitidas por la Juez Segundo Familiar y acuérdese lo que en derecho proceda una vez que la parte quejosa desahogue la prevención formulada en autos, o bien, fenezca el término de cinco días concedido para tal efecto. Notifíquese.

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