Victoria García Martínez
Expediente 958/2014 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2014.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/11/2014
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Victoria García Martínez
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese el oficio de cuenta, del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo; en atención al mismo, téngasele acusando recibo de lo que refiere. En mérito de lo anterior, al haberse tenido por consentida la resolución de dos de octubre del año en curso, por la cual esta potestad federal se declaró legalmente incompetente para conocer del expediente en que se actúa, además de haber quedado firme dicha resolución al haberse declarado infundado el recurso de reclamación interpuesto, mediante ejecutoria de veintitrés de octubre pasado; y al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE este expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, conforme a lo que dispone la fracción I, del punto vigésimo primero, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito; el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, toda vez que no se encuentra en los supuestos que prevé el último párrafo del numeral y acuerdo citado.
- Juicio de Amparo Directo
A SUS AUTOS LA COPIA CERTIFICADA DE LA EJECUTORIA DE VEINTITRES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARO INFUNDADO EL RECURSO DE RECLAMACIÓN INTERPUESTO POR ***, CONTRA EL ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, POR EL CUAL ESTE TRIBUNAL SE DECLARO LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTIAS QUE ORIGINO EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA; EN TAL VIRTUD, DICHO ACUERDO A QUEDADO FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. FINALMENTE, REMITANSE LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, dos de octubre de dos mil catorce. Visto el escrito signado por la Contralora Interna de los Servicios de Salud de Hidalgo y de la Secretaría de Salud de Hidalgo, registrado en oficialía de partes de este tribunal bajo el número 5334/2014, mediante el cual rinde su informe justificado, al que acompaña cuatro copias del mismo, dos copias certificadas de su nombramiento; y remite original y seis copias de la demanda de amparo promovida por ***; un anexo certificado que contiene las constancias de emplazamiento, y los autos del expediente CIR/INC/1/2014, así como CIR/17/2014; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que Victoria García Martínez, señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: La que a continuación se enuncia:__ LA CONTRALORA INTERNA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO con domicilio en Av. Madero Num. 405 esquina Gea González ExHacienda de Guadalupe de esta ciudad.__ IV.- ACTOS RECLAMADOS.__ IV.1.- La resolución de fechas 09 (nueve) de Septiembre del 2014 (dos mil catorce) emitida dentro del procedimiento de responsabilidades expediente número CIR/017/2014.__ IV.2.- La resolución de fecha 09 (nueve) de Septiembre del 2014 (dos mil catorce) emitida dentro del procedimiento de responsabilidades expediente número CIR/INC/001/2014.__ (.).".(SIC) Así, de las constancias remitidas por la responsable, anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se advierte que el nueve de septiembre de dos mil catorce, la autoridad responsable pronunció un acuerdo dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa, expediente CIR/017/2014 (seguido con motivo de la auditoría 308, derivada de las inconsistencias administrativas donde resultó imputable la hoy quejosa, por el desempeño de sus funciones como enfermera de la Unidad de ESI 5 Zimapán, Hidalgo, responsable de la elaboración de la cédula de control de suplemento alimenticio por unidad médica y como servidora pública que intervino en la instrumentación del acta para la destrucción del suplemento alimenticio), donde ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto fuera resuelto el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la quejosa Victoria García Martínez, que en ese mismo acto ordenó abrir, el que mediante proveído de esa misma fecha se ordenó archivar, toda vez que la autoridad responsable consideró que había sido interpuesto de manera extemporánea. Así, inconforme con dichas determinaciones, ***, promueve juicio de amparo directo, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República; 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: ". El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.". En ese orden de ideas, se deduce que los acuerdos de nueve de septiembre de dos mil catorce, dictados por la Contralora Interna de los Servicios de Salud y de la Secretaría de Salud, ambos del Estado de Hidalgo, dentro de los expedientes CIR/17/2014 y CIR/INC/1/2014, no pueden ser considerados como resoluciones que ponen fin al procedimiento instaurado para la procedencia del amparo directo, ya que no lo decidieron en lo principal, y menos aún lo dieron por concluido, pues en términos de la fracción I del artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo, en la especie se trata de un procedimiento administrativo de responsabilidad en su etapa de citación para audiencia, en donde aún no se ha determinado sanción alguna para la servidora pública que, en su caso, pudiera combatirse mediante los medios de defensa establecidos en la mencionada legislación estatal. De ahí que si los actos reclamados no reúnen los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de los acuerdos impugnados, por no tratarse de sentencias definitivas, ni resoluciones que ponen fin al juicio, pues no deciden el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo dan por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías.". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; así como con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, de veintinueve de enero de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero del mismo año, en concordancia con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
- Juicio de Amparo Directo
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