Victoria García Martínez
Expediente 445/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 445/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Victoria García Martínez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de nueve de mayo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y anexo señalados en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 445/2023. Aspectos preliminares. Primeramente debe señalarse que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que la inconforme ************* reclama el acto siguiente: De la Primera Alcaldía de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, combate: ? La omisión de dar respuesta a la petición que formuló a través de su escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintitrés, en donde se opuso al apeo y deslinde que se realizaría el veintisiete siguiente en el inmueble ubicado en la calle Benito Juárez ochocientos dos, que anteriormente era el número veintiséis, del Barrio La Trinidad, en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, y pidió que se diera vista al Ministerio Publico correspondiente, porque estimó que la solicitante de esa diligencia hacía uso de un documento presuntamente falso. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo1 una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por *************, porque en relación con el acto reclamado a la Primera Alcaldía de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, consistente en la omisión de dar respuesta a la petición que formuló a través de su escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintitrés, en donde se opuso al apeo y deslinde que se realizaría el veintisiete siguiente en el inmueble ubicado en la calle Benito Juárez ochocientos dos, que anteriormente era el número veintiséis, del Barrio La Trinidad, en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, y pidió que se diera vista al Ministerio Publico correspondiente, porque estimó que la solicitante de esa diligencia hacía uso de un documento presuntamente falso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 de la propia legislación, que disponen lo siguiente: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." De los normativos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo y que el juicio constitucional puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del ordinal 5 de la citada legislación; en ese sentido, el quejoso puede ejercer la acción de amparo por sí, por conducto de su representante legal o por su apoderado. Por otra parte, es necesario traer a contexto el contenido de los numerales 1, 23 y 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, que señalan: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen la Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública-Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. La presente Ley no será aplicable a las materias de carácter electoral, de justicia agraria y laboral, resoluciones administrativas que tengan relación con la defensa de los derechos humanos, con las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; ni por las dictadas por la Fiscalía General de Estado en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación de los delitos o de la representación social, ni con los conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos, así mismo tampoco se aplicará a los actos desplegados por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, ni por la elección de las autoridades auxiliares de carácter municipal." "Artículo 23. El administrado deberá promover lo que a sus derechos convenga ante las autoridades responsables a las que se refiere el ámbito de aplicación de la presente Ley, y la autoridad deberá respetar el derecho de petición a la que se constriñen los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pero si no lo hicieren, operará de inmediato la negativa ficta." "Artículo 26. Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo para algún supuesto en particular, la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor a noventa días naturales. Transcurrido el plazo aplicable, sin que se haya dictado resolución, ésta se entenderá en sentido positivo o negativo al promovente, en términos de lo que disponga la Ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo." De los preceptos transcritos se desprende que la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca es aplicable en los actos administrativos y en los procedimientos que desarrollen la dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, las Entidades Paraestatales y los órganos desconcentrados de la Administración Pública Estatal cuando dicten una resolución administrativa de cualquier naturaleza; ese ordenamiento también rige la actuación de los Ayuntamientos de los Municipios de Oaxaca, de las dependencias municipales y de las Entidades Paramunicipales. Por otro lado, la citada legislación reconoce a favor de los gobernados el derecho de petición e impone el deber a las autoridades estatales y municipales de respetar el ejercicio de esa prerrogativa; también se advierte que el citado ordenamiento prevé que la dependencia estatal o municipal, la entidad o el organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en cuanto al ejercicio del derecho de petición en un plazo no mayor a noventa días naturales. En el caso, la justiciable impugna de la Primera Alcaldía de Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, la omisión de dar respuesta a la petición que formuló a través de su escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintitrés, en donde se opuso al apeo y deslinde que se realizaría el veintisiete siguiente en el inmueble ubicado en la calle Benito Juárez ochocientos dos, que anteriormente era el número veintiséis, del Barrio La Trinidad, en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, y pidió que se diera vista al Ministerio Publico correspondiente, porque estimó que la solicitante de esa diligencia hacía uso de un documento presuntamente falso. Tal situación se destaca porque el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca estatuye que no podrá exceder de noventa días naturales el tiempo para que una dependencia o entidad pública estatal o municipal resuelva lo que corresponda respecto de una petición que formule un gobernado, lapso que se entiende como el que racionalmente estimó el legislador local que se requiere para estudiar la petición y acordarla. Ahora, se tiene en cuenta que a la fecha en la que se promovió el presente juicio de amparo -el ocho de mayo de dos mil veintitrés- sólo habían transcurrido cuarenta y tres días naturales desde que la inconforme presentó ante la autoridad municipal responsable el ocurso que contiene su petición, por lo que esa entidad pública municipal aún se encuentra dentro del plazo legal de los noventa días naturales para emitir la contestación respectiva y darla a conocer a la disidente. En ese contexto, la omisión atacada no causa una afectación a la esfera jurídica de la quejosa que la legitime para ejercer la acción constitucional en este momento, porque aún no transcurre el plazo previsto legalmente para que la responsable de respuesta a la solicitud que la justiciable formuló, por lo que esa situación da pauta a considerar que este medio extraordinario de defensa resulta improcedente de manera indudable y manifiesta. Sobre el particular resulta ilustrativa la jurisprudencia XIX1o5 K, visible en la página 633, del Tomo IV, Septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de la Novena Época, que expone: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 6 del propio ordenamiento, respecto del acto combatido a la autoridad responsable, este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por *************, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la citada legislación. Debe significarse que la decisión anterior no deja en estado de indefensión a la quejosa, porque en el supuesto de que transcurra el plazo previsto por el numeral 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca para que la autoridad señalada como responsable de respuesta a la instancia que la inconforme elevó, sin que lo haga, entonces la disidente tendrá expedito su derecho para ejercer la acción de amparo cuando se actualice esa situación en el caso de que resulte procedente el juicio biinstancial. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de la inconforme el que señala en su demanda y como sus autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque no aparecen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales ni acreditó con documento idóneo que ejerzan la profesión de licenciados en derecho. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase a la inconforme por señalados el correo electrónico y el número telefónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre ese sujeto procesal y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por el ordinal 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la quejosa por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y en el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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