Victoria Flores Toledo

Expediente 476/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
476/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Victoria Flores Toledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Bajo esa tesitura, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo. Finalmente, hágase la devolución del anexo formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 476/2022, promovido por *** en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de ****, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Al ser promovida como amparo directo fue recibida el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito bajo el expediente A.D. 95/2022 (fojas 13 y 14), quien se declaró incompetente para conocer de la misma el uno de abril de la misma anualidad, por lo que ordenó remitirla a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos (fojas 19 a 22). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El seis de abril de dos mil veintidós, por este órgano de control constitucional (fojas 30 a 35). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados. El siete de abril de dos mil veintidós, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 39). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 10). QUINTO. Audiencia Constitucional. El dieciséis de junio de dos mil veintidós. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su denominación correcta, consistentes en la omisión de llevar a cabo el procedimiento de ejecución de sentencia en el expediente ***, la primera y el incumplimiento de la sentencia de trece de diciembre de dos mil dieciocho emitida por ese Tribunal Federal en tal juicio, a la segunda. TERCERO. Inexistencia de actos. La autoridad responsable Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al rendir su informe justificado negó la certeza del acto a ella reclamado, sin que la parte quejosa desvirtuara esa negativa en el trámite del amparo o en la audiencia constitucional. Máxime que esa autoridad anexó a su informe copias certificadas de diversas constancias que obran en el expediente ***, de su índice, en las que consta que mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós (foja 158 del anexo), con fundamento en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ante la actitud omisa de la autoridad demandada requirió el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada por ese Tribunal; asimismo, en diverso de dos de mayo de dos mil veintidós (foja 182 ídem), impuso a la autoridad enjuiciada multa equivalente a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, por el incumplimiento injustificado a la sentencia definitiva en cuestión y la requirió por segunda ocasión para ese efecto con el apercibimiento de nuevas multas, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. En ese tenor, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por lo que a ese acto de esa autoridad se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya esa determinación la jurisprudencia 167, de la Séptima Época, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 911100, publicada en la página 180, del Apéndice 2000, Tomo III, Administrativa, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS." CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues así lo expresó al rendir su informe justificado, aunque dijo que la omisión que se le imputa es justificada porque la aquí quejosa no ha exhibido su cédula fiscal donde conste su Registro Federal de Contribuyentes con homoclave. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". QUINTO. Causales de improcedencia. No obstante la certeza del restante acto reclamado, de oficio este órgano de control constitucional advierte que se surte la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En efecto, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar la omisión de la responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de cumplir con la sentencia definitiva dictada el trece de diciembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente ****, acto que no es susceptible de examinarse en esta instancia constitucional, en virtud de que, previo a ello, deben agotarse los medios de impugnación que establecen las leyes que rigen dicho acto reclamado, esto en observancia al principio de definitividad que tutela el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales del orden común deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Apoya a lo anterior la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro 229041, visible en la página 650 del Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, materia común, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. OBLIGACIÓN DE AGOTARLOS CONFORME A LA LEY QUE RIGE EL ACTO RECLAMADO." Así, respecto al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respeta el principio de plena ejecución de las sentencias, pues del análisis integral del Capítulo IX denominado "Del Cumplimiento de la Sentencia y de la Suspensión", del Título II intitulado "De la Sustanciación y Resolución del Juicio", de la citada Ley, se advierte que se fijaron reglas que tienen como objetivo lograr la ejecución de las sentencias que ahí se dicten; así, su artículo 57 enumera el procedimiento a seguir por la autoridad jurisdiccional para obligar a las autoridades demandadas a cumplir con una sentencia dictada en un juicio de nulidad, señalando los actos concretos a realizar y los plazos para ello; y el diverso 58 prevé el procedimiento que ha de observarse para el cumplimiento de las sentencias una vez vencido el plazo contenido en el artículo 52 de la misma ley, es decir, el de cuatro meses contados a partir de que la sentencia quede firme, supuesto en el cual se ordena que ello puede lograrse de oficio o a petición de parte por medio de la interposición del recurso de queja. Lo descrito corrobora que en el señalado ordenamiento existen reglas para la plena ejecución de las sentencias dictadas en ese proceso. En efecto, debe destacarse que el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Carta Magna contiene el fundamento constitucional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía y con facultades para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, de lo que se infiere que la finalidad es que se constituya como el órgano jurisdiccional ordinario con la potestad suficiente para configurar una pronta, expedita y efectiva impartición de justicia en materia administrativa. Y, para ese efecto, la legislación que lo rige, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 58, dispone que a fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte y en su fracción II, dispone a que a petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la sección o el Pleno que la dictó, quien ordenará a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes y podrá multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, e informar al superior jerárquico. Así, se aprecia que el medio de defensa en análisis forma parte del procedimiento que el legislador previó para lograr el cumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, constituye una instancia apta al efecto, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y que están a cargo del propio órgano jurisdiccional; sobre lo cual es aplicable, en su contenido sustancial, la tesis 2a. LXXIX/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2004564, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, página 1858, Décima Época, de título y subtítulo: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS." La propia Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 306/2021, dijo que sostener que para lograr la ejecución de una sentencia de nulidad la vía idónea es acudir al juicio de amparo, implica de facto desconocer y anular las reglas concienzudamente establecidas por el legislador para la plena ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, generar que el juicio constitucional se convierta en el medio inmediato de cumplimiento de las decisiones adoptadas en el juicio administrativo, lo que es inadmisible, pues ello implicaría soslayar que el juicio de amparo es de naturaleza extraordinaria. Por tanto, frente a la omisión de incumplimiento de una sentencia de nulidad, el gobernado debe interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque constituye un medio de defensa en virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio, que es lo que pretende en última instancia el peticionario de amparo. Esas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a), Registro digital 2024468, de la Undécima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, abril de 2022, Tomo II, página 1741, que dice: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo." A mayor abundamiento, es de destacarse que, aun cuando el incumplimiento a una sentencia de nulidad es un acto atribuible de manera directa a la autoridad -desde luego, a la que fungió como demandada en el juicio administrativo o a aquélla con facultades para ejecutarla-, lo cierto es que se trata de un acto que ocurre en una instancia jurisdiccional, específicamente, en la etapa de cumplimiento. Por lo que resulta razonable que el actor queda obligado a recorrer todas y cada una de sus instancias, tanto para obtener la suspensión de lo impugnado como para conseguir la ejecución de la sentencia que evidenció su ilegalidad; sobre todo porque no es viable abandonar la vía ordinaria en la etapa de cumplimiento y saltar de manera inmediata, para lograr éste, a la vía extraordinaria. En atención a todo lo hasta aquí expuesto, debe concluirse que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el gobernado debe necesariamente interponer el recurso de queja que prevé el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se trata de un medio de defensa previsto expresamente para combatir ese incumplimiento y es adecuado para lograr su reparación o modificación, además de que respecto de él no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto, esto con fundamento en lo establecido en la fracción V del diverso numeral 63 de la ley de la materia. También es pertinente señalar que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente ejecutoria, se aplican en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, ya que el criterio imperante en ellas se sigue sustentando aun aplicando aquella legislación; así como en lo ordenado en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en Febrero de 2016, consultable en el Libro 27, Tomo I, página 705, registro 2010982, de contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio por los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO de esta sentencia, por los motivos expresados en los diversos TERCERO y QUINTO. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, por el cual remite el oficio signado por el delegado de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el que solicita a este juzgado, se requiera a ********************, en su carácter de albacea de la directa quejosa, a efecto de que proporcione nombre completo, domicilio y cédula de identificación fiscal con homoclave, ello para estar en condiciones de dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el expediente ****. En atención a lo anterior, se ordena dar vista con las constancias de cuenta a la parte quejosa a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de junio de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveídos de veinticinco y veintiséis de mayo, se dio vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las doce horas con cuarenta minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

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