Victoria Eugenia Pareja Tellez

Expediente 771/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
771/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Victoria Eugenia Pareja Tellez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado Federal el acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, del que se advierte que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Subprocuradora Fiscal Federal de Amparos, quedando registrado con el número R.A. 501/2023; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa el presente acuerdo, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos el oficio electrónicamente por la Directora General de amparos contra actos administrativos en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase al Tribunal Colegiado que corresponda, el escrito original, así como una copia más del mismo, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el mismo, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda, para que al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Audiencia constitucional ...En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con cinco minutos del nueve de agosto de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Marco Antonio García Cortez, secretario con quien legalmente actúa, inicia a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 771/2023, promovido por Victoria Eugenia Pareja Téllez sin asistencia de las partes. ...En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede al dictado de la siguiente resolución. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 771/2023, y R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O ...III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la [1] Cámara de Diputados, [2] Cámara de Senadores, pertenecientes al Congreso de la Unión y el [3] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (representado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público), consistente en a) el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el diverso atribuido únicamente al referido [3], consistente en b) el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del decreto por el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su respectivo ámbito competencial. Lo anterior pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, aunado a que las leyes no son objeto de prueba, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo. Por otro lado, también es cierto el acto reclamado a la [4] Subdelegada de Prestaciones de la Representación Estatal Morelos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en c) el oficio SP/1454/2023 de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, donde se determinó limitar el monto máximo de las pensiones de la quejosa por jubilación y viudez, al importe de diez veces el salario mínimo general, en términos de los artículos 57, en relación con el 51, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del decreto por el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ello en virtud de que la responsable aceptó la existencia del mismo, aunado a que tal aseveración se encuentra corroborada con las copias certificadas remitidas por la referida responsable, entre las que se encuentran las hojas que allegó relativas al oficio SP/1454/2023 de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, las cuales cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con el numeral 2º de esta última, por tratarse de una documental pública, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Y las cuales resultan coincidentes en su contenido con las copias simples de dicho oficio anexadas en su integridad por la quejosa en su demanda de amparo, la cuales si bien cuentan con valor probatorio indiciario, al estar concatenadas con las diversas documentales públicas aludidas, es que en este caso en particular, tales copias simples adquieren valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203, 205 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, y como ilustra al respecto la tesis 2a. CI/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 200696, del contenido siguiente: "COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCIÓN. Si bien una copia fotostática simple carece de valor probatorio pleno, no puede negarse que es un indicio y, como tal, incapaz por sí solo de producir certeza; sin embargo, como todo indicio, cuando la fotostática se encuentra adminiculada con otros elementos probatorios, su correlación lógica y enlace natural con la verdad que se busca, puede formar convicción en el juzgador." Ello aunado a que las mismas no fueron objetadas, ni desconocidas en cuanto a su contenido, de allí que cuenten con valor probatorio, como robustece también por analogía la tesis 65, con registro 918228, de la ahora extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS NO OBJETADAS, DE ESCRITOS PRESENTADOS A LA AUTORIDAD.- El artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicable en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el valor de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por otro lado, si la parte contra la que se presente un documento no objeta que la suscripción o fecha haya sido puesta por ella, se tendrán por reconocidas, conforme al artículo 205. Y conforme al artículo 203, el documento privado prueba contra su autor. En estas condiciones, si la parte quejosa presenta fotocopia simple de un escrito presentado a la autoridad, y que tiene el sello de recibido por ésta, esa copia prueba razonablemente que la autoridad recibió ese escrito, si ella no objetó en su informe justificado, ni negó haberlo recibido, ni lo hizo en ningún momento del juicio. Las autoridades tienen tanta obligación como cualquier otra de las partes de cuidar el juicio y de analizar las pruebas que se rindan en él. Así pues, si la quejosa, al impugnar una ley, exhibió un documento relacionado con el acatamiento o aplicación de esa ley, que ostenta el sello de recibido, y las autoridades no negaron haberlo recibido, ni que fuese suyo el sello que ahí aparece, el Juez no puede razonablemente desestimar la prueba por tratarse de una copia fotostática. Es cierto que la tesis de jurisprudencia visible con el número 115 en la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1985 señala que es acertado el criterio del Juez si considera insuficiente una fotocopia para probar el interés jurídico del quejoso, pero no debe extrapolarse esa tesis hasta el grado de hacerla aplicable a casos en que el documento procede, al menos parcialmente, de la autoridad, sin que ésta lo haya objetado." Por lo tanto, se acredita la certeza de los actos atribuidos a las responsables en comento, por lo que se desestima la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, hecha valer por la [2] Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y el [3] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (representado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público), en el sentido de que es inexistente el acto que les fue reclamado; ello, en virtud de que como se puntualizó, resultan existentes. IV. Oportunidad. El juicio de amparo se promovió oportunamente, toda vez que la quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó haber tenido conocimiento de los actos reclamados el veinte de mayo de dos mil veintitrés, fecha en la que refirió encontrar en su buzón el oficio SP/1454/2023 de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, por lo que en esa fecha se ostentó sabedora de tales actuaciones, y en tales términos, la referida data constituye aquella que debe tomarse en cuenta para el computo de la presentación de la demanda, aunado a que en autos no se observan elementos que demuestren lo contrario. En consecuencia, el plazo de quince días que señala el artículo 17, y de conformidad con en el diverso 19, ambos de la Ley de Amparo, empezó a contabilizarse al día siguiente hábil, por lo que transcurrió del veintidós de mayo al nueve de junio, ambos de dos mil veintitrés, debiendo descontarse veintisiete y veintiocho de mayo, así como tres y cuatro de junio, todos del año en cita, por tratarse de días inhábiles y al ser sábados, así como domingos, en atención a los numerales 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, si la demanda de amparo fue recibida el dos de junio de dos mil veintitrés -décimo día del plazo-, es claro que su presentación fue oportuna. V. Procedencia. En el caso, la [4] Subdelegada de Prestaciones de la Representación Estatal Morelos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, señaló que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, toda vez que la referida responsable refirió que la autoridad competente para conocer del presente juicio es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es infundado tal planteamiento, ya que como se advierte del contenido de la demanda de amparo, se impugnan las normas en que se dice fundamentar el descuento efectuado a la pensión de la que es titular la quejosa, quien hace valer violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual constituye una excepción al principio de definitividad, tal como lo establece el segundo párrafo, de la invocada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otro lado, el [3] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, señaló que el juicio de amparo se debe sobreseer de conformidad con el artículo 61 y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que de lo que se duele la quejosa constituye un perjuicio económico y no jurídico, y no obstante que la referida autoridad no señaló con precisión qué causa de improcedencia se actualizaba del numeral 61 de la Ley de Amparo, este juzgado advierte de sus argumentos que la hipótesis que refiere es la contenida en la fracción XII, la cual refiere que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos de la quejosa. Lo anterior es infundado, porque en ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que el perjuicio económico, que redunda exclusivamente en menoscabo del interés económico, no perjudica jurídicamente, a diferencia del perjuicio jurídico que entraña lesión a un derecho consagrado por la ley; además, que debe tenerse siempre en cuenta la diferencia que existe entre el perjuicio económico y el perjuicio jurídico que el acto reclamado puede ocasionar a la parte quejosa, en vista de que si sólo se afecta el interés económico, el juicio de amparo es improcedente, como se advierte de la tesis con registro digital 238343, de contenido siguiente: "PERJUICIO ECONÓMICO Y PERJUICIO JURIDICO. EFECTOS EN AMPARO. El perjuicio económico que redunda exclusivamente en menoscabo del interés económico, no perjudica jurídicamente, a diferencia del perjuicio jurídico que entraña lesión a un derecho consagrado por la ley. Debe tenerse siempre en cuenta la diferencia que existe entre el perjuicio económico y el perjuicio jurídico que el acto reclamado puede ocasionar a la parte quejosa, en vista de que si sólo se afecta el interés económico, el juicio de amparo es improcedente en los términos de la fracción VI del artículo 73 de la ley de la materia." Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que los perjuicios económicos y materiales sufridos por una persona en virtud del acto reclamado, no dan derecho a la presentación del juicio de amparo, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica; y que, surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como lo señala la tesis con registro digital 233072, de contenido siguiente: "INTERÉS JURIDICO Y PERJUICIO ECONÓMICO. DIFERENCIAS, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los perjuicios económicos y materiales sufridos por una persona en virtud del acto reclamado no dan derecho a la interposición del juicio de garantías, pues bien puede afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de la persona moral. Si las disposiciones impugnadas no se refieren a los derechos contenidos en la esfera jurídica de los quejosos, éstos carecen de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hacen debe declararse la improcedencia del juicio." Sin embargo, contrario a lo que sostiene la autoridad responsable, en el caso no se actualiza un perjuicio económico, sino una afectación directa y real al interés jurídico de la parte quejosa, al ser la directa beneficiaria de las pensiones concedidas y en virtud de que se le pretende nulificar dichas pensiones; es decir, un derecho adquirido, y ello significa una violación a los derechos humanos contenidos en su esfera jurídica y no en un perjuicio económico. En consecuencia, al no actualizarse las causas de improcedencia en estudio, ni advertirla este juzgado de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. VI. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado uno de los conceptos de violación expuestos por la quejosa y suficiente para conceder el amparo solicitado. Lo anterior, ya que la amparista expone en sustancia, que se transgrede en su perjuicio sus derechos de seguridad y previsión social contenidos, entre otros, en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que resulta fundado, puesto que efectivamente la [4] Subdelegada de Prestaciones de la Representación Estatal Morelos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el oficio SP/1454/2023 de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, restringe su derecho a recibir íntegramente sus pensiones por viudez y jubilación -las cuales, fueron concedidas a la amparista a partir del trece de noviembre de dos mil uno y dieciséis de diciembre de dos mil siete, respectivamente-, ya que aplica en su perjuicio el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el artículo 12, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del decreto por el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vulnerando sus derechos a la seguridad y previsión social, contenidos en el artículo 123 de la Carta Magna. Lo anterior con la precisión de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 97/2012, determinó que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que restringe el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase diez veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia ley, transgrede los principios de seguridad y previsión social contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso A), constitucional, al no tomar en cuenta que dichas pensiones tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes, y, tienen autonomía financiera, por lo que no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas; lo anterior de conformidad con la jurisprudencia referida, con registro digital 2001660, de contenido siguiente: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). El citado precepto constitucional no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a sus familias ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida. De ahí que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase 10 veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia ley, transgrede los principios de seguridad y previsión social citados, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge por la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora; 2. Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se origina con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas." Lo cual también determinó en la diversa jurisprudencia 2a./J. 128/2019 (10a.), con registro digital 2020634, en la que se pronunció respecto a la inconstitucionalidad del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del decreto por el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la forma siguiente: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio constitucional de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida; de ahí que el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al restringir el derecho a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y de jubilación cuando la suma de ambas rebase el monto equivalente a diez veces el salario mínimo, viola el derecho a la seguridad social y el principio de la previsión social, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge con la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador; 2. Cubren riesgos diferentes, toda vez que la pensión por viudez protege la seguridad y el bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas." En ese orden de ideas, y conforme a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se obtiene lo siguiente: 1. Que ambos derechos tienen orígenes diferentes, pues el de la pensión por viudez surge por la muerte del trabajador, es decir, es una prestación establecida en favor de la esposa o concubina, esposo o concubinario y no del extinto trabajador, aun cuando su fuente es la relación laboral existente entre éste y la entidad gubernamental respectiva y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora. 2. Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro. 3. Además, tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se origina con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas. Por lo anterior, es que le asiste la razón a la parte quejosa, porque el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del decreto por el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son contrarias al derecho de seguridad social, contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, pues la quejosa reclama la inconstitucionalidad de los citados artículos, con motivo de su aplicación, mediante el oficio número SP/1454/2023 de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en donde se advierte que la [4] Subdelegada de Prestaciones de la Representación Estatal Morelos, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, informó a la quejosa que se encontraba en un supuesto de compatibilidad, ya que estaba cobrando las pensiones de jubilación y de viudez, excediendo con la suma de ambas el límite de diez salarios mínimos dispuesto en la Ley, por lo que se realizaría el ajuste correspondiente; de lo que se concluye que a través del oficio aludido se aplicó a la quejosa el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del decreto por el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al determinar que se debían ajustar sus pensiones de jubilación y viudez. De ahí que la quejosa haya demostrado el acto de aplicación en cita, con el cual se le causa perjuicio; lo anterior, tomando en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que concluye que dicho numeral transgrede los principios de seguridad y previsión social contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), Constitucional. Lo anterior sin que se inobserven los demás conceptos de violación hechos valer por la quejosa, no obstante, resultan de estudio innecesario, pues el pronunciarse sobre ellos -con independencia de resultar fundados- no superaría el resultado del fallo protector, pues el concepto de violación analizado ha sido el de mayor trascendencia y el que otorga a la amparista el mayor beneficio, concediéndole la protección más favorable posible, ello en observancia al artículo 189 de la Ley de Amparo y atendiendo el principio de mayor beneficio. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial P./J. 3/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 179367 de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES." En consecuencia, procede conceder el amparo respecto del artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, así como el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del decreto por el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. VII. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo para el efecto de que la autoridad responsable [4] Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: 1) Deje insubsistente la orden reclamada en la que se determina que la quejosa, al tener dos pensiones que percibe por jubilación y viudez son compatibles, pero que la suma de ambas rebasa la cantidad de diez veces el salario mínimo general que dictamina la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. 2) En vía de consecuencia, ordene realizar los pagos en favor de la quejosa, con motivo de las pensiones por jubilación y viudez que le fueron concedidas, sin los descuentos de mérito. 3) Ordene realizar los pagos retroactivos que, en su caso, se actualicen desde la fecha en que se dejaron de pagar de manera completa las pensiones de mérito a aquélla en que reanuden los pagos pensionarios. Lo dispuesto en los puntos 2) y 3) que anteceden, es en el entendido de que la reducción de pago haya sido consecuencia directa de la orden reclamada que por esta concesión de amparo ha quedado insubsistente. 4) Se desvincule a la quejosa de la aplicación actual y futura del artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reclamado en este juicio, así como el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del decreto por el cual se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con la precisión de que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables, [1] Cámara de Diputados y [2] Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como del [3] Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que concurrieron en el proceso legislativo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como por esta última de las mencionadas respecto del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo, ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CXXXVII/96, con registro digital 200006, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." Asimismo, debe precisarse que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento del presente fallo, con independencia de que hayan sido señaladas o no como responsables, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la sentencia, ello con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Así con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ******, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando II, por las razones y para los efectos expuestos en los diversos penúltimo y último, todos de esta sentencia. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de tres de julio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, por lo que entre la fecha de notificación de ese oficio a las partes y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, segundo y cuarto párrafo de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES. Notifíquese.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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