VICTORIA CECILIA ACEVES VELÁZQUEZ y Otros.
Expediente 2421/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2421/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/06/2023
Partes del expediente
- Cecilia Arcelia Velazquez Mendoza
- VICTORIA CECILIA ACEVES VELÁZQUEZ y Otros.
- Victoria Cecilia Aceves Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Declaración de firmeza. Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2º, de la Ley de Amparo; 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Realícense anotaciones. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. V I S T O S, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 2421/2022; y, R E S U L T A N D O: I. Demanda de amparo ********** y ***********, por derecho propio, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, contra los actos del (I) Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), (II) ***********, Policía Vial adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, con número de orden 22601 y (III) Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17, 22 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Trámite del juicio. Por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo; se requirió a las responsables su informe con justificación; y se otorgó la intervención que legalmente le corresponde a la representación Social de la Federación adscrita, quien no se apersonó al procedimiento. III. Audiencia constitucional. Seguido el juicio por todos sus trámites legales, en esta propia data tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en los términos a que se contrae el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer del presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; 35 y 37, de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. A fin de colmar los extremos previstos por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a identificar los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, los cuales se obtienen de un estudio minucioso a la demanda de amparo y sus anexos, pues es necesario analizar, interpretar y valorar todo lo expuesto por el peticionario de la acción de amparo, a efecto de obtener lo que el quejoso dijo o quiso decir, no solo lo que en apariencia manifestó por lo que deben armonizarse los datos que se deriven, inclusive, del informe con justificación; ello, se insiste, con la finalidad de determinar cuál es el acto que incide en la esfera jurídica del particular y que fundan el reclamo constitucional. Ello, tal como se obtiene de la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En esa medida, del análisis integral de los datos que derivan de la demanda y del sumario en que se actúa, se desprende que los actos que materializan el perjuicio jurídico que las impetrantes hacen valer en sede constituyen: El arresto administrativo decretado el cinco de noviembre de dos mil veintidós -ejecutado contra Victoria Cecilia Aceves Velázquez- La cédula de infracción folio 34883315-4, impuesta al vehículo JKC7612, número de serie 3GNAL7EKXCS568713, marca General Motors de México, vehículo CHEVROLET CAPTIVA SPORT NACIONAL, modelo 2012. Y como consecuencia de lo anterior: (I) la desposesión; (II) negativa a devolver; y (III) negativa a no expedir el documento de libertad del vehículo mencionado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La existencia de los actos reclamados se encuentra acreditada con las copias certificadas remitidas en apoyo al informe con justificación rendido por el Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco y Francisca Yolanda Peña Morales, Policía Vial adscrita a dicha secretaría, en el que por cierto, reconocieron la existencia de los mismos. Por su parte, el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), negó la existencia de los actos reclamado, sin embargo, al ser autoridad ejecutora deberá estarse a lo que las ordenadoras señalen, las cuales, como se advierte de líneas que anteceden, confesaron la certeza de los actos reclamados, por ende, deben tenerse por ciertos los actos que a dicha autoridad se le atribuyen. Es aplicable al caso, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página 56, octava época, registro digital: 227890, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." CUARTO. Análisis de oficio de las causas de improcedencia. El estudio de las causas de improcedencia debe realizarse previo al pronunciamiento del fondo del asunto, toda vez que éstas constituyen una cuestión de orden público, tal como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, en la especie, este órgano jurisdiccional considera que por lo que respecta al acto reclamado descrito en el inciso 1), se actualiza la causa de improcedencia de prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículo 5° fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. Los artículos 5°, fracción II, 61, fracción XXIII y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)" "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios (.)" De los artículos anteriores se advierte, entre otras disposiciones, que en el juicio de amparo es parte la autoridad o autoridades responsables; que tendrán tal carácter quienes dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar los actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan los actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas, y que las autoridades que realicen esos actos, deberán ser señaladas como responsables. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente cuando no se señalan como autoridades responsables a las que, entre otros casos, dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar los actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan los actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas, ya que existe la imposibilidad jurídica para determinar su inconstitucionalidad, en tanto que las autoridades no designadas no tienen la oportunidad de acudir al juicio de amparo en defensa de los actos reclamados. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia en materia común 108, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 69, registro 394064, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." En ese contexto, cuando en la demanda de amparo no se señala a alguna de las autoridades que, de conformidad con el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, les revista el carácter de responsable, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se les llamó a juicio ni fueron oídas. De lo que se sigue que, cuando se reclama en el juicio de amparo un acto de autoridad y ésta no es llamada, se hace nugatorio el derecho que le asiste para defender la legalidad de tal acto y, por consiguiente, el juzgador estará impedido para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del propio acto reclamado y la de aquéllos que de él derivan, más aun cuando durante la substanciación del procedimiento, se colma la exigencia de prevenir a la parte quejosa para que señale como responsable a la autoridad correspondiente, por haberse advertido su participación en los actos reclamados y la quejosa no la designa con tal carácter, lo que trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. Asimismo, en los antecedentes de su demanda señaló, bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, se desprende que el cinco de noviembre de dos mil veintidós fue detenida en la avenida Guadalupe por agentes de movilidad adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, con motivo del programa denominado "Salvando Vidas"; y que derivado de dicho operativo se le realizó la prueba cualitativa, tal y como se advierte del acta de folio 6397/2022-AN, la que, para pronta referencia se inserta a continuación: Así, derivado de dicha prueba, se determinó que el resultado de flujo de alcohol en la sangre dio un resultado positivo. Tal y como se advierte de lo siguiente: En consecuencia de lo anterior, la parte quejosa fue puesta a disposición juez Calificador designado por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, y al efecto levantó el acta de calificación de sanción administrativa, en la cual se le impuso como sanción administrativa el arresto. Tal y como se desprende de las imágenes siguientes: Así, de lo anterior se desprende que la parte quejosa fue detenida por conducir bajo el influjo del alcohol y como consecuencia de lo anterior, se levantó la cédula de infracción 34883315-4, tal y como se advierte de la imagen siguiente: Lo que implica que, a dicha autoridad le reviste el carácter de responsable en términos de lo dispuesto por el artículo 5o. fracción II, de la Ley de Amparo. Por ende, en auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito requirió a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por lo que respecta a dicha autoridad responsable; lo cual no realizó, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés y se determinó que se continuaría con el juicio en los términos propuestos en la demanda de amparo. De manera que, al no haber sido llamada la autoridad referida al presente juicio de amparo, es de concluirse que no es factible examinar la constitucionalidad de los que se atribuyen, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. Es de invocarse la jurisprudencia en materia común VI.2o. J/205, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo II, octubre de 1995, página 468, registro 208065, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." También es de invocarse la tesis en materia común 2a. CLXIV/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, enero de 1999, página 113, registro 194684, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Lo anterior es así, como se advierte de líneas que anteceden, durante la sustanciación del procedimiento, se colmó la exigencia de prevenir al quejoso para que la señalara como responsable al juez Calificador designado por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, sin que ésta la haya designado con tal con tal carácter, dentro del término que le fue otorgado para ello. Consecuentemente, se arriba a la conclusión que, de manera manifiesta, notoria e indudable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se sobresee el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, en virtud de haber sobrevenido las causas de improcedencia precisadas, por lo que respecta al acto reclamado en el inciso 1). Máxime que, incluso, como lo refiere la parte quejosa en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, en contra del arresto administrativo que reclama promovió un diverso juicio de amparo radicado con el consecutivo 2316/2022, del índice de este Juzgado; procedimiento en el cual por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se le tuvo por desistida del mismo. Conforme a lo anterior, es innecesario atender el concepto de violación formulado en la demanda de amparo -identificado como cuarto- relacionado con el acto reclamado por el que se sobreseyó el juicio, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1028, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 708, del Tomo VI, de la Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". En mérito de lo anterior, el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo a los diversos actos reclamados, consistentes en la cédula de infracción folio 34883315-4, impuesta al vehículo JKC7612, número de serie 3GNAL7EKXCS568713, marca General Motors de México, vehículo CHEVROLET CAPTIVA SPORT NACIONAL, modelo 2012., así como a la desposesión; negativa a devolver; y negativa a no expedir el documento de libertad del vehículo mencionado. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que dichos acto no son más que una consecuencia jurídica del arresto administrativo decretado. Se explica. De la cédula de infracción que constituye el acto reclamado, la cual para pronta referencia se inserta a continuación: Se desprende que al conductor del vehículo descrito, únicamente le fueron aplicadas dos sanciones administrativas a saber: (I) La retención del vehículo como medida de seguridad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 387 fracción X, de Jalisco; y, (II) El arresto administrativo de conformidad con el artículo 376 fracción II, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, sin que derivado de ello se le haya impuesto pena pecuniaria alguna. Por ende, si derivado de que la aquí quejosa fue sorprendida conduciendo el vehículo descrito bajo el influjo del alcohol, y en consecuencia de ello fue puesta a disposición juez Calificador designado por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, quien levantó el acta de calificación de sanción administrativa, en la cual se le impuso como sanción administrativa el arresto; es evidente que la cedula de infracción y demás actos que se reclaman, no son más que una consecuencia jurídica de dichas sanción administrativa. Se afirma lo anterior, pues como se evidenció en líneas anteriores, en la cédula de infracción reclamada sólo se hizo constar las sanciones impuestas descritas con anterioridad, empero, no le fue impuesta sanciona diversa, ya sea administrativa o pecuniaria. De ahí que el sobreseimiento decretado deba hacerse extensivo a los actos mencionados porque su estudio no se puede desvincular del acto reclamado por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia en materia común sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: 'EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución'. Finalmente, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto y, además, con fundamento en lo previsto por los artículos 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***********, contra los actos del Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA), ************, Policía Vial adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, con número de orden 22601 y Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos de derecho establecidos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente. Lo sentenció y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, día en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la fe del secretario que autoriza y da fe Carlos Eduardo Villagómez Méndez. El secretario adscrito al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, hago constar y certifico: Que la presente foja corresponde a la parte última de la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto 2421/2022, en la propia data; asimismo, que la citada resolución se integró al expediente electrónico; que de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, la presente resolución fue capturada con la sustitución de datos personales correspondiente, para generar automáticamente la versión pública en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Zapopan, Jalisco, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Doy fe. Licenciado Carlos Eduardo Villagómez Méndez.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se desprende que mediante auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, actuando en representación del Secretario de Seguridad, así como de ********************, Policía Vial adscrita, de cuyo contenido se advierte que tuvo intervención el juez Calificador designado por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco. Requerimiento a la quejosa. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 111, fracción II, en relación con el 17, ambos de la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días hábiles, precise si desea ampliar su demanda de amparo, respecto del juez Calificador designado por la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco; y los actos que en su caso le reclama; además, exhibir copia simple del escrito de demanda para correr traslado a dicha autoridad, así como copia del escrito aclaratorio para notificar a la totalidad de las partes en este sumario, lo anterior en términos del artículo 108 de la propia Ley. Apercibimiento. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no señalarle como autoridad responsable, se continuará el procedimiento de este juicio constitucional únicamente por lo que respecta a la diversa responsable tal y como lo señaló en su demanda de amparo. Tiene aplicación en la jurisprudencia P./J. 127/2000, visible en la página 19, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, Registro 190689, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE. La interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, permite considerar que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito, para ordenar que se haga personalmente una notificación; pero dicha notificación personal, que se ordena durante la sustanciación del juicio de amparo, únicamente se llevará a cabo cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes. En estas condiciones, cuando la demanda de amparo es presentada por quien se ostenta como persona extraña a juicio, y al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierte la participación de autoridades no señaladas por el quejoso como responsables, dicho juzgador deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, para que esté en aptitud de regularizar su demanda, debiendo también tomar en cuenta lo que respecto a la prevención establecen las jurisprudencias números 5/98 y 8/98 de este Tribunal Pleno, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, páginas noventa y seis y noventa y cuatro, respectivamente, bajo los rubros: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. OMISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS.", ya que de lo contrario el Juez de Distrito incurrirá en violación a las normas del procedimiento, que en todo caso será corregida por el tribunal revisor ordenando para ello que se reponga el procedimiento, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Asimismo, con copia simple del oficio y anexos acordados en auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, así como del propio acuerdo; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días contado a partir del en que surta efectos la notificación que le derive del presente acuerdo, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo, respecto a los conceptos de violación y de la complementación derivada del acto reclamado por parte de la autoridades responsables de la Secretaría de Seguridad del Estado, Jalisco; por lo que la parte quejosa deberá señalar expresamente el o los actos que le reclamada en términos del artículo 108 de la ley de la materia. Apercibimiento. En el entendido que deberá exhibir copia simple de dicho escrito de ampliación para cada una de las partes reconocidas en este sumario constitucional, así como para la autoridad que emitió el acto que reclame, bajo apercibimiento que de no manifestarse al respecto, se continuará con el juicio en relación con los actos reclamados y autoridades responsables de manera primigenia; lo que en su caso, podría derivar en el sobreseimiento en el juicio. Integración del expediente. Por otra parte, se hace la precisión que a partir de esta fecha, en el expediente físico se integrará únicamente con los documentos recibidos de esa forma; lo anterior, dado que a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por el Transitorio Sexto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se estableció: "SEXTO. Los órganos jurisdiccionales deberán garantizar la integridad del expediente electrónico. A partir del 1 de diciembre de 2022, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esa vía". Máxime si se tiene en consideración que en el citado acuerdo, se reformó el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para quedar como sigue: ". Artículo 22. Todas las constancias y documentos de expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico." Diferimiento. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y, en su lugar, se señalan las doce horas con treinta minutos del siete de marzo de dos mil veintitrés, previa la certificación que levante el secretario en el sentido de que el expediente se encuentra debidamente integrado.
- Principal
DIFERIMIENTO. VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, SE ADVIERTE QUE MEDIANTE PROVEÍDO DE CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE DIO VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA ENCARGADA GENERAL DEL CENTRO URBANO DE RETENCIÓN VIAL POR ALCOHOLIMETRÍA DE LA COMISARÍA VIAL DEL ESTADO DE JALISCO, SIN QUE A LA FECHA HUBIERE TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE OCHO DÍAS A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO. POR TANTO, PARA DAR OPORTUNIDAD A LO ANTERIOR, SE DIFIERE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y, EN SU LUGAR, SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PREVIA LA CERTIFICACIÓN QUE LEVANTE EL SECRETARIO EN EL SENTIDO DE QUE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADO. NOTIFÍQUESE.
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- Víctor Reyes Ortíz358/2023
- Víctor Samuel Arellano Serrano112/2019
- Victoria Cecilia Aceves Velazquez2316/2022
- Victoria Denisse Ledesma Marquez1637/2021
- Victoria Espinoza Palacios462/2016
- Victoria Leticia González Medina1415/2022
- Victoria Mayoral de Hernandez O Victoria Mayoral Fonseca2179/2022
- Victoria Sánchez Valadez2476/2019